La Paz, Baja California Sur.- “Lo veo muy preocupado antes de tiempo. Él va a tener tres años para preocuparse. Ya le llegará el tiempo de ocuparse por el municipio, y le va hacer falta tiempo para preocuparse por todos los problemas que se vienen”, respondió el presidente municipal de La Paz, Francisco Javier Monroy Sánchez, en torno a los comentarios del alcalde electo y sucesor, Armando Martínez Vega sobre el paro laboral registrado el 23 de junio por parte de trabajadores del XIV Ayuntamiento de La Paz. El alcalde electo del PAN reprochaba al del PRI el paro de labores en la recta final de la administración municipal, los cuales afectaban particularmente a la ciudadanía en el servicio de recolección de basura, alumbrado público y agua potable. “Me preocupa, porque cuando hable con él, me dijo que dejará una administración transparente y caminando, y lo que está pasando, contradice todo lo expresado”, citó. El alcalde suplente de la ex edil paceña, Esthela Ponce Beltrán, Pancho Monroy, descendía de un camión recolector de basura en la explanada del Palacio Municipal de La Paz, después de haber recogido desde las 4 de la madrugada –junto con regidores y funcionarios— los desechos en la colonia Los Olivos, cuando fue cuestionado por ZETA, donde se llevaba a cabo la asamblea general del Sindicato Único de Trabajadores al Servicio de los Poderes del Estado, Municipios e Instituciones Descentralizadas.
El evento era encabezado por el líder del Comité Ejecutivo de la Sección La Paz, Francisco Javier Osuna Frías, quien en ese momento anunciaba la presentación de solicitud al congreso del estado de la “declaración de suspensión o desaparición del XIV Ayuntamiento de La Paz”, por las siguientes consideraciones: 1.- La situación de ingobernabilidad financiera, lo que estaba haciendo imposible el desarrollo normal en la operación de servicios públicos, agua potable y seguridad pública. 2.- La distracción o el robo de fondos provenientes de deducciones o descuentos directos al salario de mil 255 trabajadores burócratas, y cuyo dinero no fue entregado o depositado a acreedores como Fovisste, Infonacot, Metlife, compañías de servicios crediticios y el cubrimiento de cuotas sindicales. 3.- Los actos u omisiones de los integrantes del ayuntamiento que han provocado una situación grave y permanente que impide el ejercicio de funciones, conforme al orden constitucional local y federal. 4.- El adeudo histórico de 55 millones 424 mil 787 pesos con 74 centavos por el concepto de Infonacot, seguros de vida, complementarias, gastos de ejecución, retenciones, estímulos de jubilados y pensionados, bonos, juicios, viáticos, créditos, lentes, uniformes, mutualidad sindical y hasta arrendamiento de vehículos. De acuerdo a la solicitud cuya copia obra en manos de este Semanario el sindicato pidió deslindar responsabilidades administrativas y penales, en caso de acreditar algunas conductas delictivas e iniciar juicio político y el procedimiento de la declaración de procedencia en contra de quienes resulten responsables de haber generado el caos. El escrito de 15 hojas, dirigido a la presidenta de la Junta de Gobierno y Coordinación Política del la XII Legislatura, Adela González Moreno, dice –según el Artículo 144 de la Constitución Política del estado— textualmente que: “Son facultades del congreso del estado suspender ayuntamientos, declarar que estos han desaparecido, y suspender y revocar el mandato de alguno de sus miembros por algunos de los casos previstos en la Ley, mediante el voto de dos tercera partes de la totalidad de los integrantes del congreso”. Así, de acuerdo a la solicitud, el congreso primeramente deberá emitir la “declaración de suspensión o desaparición del XIV Ayuntamiento de La Paz”, y acto seguido “designar un Consejo Municipal que funcione hasta el 27 de septiembre próximo”, cuando termine la administración esthelista, y el alcalde electo de La Paz, Armando Martínez Vega, tome protesta del cargo e inicie su periodo gubernamental. La confrontación 
El choque entre el alcalde paceño y el sindicato se dio tras la controversia por el “otorgamiento de concesión para la prestación, explotación, administración y conservación del servicio de alumbrado público del municipio de La Paz”. El líder sindical de La Paz, Francisco Javier Osuna Frías, fue el primero en oponerse a la privatización del alumbrado público, por considerar que “estaba llena de irregularidades tan es así que los regidores que aprobaron el otorgamiento de la concesión recibieron 400 mil pesos cada uno, como pago a su voto y silencio por parte de la compañía que fue favorecida en la licitación”. Después de esta revelación, el dirigente sindical dijo haber sido “amenazado de muerte” vía telefónica desde tres números de la ciudad de México, y cuyos números después de investigar resultaron ser del “Hotel Congreso”, “Hotel Casablanca” y el último un teléfono público, adelantando –y sin temor a equivocarse— que los responsables