La Procuraduría General de la República cateó y decomisó 51 paquetes de droga, en un domicilio que desde el viernes 4 de septiembre es custodiado, luego de un registro efectuado por elementos del Ejército y la Policía Estatal Preventiva –PEP-, hecho este último bajo investigación por supuestas arbitrariedades. Los envoltorios fueron sacados al mediodía de hoy lunes 7 de septiembre de una de las recamaras de la vivienda situada en Andador Canal 204, en la colonia Campestre Murua, en la cual se localizó un pasadizo subterráneo en el piso, cubierto por una tapa de loseta de 1.5 metros por un metro, aproximadamente, con una escalera de madera. Del boquete, ubicado en la recamara infantil, fueron extraídos los 51 paquetes, 49 con marihuana y dos con semilla de ese narcótico, mismos que se trasladarán a las oficinas de la PGR para determinar su peso. .JPG)
En una habitación se localizó un pasadizo subterráneo, el cual cubierto por una tapa de loseta de 1.5 metros por un metro, aproximadamente, con una escalera de madera. A las 2:15 horas arribaron al domicilio autoridades federales de la Agencia de Investigación Criminal, a efectuar el cateo y peritaje correspondiente, evento al que los abogados de los habitantes del domicilio pidieron atestiguar. El allanamiento de la casa en la que Rodrigo Barraza Olivas, de 27 años y Alejandra Mireya Arratía Vela, de 29 años de edad, ha causado polémica por los señalamientos de vecinos, familiares y la propia declaración ministerial de los detenidos, quienes acusan a elementos del Ejército y la PEP de irrumpir sin orden de cateo, sustraer artículos e intimidar a posibles testigos de los hechos. Eduardo Sánchez Huerta y José Raúl Gómez Casco, abogados defensores de los detenidos, indicaron que, de acuerdo a la declaración oficial de sus defendidos, tanto personal de la PEP como castrense, irrumpieron en el domicilio a las 9:00 de la noche del viernes 4 de septiembre. Fue Rodrigo Barraza quien abrió la puerta y en su versión acusa de haber sido inmediatamente derribado bajo la acusación de que ahí se encontraba una persona secuestrada. Los elementos de las fuerzas armadas se dirigieron posteriormente al baño, en donde se encontraba aseándose su esposa Mireya y la sacaron para someterla junto a su pareja en la sala. .JPG)
El cateo causó polémica Posteriormente, “se van directamente a la recamara de los niños, ya iban con equipo para hacer una excavación, eran tres elementos de la Policía Estatal preventiva, uno de ellos grabando el hecho, no iban uniformados”, expone Eduardo Sánchez Huerta. Los litigantes imputaron a elementos del Ejército y la PEP de estar intimidando a los vecinos para que no vaya a declarar, ya que de la irrupción varios de ellos fueron testigos. “Están visitando a todos los familiares y les dicen que están investigando a todos los hombres de esa área, para que la familia no atestigüe”, anotó Sánchez Huerta. “Es un allanamiento completamente ilegal, llegaron sin orden de un juez y sometiendo, luego los sacaron y se los llevaron detenidos con todo y tres menores, dos de ellos hijos del matrimonio y un sobrino”, añadió Gómez Casco. Y expuso: “Si ya abrieron, si ya entraron, si ya vieron, si ya dañaron el piso, si ya estuvieron ahí, y según sacaron paquetes de ahí, no sé qué vayan a argumentar que hay ahí” Entrevistados previo al cateo de la PGR, los abogados indicaron que la pareja y sus dos hijos habitaban ese domicilio desde julio, el cual se lo rentaron a una persona de nombre José González Chávez. En la versión oficial, las autoridades indicaron que recibieron una denuncia ciudadana en la que se indicaba que de un domicilio estaban sacando unos paquetes, los cuales eran subidos a una camioneta. Que al llegar al lugar encontraron a un hombre realizando esa maniobra y a la mujer en el interior del vehículo, razón por la que se les detuvo. Esta contradicción en las versiones obligó a que hoy lunes el propio gobernador de Baja California, Francisco Vega de Lamadrid, comprometiera una investigación rigurosa de los hechos, así lo expuso al ser entrevistado en el evento de inauguración de la Agencia del Ministerio Público de Delitos Sexuales y Violencia Familiar y de la Especialidad para Adolescentes. En tanto, Daniel de la Rosa Anaya, secretario de Seguridad Pública del Estado y el Comandante de la II Zona Militar, Gabriel García Rincón, argumentaron un proceso apegado a derecho y en seguimiento a una denuncia ciudadana. García Rincón sostuvo que todo cateo se hace de acuerdo a una rigurosa investigación, “no es nada más lo que nos digan”, subrayó para añadir que en este caso se actuó apegado a la ley, “ no nos vamos por lo mediático, sino por una investigación estricta, no por lo que diga una persona que intentó ingresar a un domicilio”, dijo en referencia a una hermana de la pareja, mamá del tercer menor que se encontraba en el domicilio quién, quién hizo señalamientos en contra de agentes y soldados que intervinieron en el allanamiento. Mientras de La Rosa Anaya sostuvo que de 8 mil 600 intervenciones que ha efectuado la Policía Estatal Preventiva, en las que hubo detenidos y/o decomisos de dinero, armas o droga, solo seis han sido objeto de denuncias, actuaciones que han sido investigadas. De los seis casos, solo en dos se han consignado a agentes, puntualizó.
Publicidad
