Un aumento en la presentación de quejas y denuncias, con una renovada voluntad para erradicar irregularidades, incapacidad y hechos delictuosos por parte de los impartidores de justicia, arrojan como resultado la sanción administrativa a 53 funcionarios del Consejo de la Judicatura Federal (CJF) durante el primer semestre del año. Los casos de presunta corrupción y de venta de protección legal a empresarios casineros, agencias aduanales y comerciantes de autos de procedencia extranjera dispararon las cifras de jueces y magistrados suspendidos o amonestados. Incluso se presentaron denuncias de hechos ante el Ministerio Público de la Federación por enriquecimiento ilícito y operaciones con recursos de procedencia ilícita. El órgano administrativo del Poder Judicial Federal ha sorprendido con sus acciones de control interno durante 2014 y más allá de las simples faltas o irregularidades comunes se ha actuado en contra de servidores públicos sospechosos de delitos graves. La Contraloría y las áreas de Vigilancia, Información y Evaluación del CJF y sus convenios con la Unidad de Inteligencia Financiera de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores han permitido a la institución indagar sobre la situación bancaria y patrimonial de sus trabajadores, detectándose algunos casos de probables beneficios ilícitos que algunos funcionarios han obtenido. Jueces y magistrados a descansar La Secretaría Ejecutiva de Disciplina del CJF informa a través de su sistema estadístico que del 1 de enero al 30 de junio se iniciaron 819 procedimientos administrativos en contra de funcionarios y servidores públicos de todos los niveles que laboran en los órganos jurisdiccionales del país. En visitas de inspección o por comparecencia de usuarios de la justicia ante el órgano de control del Poder Judicial se presentaron en ese periodo 608 quejas y 157 denuncias. Además se iniciaron 29 procedimientos disciplinarios, 14 investigaciones y 11 expedientes varios a indagar. En ese lapso se resolvió que 53 de los servidores públicos señalados incurrieron en algún tipo de responsabilidad, desde leve hasta grave, motivo por el cual fueron sancionados por la Secretaría Ejecutiva de Disciplina, destacando de entre ellos 15 magistrados de circuito y 13 jueces de distrito. La lista de los sancionados la completan 4 secretarios de tribunal de circuito, 9 secretarios de juzgado de distrito, 4 actuarios judiciales, 5 oficiales administrativos y otros tres servidores públicos dependientes del CJF. De los 15 magistrados sancionados, 5 fueron suspendidos, la mayor cifra en la historia del Poder Judicial en tan breve lapso. Otros 5 magistrados recibieron amonestaciones públicas, 3 apercibimientos privados, uno fue apercibido públicamente y otro más inhabilitado para desempeñar la función. Por su parte, de los 13 jueces de distrito, 4 fueron suspendidos, 3 tuvieron amonestaciones públicas, 2 fueron apercibidos públicamente y 4 más apercibimientos en privado. Otro fue amonestado en privado. Además del otorgamiento indebido de suspensiones provisionales para que algunos negocios sigan funcionando sin pagar impuestos, entre otros actos de corrupción, se sabe que otras conductas investigadas a los funcionarios judiciales están relacionadas con la falta de profesionalismo, incurrir en múltiples irregularidades, retirarse temprano del órgano jurisdiccional y no regresar a laborar, malos tratos a sus subordinados, despidos injustificados, utilizar a subordinados para litigar asuntos a favor de familiares o amigos y hostigamiento o acoso sexual a su personal. Los casineros de La Laguna Al iniciar el año, el 23 de enero el Consejo de la Judicatura Federal informó que inició procedimientos disciplinarios de oficio en contra del juez Primero de Distrito del Centro Auxiliar de la Décima Región, con sede en Saltillo, Coahuila, Luis Armando Jerezano Treviño y de su secretario de acuerdos Gerardo Tiscareño Mercado, a quienes suspendió sin goce de sueldo por presuntas irregularidades relacionadas con la actividad de casinos cuando laboraban en el Juzgado Cuarto de Distrito en La Laguna, con sede en Torreón. Las investigaciones del CJF arrojaron el 15 de mayo que ambos funcionarios se habían enriquecido de manera ilícita y que probablemente efectuaron operaciones financieras con recursos