El préstamo que el Congreso del Estado aprobó en diciembre de 2014 por cerca de 2 mil 850 millones de pesos para el rescate financiero del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Gobierno y Municipios del Estado de Baja California, anexo a las reformas relativas a la Ley del ISSSTECALI, el gobierno del Estado decidió -con apoyo de los legisladores- reorientarlo a inversión y gasto público, financiamiento de planes, programas y adquisiciones, así como equipamiento y obra pública estatal. La decisión del Legislativo se tomó en sesión efectuada el jueves 21 de mayo de 2015, donde se designó a la nueva titular de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, se aprobó la Ley del Notariado y se aprobaron otros dos dictámenes relativos a deuda pública estatal por cerca de 2 mil 300 millones de pesos. La aprobación de los acuerdos tomados en esa sesión del Congreso local fueron publicados en el Periódico Oficial del Estado el viernes 29 de mayo, y la versión estenográfica de dicha sesión -que aparece en el portal del Poder Legislativo- contiene cerca de mil 200 cuartillas. De acuerdo al subsecretario de Enlace Legislativo en la Secretaría General de Gobierno, Rubén Armenta Sanabria, el cambio en el crédito que se había solicitado al ISSSTECALI, obedece a una estrategia forzada por la Secretaría de Hacienda debido a las recientes reformas federales, pero aclara que la reorientación es más de forma que de fondo, ya que el dinero del crédito se aplicará en obra, y el de obra se destinará al rescate del Instituto. Reorientan El martes 2 de diciembre de 2014, el gobernador Francisco Vega de Lamadrid reunió a los cinco alcaldes, diputados, funcionarios, líderes de la burocracia y titulares de los poderes en Baja California para anunciar el ambicioso plan de rescate del sistema de seguridad social para el magisterio y la burocracia estatal, a través de una serie de reformas legislativas -a la Constitución y a la Ley del ISSSTECALI,- acompañadas de un necesario rescate financiero del instituto, sobre todo en la parte relativa a pensiones y jubilaciones. “Después de casi 44 años de existencia, se deben adoptar nuevas medidas porque el Instituto ya presenta una severa crisis económica, y con el proyecto se podrán atender estos problemas heredados”, dijo Vega de Lamadrid durante el evento. 
La propuesta legislativa incluyó ampliar los años de servicio, modificar los tabuladores salariales, eliminar la pensión dinámica y separar a los empleados de la burocracia de los del magisterio, con una Ley diferente para cada uno. La tesis central que se ha manejado desde la esfera gubernamental -durante la última década- es que estudios actuariales han arrojado que el sistema de seguridad social en la entidad había llegado a su límite, y que de no reformarse, su colapso es inminente. Esto implicó que se acumulara un rezago para jubilar a cientos de maestros -más de 2 mil- que ya cumplieron la edad y los requisitos jubilatorios, mas no han podido concretar el trámite por falta de recursos del Instituto. De hecho en los últimos meses, desde el Gobierno del Estado se ha anunciado el otorgamiento de las llamadas prejubilaciones, que significan el término de la carrera laboral, el seguir cobrando sin asistir a clases -en el caso del magisterio-, pero que aún no están formalmente jubilados, también, por falta de recursos del ISSSTECALI. En el plan anunciado festivamente la mañana de ese martes 2 de diciembre se incluyó una estrategia financiera, basada en la obtención de un crédito de 2 mil 850 millones de pesos “destinados exclusivamente al saneamiento financiero del Estado de Baja California y sus paraestatales, a fin de que atiendan los saldos de los adeudos que se tienen con el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Gobierno, los Municipios del Estado de Baja California”. La parte relativa al préstamo quedó asentada en el Dictamen 195 de la Comisión de Hacienda y Presupuesto, encabezada por la panista Rosalba López Regalado, y se publicó -junto con paquete de reformas- en el Periódico oficial del miércoles 31 de diciembre de 2014. De los 2 mil 850 millones aprobados, mil 237 millones corresponden a los ayuntamientos de Mexicali, Ensenada, Tecate y Rosarito. El resto -cerca de mil 613- para el Estado. Los cambios Textualmente la modificación contempla que el crédito aprobado originalmente para el organismo de seguridad social por 2 mil 850 millones de pesos, será destinado “a inversión pública productiva, incluido el financiamiento de los planes, programas y acciones de adquisiciones, equipamiento y obra pública del Estado en la presente administración (2013.2014)”. Entre los considerandos -la justificación en el dictamen- se incluyó el que actualmente está en proceso de aprobación en las legislaturas locales, una reforma constitucional relativa a la disciplina financiera en los Estados –aprobado federalmente el 16 de abril pasado-, donde se busca regular las bases en materia de deuda pública de entidades y municipios. Entre éstos se incluyen rubros como establecer límites y modalidades para los préstamos y transparentarlos, crear un sistema de alertas sobre el manejo de la deuda y sanciones aplicables a servidores que incumplan estos preceptos. Asimismo, se establece la prohibición para las entidades de “no contraer obligaciones sino cuando se destinen a inversiones públicas o productivas y a su refinanciamiento y reestructura, mismas que deberán realizarse bajo las mejores condiciones del mercado”. También se determina la limitante a contratar créditos destinados al gasto corriente. 
