Bajo tierra, también se encuentran los caminos para el trasiego de droga hacia Estados Unidos. Del narcotúnel localizado el 30 de julio en Tijuana, un militar confirmó que se unía a una ramificación de otro construido y localizado, años atrás. Es el tercero encontrado en 2015 en Tijuana, pero el primero luego de la fuga de “El Chapo” Guzmán, el 11 de julio, y atribuido por las autoridades al Cártel de Sinaloa. El acceso fue construido en el número 17529 de Avenida José Manuel Salvatierra, entre calles Fray Junípero Serra y Eusebio Kino Norte, y se extendía apenas 126 metros. El pasadizo, aún construcción, pretendía avanzar de manera diagonal hasta traspasar la frontera. Precisamente en dirección noreste del recién ubicado túnel, a 88 metros, se encuentra el inicio de otro hallado el 5 de febrero de 2013. En aquel entonces, personal del Ejército encontró un pasadizo construido debajo de un almacén ubicado en Calle Fray Junípero Serra esquina con Avenida José Manuel Salvatierra. Tenía una extensión de 37 metros y medía, 1.20 metros de alto por otros 80 centímetros de ancho. De acuerdo a las autoridades que revisaron el espacio, quienes diseñaron y construyeron este nuevo túnel buscaban un punto de unión con el cavado anteriormente. Veladoras, focos LED y sopas Maruchan 5 metros bajo tierra 
El inicio del túnel está a 600 metros del muro fronterizo que divide a Tijuana de San Diego, y 5.71 metros bajo tierra. Aunque en la pared exterior del inmueble se puede leer el nombre de la empresa de importaciones y exportaciones Hega, Elizabeth Hernández, dueña de la compañía, informó después que la empresa que ella representa, cambió de domicilio desde el 7 de enero de 2015 y solo los rótulos quedaron inscritos en el sitio donde se construyó el túnel. Personal de la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA) localizó el pasadizo cuando realizaba patrullajes en la zona y notaron al interior de la bodega -cuya cortina metálica se encontraba abierta- actividades sospechosas. Sin embargo, no reportaron detenidos. Dos días después, la tarde del domingo 2 de julio, elementos de la Agencia de Investigación Criminal (AIC), bajo el mando del Ministerio Público federal y en coordinación con la SEDENA, catearon el inmueble con una orden emitida por el Juzgado Sexto de Distrito. En el piso de la oficina de la bodega, una entrada de tres por tres metros conduce a dos escaleras unidas que descienden casi 6 metros. Al bajar, el espacio almacena sacos blancos con tierra en su interior, unos encima de otros. Sobre una pequeña repisa, seis veladoras, rotas y chamuscadas, con imágenes de Jesucristo y la Virgen de Guadalupe. La boca del túnel, ubicada a la izquierda de los escalones, tiene un marco de madera con 1.70 metros de altura, pero a los pocos pasos el túnel se reduce hasta llegar a los 1.10 metros y solo se encuentra apuntalado en algunos tramos. El sistema de tubería PVC inicia casi a la mitad de la pared derecha, pero más adelante, baja hasta tocar el suelo. Desde el principio, un angosto y delgado sistema de rieles acompaña al túnel hasta topar con una tabla adaptada con llantas para transportar tierra o material. Para iluminar el pasadizo, focos regulares y LED están conectados a un camino de cables que cruzan de lado a lado. Sin embargo, en los puntos sin alumbrado, la penumbra del túnel apenas permite a la vista distinguir las rocas con gotas de agua -producto de la humedad del subsuelo- que sobresalen de las paredes arenosas del túnel. Conforme se avanza en el camino, que toma una curva poco antes de la mitad, vasos de sopa Maruchan vacíos, paquetes de focos y materiales de construcción como pedazos de madera y brochas, topan con los pies. 
