La Paz, Baja California Sur.- Aunque el ex alcalde de Loreto, Yuan Yee Cunningham, salió libre la noche del 15 de julio del Centro de Reinserción Social (Cereso) de La Paz, esto no quiere decir que haya sido liberado de toda culpa, sino por el contrario, únicamente tendrá la oportunidad de enfrentar a la justicia en libertad en los dos procesos penales federales abiertos en su contra, y todavía tiene en puerta otros cinco procedimientos más en manos de la Procuraduría General de la República (PGR), que lo acusa de haber desviado en su totalidad 33 millones 380 mil 314 pesos de programas federales. 
Para recuperar su libertad, Yee tuvo que gastar todo el dinero que como alcalde obtuvo a través de su sueldo en los tres años de su gobierno –alrededor de un millón 620 mil pesos, a razón de un salario aproximado de 45 mil—y dispuso de otros 845 mil pesos que, según un familiar suyo consultado por ZETA, “provino de préstamos de familiares y amigos” para poder pagar las dos fianzas decretadas por los siguientes juzgados. 1.- El Juez Tercero de Distrito, Pablo Enrique Rosas, estableció una fianza de un millón 600 mil pesos, bajo el número de expediente 013/2014. 2.- El Juez Primero de Distrito, Javier Lozoya Losa, fijo una fianza de 845 mil pesos, bajo el número de expediente 021/2014. A pesar de que el ex alcalde del Partido de la Revolución Democrática (PRD) logró salir de la cárcel, tras 127 días de prisión, el que fuera su tesorero en el VI Ayuntamiento de Loreto, Óscar Aguilar Yee, no pudo obtener su libertad, por lo que permanecerá encarcelado en tanto no pague la fianza decretada por los dos juzgados penales federales. No obstante, como todo procesado, Yuan Yee Cunningham tendrá que firmar el libro de control de reos de los juzgados los días viernes de cada semana y acudir con los jueces cada vez que sea requerido, hasta que salga la sentencia en contra del inculpado. La noche en que fue liberado, el ex alcalde loretano era esperado por su esposa Mirella Ramírez y su hijo, así como un pequeño grupo de amigos incluso su perro dóberman, que fue el único testigo de su captura, cuando el 12 de marzo caminaba por una zona de mangles atrás de su residencia en el fraccionamiento “Marina Sur” en La Paz. 
Durante la espera de su salida –entre 7:30 y 10:10 de la noche—algunos de sus amigos incluso bromearon con la prensa, y dijeron que el ex edil seguiría los pasos del ex convicto Narciso Agúndez Montaño. “Ya calentó cemento, ya estuvo en el bote, ahora sí está listo para ser candidato a Presidente Municipal”, expresaban y aseguraban: “Y la gana, porque es muy conocido, y es el más posicionado, porque su nombre, aunque negativamente, ha estado presente en todos los medios”. Pero más allá de las bromas y chascarrillos de sus seguidores, y a pesar de haber quedado en libertad, el ex edil lució un rostro de preocupación y hasta reservado, cuando a pregunta de los reporteros, respondió que únicamente esperaba que “todo saliera bien más adelante”. Sabedor de que sigue sujeto a investigación, y enfrentará otros procesos más, comentó que “espera que todo marche bien y siempre confiando en la justicia”. — ¿El proceso legal cómo queda? ¿Cuál es el estatus?, se le preguntó. “Bueno, de eso se va encargar el abogado, y es quien puede decir, cómo estoy en lo legal, la verdad es que yo no quisiera hablar de eso, todo va bien, gracias Dios, todo va bien”. Pensativo, el ex edil no supo incluso si estaba entre la comitiva su abogado, porque cuando los reporteros preguntaron sobre su defensor, volteó a todos lados y dijo. “No sé”. “Lo único que quiero hacer es estar con mi familia, disfrutar a mi esposa y mi hijo, a mi mamá, a los amigos, a todos, y bueno dormir en casa y descansar un poco, estar preso no es grato para nadie, pero, ya ven…”, agregó. — ¿Consideras que tu aprehensión tuvo tintes políticos? “Yo no quisiera hablar de eso, ya se llegará el momento en lo que tenga que decir”. La esposa del ex alcalde, durante la entrevista con los medios, tuvo una diferencia con los fotógrafos y camarógrafos, porque cuando tomaban videos empezó a tapar las lentes de las cámaras, lo que le valió una soberana regañada del ex edil. “¡Hey! No estés haciendo eso”, le dijo y entonces los reporteros preguntaron. —Señora, ¿cómo se siente con la salida de su esposo?, se le preguntó. La señora no respondió, solo agachó la cara, mientras el ex alcalde siguió contestando preguntas. La investigación 
