Carente de una propuesta sustentable técnica, financiera y legal, la cual tendría que presentar para el 27 de febrero de 2014, el Patronato 11 de Julio pone en riesgo el proyecto original del Zócalo que promueve para Tijuana. A casi siete años de haberse conformado como asociación civil, teniendo como uno de sus objetivos principales el colaborar con instituciones públicas y privadas para la realización de tal objeto, es hora que el organismo no cuenta con una propuesta concreta que permita concesionar a particulares la continuidad de la obra. Por ello, aunque solo de palabra, pidieron a la administración de Francisco Vega de Lamadrid una prórroga de un mes, tiempo considerado por el Gobierno del Estado como insuficiente para un estudio de tal magnitud, por ello les otorgará medio año, no obstante considerar que el aplazamiento impactará en el desarrollo de la obra. Además, el proyecto enfrenta otra amenaza: un posible recorte del 50 por ciento en el presupuesto federal programado para 2015, el cual se tasó en 100 millones de pesos. La Federación ya advirtió al Estado esa posibilidad, lo que hace más apremiante la participación privada en la ejecución de la segunda fase del plan, caso contrario la torre emblemática, preconcebida en 10 pisos, la cual quedará en cuatro. Y aunque el Patronato 11 de Julio sostiene que existe un amplio interés de la iniciativa privada, hasta la fecha no tiene definido a ningún postor para invertir en la controvertida obra, la cual, para variar, nuevamente enfrenta el embate de grupos ambientalistas opositores a su ejecución en el Parque Benito Juárez. Proyecto sin postores 
Vincular la ejecución del Zócalo a personas, organismos, entidades e instituciones públicas o privadas, es una de las tareas para las que fue conformado el Patronato 11 de Julio, y aunque su tesorero, Enrique Mier y Terán, afirma que de parte del sector empresarial existe mucho interés en el proyecto, carece de una propuesta concreta. Algo que no preocupa al organismo, para el que “no existe un plazo perentorio” en el desarrollo de la obra, anotó Mier y Terán. Constituido el 19 de noviembre de 2008, en más de seis años el Patronato no ha logrado concretar una oferta de inversión, su argumento para no cumplir con este objetivo es “no tener algo concreto” para ofrecer a los posibles oferentes del proyecto. A punto de concluir la primera fase del proyecto con una inversión pública de 200 millones de pesos, el Patronato considera es el momento para invitar a la iniciativa privada, pues ahora sí podrán ver “que es algo serio”, dijo. Mier y Terán hizo hincapié en lo complejo de acudir a cada uno de los corporativos a promover el proyecto para atraer la inversión privada. “Necesitamos hacerles un planteamiento integral (a los interesados), decirles lo invertido y lo que se necesita que invertir, cuál es el proyecto y a qué se obligan para continuarlo, y cuál es el retorno de inversión que podrían tener”, enumeró. Esa es la propuesta del Patronato para motivar el planteamiento de ofertas por quienes, a su decir, ya han mostrado un deseo de participar, prospectos de los que se reservaron nombres. La única inversión privada asegurada es la de Teléfonos de México, empresa que comprometió la instalación de una biblioteca virtual para uso público, sin estar interesada en invertir en el proyecto del Zócalo 11 de Julio. Los riesgos de la demora La administración de Francisco Vega de Lamadrid fijó para el 27 de febrero de 2015 la fecha límite para la presentación de las propuestas de Asociaciones Público-Privadas (APP), rubro en el que entraría el Zócalo 11 de Julio, si contara con la participación de particulares. Tener empresas apostándole al proyecto significaría la continuidad ininterrumpida del proyecto de construcción, pero no es el caso, no a una semana de vencerse el plazo para la presentación de una proposición. Por ello, la semana pasada el Patronato 11 de Julio solicitó verbalmente una prórroga, con todo y que Enrique Mier y Terán, tesorero del organismo, sostiene: “No hay un plazo fijo para presentar catálogo de interesados”. El promotor estimó como suficiente un plazo de uno a dos meses para tener una propuesta que presentar al Gobierno del Estado. Y aunque la Secretaría de Infraestructura y Desarrollo Urbano del Estado (SIDUE), a cargo de Manuel Guevara, está a la espera de recibir la petición por escrito, ya contempla el concederle seis meses para que el Patronato cumpla con su cometido. Además de la prórroga, la dependencia aportará abogados, técnicos y ayudará en los estudios de costo beneficio (social, técnico, legal), para