La Paz, Baja California Sur. Después de la suspensión temporal e investigación judicial de los notarios públicos números 9 y 27, Óscar Amador Encinas y Carlos Lira Padilla, por estar relacionados en el delito de fraude, otros fedatarios públicos -algunos premiados y beneficiados en el sexenio del ex gobernador de Baja California Sur, Narciso Agúndez Montaño- aparecieron en la lista negra, por su presunta participación en el delito de despojo de miles de hectáreas de tierras ejidales y de playa en Los Cabos y La Paz. Según datos recabados por ZETA, con base en algunos expedientes en manos de la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE, bajo “estatus de relevantes”, aparecen: Francisco Karim Martínez Lizárraga. Notario Público Número 22, con sede en Los Barriles, acusado de certificar un contrato privado de compraventa falso, del predio conocido como “La Ballena”, en San José del Cabo, entre el supuesto vendedor Martín Ceseña Cosío y el presunto comprador, César Uzcanga Amador, según las averiguaciones previas AP/SJC/025/PAT/2008 y AP/092/2010. Armando Aguilar Ruibal. Notario Público Número 1, con sede en Cabo San Lucas, acusado de haber certificado -bajo la escritura 32 mil 800- la comparecencia y presencia de una persona ya muerta, de nombre Armando Quiñonez, en un caso de simulación de herencia de 224 hectáreas del predio conocido como Rancho San Cristóbal, en Cabo San Lucas, según la averiguación previa CSL/130/PAT/2013. Carlos Arámburo Romero. Notario Público Número 3, con sede en La Paz, acusado de certificar, a través de la escritura 46 mil 515, un contrato de compraventa falso, con reserva de dominio del Rancho San Cristóbal en Cabo San Lucas, según la averiguación previa LPZ/82-SPB/2010 y LPZ/81-SPB/2011. Florencio Alaniz Ornelas. Notario Público Número 25 y actual suegro del ex gobernador Narciso Agúndez Montaño, con sede en Todos Santos, acusado de haber certificado bajo la escritura 580, la cancelación del contrato de compraventa de la reserva de dominio del Rancho San Cristóbal en Cabo San Lucas, según la averiguación previa LPZ/81-SPB/2011. De acuerdo a imputaciones en expedientes, los cuatro notarios públicos se habrían prestado a despojar de sus respectivas propiedades al Ejido San José del Cabo y al empresario René Pinal, en casos que datan de 2007, donde aparecen involucrados también ex funcionarios, ex agentes del Ministerio Público, ex jueces, ex procuradores y hasta magistrados, como es el caso del ex presidente del Tribunal Superior de Justicia en el sexenio pasado, Ignacio Bello Sosa. El único detenido hasta el momento por los casos expuestos, es el compadre de Narciso Agúndez Montaño, César Uzcanga Amador, quien está a punto de recibir una condena por el delito de fraude genérico, en agravio de más de mil 250 personas. — Suspenden de su patente a los notarios Óscar Amador Encinas y Carlos Lira Padilla, ahora los investigan, y también resurgen los expedientes de otros fedatarios involucrados en otros delitos que datan de 2007. Los afectados dicen que no se ha hecho nada y no ven voluntad de la PGJE para avanzar y deslindar responsabilidades en contra de los notarios públicos que, con conocimiento de causa, se prestaron a un despojo perverso…, planteó ZETA al subprocurador de Averiguaciones Previas, Juan Manuel Ambriz Roldán. “Normalmente es de lo que se queja la gente, y dice que no hacemos nada o que es lenta la procuración de justicia. Realmente, la línea que traemos es elevar la calidad de las averiguaciones previas y ser sumamente contundentes, porque en el pasado sucedieron casos donde se consigna y