A mediados de junio de 2014, 45 jornaleros agrícolas llegaron a La Paz con la esperanza de un mejor futuro, entre ellos Ricardo Rendón Mendiola, de 23 años de edad, quien viajó desde Córdoba, Veracruz, para trabajar en un campo agrícola entre las comunidades de Todos Santos y El Pescadero. Fue enganchado junto con otros 44 trabajadores, a quienes les ofrecieron trabajo seguro, techo y alimentos; sin embargo, a todos los dejaron a la orilla de la carretera, en la subdelegación de “El Pescadero”, a unos 30 minutos de la capital. “Sé que es ‘El Pescadero’, no conozco bien, de hecho nos dejaron en una entrada de terracería, yo no vi un campo cerca, yo pensé que ahí nos iban a empezar a traer. El problema es que no pasaron, pasó una camioneta y solo se llevó a la mitad, y la otra mitad iba a esperar media hora, una hora por mucho iban a pasar por nosotros. Ahí estuvimos dos días parados en el mismo lugar”, platicó Rendón, con dos días y medio sin probar bocado. Esa promesa es común y las autoridades saben cómo operan las bandas que explotan a los jornaleros, y por donde llegan a la entidad. “Ningún contrato más que con la promesa de que les van a dar trabajo, el que los trae le denominamos el enganchador, porque a eso se dedica, va a su pueblo, lugar de origen, de alguna manera los junta, les promete que aquí hay mucho trabajo y que aquí les va a ir bien, los traen en barco y los dejan en camiones”, reconoció Ernesto Álvarez Gámez, delegado de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS). El funcionario agregó que normalmente el cupo de trabajo está previamente establecido, pero en la búsqueda de adquirir más comisiones, los enganchadores traen personal excedente, el cual se le paga al llegar a Baja California Sur, pero los ranchos los dejan a la deriva. “Los enganchadores traen gente de más, que no tenemos un control de ellos”, aseguró Álvarez. Los jornaleros llegan al estado con la promesa de ganar entre 200 y 300 pesos al día, les ofrecen comida, hospedaje y demás, pero la realidad que sufren es otra. “Preguntando en los ranchos me dicen que no, ganan 130 pesos, tienes que pagar tu comida, no te dan gas, tienes que pagar el gas”, refirió el funcionario. Cada vez es más común encontrar a estos “trabajadores agrícolas sin empleo”, se les ve transitando por las calles o establecidos en los linderos de la ciudad, como indigentes. Miguel Ángel Aguilar forma parte de la comunidad de indigentes de La Paz. Para él, la historia fue diferente, no aceptó el trabajo porque no era lo que esperaba, no quiso vivir como esclavo. “Te tienen bajo las condiciones del patrón, trabajas o te vas, no amenazado, pero sí a lo que diga el patrón, a las condiciones a las que someta el patrón”, expuso a ZETA. Autoridades enteradas Precisamente el día en que el joven Ricardo Rendón Mendiola fue abandonado a su suerte, al norte del estado, en la zona conocida como el Valle del Vizcaíno, en Mulegé, un operativo conjunto entre autoridades federales -PGR, STPS, IMSS, INFONAVIT, Salud, Comisión Estatal de los Derechos Humanos, entre otras- ingresó a ocho de los ranchos de aquella zona. Los espacios inspeccionados son: Productora Agrícola Industrial del Noroeste, S.A. de C.V.; WPH internacional; Agrícola Baja; Negocio Agrícola San Enrique; Mesta González (Rancho El Piloto); Agrícola El Consuelo; Rancho La Misión y Rancho Don Juanito. Al inicio de la diligencia, todo parecía normal, sin embargo, al entrar en detalle, las observaciones fueron surgiendo. De primera instancia, la delegación federal del trabajo encontró serias anomalías que evidenciaban un trato miserable, como si fuera un “campo de concentración” de principio de los 40s. “Nos encontramos los servicios sanitarios nada adecuados, alejados de la zona donde viven, en condiciones no propias para los servicios que prestan; en estos ranchos nosotros dictamos un total 952 medidas a corregir”, anotó el delegado del trabajo, Ernesto Álvarez Gámez. Por su parte, la Procuraduría General de la República (PGR) reconoció que “existen evidencias de casos de trata de personas, el más reciente derivado de la inspección que hicimos a la zona pacífico norte, en ocho ranchos agrícolas, se detectó evidencia que ahorita está documentada, dentro de una averiguación previa en la cual encontramos situaciones muy lamentables, incluyendo a una niña de 11 años que está embarazada con seis meses, producto de una violación”, reveló el delegado José Bernal Romero. A esto hay que sumar una averiguación previa levantada al Rancho “El Piloto”; el delito, la presunción de trata de personas. Entre las insalubres y pésimas condiciones en que habitan los jornaleros, las indagaciones llevaron hacia los dormitorios, el alojamiento brindado por su patrón, “en una vivienda que es de 3×4, donde viven entre ocho y nueve gentes (sic), es una vivienda que es de lámina galvanizada completamente, donde el clima en esta zona es muy caliente y la lámina se convierte en un horno”, recalcó el delegado del Trabajo. Las autoridades se toparon con la mayor de las sorpresas: quince menores de edad, tres niños de entre dos meses de nacidos y el resto no mayor a diez años, todos enfermos. Aislados de lo que ocurre en el exterior. 
