“La Rectoría ha tomado el poder de tomar la capacidad de rescindir y de correr<span style=”line-height: 1.6em;”> a profesores y trabajadores administrativos como patrón. El poder que le da ser patrón lo ha tomado como un instrumento de presión política, un instrumento para atemorizar”, sostiene Daniel Solorio Ramírez, ex director de la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Baja California (UABC) en Mexicali y ex abogado general de la Máxima Casa de Estudios, despedido en marzo de 2012 de esa institución educativa. De acuerdo al laudo de la Junta de Conciliación y Arbitraje -emitido el martes 25 de noviembre de 2014-, Solorio deberá ser reinstalado en su puesto docente, deberán cubrirle los salarios caídos por 32 meses que estuvo fuera de la UABC, y las cuotas no pagadas de IMSS e INFONAVIT. El laudo está firmado por la presidenta de la Junta 5, Norma Rosina Zepeda; el representante de la UABC, Ricardo Dagnino -secretario general hasta hace dos semanas y ahora candidato a Rectoría-; y el representante de los trabajadores académicos, Guillermo Espinoza. 
“Me complace que la gente sepa que a pesar de todo, sí es posible obtener éxito ante los atropellos de la Rectoría, que si es posible que los tribunales del trabajo dicten este tipo de resoluciones”, expone Solorio Ramírez, entrevistado horas después de que se le notificara el fallo de la Junta. “Yo quisiera tomarlo como una expresión de que los abusos, de que los atropellos pueden ser combatidos con éxito”, analiza el abogado, quien cuenta con 38 años de antigüedad en las filas de la docencia universitaria. Solorio fue despedido de la Máxima Casa de Estudios el 13 de marzo de 2012, bajo el argumento desde Rectoría de acumular “… un total de diez inasistencias en un periodo de 30 días”, lo cual no pudo ser probado por la representación jurídica de la UABC. Pero el tema de fondo tenía que ver con las críticas que Daniel Solorio vertía contra la cúpula universitaria. Explica sobre el laudo: ”Lo que dice es que hace tres años, después de que por instrucciones de Alejandro Mungaray, pasando por encima o más bien con la complacencia de Felipe Cuamea, me expulsaran prácticamente de los salones de clase, casi tres años después, las autoridades de la UABC no lograron demostrar una causa válida de despido”. Al hacer un balance del proceso judicial, Solorio menciona la utilización de los abogados universitarios de “chicanas” -así le llaman los abogados a recursos que retrasan el proceso-, por lo que tuvo que interponer un amparo para agilizarlo y un juez federal emitió una sentencia de amparo, ordenando a la Junta resolver dentro de los tiempos legales. Aun así, tardó otros dos años en emitirse el laudo final. “Buscan desgastar a la gente, porque la mayoría de los profesores corridos se dan cuenta de las tácticas dilatorias y que el juicio se va a alargar, entonces optan por un arreglo rápido, aceptan un dinero y se van”, asegura. En términos jurídicos, el catedrático opina que no fue una lucha difícil, dado que desde el primer momento era evidente que desde Rectoría estaban mintiendo: “Es lo más delicado de este asunto, la Rectoría estuvo dispuesta a mentir, una carta de rescisión muy extensa describe una serie de mentiras para tener un justificante, una explicación pública de por qué me echaron de las aulas; pero en términos jurídicos, era desde el principio muy claro que era cosa de aguantar, no sabíamos en cuanto tiempo”. 
Y amplia sobre el fallo a su favor: “Lo considero algo muy relevante porque me parece que puede dar confianza, muchos universitarios, especialmente los académicos, son víctimas de abusos por parte de la Rectoría. La Rectoría ha tomado el poder de tomar la capacidad de rescindir y de correr a profesores y trabajadores administrativos como patrón. El poder que le da ser patrón lo ha tomado como un instrumento de presión política, un instrumento para atemorizar. A mí me complace que la gente sepa que a pesar de todo, sí es posible obtener éxito ante los atropellos de la Rectoría”. Para Daniel Solorio no hay duda de que su expulsión de las filas universitarias fue un desquite de Alejandro Mungaray -ex rector y hoy miembro de la Junta Universitaria de la UABC-, apoyado por el aún rector Felipe Cuamea y Alfredo Buenrostro -también ex rector y miembro de la Junta-, debido a insistentes críticas que los incomodaron. Antes había sido de las pocas voces que cuestionaron la irregular forma en que Cuamea llegó a Rectoría. El académico universitario y ex abogado de la UABC analiza dos reacciones en torno a su expulsión: la reacción solidaria de un pequeño sector de la comunidad universitaria -llegaron a manifestarse públicamente y se sostuvieron esa posición de apoyo por casi tres años-, y la contraparte fue que con su expulsión amedrentaron a mucha gente. Menciona el caso del Observatorio Académico Universitario, donde participaba un nutrido grupo de estudiantes pero, después del 13 de marzo de 2012, “mucha gente, (de) ese grupo de gente inconforme, prefirió callarse y creo que les resultó un éxito en lo que ellos querían: atemorizar a la comunidad universitaria para que la gente se callara…”. A manera de balance de todo este lapso, Solorio toma este final como una expresión de que los abusos y atropellos pueden ser combatidos con éxito, pero a la vez, considera que hay que tener mucha voluntad. Afirma no haber logrado ese triunfo por méritos personales, sino por el apoyo de mucha gente, incluso económicamente, con rifas, eventos y donaciones. Refiere que él siempre se sostuvo en la reinstalación, no en la indemnización. En ese lapso le insistieron de manera recurrente que aceptara compensación económica y se jubilara, era la salida más “conveniente”. Algunos cercanos decían comprometerse a hablar con Cuamea: “Podemos hablar con él para un extra, y luego ya después, discretamente me dijeron: ‘Maestro -en voces pequeñas algunos me dijeron-, Maestro, pida, pida…”. El abogado universitario considera que estar de acuerdo con la indemnización habría sido “aceptar que las autoridades de la UABC son omnipotentes, y por supuesto que no lo son, hacen lo que les aconsejan los momentos de furia, de enojo, y despotrican y cometen atropellos. Y han cometido muchos otros con muchos profesores…”. De esto último, expone el caso de un maestro en Ensenada, Héctor Caro Peralta, despedido hace diez años por la administración de Alejandro Mungaray. El litigio aún no se resuelve, pero el profesor falleció hace seis meses.
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