Ante la ausencia de cantidades exactas, se calcula que solo el 40 por ciento de residuos médico-hospitalarios generados en Baja California tienen como fin último, la incineración o la trituración. Se desconoce qué es lo que pasa con el 60% restante. El problema sanitario en la entidad, se da porque que no existen acciones eficaces implementadas por instituciones perseguidoras de delitos ambientales y sanitarios, para evitar que empresas generadoras de estos desechos no respeten el marco jurídico que existe para eliminar sus residuos. Partiendo de que no hay un registro confiable sobre cuantos hospitales, clínicas, spas y farmacias operan actualmente, calcular las cantidades que desechan solo es posible tomando en cuenta los números de empresas dedicadas al tratamiento final de los desechos. En Baja California, solo dos empresas cuentan con certificación de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT): Lavandería Industrial Maypa y Técnicos Medioambientales Winco. Entre estas dos no logran tratar ni el 50% de lo que, según estimaciones conservadoras, se genera anualmente en Baja California. “Hay muchos médicos, dentistas y hasta hospitales que realmente no hacen una disposición correcta de los residuos, ¿qué harán con ellos? No sabemos, pero no tienen ningún contrato con ninguna de las dos empresas, por lo tanto, pues quién sabe qué harán con los residuos”, expresa Marcelo Hinojosa Ornelas, directivo de Maypa. 
Esta empresa tiene alrededor de 2 mil contratos en la región, mientras que Winco presta el servicio a mil 500 establecimientos del giro. La poca coordinación entre las dependencias gubernamentales es otro factor determinante en el bajo control de los generadores. La falta de comunicación se refleja cuando la Secretaría de Salud Pública desconoce que hay empresas en la zona dedicadas a la incineración del producto en cuestión. Otro ejemplo es que la Unidad de Operaciones Sanitarias de la dependencia ha registrado en su padrón 5 mil 171 establecimientos “prestadores de servicio de atención médica”, que necesariamente desechan residuos biológico-infecciosos, y al mismo tiempo, la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA) tiene registro de solo 937 empresas generadoras, a las que verifica año con año. Es decir, los 3 mil 500 contratos que tienen las empresas autorizadas no alcanzan a cubrir los 5 mil 171 establecimientos registrados en el Sector Salud, sin incluir en el cálculo los que no cuentan con registro sanitario y no reportan sus desechos. Las reglas de operación La Norma Oficial Mexicana 087 ordena las medidas de protección y salud ambiental en el manejo de residuos biológico-infecciosos (RPBI), que también son definidos en el documento. En resumen, este tipo de desechos se consideran como tal, por estar en un material “hospedero susceptible” como lo es una aguja, un algodón, una gasa u otro recipiente que haya tenido contacto con un agente biológico de riesgo, y sea capaz de trasladarlo a un ser humano. La sangre, los cultivos, tejidos, órganos y partes humanas que se extirpan durante cualquier procedimiento médico, entran dentro de los llamados RPBI. La norma también especifica características de los recipientes que deben utilizarse para el acopio y traslado de los residuos y separa los establecimientos susceptibles a revisión en tres tipos. No solo entran instituciones médicas como hospitales, todo tipo de clínicas, laboratorios o farmacias; también se etiquetan establecimientos de tatuajes, spas, acupunturistas y demás giros cuyo trabajo esté relacionado con el manejo de sustancias biológicas e intervenciones en cuerpos humanos. Se ordenan de acuerdo al giro, a la capacidad de atención, si cuentan o no con banco de sangre, a los análisis e intervenciones que realicen diariamente; pero sobre todo a la cantidad de desechos mensuales. Solo dos autorizadas Por otra parte, son prestadores de servicios ambientales los que recogen los residuos en las instalaciones de los generadores para darles un final ideal: almacenarlos y posteriormente incinerarlos o triturarlos. Oficialmente, Maypa es la única empresa que cuenta con tres autorizaciones para el acopio, tratamiento e incineración, actualmente con 2 mil 360 contratos en la entidad, de acuerdo al director general, Marcelo Hinojosa. Por su lado, Técnicos Medioambientales Winco cuenta con autorización para el tratamiento de los también llamados desechos médico-hospitalarios y, mes con mes, dan disposición final a unas 55 toneladas en Baja California. Marcelo Hinojosa, de Maypa, comenta haber observado las omisiones de las autoridades gubernamentales, así como de empresas generadoras que estarían cometiendo delitos ambientales en la entidad, pero se negó a revelar nombres y detalles. “Hay de todo, consultorios, dentistas, hospitales, tatuajes, spas, farmacias, pero no hay una información sustentada y actual de cuántos generadores hay en realidad”, anota. Además, ellos suponen que el padrón de 5 mil 666 establecimientos que la Secretaría de Salud contempla queda corto, y que junto a PROFEPA, no se verifica la totalidad de los establecimientos. “(Los generadores) Nos dicen ‘no, lo mandamos con otro amigo que tiene permiso’, o sea, ponen mil cosas, o que los mandan al Hospital General, y eso no se puede hacer. Como generador la obligación es disponerlo a una empresa y saber qué pasa, de dónde sale, y hasta el momento en que se destruye. Si no lo haces estás mal”, manifiesta Hinojosa. Asegura que por año, 200 generadores prefieren suspender los contratos, “dicen: ‘aquí no revisan, yo no necesito’”. El problema principal, de acuerdo a su dicho, son los establecimientos más pequeños, que piensan que por generar pocas cantidades, no deben someterse a la normatividad. Explica que no denuncia porque “a nosotros no nos corresponde, lo que nos corresponde es decir a la autoridad, y ellos no tienen inspectores porque no hay presupuesto, esa es la respuesta que nos dan”, insiste. “En BC no hay incineradores”: Secretaría de Salud Evaristo Ruiz Palafox, jefe de Operaciones Sanitarias de la Secretaría de Salud del Estado, afirma que como autoridad identificada en la NOM-087, a la secretaría también le corresponde llevar a cabo verificaciones sanitarias para constatar que los generadores realicen disposiciones periódicas con empresas autorizadas. Pero carecen de información propia, por lo que utilizan datos oficiales de la SEMARNAT para cumplir con dicha responsabilidad. Según refiere, en la entidad no hay empresas que eliminen los residuos médicos y hospitalarios vía incineración, cuando según la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, está validada para hacerse cargo de dos mil toneladas anualmente. Solo el año pasado incineró poco más de 20 toneladas de RPBI y esterilizó ocho, todo con autorizaciones vigentes desde 2006. Se pasan la bolita Gustavo Almaraz, delegado de la PROFEPA, dijo que las 937 empresas generadoras que tienen registradas en su padrón cumplen a la hora de ser verificadas, y rechazó que el rezago llegue al grado que asegura el directivo de Maypa. Cuestionado sobre los hechos relatados por el directivo de Maypa, Almaraz declaró: “No estoy de acuerdo, por qué no denuncian, es su responsabilidad como empresa comprometida con el medio ambiente, su responsabilidad es denunciar, si ellos ya tienen información de qué empresas no dan disposición final”.
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