salen libres, no solo es una situación propia del Estado, sino de todo el sistema de justicia que está prevaleciendo en el país; por eso la migración hacia nuevos sistemas de justicia penal acusatorios, porque no hay contundencia por parte del Agente del Ministerio Púbico. “En muchos casos no hay investigaciones adecuadas, no hay profesionalización del personal que permita llevar a cabo una investigación de verdad y correcta de una averiguación previa, y comprobar adecuadamente el cuerpo del delito, porque normalmente toda la carga se la dejamos a la autoridad judicial, y en la averiguación dicen ‘investigo, y tú dime si sí voy bien, o no’”. — ¿Tanto así? “Creo que la manera adecuada de trabajar con profesionalismo, es que el Agente del Ministerio Público cumpla con su función investigadora, como debe ser, junto con la Policía investigadora y Servicios Periciales, y tengan un desempeño profesional; y en la medida que todo esto se haga, podremos mejorar los resultados en las investigaciones”. El subprocurador de Averiguaciones Previas justificó tener, si acaso, tres o cuatro días de haber tomado posesión del cargo, pero adelantó que ya revisan expedientes, sobre todo aquellos de transcendencia y del interés social, porque obviamente requieren de una mayor atención. De igual manera, aceptó conocer el caso de los notarios implicados en delitos, “y una vez que tengamos integrados completamente los expedientes, y terminemos de recabar las pruebas, habrá resultados”, prometió Ambriz Roldán. El último caso Aunque ya se sabía, y sobre todo fue un común denominador de corrupción en el sexenio del ex gobernador Narciso Agúndez Montaño, el caso que detonó el escándalo en las notarías públicas, fue el de los fedatarios Óscar Amador Encinas y Carlos Lira Padilla. Según la averiguación previa LPZ/322/AMP3/2014, cuya copia obra en manos de ZETA, están acusados del delito de fraude maquilado por parte de Alonso Muñoz Arceo, quien en su denuncia penal, presentada el 23 de mayo de 2014, refiere haber sido despojado de un inmueble de su propiedad por parte de Lira Padilla. En la denuncia, la víctima argumenta que desde 2010 rentaba una residencia al citado notario en la calle Ignacio Allende número 1150, esquina con Baja California, Fraccionamiento Perla, en La Paz, Baja California Sur, donde físicamente tenía instalado el despacho de la Notaría Pública Número 27. A cambio, y durante todo ese tiempo, recibió una renta de 12 mil pesos mensuales, que a partir de enero de 2014, ascendió a 14 mil pesos. Sin embargo, cuando solicitó un certificado de libertad de gravamen en el Registro Público de la Propiedad y el Comercio de La Paz, Muñoz Arceo “pretendía poner a nombre de uno de mis hijos el bien inmueble”, pero descubrió que su propiedad aparecía a nombre del arrendatario, es decir, Carlos Enrique Lira Padilla. Preocupado, solicitó la información y empezó a revisar, encontrando registrado un contrato de compraventa de la propiedad “a todas luces fraudulento”, elaborado el 27 de diciembre de 2013, cuya presunta operación fue certificada por otro notario, el Número 9, Óscar Amador Encinas, pese a recibir el pago de la renta todavía en enero, incluso con el aumento a 14 mil pesos mensuales. Según el expediente, Lira Padilla utilizó el nombre de un supuesto apoderado legal del afectado, José Luis Vázquez Gaytán, a través de un supuesto poder notarial elaborado en la Notaría Pública Número 3, a cargo de Carlos Arámburo Romero. La escritura, bajo el número 18 mil 893, volumen 86 de fecha 7 de octubre de 1996, no existe, y por lo tanto, se presume fue falsificada. 
