Las jóvenes Gabriela Guadalupe y Laura Angélica cargan una manta. Es su manera de manifestarse. Con unas cuantas frases escritas, hacen notar su petición: juicio político. Luego la imagen de una mano que mueve los hilos, y debajo, las letras pequeñas se tornan implacables: señalan al magistrado Marco Antonio López Magaña -tío de ambas- de peligroso y abusivo contra su familia, y de manipular los Juzgados a través de sus cómplices. El fondo del asunto es el pleito por los bienes heredados tras la muerte, hace dos años, de José Guadalupe López Magaña, hermano del magistrado, quien designó heredera única y universal a una de las hijas, la misma que hoy, con su madre y hermana, pelean los bienes que les fueron arrebatados -denuncian- por una serie de personajes bajo el aval de su tío, quien junto a un verificador de la Secretaría de Planeación y Finanzas del Estado, aparecen como herederos. En el jaloneo familiar están de por medio al menos siete terrenos en lugares estratégicos -Santa Mónica, Vistahermosa, Hípico-, aparte de media docena de autos antiguos de colección, valuados en varios miles de dólares. “Todo ha sido por las influencias del magistrado”, expone Laura Angélica López Martínez, denunciando además que llevan cerca de 12 abogados que en nada les han apoyado para resolver el asunto. Rosa Alicia Martínez Salazar, la viuda, refiere el comentario de uno de los abogados, de apellido Ruiz Vigil: “Señora, ya no le voy a poder llevar su caso, es que me habló el señor magistrado y pues, ni modo…”. La historia 
José Guadalupe López Magaña y Rosa Alicia Martínez Salazar estuvieron casados cerca de 30 años; durante la década pasada decidieron separarse, aparentemente, él mostraba rasgos de demencia senil. Dedicado al comercio, en base al trabajo y al esfuerzo, el comerciante había acumulado un pequeño patrimonio, sobre todo terrenos. También había adquirido autos de los llamados oldies, de colección, de esos que valen más de 20 mil dólares por pieza. 
Él era hermano del magistrado Marco Antonio López Magaña. De hecho la familia de José Guadalupe asegura que fue éste quien pagó los estudios académicos del ahora funcionario del Poder Judicial, tiempo en el que hasta vivió con ellos. Total, el proceso de divorcio entre José Guadalupe y Rosa Alicia, con expediente 128/2008, se enrareció y alargó -según la misma versión- debido a la intromisión del familiar. Incluso apareció un abogado (Santiago Romero) reclamando adeudos atrasados de honorarios. En 2010, la salud del señor López Magaña tuvo una recaída y en esa situación acudió a un notario, el licenciado Bracamontes, de la Notaría 8 en Mexicali. Pero al revisarse la información, resultó que él ya tenía un testamento en otra Notaría, la Número 14, que encabeza Arturo López Corella. Los familiares aseguran que estando inconsciente e internado en el Hospital Quirúrgico del Valle, al fallecido le sacaron una firma con huella digital. “Yo no he testado”, fue el comentario de José Guadalupe en vida. Resultó que en ese testamento aparecieron dos herederos a modo: * Gerardo Enrique Guerra Martínez, persona que las hijas de José Guadalupe López Magaña identifican más como amigo de su tío el magistrado, que de su padre. Guerra aparece en la página de la Secretaría de Planeación y Finanzas en calidad de verificador. * El magistrado Marco Antonio López Magaña, hermano del occiso, y por ende, tío de las jóvenes demandantes. “Ahí fue donde se dio el choque de trenes”, expone Ricardo Montoya Obeso, asesor de las afectadas. El 5 septiembre de 2012, el señor José Guadalupe falleció y entró en este marasmo legal otro personaje, la señora Elena Magaña Melgoza -madre de José Guadalupe y del magistrado Marco Antonio-, una mujer ya de edad avanzada. Uno de los negocios del finado de venta de autopartes, lo había puesto a nombre de la mamá. Tres días después del fallecimiento, la razón social del negocio fue reactivada a nombre de la señora, y el 10 de septiembre se apareció un notario -el número 13, Rodolfo González- con la firma de un poder otorgado para pleitos y cobranzas por parte de la madre del magistrado. “Ese poder lo extendió a favor de Gerardo Enrique Guerra Martínez, el mismo que aparece en el testamento”, refiere Laura Angélica López Martínez, quien asegura que este dizque heredero no tenía ninguna relación con José Guadalupe. “Era amistad de mi tío Marco, el magistrado”. Aseguran que con ese poder les robaron todo lo que había en la negociación, incluidos cinco autos, algunos de colección, como un Plymouth Coupé 1949, un Ford Sedán 1930, un Chevrolet Deluxe Coupé 1940, un pick-up Ford 1950 y un Jeep 1970. Una de las jóvenes afirma que Gerardo Enrique Guerra alteró documentos para darlos de baja en la dependencia donde labora: “La firma que aparece en el trámite