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jueves, febrero 22, 2024
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Voraces

Cada uno de los 16 magistrados del Poder Judicial de Baja California tiene un sueldo de 107 mil pesos mensuales (1.2 millones de pesos al año). La magistrada Presidenta María Esther Rentería Ibarra por su parte cobra 113 mil 734 (1.3 millones de pesos al año), casi 4 mil pesos más que el Gobernador Francisco Vega, aunque existe legislación que lo prohíbe, la cual se negó acatar, argumentando la no retroactividad de la Ley. Estos licenciados en derecho recuerdan –cada vez que les conviene– que no se les puede aplicar ninguna ley que no haya estado vigente en noviembre de 1995, fecha en la que 9 de los 17 actuales magistrados fueron designados: Rentería, Víctor Vázquez Fernández, Raúl González Arias, Félix Herrera Esquivel, José Luis Cebreros Samaniego, Jesús Espinoza Orozco, Olympia Ángeles Chacón, Marco Antonio Jiménez Carrillo.     En condiciones similares está el magistrado Emilio Castellanos Luján, pero su antigüedad en el puesto es previa a julio de 1990. Estos nueve hombres y mujeres, llevan 19 o más años empoderándose en el cargo, en 2002 el Congreso intentó removerlos por fallas en el servicio, se ampararon, argumentando la falta de una firma en el dictamen de la consejería que los dejaba fuera del Tribunal, y fueron reinstalados en 2005, en ese proceso, costaron más de 45 millones de pesos al estado.   Luego en 2007  litigaron y lograron con el apoyo de otros magistrados federales la inamovilidad. De nuevo, alegando que el artículo 58 de la Constitución Política del Estado de Baja California, donde señala que pueden ser privados del puesto al cumplir quince años en el cargo, no les era aplicable porque se aprobó después de su designación, entonces, permanecerán ahí hasta que cumplan 70 años. El 4 de julio de 2014 los magistrados volvieron atacar el artículo 58 Constitucional local, ahora quieren que los diputados lo reformen y le agreguen un texto que les permita cobrar una pensión vitalicia. Esta vez al proceso legal se sumaron el resto de los magistrados: Salvador Juan Ortiz Morales, Marco Antonio López Magaña, Jorge Armando Vázquez, Gustavo Medina Contreras, Jorge Ignacio Pérez Castañeda, Miriam Niebla Arámburo, Carlos Cataño González, Sonia Mireya Beltrán Almada     Voraces como han mostrado ser, quienes imparten la justicia en Baja California, aunque no plantean montos, sugieren remitirse al antecedente del artículo 183 de la ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación mediante el cual podrían recibir al dejar el puesto el 100 por ciento de su salario los primeros dos años y el 80 por ciento el tiempo posterior, además, al morir, el pueblo seguiría pagando el 50 por ciento de ese sueldo a la esposa si le sobrevive. Y la justificación para pedir se les conceda este beneficio fue que tener el retiro asegurado les permitirá trabajar con tranquilidad y eficacia. Justo el mismo pretexto usado para subirse una y otra vez el sueldo hasta alcanzar los desproporcionados honorarios que cobran actualmente. Desde el sexenio pasado, iniciaron negociaciones con el ex gobernador José Guadalupe Osuna y su gabinete. Luego sin la contra-argumentación del Congreso, a partir de noviembre-diciembre de 2011, acordaron la operación del Fideicomiso para la creación del Fondo Judicial para retiro de Magistrados, el cual es administrado por la Contaduría General. Legalmente no tenían –ni tienen– derecho a un pago por jubilación, pero aun así, para el segundo semestre de 2012, ocho meses después de su creación, el fondo ya contaba con 21 millones 678 mil 451 pesos, conforme a los Estados Financieros armonizados del Tribunal, el segundo trimestre de 2013 ya habían acumulado 27 millones 588 mil 837 pesos. Para el presupuesto 2014, los magistrados discutieron con los diputados, cuando éstos se dieron cuenta que querían destinar 6 millones de pesos, para el mentado fideicomiso. Cuando los legisladores se negaron y les plantearon que las condiciones económicas no eran apropiadas para que asignaran recursos del presupuesto para ese fondo, que era inmoral que no hubiera dinero para construir juzgados mientras ellos guardaban dinero para su jubilación, los magistrados amenazaron con interponer un recurso legal porque se estaba invadiendo su autonomía. Después para tratar de equilibrar algunos legisladores les propusieron que se redujeran el sueldo y que ellos empezarán aportar parte de su sueldo al fondo de retiro, como el resto de los bajacalifornianos, porque hasta ahora él único dinero que entra al fondo es del erario estatal, pero también se negaron. Al final el congreso optó por el camino fácil, y les aprobaron un techo financiero del cual el consejo de la judicatura decidió en abril de 2014 que 5 millones se destinarían al fideicomiso, con lo que suman alrededor de 31 millones de pesos que han sacado del erario para su jubilación sin aportar un peso. Para poder ejercer legalmente ese dinero que se auto-otorgan, necesitan que este concepto sea incluido en el artículo 58 Constitucional, y les urge porque un magistrado retirado está exigiendo su haber y ya les advirtió iniciará procesos contra el Poder Judicial si no le dan lo que le toca. Ahora estará en manos de los legisladores convertirse otra vez cómplices de los magistrados, y continuar el abuso de los recursos públicos de un estado con 1.2 millones de pobres (cifras Colef-Coneval), donde más de 91 mil se encuentran en pobreza extrema; o actuar en justicia y no conceder el provechoso y abusivo “haber de retiro” que desean los Magistrados. Y será labor de la ciudadanía organizada decidir si tolera estos excesos o expone su indignación y rechazo y le recuerda tanto a los juzgadores como a los diputados que su compromiso es con los ciudadanos.


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