En su declaración, Muñoz aseguró no tener o haber designado a ningún representante legal de nombre José Luis Vázquez Gaytán, por lo que se presume, sea un nombre ficticio, aunque en el expediente se presenta la copia de una credencial de elector. Por su parte, el Notario Público Número 9, Óscar Amador Encinas, da fe en su escritura de que Carlos Enrique Lira Padilla pagó 2 millones 042 mil 262 pesos con 50 centavos al supuesto apoderado legal de Alfonso Muñoz Arceo, incluso en una de las cláusulas, cínicamente expone que el inmueble no se encuentra arrendado, cuando en el expediente obran copias de los recibos del pago del arrendamiento del inmueble. Los dos notarios fueron presentados a declarar el 13 de junio en la Agencia del Ministerio Público, y en su comparecencia, se acogieron al Artículo 20 Constitucional; dijeron que presentarían su declaración por escrito. Ambriz Roldán expresó que el caso de los dos notarios se está investigando, además de recabar información y practicar diligencias, y conforme avanza, están saliendo más líneas de investigación. “Más que resultados inmediatos, estamos buscando resultados contundentes”, aseveró, pero no quiso ahondar más en el tema por la secrecía que debe guardar sobre la investigación. Quien sí tomó medidas inmediatas sobre el caso, fue el gobernador Marcos Alberto Covarrubias Villaseñor, quien emitió un acuerdo para suspender temporalmente de su función notarial a Óscar Amador Soto y Carlos Enrique Lira Padilla. El responsable de confirmar la información fue el subsecretario de la Consejería Jurídica del Gobierno del Estado, Rodrigo Serrano Castro, “con fundamento en la Ley del Notariado del Estado, el gobernador había emitido el acuerdo de suspender de sus funciones a los notarios”, hasta en tanto se termine un proceso administrativo que fue levantado en contra de Óscar Amador Encinas y Carlos Enrique Lira Padilla, y se resuelva de fondo; por lo que fueron recogidas sus respectivas papelerías, folios, sellos y libros, cuya resolución fue publicada el 3 de julio de 2014 en el boletín oficial del gobierno estatal. La carta ZETA solicitó una entrevista con los notarios Óscar Amador Encinas y Carlos Enrique Lira Padilla para conocer su versión de los hechos, sin embargo, ninguno quiso hablar directamente sobre el tema. En sus respectivas oficinas, a través de sus empleados, los notarios aseguraron ser “satanizados”, inclusive se quejaron del trato de los medios de comunicación que, a su dicho, los están tratando “con la punta del pie”. El único que hizo llegar una carta sobre su postura fue el Notario Público Número 9, Óscar Amador Encinas, la cual -según una empleada- “ningún medio había querido publicar, salvo Colectivo Pericú”. La misiva, dirigida a la opinión pública y al gobernador Marcos Alberto Covarrubias Villaseñor, transcribe lo siguiente: “… la función que he venido desempeñando desde hace casi 12 años y 8 meses, como Notario Público, fue en sustitución de mi padre Óscar Eleazar Amador Soto, quien con su ejemplo e intachable actuar, me ha permitido dirigirme como Fedatario público, siempre bajo los principios de legalidad y honestidad. Por lo que en relación a los hechos que en recientes días se me han implicado, niego categóricamente haber cometido delito alguno, en virtud de que en todo momento me he conducido dentro del marco legal. En tal virtud manifiesto que cuento con las pruebas documentales y elementos que lo demuestran, mismos que fueron presentados en el proceso legal iniciado en mi contra. “Derivado de lo anterior, ha circulado información en los medios de comunicación que están muy alejados de toda realidad, presentando información distorsionada y manipulada, emitiendo juicios de valor que han afectado mi reputación en imagen y de mi familia. Por lo cual vengo haciendo un llamado a usted Gobernador y a las autoridades competentes para que las indagaciones que se estén haciendo al respecto, se realicen con celeridad y transparencia, con la finalidad de esclarecer los hechos. Reiterando a ustedes mi plena disponibilidad para que este asunto se esclarezca, con la confianza de que se me deslindará de cualquier responsabilidad. “A su vez, aprovecho el espacio para agradecer a todas las visitas y llamadas de clientes que han demostrado el interés y apoyo incondicional en esta situación, y que han reiterado su confianza en mi desempeño profesional…”.
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