El calor al interior acelera la respiración y hace al cuerpo producir montones de sudor para contrarrestar el aumento en la temperatura. A esto se suma el cansancio de las piernas por avanzar en cuclillas o el dolor de espalda por mantener encorvado el cuerpo al frente. Sin embargo, este tipo de labor es bien conocida por el Cártel de Sinaloa, organización criminal señalada por autoridades tanto mexicanas como estadounidenses, de construir la mayoría de los narcotúneles localizados desde la frontera de Sonora-Arizona hasta Baja California-California. Y precisamente, la zona próxima a la Garita de Otay, el único punto de entrada y salida de cruces comerciales en Tijuana, es la más utilizada para cavar estos pasadizos. Desde 2010, siete túneles de su autoría han sido localizados a menos de dos kilómetros de donde este quedó inconcluso. Al comparar este túnel con el mostrado por la Procuraduría General de la República (PGR) como la ruta de escape de “El Chapo” de la prisión de Altiplano, las coincidencias en tipo de excavación, materiales y características, son obvias. Las mismas formas y hasta los mismos caminos, son utilizados por el Cártel de Sinaloa para traficar droga hacia Estados Unidos por la frontera noroeste del país. Pocos registran inmuebles arrendados ante la SSPE Desde 2010, la Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSPE) implementó un Padrón de Arrendatarios del Estado, con el fin de recolectar información de quiénes rentan una casa o inmueble, para tener la certeza de que se hizo ese trato comercial, en caso de que quien haya rentado sea criminal y use el inmueble para cometer algún delito. Sin embargo, en cinco años apenas el 0.75 por ciento de los propietarios de inmuebles que conforman la base de datos de la Asociación de Inmobiliarias de Baja California, han compartido sus datos con la SSPE. De acuerdo con Daniel de la Rosa, secretario de Seguridad Pública del Estado, se han registrado mil 800 personas físicas y/o morales en la entidad, de casi 240 mil viviendas, inmuebles o terrenos en arrendamiento. Este Padrón de Arrendamiento forma parte de los sistemas de información de la SSPE, los cuales son compartidos con la autoridad ministerial, en caso de que las propiedades rentadas sean aseguradas por la comisión de ilícitos. “Eso les sirve para evitar las sanciones que establece la Ley”, explicó De la Rosa, ya que de esta manera, el registrado puede comprobar que dio a conocer la transacción a Seguridad Pública y, por lo tanto, se trató de un acto comercial de buena fe. Terminales de consulta de estos datos se encuentran a disposición de la PGR y la PGJE para la investigación de delitos. Según el Artículo 66, esto en “apoyo a las diversas autoridades en materia de investigación y procuración de justicia; así como a las autoridades judiciales”. Este sistema de información es único en el país. Sin embargo, ya que el registro es voluntario, la Secretaría invita a los interesados a inscribirse incluso por internet. II Región Militar decomisa más de 7 toneladas de droga en julio La Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA) informó que la Comandancia de la II Región Militar que abarca los estados de Sonora, Baja California y Baja California Sur, confiscó durante el mes de julio 6.7 toneladas de marihuana, 101 kilogramos de cocaína, 71 vehículos, dos aeronaves, 115 mil 63 dólares, además de la detención de 63 personas. El reporte indica que en coordinación con los tres gobiernos estatales, aseguraron 107. 271 kilos de heroína, 451.6 kilogramos de cristal, 262 pastillas psicotrópicas, 40 armas largas y 21 cortas, 176 cargadores de diversos calibres, 11 mil 183 cartuchos, así como 30 mil 632.52 pesos. De lo anterior, la Segunda Zona Militar en Baja California, con cabecera en Tijuana, localizó 356 kilogramos de marihuana, 741 kilogramos de metanfetaminas, 92 kilogramos de cocaína, 96.9 kilos de heroína y la totalidad de pastillas psicotrópicas. Mientras que en Sonora, fueron 19 personas las detenidas, se confiscaron ocho armas cortas, 26 armas largas, dos granadas, 9 mil 960 cartuchos de distinto calibre, 58 automóviles. En esa entidad, se concretó el decomiso más grande de marihuana, con 6.12 toneladas, además de 31.7 kilogramos de metanfetamina y 72 gramos de cocaína. De los 36 plantíos eliminados, 15 estaban ubicados en Sonora y contaban con una extensión de 33 mil 910 metros cuadrados. Además, aseguraron 14 armas cortas, 11 armas largas, 47 cargadores, 13 vehículos, una moto, 300 litros de gas-avión, siete plantas de marihuana, 29 mil 458 pesos y 3 mil 601 dólares. A través de un comunicado de prensa, se anunció que el material decomisado y los detenidos fueron puestos a disposición de las autoridades correspondientes. (Natalia Monroy) Hega se deslinda de narcotúnel Desde que se localizó el narcotúnel, la tarde del 31 de julio de 2015, el inmueble donde se construyó se relacionó con la importadora y exportadora Hega, cuyo nombre y dirección aparecía en la pared de la bodega. Fue hasta el 4 de agosto que la dueña de la empresa, Elizabeth Hernández, convocó a una conferencia de prensa para informar, junto a dos abogados, que la compañía dejó la bodega el 7 de enero de 2015. “Quiero aclarar que no tenemos ninguna relación con ese túnel que encontraron las autoridades…el error fue dejar en la pared, el logo de Importadora y Exportadora Hega”, explicó la empresaria. La importadora y exportadora fue fundada en 1999 por Hernández, pero de acuerdo a ella, en enero de 2015 decidieron mudarse a un inmueble propio localizado en la colonia Obrera para ahorrar el costo de la renta y por las malas condiciones físicas de la bodega. La versión de la empresaria fue que el espacio rentado durante dos años y por el cual pagaba mil 230 dólares de renta mensual al propietario, está separado por una cortina metálica de la bodega donde daba inicio el túnel. “Mientras nosotros estuvimos ahí, no vimos nada extraño”, dijo acerca de las actividades de albañiles para la construcción del pasadizo. También refirió que el 2 de agosto, sus abogados acudieron a la Procuraduría General de la República (PGR) para explicar la situación, pero el Ministerio Público federal les informó que de ser requeridos, se les citará. Sobre la decisión de dejar no solo el rótulo con el nombre de la empresa, pero también la dirección completa del inmueble, Hernández explicó que de esa forma, clientes que acudían a la colonia Garita de Otay preguntaban a los vecinos sobre Hega, quienes les informaban sobre las nuevas instalaciones. De los propietarios de la bodega y de los nuevos arrendatarios, la empresaria prefirió no opinar para no entorpecer las investigaciones de la autoridad. Saúl Ramírez
Publicidad