De acuerdo al documento, el préstamo de 2 mil 850 millones de pesos “tendrá como finalidad el financiar proyectos de obras, inversión o equipamiento previstos en los programas de obra de la presenta administración, y con ello liberar los flujos presupuestales que permitan otorgar transferencias recuperables a favor del ISSSTECALI”. Bajo esa “lógica” los 13 diputados presentes a esa hora, Margarita Corro, Rodolfo Olimpo Fausto Gallardo, David Rubalcaba, Alberto Martínez, Rosa Isela Peralta, Francisco Barraza, Juan Manuel Molina, Mónica Bedoya, Julio Cesar Vázquez, Rosalba López, Laura Torres, Irma Martínez y Francisco Alcibíades, votaron a favor de la modificación. Por Hacienda La explicación vino de parte del Subsecretario de Enlace Legislativo, el ex diputado panista Rubén Armenta: “La Secretaría de Hacienda, en razón de una reforma que acaba de aprobarse en marzo de este año, hay que recordar que el crédito original se aprobó en diciembre de 2014, le dice a Planeación y Finanzas que no puede otorgar garantías (de las participaciones estatales) donde se endeuden los Estados si es para gasto corriente”. Dado que el crédito se autorizó para el pago de cuotas del ISSSTECALI, debido al adeudo histórico y el tratar de sanear las finanzas, la Hacienda lo considera gasto corriente. En función de esto se acordó modificar el mismo crédito -aclara no es un crédito nuevo- con un concepto diferente, inversión productiva y obra pública. Ejemplifica: “Si el Gobierno del Estado tiene previsto que este año va a tener 600 millones de obra pública, entonces se va a hacer obra pública con el préstamo, y esos 600 millones se los voy a destinar al ISSSTECALI”. En cuanto a la posible existencia de un riesgo de que por los presupuestos etiquetados, el dinero solicitado para el Instituto se vaya a otro destino, Armenta asegura que no, debido a que es la obra productiva del Gobierno del Estado. Agrega que después de la aprobación de las reformas al tema del ISSSTECALI, se suponía que en febrero o marzo de este año iban a poder concretarse las jubilaciones, pero en esas fechas se aprobó la reforma federal a la Ley de Deuda Pública -lo que detuvo el proceso-, y a eso se debe que a los maestros ya enlistados por cumplir los requisitos solo se les esté dando la prejubilación, dejan de trabajar pero no les cubren el pago oficial por jubilación. En la parte de los ayuntamientos, Armenta refiere tendrán que pasar por la aprobación de los respectivos cabildos, y estima, a finales de julio pudieran concretarse oficialmente las jubilaciones pendientes. </p> Sin explicación los últimos créditos En la larga lista de dictámenes aprobados en esa sesión del 21 de mayo de 2014, se incluyó un crédito de 688 millones para el Nuevo Sistema de Justicia Penal y otro por mil 700 millones para refinanciar el llamado Crédito Japonés. A partir del 1 de junio y hasta el cierre de esta edición, ZETA había solicitado entrevista con funcionarios de la Secretaría de Finanzas para que explicaran los detalles, las razones del endeudamiento, la justificación técnica y de qué tamaño va a ser la deuda, así como las condiciones del refinanciamiento del Crédito Japonés, porque se les preguntó a los diputados que lo aprobaron y reconocieron que esos detalles no estaban claros. Esa información tampoco estuvo contenida -como era obligatorio- en el dictamen que los diputados votaron a favor, y de los cuales ZETA tiene copia. Finalmente, el martes 9 de junio, Roberto Karlo López, director de Comunicación del Gobierno del Estado, solicitó como única opción para dar respuesta, un cuestionario que, a la fecha de esta publicación, no se hizo llegar. Falta transparencia “Aquí no dan información, está claro que el Congreso es omiso, aprueban algo sin saber lo que están autorizando”, sostiene el presidente del Colegio de Economistas de Mexicali, Enrique Rovirosa, quien considera, el Congreso debió haber exigido información más exacta para justificar el refinanciamiento, relativa a la situación actual del crédito, las obligaciones, lo que se pagará en los próximos años, el plazo para finiquitar y sobre todo, aclarar las ventajas de esta renegociación. El especialista se refiere a la polémica provocada por la aprobación en esa misma sesión del 21 de mayo de dos créditos, uno por 688 millones de pesos destinados a la implementación del Nuevo Sistema de Justicia Penal y el de mil 700 millones para refinanciar el llamado Crédito Japonés, contraído en el año 2000 para el saneamiento ambiental en la entidad y destinado a obras hidráulicas de las comisiones de Agua de Ensenada, Tijuana y Mexicali. Licenciado en Economía por la UNAM y con maestría en el mismo rubro la Universidad de Sussex en Inglaterra, Rovirosa cuestiona el comunicado estatal emitido la semana pasada, donde se asegura que esos dos créditos no representan aumento de la deuda estatal, debido a que Banobras asumiría el pago del capital. “El comunicado es incorrecto porque el solo hecho de aceptar pagar los intereses que van a generar estos 688 millones de pesos, eso ya constituye una obligación, y cualquier obligación a futuro constituye un aspecto que viene a incrementarla deuda”, advierte. En cuanto al Crédito Japonés, contraído en yenes hace 15 años por mil 300 millones de pesos y ahora aprobado para renegociar con mil 700 millones, el especialista refiere que seguramente han habido efectos devaluatorios, y de entrada considera que el cambiar la deuda de UDIs a pesos, es una decisión acertada, pero cuestiona la falta de información al respecto. “Finalmente es dinero público, deberíamos de saber, debería haber una página para saber cuál es el monto que se tiene en este momento, a qué plazo, cuánto se ha pagado, cuánto se contrató originalmente y cuánto falta por cubrirse. Es algo que no debiera ser oculto”, sintetiza.
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