“No es justo para los tijuanenses que no podamos utilizar esa plaza pública, se va a actuar en consecuencia”, advirtió Jorge Astiazarán Orcí, alcalde Tijuana. Por ello, al inicio de esta semana instruyó a la Consejería Jurídica de su gobierno iniciar la anulación de la autorización concedida a Makro para la prestación del servicio de estacionamiento que se ofrece al público a un costado de Palacio Municipal. Por considerarla una infraestructura insegura para ser utilizada por grandes conglomeraciones humanas, a principios de octubre de 2014, Protección Civil municipal determinó restringir el acceso a la plaza Independencia. También limitó la utilización de dos terceras partes del estacionamiento ubicado debajo de la explanada. A la concesionaria se le permitió continuar operando el resto del inmueble, así como la parte exterior, en tanto se le emplazó a realizar un peritaje conjunto con el Colegio de Ingenieros Civiles de Tijuana, que permitiera determinar la calidad de la obra y de los materiales utilizados en ella, ya que en los archivos del Municipio no existe constancia al respecto. 
En febrero de 2015, Makro presentó un peritaje realizado en forma unilateral, sin considerar los puntos exigidos para un dictamen colegiado. Y aunque a la firma se le notificó este incumplimiento, ésta se ha negado a responder, por lo que el gobierno actual sigue sin saber la dimensión real del problema estructural del inmueble, pues continúan faltando los estudios de mecánica de suelo y calidad de materiales. Las causas de la rescisión De acuerdo al contrato administrativo de concesión para la construcción y operación del estacionamiento público, el gobierno de Tijuana podrá anticipar su vencimiento si hay un incumplimiento por parte de la concesionaria, siempre y cuando se le notifique y ésta no lo solvente. Situación que el Ayuntamiento considera cumplida en este caso. En el inciso B de la cláusula vigésimo primera del convenio se establece que el acuerdo podrá ser cancelado por el Ayuntamiento, sin responsabilidad de su parte, “cuando el concesionario incumpla con cualquier obligación derivada del contrato, y dicho incumplimiento no sea corregido dentro de un plazo de 30 (treinta) días naturales, contados a partir de la fecha que reciba la notificación del incumplimiento”. De entrada, la concesionaria no cumplió con los tiempos establecidos para la construcción, equipamiento y puesta en operación del estacionamiento, los cuales quedaron determinados en la segunda cláusula del contrato. El convenio signado el 21 de enero de 2010 estableció como fecha de término de la obra “el día 30 de agosto del 2010, fecha en que deberá suscribirse el acta de terminación de la obra y el concesionario podrá iniciar el periodo de operación”, se indica. Fue hasta diciembre de 2011 cuando el inmueble abrió sus puertas, sin estar concluido del todo; hasta la fecha, el acceso al sótano -como segundo nivel del aparcamiento- carece de soporte, por lo que fue clausurado por Protección Civil. En el mismo punto se suscribió que el diseño de la plaza pública proyectada sobre la parte superior externa del estacionamiento, “atenderá y preverá las cargas vivas que representen el uso del dicha plataforma durante los eventos cívicos”. Un estudio técnico realizado por el Colegio de Ingenieros de Tijuana, a cargo de Pablo Hernández Lee, determinó que la explanada no fue diseñada para su utilización como plaza pública. A estas posibles causales de revocación del contrato, se añade el mal estado físico de los dos niveles del estacionamiento, los cuales la empresa ha optado por ignorar y no corregir, mientras continúa el usufructo del inmueble, tanto en su parte superior, y de manera ilegal, un espacio exterior que no le fue concesionado, corroboró Desarrollo Urbano. Peritaje aprobado Como lo indica el convenio suscrito entre Makro y el Municipio de Tijuana, la empresa ya fue requerida para responder por las anomalías detectadas en la obra que edificó para uso de estacionamiento público y plaza pública. En una revisión visual por expertos en ingeniería, tanto la explanada como el estacionamiento público registran daños en columnas, paredes y techo, todos factibles de ser etiquetados como vicios ocultos, consideró la Sindicatura Procuradora. El inmueble también fue inspeccionado por Protección Civil y funcionarios de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología, encontrando transmisión de humedad, derivado del deficiente sellado e impermeabilización, y que ha propiciado la corrosión del acero colocado para su cimentación. Tanto en el exterior como en el interior del inmueble son comunes las fisuras en trabes, hundimientos y separación de bloques. Todas estas irregularidades hicieron suponer a los expertos que no era un edificio apto para ser utilizado en su parte superior como plaza cívica. La presunción la confirmó el propio peritaje presentado por Administradora de Obras y Concesiones, SA de CV, el cual fue revisado por el Colegio de Ingenieros de Tijuana.
