Seguramente nadie está en contra de brindar más y mejor atención a las personas de capacidades diferentes de Baja California (109 mil, según cifras del Censo 2010). Evidentemente, si se trata de niños, la implicación emocional es mayor. Por ello, el problema no es la intención, sino las formas, en la campaña emprendida por la señora Brenda Ruacho, con el apoyo de su esposo, el gobernador Francisco Vega de Lamadrid, para entregarle dinero a la fundación filantrópica de Televisa -126 millones de pesos para la construcción y 42 millones anuales durante los siguientes diez años- y poner en funcionamiento uno de “sus” Centros de Rehabilitación Infantil Teletón en Baja California. El conflicto es por las violaciones a la Ley de Presupuesto y Ejercicio de Gasto Público, los abusos, el entreguismo, las puertas que se abren a la corrupción, la no justificación solida del proyecto, la falta de claridad respecto al compromiso de la fundación con los niños discapacitados bajacalifornianos, y la exigencia de no ser fiscalizados, pese a que reclaman el aporte de recursos del erario como obligatorio. Y todavía más alarmante, pese a que Ruacho aseguró que el resto de asociaciones no gubernamentales que también atienden a grupos vulnerables -resolviendo obligaciones que el Gobierno del Estado evade con impunidad- no están siendo afectadas, se está condenando a la indefensión a otros grupos, como los 95 mil ciudadanos en pobreza extrema, los niños y mujeres en situación de calle, féminas, menores y ancianos maltratados, indígenas, adolescentes en riesgo de adicción, adictos, enfermos mentales, personas con sida, migrantes y demás ciudadanos en situaciones de desventaja. La información y preocupación de diversas organizaciones civiles ha llegado a la redacción de ZETA, así como el temor de exponerlo públicamente -por el revanchismo de las personas en el gobierno-, pero la Cruz Roja es el botón de muestra. En esta edición, su titular expone que de los hasta 2 millones de pesos que recibía anualmente del Estado, para 2014 le advirtieron que no contara con más de 300 mil pesos, y lo que es peor, es el mes de julio y no ha llegado ni un peso. Y no son los únicos en esas condiciones. Cada semana, bailes y cenas, conciertos, carreras atléticas, corridas de toros, cabalgatas, recaudaciones extrañas cuyos importes no coinciden con el número de asistentes, empresas que anuncian donativos o campañas de redondeo. Y los empresarios ya también se manifestaron inconformes de que durante todos y cada uno de los 124 días que han transcurrido, les estén pidiendo a los mismos donadores, más dinero para el mismo objetivo. En las escuelas entregaron sobres para aportaciones (e impidieron a la Cruz Roja enviar los suyos), también agregaron pulseritas de apoyo a 15 pesos, para comprar o vender. Los más molestos, por tratarse de donadores obligados y cautivos -por temor a perder su empleo-, son los trabajadores de gobierno, a quienes conminan, a fuerzas, a comprar y/o vender botellas de alcohol, rifas de autos cuyos boletos cuestan 500 pesos, sorteos de casas con boletos de 4 mil pesos… y que no se preocupen, se los descuentan vía nómina. El tema es que la cultura y voluntad filantrópica de los bajacalifornianos, además del abuso gubernamental, se están enfrentando ante las inconsistencias de la propuesta aprobada de manera irregular por un Congreso que actuó irresponsablemente. De entrada, ¿con qué derecho la esposa del gobernador anuncia el 2 de marzo de 2014, y empieza recaudaciones de un proyecto que debía ser aprobado antes por los diputados? ¿Con qué autoridad el Ejecutivo suscribió un convenio con Teletón el 7 de abril, sin tener el permiso de los legisladores, donde la cláusula cuarta lo obliga a entregar 42 millones de pesos anuales cada diez años, con compromiso irregular de “renovar” ese contrato? Pero además, por qué la iniciativa presentada por Francisco Vega hasta el 19 de junio al Congreso, no contiene la justificación o razones detalladas para entregar el recurso público en mención; por qué y para qué esa cantidad exacta. Tampoco remitieron las especificaciones de los beneficios que se recibirán, ¿cuántos niños serán atendidos?, ¿qué tipo de apoyo recibirán?, ¿durante cuánto tiempo? ¿Cuánto dinero se destinará a tratamientos? ¿Cuánto a sueldos? ¿Cuánto al pago de espectáculos del Teletón? Menos entregaron la opinión de la Secretaría de Finanzas; tampoco mostraron y probaron la viabilidad financiera. Estas innecesarias violaciones legales podrían echar abajo el proyecto. Todavía más. El mentado convenio obliga a entregar 126 millones en agosto de 2014, 42 millones de pesos en 2015, 2016 y 2017, que suman otros 126 millones, y ellos tendrán hasta ese último año para iniciar la construcción. Así que entregamos 252 millones de pesos en tres años, aunque ellos no pongan una piedra. Además, el Estado se compromete a no auditar, entregar un terreno que Fundación Teletón elija libre de gravámenes, y en lugar de pagar los mismos impuestos que las otras instituciones filantrópicas, a ellos se les exentará. Tanta ilegalidad, imposiciones, privilegios, ausencia de transparencia y desinformación, lo único que hacen es crear dudas alrededor de la nobleza del proyecto que ya funciona en 21 estados de la República, y ninguno fue obligado a firmar un convenido tan poco claro y desventajoso como el bajacaliforniano. Si bien, Televisa y Teletón no tienen compromiso alguno con los ciudadanos de Baja California, el gobernador Vega de Lamadrid y su esposa sí están obligados a un mínimo de respeto a las leyes y transparencia, y si no pueden hacer las cosas legalmente, lo correcto es que no lo hagan.
Publicidad