de baja no corresponde a la que era de mi papá”, sostiene la joven Laura Angélica, quien es abogada de profesión. “Los carros se los robaron”, expresa por su parte Ricardo Montoya, y por ese motivo, el 22 de septiembre de 2014 interpusieron una denuncia de robo ante la Procuraduría General de Justicia del Estado, asentada con el NUC 0202-2012-36054, pero parece estar estancada. Valga aclarar que la procuradora general de Justicia del Estado, licenciada Perla Ibarra del Socorro fue, hasta noviembre de 2013, magistrada del Tribunal Superior de Justicia, y por lo tanto, compañera de Marco Antonio López Magaña, el tío de las demandantes. “El abogado que originalmente fue contratado para tramitar un divorcio, se tardó cinco años en reclamar honorarios, a los cinco años, cuando el señor fallece, presenta una demanda en el mismo Juzgado Familiar por la falta de pago de honorarios”, comenta Montoya, añadiendo que la Juez Tercero de lo Familiar ordenó el embargo de todos los bienes, siendo que la masa hereditaria había sido repartida. Se trata de la juez Carmen Alicia López Galindo, a quien acusan de estar coludida con el magistrado López Magaña, igual que a la secretaria de Acuerdos, Araceli de Anda. “En el hipotético caso que el señor López Magaña no hubiera pagado los honorarios, en cinco años prescribe la acción, además, la juez ordena el embargo de todos los bienes”, cuestiona Montoya. Entonces aparece un acreedor reclamando la sucesión testamentaria con un pagaré fechado en 2004 – que consideran falso- y por 20 mil dólares. Según la trama, había un acreedor original de un pago, Nicolás García Haro, quien endosó en propiedad a Pedro García por un presunto adeudo no especificado. Según Montoya, están pidiendo que se dé vista al Servicio de Administración Tributaria (SAT) para que se justifique el egreso de ese dinero y la cuenta de donde salió esa presunta suma. “Encontramos que había firmas a destiempo, que al ver la relación que el magistrado tiene con la Juez Tercera, pues fue su secretaria de Acuerdos cuando el magistrado era Juez del Segundo Familiar”, refieren. Ante las presiones de la familia, la juez se tuvo que excusarse y el caso se turnó al Juzgado Primero, pero cayeron en otro conflicto. El Juez Primero de lo Familiar -de apellido Ruiz de Chávez- ya había sido conocedor del asunto y se había excusado en el juicio de divorcio. “Aquí hay algo ilegal dentro del procedimiento y algo político”, indica Montoya Obeso, quien se pregunta si el magistrado se está aprovechando del poder que tiene para destruir a sus familiares. “Parece que no está satisfecho de haber hecho una fortuna grandísima, de haber saqueado la casa de los señores, de haberles robado. Alguien dijo que podría ser presidente del Tribunal, qué lástima sería que la justicia en Baja California estuviera representada por un individuo como ese”, expone el asesor de la familia. En suma, los familiares agraviados han interpuesto demandas, dos contra los notarios públicos, una contra Arturo López Corella de la Notaría 14, y otra contra Rodolfo González Quiroz, de la 13. Aparte, ante el Congreso del Estado presentaron una demanda de juicio político contra el magistrado -y tío de las jóvenes- Marco Antonio López Magaña. De igual manera, hay una denuncia penal por robo de vehículos y otra contra Santiago Romero Osorio por el presunto delito de falsificación de documentos, y demandas de juicio político contra la juez López Galindo y la secretaria de Acuerdos, Araceli de Anda. “No estamos en contra de que alguien tenga una profesión, un trabajo, una función, pero que lo hagan bien, honestamente, que no se aprovechen de que tienen un registro de notario para abusar del pueblo”, puntualiza Montoya Obeso, quien recalca que todos estos señalamientos nada tienen que ver con las aspiraciones políticas del magistrado López Magaña. “Aquí se ve lo que venimos arrastrando”, tercia la señora Rosa Alicia, mientras sostiene en sus manos un legajo de los tantos expedientes que se siguen acumulando, y recuerda los tiempos de estudiante de Marco Antonio López Magaña, quien vivió en la casa familiar de ella y José Guadalupe. “Apenas empezó en la universidad y vivió unos años con nosotros, no sé por qué el señor se porta así…”, dice en referencia al magistrado, quien -por el momento, asegura- optó por no hablar sobre el tema. Este reportero solicitó una entrevista con el magistrado Marco Antonio López Magaña, quien por tercera persona primero y personalmente después, declinó amablemente proveer información, hasta que no concluya el proceso de relevo en la presidencia del Tribunal Superior de Justicia de Baja California, lo cual sucederá, si no hay cambios, el próximo martes 4 de noviembre. Más injusticias
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