A pesar de que el ex edil Yuan Yee Cunningham finalmente quedó en libertad, la PGR sigue el curso de la investigación en 5 averiguaciones previas más y recabando pruebas sobre el dinero federal desviado y el cual fue extraído entre diciembre del 2010 y enero y febrero del 2011 de las cuentas bancarias 010001110004, 01000112001600 y la subcuenta 010001110017-000165589621, utilizadas por el Fondo de Fortalecimiento Municipal (Fortemun), Programa Hábitat y de Empleo Temporal, así como del Organismo Operador Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Loreto. La investigación de la PGR –según un agente de investigaciones asignado al caso—“va por buen camino”, porque se ha logrado acreditar cómo y de qué manera fueron extraídos parte de los recursos malversados. A grosso modo se describe así: 1.- En diciembre del 2010, quedaron registradas dos operaciones, en el concepto de “transferencias”, y aunque extrañamente habían desaparecido los comprobantes del expediente, finalmente se pudo seguir la ruta del dinero a través de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. 2.- En enero del 2011, fueron sacados 1 millón 997 mil 451 pesos en seis operaciones: una por 624 mil, otra por 250 mil y el resto por 172 mil; 3 mil 100 pesos; 87 mil 950 y 860 mil. 3.- En febrero del 2011, fueron extraídos 32 millones 242 mil 03 pesos, sacados en 7 operaciones que quedaron registradas de la siguiente manera: 669 mil 923; un millón 61 mil 141 pesos; 4 millones 661 mil 933 pesos; 3 millones 733 mil 240 pesos; 4 millones 886 mil 460 pesos y 17 millones 229 mil 333 pesos. En todo este tiempo, han sido tomadas las declaraciones de algunos testigos y ex funcionarios, porque en el desvío de recurso públicos federales, el ex alcalde Yuan Yee Cunningham no va solo, sino aparece entre otros implicados. Son los siguientes: 1.- El ex síndico y actual diputado Santos Rivas García y los ex regidores Rigoberto Arce Higuera, Irasema Yolisman Salorio Garayzar, Alfredo Quintana Fuerte, Luis Davis Davis, Sonia Davis Higuera y Eduardo Velázquez Andalzua. 2.- El ex contralor municipal Rigoberto Veliz Amador y los ex directores de Ingresos y Egresos de la Tesorería, Loreto Arce Davis y Blas Arrioja Loyo. La impunidad El caso del ex edil de Loreto, Yuan Yee, es solo uno de los dos procesos penales que el Órgano de Fiscalización Superior del congreso del estado de Baja California Sur, interpuso sobre el desvío de recursos públicos, y el cual duró dos años archivado en la Procuraduría General de Justicia del Estado, y posteriormente, paso a manos de la PGR. Según datos recabados por ZETA, desde el inicio de la XIII Legislatura, el órgano encabezado por el Auditor Superior, Julio César López Márquez, hizo 20 auditorías y fiscalizó los ejercicios del 2011 y 2012 de los cinco ayuntamientos y los cinco organismos operadores de agua potable municipales en el estado. 
En la investigación contable, y de acuerdo a datos del propio Órgano de Fiscalización Superior, fueron detectadas muchas irregularidades. Tan solo en la cuenta pública del 2011, fueron presentadas 694 observaciones en el caso de los ayuntamientos y 496 en el de los organismos operadores municipales de agua potable, cuyo desglose detallado aparece en las graficas anexas en la presente edición. Peor aún. En el ejercicio fiscal del 2012, ha sido hasta ahora el más crítico, pues el número de observaciones creció casi 350% y alcanzó las 2 mil 10 en el caso de los ayuntamientos, y 809 respecto a los organismos operadores de agua potable, es decir, en este último asunto más del 100% en el numero de observaciones, lo que –de acuerdo con un contador consultado por ZETA—“refleja que las cosas van de mal en peor, porque contablemente crecieron las irregularidades administrativas y hasta ahorita es evidente que la sensación de que no se está haciendo nada”. Y efectivamente, solapado por el congreso, y aprovechando la laguna en la propia ley que no establece un límite de tiempo para la solvencia de las irregularidades, el Auditor del Órgano de Fiscalización Superior, Julio César López Márquez, únicamente presentó dos denuncias penales en los tres años de la XIII Legislatura. La primera en contra del municipio de Loreto y la segunda en contra del el Organismo Operador Municipal del Sistema de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento (Oomsapas) de Mulegé, por no haber solventado 105 y 190 observaciones de la cuenta pública de 2011, respectivamente. Sospechosamente, y a pesar de superar en número las observaciones de Loreto y del Oomsapas de Mulegé, no actuó legalmente en contra de los ayuntamientos de Los Cabos y La Paz, y solo recurrió a presentar “denuncia administrativa” en la contraloría estatal por no haber solventado 226 y 42 observaciones, respectivamente. Tal y como viene descrito en las gráficas anexas, los únicos que se salvaron –en el caso del ejercicio fiscal del 2011—fueron los ayuntamientos de Comondú y Mulegé que a más de tres años están en el estatus de “análisis de solventación”, al igual que los organismos operadores municipales de agua potable de Los Cabos, La Paz, Comondú y Loreto, los cuales –y según la copia de las auditorías en manos de este semanario—presentan graves irregularidades. En el caso del ejercicio fiscal del 2012, y a más de un año y medio de haber sido dictaminadas las cuentas públicas, los cinco ayuntamientos y los cinco organismos operadores