Los vendedores del corredor comercial turístico de La Bufadora despachan bajo la amenaza de que en cualquier momento, elementos federales los saquen a la fuerza de sus tiendas, ya que el Ejido Coronel Esteban Cantú ganó en tribunales un litigio por la posesión de una fracción de los terrenos cercanos al géiser marino, mismos que tienen un alto valor catastral y donde los propietarios proyectan construir un centro comercial. El miércoles por la madrugada levantaron de nuevo la ofensiva y, en plana carretera estatal (Ensenada-La Bufadora), instalaron barricadas con piedras, llantas y tablones, a fin de bloquear el paso de los turistas que por temporada vacacional llegaron al área y fueron sorprendidos por los manifestantes que portaban machete en mano. 
Todo inició el miércoles 1 de julio, cuando al puerto arribaron 300 policías federales que se hospedaron en el hotel San Nicolás de la zona turística. Durante su estancia solo pasearon por las habitaciones, pasillos y restaurante, sin que se supiera la razón de su visita. Al tercer día se trasladaron a la delegación de Otay en Tijuana. Se presume, vinieron a desalojar a comerciantes de La Bufadora. Cuando los efectivos llegaron al puerto, los inconformes limitaron los accesos, levantaron barreras y desplegaron una ofensiva civil en el perímetro en disputa. Antes hubo dos intentos de desalojo que quedaron frustrados. El 1 en diciembre de 2014, cuando más de 200 elementos municipales se declararon incompetentes para realizar el desahucio y entregaron la batuta al Gobierno Federal, que el 15 enero de 2015, envió 150 policías federales con equipo antimotines. Esta última acción falló porque, al parecer, el secretario de Acuerdos del Juzgado Séptimo de Distrito, Rubén Reynoso, llevaba documento sin sello. El corredor comercial luce lleno de turistas, pero sin estructura, los casi 200 locales comerciales están apeñuscados y la mercancía es muy parecida; va desde medicamentos hasta souvenirs, comida, bebidas y servicios de baño. Darwin Batallar Gómez, líder de los comerciantes, informó que el caso se encuentra en un Juzgado en Zacatecas, por lo que sería ilegal realizar una intervención en este momento. El lunes 13 de julio, una comisión buscará una entrevista con el juez, para conocer los pormenores del proceso. ¿Y el Ayuntamiento? El que de plano no se enteró del movimiento, fue el director de Seguridad Pública Municipal, Enrique Villarreal Montemayor. “Absolutamente nada, oficialmente desconozco, sé que se pretendió llevar a cabo una reunión con las autoridades, que nunca se llevó a cabo, estuvimos siempre al pendiente de las personas que viven cerca de La Bufadora”, refirió con voz entrecortada. Por su parte, el secretario del Ayuntamiento, Jesús Jaime González Agúndez, comentó que el único contacto que tuvieron con la Comisión de Seguridad fue para informar que los federales tenían la encomienda de atender una reunión de coordinación, “pero la verdad es que nunca hubo ninguna reunión”, reveló. Como abogado, González Agúndez indicó que, en teoría, mientras no esté resuelto el caso, debe suspenderse la ejecución de la orden de desalojo, pero advirtió, es potestad del juez decidir si se realiza o no dicha acción: “Nosotros sabemos que desde enero se pidió la fuerza pública, pero, en una apreciación personal, la fuerza federal llegó algo tarde. “A nuestro juicio, no debería hacerlo porque hay un incidente pendiente, pero será decisión del juez porque cada quien actúa en base a sus responsabilidades”, complementó. La incertidumbre “Lety” es una comerciante que conmocionó el 6 de enero durante el operativo de desalojo, debido a que un grupo de personas del ejido violó los candados de su negocio y sacaron la mercancía. La vendedora prefiere no acordarse de lo que ese día perdió.
Valentina Aguirre, de Jerry´s Curios, tiene 16 años con el establecimiento y, tras conocer la experiencia de Lety, se siente amenazada y ha preferido no abastecer el negocio como en otros años. “Capaz de que pueden volver a venir. No queremos invertir lo poco que uno tiene porque no sabemos si vienen, van a abrir y se lo van a llevar, y pues no. Yo sí me limito”, dijo sentada en la entrada de la tienda. Agregó que del martes 30 de junio al 7 de julio tuvieron tres amenazas advirtiendo sobre la presencia policiaca. OEA atrae caso La Comisión Interamericana de Derechos Humanos atrajo el caso luego de que el comerciante Ramón Campos Bueno, interpusiera una denuncia ante el organismo internacional, al considerar que la autoridad viola garantías individuales; el mes de mayo se respondió con el número de expediente P-1383-14. Uno de los supuestos atropellos, dijo, es que a los lados hay dos terrenos propiedad de las familias Álvarez y Díaz, quienes invaden un área federal, pero a estas personas no se ha pedido que reintegren las hectáreas que se traslapan con el título agrario. “Hay juicios pendientes a resolver, pero ahí se ve que es el gobierno el que nos quiere sacar, porque es más fácil sacarnos a nosotros y luego llegar a un acuerdo con esos propietarios. No es posible que nos van a quitar veinte metros de terreno federal, mientras que la situación de ellos va a quedar en litigio, ¿dónde se ha visto tanta tontería?”, planteó Campos. Indicó que el secretario de Turismo del Estado, Óscar Escobedo Carignan, les mostró un proyecto de desarrollo para esa zona pero, desgraciadamente, los comerciantes no están incluidos en los planes de modernización.
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