“La plaza no puede ser utilizada como tal porque no se diseñó, no cumple con los requerimientos estructurales para ese uso”, confirmó Pablo Hernández Lee, presidente del organismo. El diseño de la explanada presentado por la empresa no contempló su uso con fines de plaza pública, por lo que no soportaría la carga viva de un evento masivo, como sería el “Grito” de Independencia, celebración que tradicionalmente se realiza en ese lugar, pero que en 2014 tuvo que ser reubicada por las condiciones físicas de la explanada, la cual tampoco puede ser empleada como estacionamiento. El análisis efectuado por el Colegio de Ingenieros indica que los valores del diseño estructural de la losa de cubierta del estacionamiento, fue hecho con valores muy bajos de soporte de cargas vivas y muertas, “no se consideraron los pesos reales de las cantidades de personas en concentraciones masivas”, precisó Roberto Sánchez, secretario de Desarrollo Urbano y Ecología. Y explicó, en valores promedio, una plaza cívica o espacio en el que se espera realizar actos de una amplia concentración de gente, debe poder soportar un peso de mil kilogramos por metro cuadrado de carga viva, cantidad a la que se debe añadir el peso de la carga muerta, estimada en 350 kilogramos por metro cuadrado. No es el caso de la cubierta del estacionamiento subterráneo, diseñada con valores de solo 350 kilogramos por metro cuadrado de cargas vivas, por lo que no soportaría un acto masivo. Con esta construcción, Makro dio al traste con la plaza cívica. El peritaje de la empresa debió realizarlo en conjunto con el Colegio de Ingenieros, así lo instruyó el gobierno municipal, pero Makro lo llevó a cabo en forma unilateral, haciendo caso omiso a las solicitudes de mecánica de suelo, calidad de materiales y muestreos presentados por el organismo colegiado. “El peritaje se presentó en febrero, lo revisamos y contestábamos que no estábamos de acuerdo porque no contemplaron todos los alcances que solicitamos al principio”, manifestó Hernández Lee. “Esos elementos son necesarios para hacer un dictamen que diga con qué se cuenta, qué se necesita y cómo se resolverá, proceso indispensable para que esto llegue a un final bien y se pueda tener un inmueble con el servicio para el que se edificó”, dijo. Y sugirió al Municipio enfocarse en requerir al concesionario “para una solución de común acuerdo y que el inmueble quede con el servicio que debe tener y con las garantías que debe contar”. Inician procedimiento de anulación Al inicio de esta semana, el consejero jurídico del XXI Ayuntamiento de Tijuana, Gerardo Herrera Zavala, recibió la instrucción de Jorge Astiazarán de iniciar con el procedimiento para revocar el contrato a Makro, empresa considerada como incumplida. 
El abogado del Municipio explicó que “el primer paso será llevar este procedimiento en forma conciliatoria con la empresa”, para ello se le dio una especie de ultimátum -un periodo de diez días- para rescindir el convenio en mutuo acuerdo, plazo que empezará a contar a partir de la próxima semana. Posteriormente, detalló, se estarán presentando las formalidades en las cuales la concesionaria tendrá su derecho de defensa, “incluso podrá promover un amparo ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo, con el objetivo de frenar los efectos de la revocación”, consideró Herrera. Todo esto se encuentra establecido en el contrato y ya lo tiene previsto el Municipio, aseguró. Sin embargo, “la revocación no resuelve el problema de fondo, que es el contar con un inmueble funcional, de ahí que a la par de este proceso, se iniciará una acción penal en contra de la constructora”, subrayó. Según el consultado, “se les estuvo dando oportunidad -a Makro- para que presentaran los estudios que dieran cuenta de la situación real del estacionamiento, así como su propuesta para resarcir cualquier anomalía, pero solo respondió con evasivas”. Para el director jurídico del XXI Ayuntamiento no existe un plazo determinado para la resolución de este caso, pero ante las condiciones de deterioro prematuro del inmueble y la falta de interés de la concesionaria por responder, ya se prepara para recibir la operación del estacionamiento subterráneo que alberga 742 cajones. Mientras el presidente de Tijuana, Jorge Astiazarán, afirma: “El estacionamiento subterráneo se va a tener que reparar tarde que temprano, hay un responsable, un concesionario que tendrá que responder”.
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