municipales de agua potable aparecen en el estatus de “análisis de solventación”. Con un Auditor Superior que fue nombrado en el sexenio más corrupto de la historia del estado, y a casi un año de terminar su periodo, la tibia y sospechosa actitud de Julio César López Márquez, genera impunidad en políticos ladrones. No obstante, no es casualidad de que el diputado y Presidente de la Comisión de Vigilancia del Órgano de Fiscalización Superior del congreso, Ernesto Ibarra Montoya, presione y actúe en contra de los presuntos responsables de no solventar las irregularidades, pues su presunto primo, y propietario de la Constructora EMT, S.A de C.V, Jesús Antonio Gómez Montoya, es proveedor de los ayuntamientos de La Paz y Los Cabos. En medio de sospechas, el supuesto familiar ganó el 12 de marzo pasado la licitación pública para construir el Centro Municipal de Artes en La Paz, y en Los Cabos, es desde el 2012, uno de los constructores favoritos del alcalde José Antonio Agúndez Montaño. Tan solo en agosto del 2012, y con recursos del Programa Hábitat, obtuvo un contrato de 660 mil 593 pesos con 13 centavos para el proyecto de construcción de ampliación de un centro comunitario en la calle Prolongación Estrella entre Nieve y Calle Sin Nombre en la colonia Lomas del Sol en Cabo San Lucas. El anterior, es solo uno de una larga lista. Sobre este tema, ZETA, busco al diputado del Partido Acción Nacional (Pan), Ernesto Ibarra Montoya, pero –según sus auxiliares—“estaba de vacaciones”. Procedimientos fincados en contra de los ayuntamientos Municipio 2011 2012 2013 Los Cabos Denuncia administrativa En análisis de solvencia En etapa de auditoría La Paz Denuncia administrativa En análisis de solvencia En etapa de auditoría Comondú En análisis de solvencia En análisis de solvencia En etapa de auditoría Loreto Denuncia penal En análisis de solvencia En etapa de auditoría Mulegé En análisis de solvencia En análisis de solvencia En etapa de auditoría Fuente: Órgano de Fiscalización Superior de BCS Procedimientos fincados en contra de los OOMSAPAS OOMSAPAS 2011 2012 2013 Los Cabos En análisis de solvencia En análisis de solvencia En etapa de auditoría La Paz En análisis de solvencia En análisis de solvencia En etapa de auditoría Comondú En análisis de solvencia En análisis de solvencia En etapa de auditoría Loreto En análisis de solvencia En análisis de solvencia En etapa de auditoría Mulegé Denuncia penal En análisis de solvencia En etapa de auditoría Fuente: Órgano de Fiscalización Superior de BCS Observaciones en proceso de solvencia Entidad Fiscalizada 2011 2012 2013 Municipio de La Paz 42 500 En etapa de auditoría Municipio de Los Cabos 226 643 En etapa de auditoría Municipio de Comondú 80 240 En etapa de auditoría Municipio de Mulegé 241 339 En etapa de auditoría Municipio de Loreto 105 288 En etapa de auditoría OOMSAPAS de La Paz 113 140 En etapa de auditoría OOMSAPAS de Los Cabos 92 277 En etapa de auditoría OOMSAPAS de Comondú 31 92 En etapa de auditoría OOMSAPAS de Mulegé 190 151 En etapa de auditoría OOMSAPAS de Loreto 70 149 En etapa de auditoría Fuente: Órgano de Fiscalización Superior de BCS Nuevo delegado de la PGR: mano dura contra corruptos En la Delegación de la Procuraduría General de la República (PGR) de Baja California Sur deja la silla José Bernal Romero y entra en su lugar José Eduardo Peruyero Redondo. Fuentes extraoficiales informan que el cambio se venía postergando desde el año pasado, sin embargo por la inestabilidad a nivel nacional se pospuso. La salida de Bernal Romero y entrada de Peruyero Redondo reforzará procedimientos de ex funcionarios inmiscuidos con el desvío de recursos federales, anteponiendo la reciente puesta en libertad bajo fianza del ex Presidente Municipal de Loreto, Yuan Yee Cunningham, acusado de peculado en agravio del erario público por el orden de los 30 millones de pesos. José Eduardo Peruyero Redondo es egresado de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), de la Licenciatura en Derecho en 1977, su Cédula profesional es la No. 459976. En 1980 se inició en el área de seguridad, siendo Ministerio Público en la PGR; participó como Procurador de Justicia del Estado de Puebla, durante el mandato del Mariano Piña Olaya (1987-93); hasta el 7 de enero de 1999 ocupó su cargo Delegado de la PGR de Querétaro, dejando sin cabecera por espacio de tres meses, hasta que su cargo fue ocupado por Ignacio Ponce Sánchez; de allí fue Procurador del Estado de Puebla por méritos propios en 1999, siempre se reconoció por su rectitud e interés por sobresalir en la aplicación de la ley. En sus distintos encargos en la procuración de justicia ha tenido buenos números en su desempeño. Dentro de las acciones realizadas en el estado de Querétaro, ordenó diversos patrullajes en la carretera Querétaro-San Luis Potosí, esto derivado al intenso tráfico de estupefacientes.
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