de procedencia ilícita, motivo por el que fue presentada una denuncia de hechos ante el Ministerio Público de la Federación. Se detectó una irregular protección del juzgador y de su secretario en los permisos otorgados a empresas de juegos y sorteos, concretamente a la compañía “Atracciones y Emociones Vallarta”, que promovió el juicio de amparo 99/2008 en el que fue favorecida. Pero no solo eso, sino que se advirtieron irregularidades en los diversos juicios de amparo correspondientes a los años de 2006 a 2009 en los que estuvieron involucrados ambos funcionarios en Torreón. Por su parte, la Contraloría del Poder Judicial de la Federación detectó que Jerezano Treviño no justificó ingresos adicionales a los percibidos con motivo de sus encargos por la cantidad de 3 millones 518 mil 959 pesos, además de que efectuó operaciones aparentemente ilegales por 3 millones 650 mil pesos en créditos que fueron liquidados de manera anticipada, así como abonos o depósitos a sus familiares por un monto total de 4 millones 150 mil pesos. Uno de los familiares del juez federal coahuilense recibió depósitos de origen desconocido por 2 millones 218 mil 955 pesos, sin que la persona hubiera reportado ingresos por el desempeño de alguna actividad ante el Servicio de Administración Tributaria y durante el periodo sujeto a investigación. Dicho familiar adquirió inmuebles con valor superior a los 13 millones de pesos. Casas de apuesta en Nuevo León En su sesión del 5 de marzo último, el Pleno del Consejo resolvió iniciar procedimiento de responsabilidad administrativa en contra del Juez Tercero de Distrito en Materia Administrativa de Nuevo León, Ricardo Hiram Barbosa Alanís, y de sus secretarios Héctor Fernando Monterrubio Pontigo, Alejandro Tovar Álvarez y Eusebia González González, además de suspenderlos hasta que concluyan las investigaciones. La situación laboral de los funcionarios federales neoleoneses se vio afectada por las diversas quejas presentadas en su contra por el probable otorgamiento indebido de suspensiones provisionales y definitivas a casas de apuestas desde 2011. Las pesquisas internas prosperaron y el 29 de mayo se informaba de una nueva denuncia de hechos ante el Ministerio Público de la Federación. Otra vez figuró la empresa Emociones Vallarta S.A. de C.V. entre las beneficiadas de manera constante con los fallos irregulares del juez Barbosa Alanís. También están entre las favorecidas Cervezas Modelo de Nuevo León, S.A. de C.V. y Entretenimiento de México S.A de C.V. Además de ponerse en duda la verdadera justicia en las resoluciones del juzgador, la contraloría identificó movimientos bancarios a favor de éste, en depósitos o abonos por un monto superior a los 597 mil pesos y cuyo origen se desconoce. A familiares directos de Ricardo Hiram Barbosa les depositaron 5 millones 123 mil 555 pesos sin conocerse los detalles. Al secretario Héctor Monterrubio Pontigo le detectaron movimientos por depósitos o abonos en sus cuentas bancarias por un millón 572 mil 066 pesos y a las personas relacionadas con éste, depósitos por más de 946 mil pesos sin justificación alguna. Por lo que se refiere a las cuentas del secretario Alejandro Tovar Álvarez, se identificaron movimientos por depósitos en sus cuentas y cuyo origen se desconoce por un monto que rebasa los 859 mil pesos. Sus familiares también reportan movimientos bancarios inusuales por más de 2 millones 466 mil pesos. La secretaria Eusebia González González también gustaba de manejar mucho dinero. Sus cuentas de banco mostraron depósitos de poco más de un millón 464 mil pesos. Una persona relacionada con la funcionaria tenía movimientos de más de millón y medio de pesos. Las investigaciones no han concluido. Otros protectores de casineros 