eran los directivos de la compañía favorecida con la concesión denominada Grupo Integral de Recolección y Reciclados de Occidente, S.A. de C.V, conocido por sus siglas como GIRRSA. — ¿Por qué asumió esa postura de oponerse a la concesión del alumbrado público de La Paz?, se le preguntó. “Porque la empresa no tiene experiencia en alumbrado público, sino en la recolección de basura en algunos municipios de Nayarit, donde ha sido sancionada por el servicio tan ineficiente que presta. El expediente técnico de la empresa son como mil hojas, y sinceramente no creo que los regidores lo hayan leído, así es que estamos en tiempo y forma de echar abajo la concesión del alumbrado público, porque el coraje que nos da de todo esto es que nos quieran ver la cara, y no lo vamos a permitir”. Después de esa confrontación con el sindicato burócratas, vino la del congreso del estado, donde los diputados de la XIII Legislatura, ni siquiera contestaron la solicitud enviada el 20 de octubre de 2014 por la entonces alcaldesa de La Paz, Esthela Ponce Beltrán, bajo dos vertientes. La primera, validar la autorización de la “concesión” del servicio de alumbrado público, y la segunda, la autorización de una línea de crédito por 15 millones de pesos para la creación de un fondo revolvente o de contingencia y dar certidumbre al concesionario. No obstante, muy lejos de lograr su cometido, el fuego se avivó cuando las diputadas Edith Aguilar Villavicencio y Margarita Salcido Cota no solo rechazaron la concesión del alumbrado público, sino solicitaron “suspender el procedimiento administrativo a efecto de evitar conductas que en el futuro puedan constituirse en responsabilidades administrativas y penales”. 
Las legisladoras expusieron que –según los artículos 58 y 59 del Bando de Policía y Buen Gobierno— se establece “la prohibición de otorgar concesión a particulares sobre los servicios públicos de vigilancia, seguridad, transito de vehículos y alumbrado público”. La respuesta vino casi de inmediato del síndico del XIV Ayuntamiento de La Paz, Francisco Javier Moreno Soria, quien dejó entrever la ignorancia de las legisladoras, cuando expuso que “las leyes están por encima de los reglamentos”, porque el Artículo 132 de la Ley Orgánica Municipal, textualmente cita: “Los ayuntamientos podrán otorgar concesiones para la prestación de los servicios públicos por acuerdo de la mayoría calificada”. Durante una entrevista con ZETA, el síndico paceño dio a conocer que “la concesión ya había sido firmada por el Comité Técnico Especializado del XIV Ayuntamiento de La Paz, y a partir de está semana tendrían reunión con los directivos de la compañía ganadora de concesión y acordar los detalles porque ya deben empezar a ser el reemplazo de las lámparas de vapor de sodio por las de luz LED”. El responsable del patrimonio de los paceños reconoció la “grave desinformación” en torno al tema de la concesión donde, incluso, “existe una serie de contradicciones entre los mismos funcionarios municipales, donde cada quien está dando su versión conforme entiende el tema, aun y cuando muchas versiones, no coinciden entre sí, incluso algunas están fuera de la realidad”. La del síndico, y a grandes rasgos, es que “la concesión del alumbrado público estriba en el ahorro del consumo de energía eléctrica que una vez haciendo el reemplazo de luminarias de vapor de sodio por luz LED, podría ser del 30% al 50%, y ese ahorro de energía, traducido en pesos, es lo que el concesionario va a ganar, sin un costo extra para el ayuntamiento paceño”. El compromiso, según el síndico, es que “el concesionario tendrá la responsabilidad del reemplazo, equipamiento, fallas y mantenimiento de las más de 18 mil luminarias en La Paz, y el ayuntamiento va a seguir pagando los entre 3.8 y 4 millones de pesos mensuales por consumo de energía del alumbrado público”. Lo que no supo explicar es que va a pasar con la compañía concesionaria cuando el ayuntamiento deje de pagar mensualmente el consumo de energía por falta de dinero, porque aun cuando pueda lograrse el ahorro de energía, actualmente el gobierno municipal, según Moreno, persiste un adeudo de más de 50 millones de pesos en luz. El edil no supo responder cuánto dinero de ese adeudo es de administraciones anteriores y cuánto del periodo a partir de la ex alcaldesa de La Paz, Estela Ponce Beltrán. “No te sabría decir”, respondió tajantemente. Lo que sí es que por esta y otras dudas hasta la administración del gobernador Marcos Alberto Covarrubias Villaseñor, vetó la concesión del alumbrado público, y se negó a publicar en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado el punto de acuerdo de la sesión ordinaria de cabildo, donde fue aprobado el dictamen técnico, financiero, legal y administrativo emitido por la Comisión Técnica Especializada sobre el proceso de licitación para celebrar el contrato de concesión de la prestación, explotación, administración y conservación del alumbrado público en La Paz.
