Según información proporcionada a ZETA, agentes de la Policía Ministerial adscritos a la Subprocuraduría de Justicia Tecate se organizaron el viernes 17 de octubre para localizar y trazar el plan que llevaría a notificar y presentar ante el Ministerio Público, al ex alcalde de Tecate, Javier Urbalejo Cinco. Fuentes de la corporación revelaron que la mañana del lunes 20 de octubre, agentes siguieron al ex presidente municipal desde que salió de su domicilio. Identificaron la camioneta tipo Suburban blanca en la que se trasportaba junto con su hija. Lo interceptaron en la colonia Moderna de esa ciudad. Refieren que Urbalejo se mostró un tanto nervioso, pero colaborador. Los ministeriales le pidieron identificarse y le mostraron la orden de presentación que deviene de la averiguación previa 17/06/208/AP, misma que lo señala, con otros ex funcionarios y un empresario, por delitos de fraude, abuso de autoridad, coalición de servidores públicos y negociaciones ilícitas. A decir de las versiones dentro de la PGJE, Javier Urbalejo indicó a los ministeriales desconocer la demanda y preguntó si era forzoso que se presentara en ese momento. Los ministeriales le pidieron que los “acompañara”. No hubo necesidad de fuerza, no se trataba de un arresto. Aunque ciertamente, en algunas órdenes de presentación son giradas con “medidas de apremio”, y de negarse el requerido, puede ser arrestado por 36 horas, o bien, pagar una multa de 50 salarios mínimos. Urbalejo pidió antes pasar a su casa y los agentes ministeriales lo siguieron. Ahí esperaron y, minutos después, en su vehículo, se dirigió a las oficinas de la Subprocuraduría, escoltado por la patrulla de la Policía Ministerial. Llegó sin abogado… La demanda penal contra Urbalejo, ex funcionarios municipales y un contratista de nombre Francisco Javier Chaidez León, se interpuso el 17 de junio de 2014, por los regidores integrantes de la Comisión de Hacienda, encabezada por el panista Víctor González. El expediente incluye declaraciones y testimoniales de los empleados del Ayuntamiento, quienes realizaron trabajos topográficos durante meses, por los que se pagó al contratista -y de manera irregular- 4 millones 917 mil 300 pesos. Continúa leyendo las investigaciones y los procesos penales en contra de los 5 alcaldes priistas en la edición impresa que circula desde este viernes 24 de octubre.
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