El 8 de mayo el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal informó su determinación de suspender de manera inmediata y sin derecho a percepción alguna, a los magistrados Eduardo Ochoa Torres, presidente del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil en Monterrey, a José Manuel Rodríguez Puerto, del Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y del Trabajo en Tamaulipas, así como al juez Javier Rubén Lozano Martínez, titular del Juzgado Segundo de Distrito en Materia Administrativa en Nuevo León. Oficialmente el CJF afirmó que la decisión de suspender a los funcionarios judiciales obedecía a la investigación de hechos públicos presuntamente delictivos, mas no se abundó en los datos. Trascendió que de manera similar a la de otros jueces y magistrados favorecieron con sus fallos irregulares a los empresarios dueños de casinos. El 14 de mayo la institución federal presentó denuncia de hechos ante el Ministerio Público de la Federación sin especificar las conductas atribuidas a los señalados, dos de los cuales tenían antecedentes de haber sido sancionados anteriormente por la Secretaría Ejecutiva de Disciplina. El magistrado Ochoa Torres fue apercibido en privado en marzo de 2004, cuando se desempeñaba como Juez Tercero de Distrito en Materia Administrativa en Nuevo León. En sesión del Pleno se le encontró responsable de “no cumplir con la máxima diligencia el servicio encomendado”, falta considerada como leve. Por su parte, al magistrado Rodríguez Puerto, que fungía como magistrado de circuito del Tribunal Colegiado con residencia en Cancún, se le sancionó por “falta de profesionalismo” en octubre de 2003, falta también catalogada por el Pleno como leve, por lo que solo ameritó un apercibimiento privado. Simultáneamente a la suspensión de los tres funcionarios referidos, se aceptó la separación de Mario Alberto Prado Rodríguez, al cargo de Secretario Técnico de la ponencia del consejero Daniel Francisco Cabeza de Vaca Hernández. El Consejo solo informó en un escueto comunicado que esta medida se daba “con el fin de facilitar la investigación del caso en que se han visto involucrados funcionarios judiciales federales en posibles actos ilícitos relacionados con la actividad de casinos”. Autos “chocolate” en Baja California El 16 de junio, luego de más de dos años de quejas y denuncias presentadas en su contra, fueron suspendidos Daniel José González Vargas, juez Segundo de Distrito en el estado de Baja California, con sede en Mexicali, y su secretario Ricardo Arreola Villanueva, señalados de traficar con amparos y suspensiones provisionales a favor de agencias aduanales e importadores de autos extranjeros. Las irregularidades detectadas en la revisión de las actuaciones de uno de muchos amparos indirectos sospechosos, consisten en el cambio de criterio del juez González Vargas y de su secretario, al negar, primero, la suspensión provisional solicitada por el representante legal de una empresa moral dedicada a la importación de autos usados, y posteriormente, conceder la suspensión definitiva, dejando de aplicar diversas jurisprudencias de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y contraviniendo a varios artículos de la misma Ley de Amparo. El Consejo de la Judicatura Federal informó que durante las investigaciones se realizaría una visita de inspección con la finalidad verificar y recabar información relacionada con las probables irregularidades e inconsistencias referidas por usuarios de la justicia, principalmente en el trámite de juicios de garantías en los que se reclamen actos contra leyes en materia aduanera. Motivo de las indagaciones ordenadas por el Pleno del Consejo también se mencionan los juicios en los que aparezcan como partes determinadas empresas dedicadas a la importación de vehículos usados y otras personas físicas que constantemente fueron beneficiadas. La Visitaduría Judicial podrá durante el tiempo que tome la visita recabar más denuncias o quejas presentadas por abogados, ofendidos o cualquier ciudadano sobre actos que se puedan considerar como ilegales. La investigación administrativa puede extenderse a cualquier otro servidor público. Escandalosos depósitos a secretario El 18 de junio se informó de la suspensión de otro juez. Ahora tocó turno a Álvaro Tovilla León, titular del Juzgado Noveno de Distrito en Materia Administrativa en el Distrito Federal. También se presentó denuncia de hechos ante la fiscalía federal y no solo contra el funcionario, sino contra diversos litigantes. El Consejo de la Judicatura Federal informó al respecto que ya se había destituido con anterioridad y era procesado penalmente el ex servidor público Esiquio Martínez Hernández, quien fungía como secretario de Tovilla León y al que éste encubrió en la presunta comisión de actos delictuosos. Trascendió que entre 2006 y 2008 el juzgador conoció