luego abocarse a la búsqueda de acuerdos financieros que complementen la inversión gubernamental del proyecto, “lo que lleva un plazo de seis meses”. Pero ante la posibilidad de un recorte del presupuesto público y la no certeza del recurso privado en su desarrollo, la obra podría limitar su dimensión proyectada o, de plano, suspenderse. Tan solo “el frenar la obra implica que en esos seis meses va a haber necesidad de ajustar sus alcances”, advirtió el titular de SIDUE. Afirmó ser de la idea de intentar todo esfuerzo posible para, en ese lapso, hacer viable el zócalo con su plaza como un símbolo de la ciudad, no obstante, calificó el proyecto en conjunto como “bastante ambicioso”. Por eso, “considerando las condiciones financieras del país y de la iniciativa privada, en ese periodo se tendrá que tomar una decisión de otro nivel”, subrayó. Esto es, que la obra sea de menor dimensión. De no presentarse propuesta sustentable de inversión privada, y concluido el plazo de seis meses, el gobierno de Kiko Vega tendrá que decidir si hace un lado al Patronato 11 de Julio en la promoción de la obra, o les da una nueva prórroga. El proyecto 
De origen, el proyecto del zócalo estima una inversión de mil 200 millones de pesos, 40% de origen público y 60% de inversión privada. A la fecha solo se han aplicado recursos provenientes de la Federación y del Estado. Su arranque se anunció en noviembre de 2009, pero no fue hasta julio de 2013 cuando la Federación canalizó una primera aportación de 100 millones de pesos, cantidad que el gobierno de Baja California complementó con 30 millones de pesos más para el desarrollo de la primera etapa de la obra, consistente en la edificación de un multiforo al aire libre y del Instituto de la Cultura de Tijuana, fase a punto de concluir. En 2014, la Federación reforzó la inversión con 100 millones de pesos más, recursos destinados a la edificación de la torre emblema, obra ya concursada y a punto de iniciar. Pero esa cantidad solo permite asegurar la edificación de cuatro de los diez pisos del edificio de 7 mil 350 metros cuadrados, proyectado como símbolo de todo el concepto, y en el cual se pretende ubicar miradores, la biblioteca digital y pantallas gigantes. Terminar un edificio como el planeado requiere aplicar una inversión adicional de 150 a 200 millones de pesos más, estimó el titular de SIDUE, Manuel Guevara. Para 2015, la Federación etiquetó 100 millones de pesos para ser aplicados en el estacionamiento, plaza, “a lo mejor loa aplicamos en la torre, es algo que tenemos que decidir”, anotó el funcionario, para luego añadir: “Aunque el Gobierno Federal ya advirtió que podría recortar 50 de esos 100 millones prometidos”. Por ello hay que redimensionar el proyecto, o concretar la inversión privada de una vez por todas, asentó Manuel Guevara. Y remató: “Lo único cierto es que ya no se le puede meter más recurso público”. Obstaculizan proyecto 
En enero de esto año, los opositores a la construcción del Zócalo 11 de Julio volvieron a instalar sus campamentos en el Parque Benito Juárez, en una franca muestra del rechazo a la obra. Quienes habían sido retirados durante el gobierno de Carlos Bustamante volvieron a apostarse en el área pública, justo donde se prevé el levantamiento de la torre emblema, “lo cual representa un obstáculo para el proyecto”, anotó el titular de la SIDUE. Al grupo liderado por Sabino Arellano se sumaron otras agrupaciones que manifiestan su repudio a la obra, con un plantón frente a Palacio Municipal. Legalmente intentaron con demandas y amparos frenar la obra, pero al no lograrlo, actualmente recurren a instancias internacionales, “aunque solo sea para dejar constancia de que un espacio público pretende ser utilizado como privado, sin el consentimiento de los ciudadanos”, apuntó Eliseo Sandoval, del Comité Pro Defensa del Parque Benito Juárez. Ante el retorno de los detractores del zócalo, Enrique Mier y Terán opina: “Es muy raro que ahora, cuando van a comenzar las elecciones, despierten otra vez, es un año de elecciones y ya saben que eso funcionó en otras ocasiones, hay que recordar que ya tenemos un diputado y un senador cuya bandera fue esa (oponerse a la obra)”. Los calificó como “malos mexicanos y tijuanenses”, al estorbar en el proyecto. Finalmente, reiteró que quienes están en el Patronato no van a participar en el negocio, “no somos inversionistas, no vamos a hacernos ricos en esto, solo estamos dispuestos a trabajar gratuitamente para tener algo que identifique a los tijuanenses”. Aunque su trabajo aún está por verse.
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