El subsecretario de la Consejería Jurídica del gobierno estatal, Rodrigo Serrano Castro, argumentó violación al Artículo 133 de la Ley Orgánica Municipal Fracción II Inciso B sobre la prohibición de concesionar a particulares servicios como el alumbrado público, por lo que –en dado caso— tendría que haber sido la figura de un “contrato de servicios a largo plazo”, y no precisamente una concesión por tres cuestiones: 1.- La posible afectación de ingresos propios como garantía o fuente de pago de las obligaciones asociadas al servicio de alumbrado público a favor de la empresa concesionada. 2.- La constitución de un fideicomiso y la obligación de incluirlo anual y sucesivamente en cada periodo de ejercicio fiscal hasta el termino del contrato. 3.- Las previsiones necesarias para cumplir con el pago puntual del consumo de luz, desde el inicio hasta la terminación del contrato. En su carácter de representante del gobernador, y con respeto a la autonomía municipal, Serrano, solicitó hacer una revisión minuciosa de las condiciones administrativas y legales en las que pretende darse el servicio de alumbrado público con la participación del sector privado durante 15 años, y en su caso, atender procedimientos administrativos y legales, porque el gobernador, y en el uso de sus facultades –según el Articulo 79 Fracción XLI de la Constitución Política del Estado— tiene la obligación de “cuidar que el funcionamiento de los servicios públicos en todo el estado sea uniforme en cuanto a formalidades y expedición de documentos, y en su caso, exigir y obtener el ayuntamiento respectivo, la inmediata eliminación de cualquier deficiencia o anomalía que se advierta en los procedimientos o en el desempeño de las labores de los servidores públicos”. Sobre estos hechos, y tomando como referencia el pago del consumo de luz de entre 3.8 y 4 millones de pesos mensualmente, ZETA, hizo un análisis y revisión de la información para ofrecer un parámetro general del tamaño del negocio que representa la concesión del alumbrado público. En primero termino, la empresa concesionaria –y según el expediente técnico— invertiría 150 millones de pesos en el reemplazo de 15 mil 614 luminarias de vapor de sodio a luz LED que junto con 2 mil 230 existentes en el inventario, haría un total de 17 mil 844 luminarias en todo el municipio. El presupuestos estimado incluye el reemplazo de cables, balastros, bases de equipamiento y algunos postes. Tomando en cuenta que el tiempo de vida de las lámparas de luz LED es de aproximadamente 10 años –según el expediente técnico— los 150 millones de pesos sería la única inversión que la compañía haría en el lapso de los próximos 10 años. Ahora bien, y según el monto del pago de consumo de luz del alumbrado público, la empresa concesionaria cobraría entre un millón 800 mil y 2 millones de pesos mensuales, en caso de que el ahorro –y de acuerdo a sus estimaciones— fuera del 50%. En un año, y poniendo como referente el monto más bajo de un millón 800 mil pesos por concepto de consumo, la empresa recuperaría en su primer año 21 millones 600 mil pesos de su inversión, y en 7 años, habría recuperado el total de su inversión, teniendo un ingreso de 151 millones 200 mil pesos. A partir de entonces, todo sería utilidad, con un monto de 172 millones 800 mil pesos en general por los 15 años de servicio. Si el monto de su utilidad neta se dividiera en los 15 años de vida de la concesión, la compañía habría consolidado un negocio con una utilidad de 11 millones 520 mil pesos por año que distribuidos por 12 meses daría una ganancia de 960 mil pesos. Lo anterior sin tomar en cuenta el costo real de las luminarias por su marca y watts y los 10 millones de pesos que cada año gasta el ayuntamiento por concepto de mantenimiento en el servicio de alumbrado público.
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