de 23 juicios de amparo en los que aparecen como abogados “promoventes” o autorizados diversas personas cuyos nombres aparecen como depositantes en las cuentas bancarias del secretario de acuerdos Martínez Hernández, quien desde junio de 2012 es procesado por enriquecimiento ilícito. En las cuentas de Esiquio se registraron movimientos millonarios a finales del año 2011 por una cantidad mayor a los 432 millones 536 mil pesos, siendo que el servidor público durante ocho años de trabajo en el Poder Judicial de la Federación solo había obtenido como ingresos netos 5 millones 444 mil 814 pesos. Años más tarde, las áreas internas de vigilancia y disciplina del CJF recabaron testimonios en el sentido de que presumiblemente bajo la titularidad del juez Tovilla León ocurrieron actos para conocer y manipular los asuntos que no habían quedado bajo su control. Las cuentas de Luna Altamirano El 11 de junio la Judicatura Federal suspendió al magistrado Jesús Guadalupe Luna Altamirano y tres días después presentó una denuncia para que se le investigue por la comisión de probables conductas delictuosas en la tramitación y resolución de 12 tocas penales y juicios de amparo, así como por haber obtenido ingresos distintos a los que por razón de su encargo le correspondían. Todo inició en mayo de 2012 durante una visita extraordinaria al Tercer Tribunal Unitario en Materia Penal del Primer Circuito (Distrito Federal), donde los visitadores encontraron conductas que denotaron la presunta “falta de profesionalismo y de imparcialidad, notoria ineptitud y descuido” en el trámite y resolución de diversos tocas penales y juicios de amparo por parte del magistrado Luna Altamirano. Al indagar los ámbitos bancario, fiscal, de registro de bienes inmuebles y declaraciones patrimoniales, la Contraloría del Poder Judicial de la Federación, detectó que el funcionario judicial realizó movimientos por depósitos o abonos por un monto que asciende a 2 millones 705 mil 852 pesos, y se retiraron 8 millones 469 mil 131 pesos, presentando cifras distintas en sus declaraciones patrimoniales de 2004 a 2012. De familiares de Jesús Guadalupe Luna se detectaron depósitos por un monto total de un millón 970 mil 440 pesos y retiros por 8 millones 469 mil 131 pesos. En dólares americanos se detectaron 127 operaciones por un total de 633 mil 981 dólares. Además el magistrado suspendido hizo la donación de una propiedad ubicada en Coyoacán, con valor de 4 millones 929 mil 600 pesos, a favor de una de sus hijas, sin declarar el valor del inmueble. El negocio de los metales y las joyas Recientemente, el CJF también solicitó a la Procuraduría General de la República abra una averiguación previa en contra de Jorge Figueroa Cacho, magistrado del Quinto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito (Jalisco), por haber incurrido en probables conductas delictivas derivadas de operaciones bancarias y transacciones financieras inusuales con empresas dedicadas a la compraventa de metales y joyas del Estado de Jalisco. Las operaciones inusuales de Figueroa Cacho estriban en la recepción de tres cheques que suman la cantidad de un millón 792 mil 250 pesos, además de otros tres cheques que le fueron endosados a su nombre por un total de 855 mil 652 pesos. Todos los documentos librados por empresas dedicadas a la venta de metales finos. La totalidad de los recursos señalados –dos millones 647 mil 902 pesos– fueron retirados de la cuenta del suspendido magistrado dos días después, mediante un cheque de caja por el valor equivalente en dólares americanos, a favor de una mujer. Del análisis de los estados de cuenta de Figueroa Cacho se identificaron depósitos bancarios por la cantidad de 2 millones 869 mil 205 pesos. Y en el caso de los registros bancarios de cinco de sus familiares, se identificaron depósitos por un monto de 6 millones 175 mil 618 pesos. En productos financieros en dólares americanos, se advirtió que en una cuenta registrada a su nombre se realizaron depósitos y abonos por un monto de 50 mil 449 dólares. El Consejo de la Judicatura Federal informó que colaborará con el agente del Ministerio Público Federal durante la integración de las respectivas indagatorias y continuará haciendo públicos los casos de corrupción.
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