Los once jóvenes detenidos por los disturbios en el Zócalo capitalino durante las manifestaciones del 20 de noviembre en apoyo de los 43 estudiantes desaparecidos de la Normal de Ayotzinapa, fueron liberados al dictarse un auto de libertad por falta de elementos para ser procesados. En caso de que se presente algún medio de impugnación por parte del agente del Ministerio Público de la Federación o cualquier otro trámite relacionado con el expediente, tendrá que realizarse ante el juez federal al que le sea asignado el caso en la capital de la República. Al dictar la resolución del plazo que señala la Constitución, el Juez Decimoséptimo de Distrito del Estado de Veracruz, reclasificó el delito de homicidio calificado en grado de tentativa por el delito de lesiones y después determinó dictar el auto de libertad al no acreditarse la participación de los inculpados en los delitos de lesiones, asociación delictuosa y motín. El juez Juan Carlos Ramírez Gómora giró oficios a los directores de los Centros Federales de Readaptación Social número 5 en Villa Aldama, Veracruz y número 4 en El Rincón, Nayarit, para que dejara en inmediata libertad a los señalados. Los varones que estaban en el penal federal veracruzano y obtuvieron su libertad son Roberto César Jasso del Ángel, Isaac Domínguez Ayala y/o Ramón Domínguez Patlán, Hugo Bautista Hernández, Atzin Andrade González, Juan Daniel López Ávila, Luis Carlos Pichardo Moreno, Francisco García Martínez y el chileno Laurence Maxwell Mabaca. En tanto, las mujeres que estaban presas en Nayarit y que recuperaron su libertad son Hillary Analí González Olguín, Lilian Garduño Ortega y/o Liliana Garduño Ortega, así como Tania Damián Rojas y/o Ivonne Damián Rojas. Una vez resuelto el término de ley, el juez Ramírez Gómora se declaró incompetente para seguir conociendo del asunto por razón de territorio, pues los hechos ocurrieron en la Ciudad de México y se ordenó la remisión de la causa ante el Juez de Distrito en Procesos Penales Federales del Distrito Federal en turno. Al final de su resolución, el juzgador ordenó girar un oficio al Cónsul General de la República de Chile en México para notificarle la liberación del ciudadano chileno Lawrence Maxwell, quien en su momento solicitó la asistencia legal de las autoridades de su país de acuerdo a lo establecido en la Convención de Viena. Los once jóvenes fueron acusados por el gobierno federal de encabezar los disturbios en el zócalo de la Ciudad de México y por el intento de matar al policía segundo Jorge Antonio Juárez Mauro, durante las marchas de acción global en las que se reclamó la búsqueda y localización de los 43 normalistas desaparecidos.
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