“Quince niños encerrados, con una enfermedad de varicela, con un calor insoportable en esa parte donde estaban, sin ningún cuidado médico, sin ningún cuidado de madres, sin ningún cuidado de nada”, lamentó Álvarez Gámez. Esta realidad es la que enfrenta un gran porcentaje de los 22 mil jornaleros agrícolas que llegan a Mulegé cada año, en busca de una oportunidad para salir adelante. Algunos logran acceder a un contrato para laborar en la formalidad, otros, simplemente son explotados y, como lo ha señalado la Comisión Estatal de los Derechos Humanos (CEDH), nadie lo denuncia por temor a represalias. Tan solo en el Rancho “El Piloto” se contabilizaron 2 mil cien trabajadores agrícolas; de ese universo, mil 800 jornaleros ni siquiera estaban registrados en el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS). Miguel Ángel Aguilar, indigente -antes jornalero agrícola-, aseguró que la vida dentro de los ranchos agrícolas está marcada por la soledad y la miseria, ya que “a base de traerlos a trabajar forzados, horas de más y pagándoles una miseria, ni eso les puede alivianar cuando es una familia de cuatro, cinco gentes (sic)”. En Baja California Sur hay alrededor de 87 campos agrícolas. El gobierno estatal se declaró imposibilitado para actuar, sobre todo por la intervención federal, limitándose a contestar que se mantendrán al margen y, aunque ya han pasado casi cuatro años de la administración de Marcos Covarrubias Villaseñor, aunado a las violaciones humanas a las que están expuestos, como discriminación y esclavitud, siempre ha sido un tema que nadie quiere tocar: “Es un asunto que están trabajando por parte de la Federación, vino gente, mandaron indicación para que se atendiera. Nosotros vamos a esperar los resultados, hemos trabajado, por supuesto, pero si hay situaciones que se hayan presentado últimamente, que se deben atender, lo vamos a hacer”, expresó Covarrubias Villaseñor. El gancho de los explotadores Ricardo Rendón Mendiola fue contactado en su ciudad natal, a través de una publicidad donde se ofrecía un salario de entre 900 y mil 200 pesos semanales, además del pago de horas extra en la pisca de chile. “Por donde vivimos, un carrito de propaganda venía anunciando trabajo para Baja California Sur, supuestamente por contrato, con comidas pagadas, e íbamos a tener seguro y el viaje de regreso pagado por la empresa”, narró el joven a ZETA. 
Uno de los enganchadores se vendría con ellos desde Mazatlán, Sinaloa, llegarían al Puerto de Pichilingue, y de ahí los pondría en el transporte rumbo a la tierra prometida. “Una persona que venía por nosotros, supuestamente le iban a pagar por gente, yo digo que se regresó, porque ya no lo vi en el lugar”, refirió el trabajador. El caso de este tráfico de jornaleros, es bien sabido por las autoridades. Saben que “hay empresas que se dedican a traer gente a trabajar a los ranchos, desconozco los mecanismos, pero la realidad es que llegan a los ranchos, muchas veces sin documentos”, argumentó Ramón Meza Verdugo, presidente de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos. Lo peor de todo es que ingresan al estado sin una sola traba. Ni los mismos jornaleros agrícolas saben cómo le hacen, pero jamás tienen contacto con personal de la terminal, simplemente pasan sin ser detectados, a ojos ciegos y oídos sordos. Según la versión de algunos jornaleros e indigentes, provenientes del sur del país, el enganchador es una persona entre los 35 y 45 años de edad, de tez morena clara, tiene ambas piernas amputadas y se traslada en silla de ruedas. Todos lo conocen como “El Ricardo” y vive en Zongolica, Veracruz. De acuerdo con Rendón Mendiola, este sujeto “se encarga de los viajes, de contratar gente y mandarla para acá”. Apoyo para regresar a casa En la búsqueda de quien se encarga de los jornaleros agrícolas violentados en sus derechos, abandonados y con diversas situaciones, todo mundo levanta lm mano y, al momento de actuar, nadie responde. Recientemente las autoridades laborales, de derechos humanos, seguridad social, atención ciudadana y de atención a grupos prioritarios de dependencias como la Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL), se reunieron para buscar mecanismos de apoyo a este sector vulnerado. El acuerdo fue de conformar una comisión, en la cual los afectados puedan recibir apoyo para regresar a sus hogares. Sin embargo, cuando el jornalero Ricardo Rendón trató de solicitar la dichosa “ayuda”, la comisión recién creada carecía de fondos. El joven acudió a la CEDH, a la delegación federal de la STPS, SEDESOL, Gobierno del Estado y al propio Congreso local. Nadie pudo hacerse cargo de su caso. Según los funcionarios, nadie tiene competencia para atender el caso de jornaleros abandonados, y en su mayoría, los diputados omitieron la solicitud de ayuda. Marisela Ayala Elizalde, diputada priista, reconoció que la situación de los jornaleros agrícolas en Baja California Sur es crítica: “Viven casi privados de su libertad, porque solamente se basan en el trabajo, ellos producen y olvidan que son seres humanos”. Por lo pronto, Ricardo terminó recibiendo el apoyo de la ciudadanía para alimentación y estancia, y los boletos de retorno a su hogar. Partió el jueves 3 de julio a las cinco de la tarde, vía ferry hasta Mazatlán, con la esperanza de emprender desde ahí el regreso a casa.
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