José María González Martínez, subprocurador contra la Delincuencia Organizada de la Procuraduría General de Justicia del Estado, es acusado de amenazar a empleados del Ministerio Público y a la directora de Averiguaciones Previas Concepción Rubio Loaiza, para que no sigan integrando una averiguación en su contra por el delito de despojo. En respuesta, el subprocurador asegura que se trata de una maniobra para presionarle, orquestada por el abogado del denunciante, que lleva por nombre Francisco Araiza Valadez, y que inició luego de que tomó posesión en la PGJE entre noviembre y diciembre de 2014. González Martínez está denunciado como indiciado en la Averiguación Previa 1469/14/211/AP, por el presunto despojo de una bodega en la calle Consulado, número 934 del fraccionamiento Villa Campestre Mediterráneo, en Tijuana. Un escrito enviado a ZETA señala que cuando al funcionario estatal se le citó para que rindiera su declaración no compareció y amenazó a Concepción Rubio Loaiza, directora de Averiguaciones Previas de la PGJE. “La amenazó que si seguían integrando la averiguación previa, se les iba a voltear, ya que los iba a incluir en averiguaciones de delincuencia organizada con testigos falsos”, dicta la carta. Francisco Araiza Valadez no pudo ser localizado hasta el cierre de edición, mientras que Concepción Rubio tampoco respondió cuando se le buscó para conocer su versión. 
Al respecto, el subprocurador explicó que hace aproximadamente 10 días (el 23 de junio de 2014) acudió ante el Ministerio Público encargado para rendir su declaración, lo declarado lo comenta en entrevista. Dice que en año 2003, compró la bodega –de 20 metros cuadrados– a Humberto López Gutiérrez, quien anteriormente había embargado mediante un juicio mercantil esa y otras propiedades similares a la empresa Villa Campestre Mediterráneo, S.A de C.V. El contrato de compraventa se cerró en 4 mil 500 dólares y José María González pospuso su regularización unos años, entre otras cosas por motivos laborales, pues en los últimos cinco años trabajó en la Procuraduría de Justicia Estatal de Chiapas. Al regresar a Baja California, en 2013, inició un juicio de prescripción con número de expediente 512/2013, así como una solicitud al Registro Público de la Propiedad para iniciar la inscripción de la bodega. A finales de ese año, entre noviembre y diciembre, Francisco Araiza Valadez denunció al subprocurador ante la PGJE por el delito de despojo, presuntamente asesorado por su abogado, alegando que esa bodega la compró con anterioridad a Sergio Santamaría, según comenta el subprocurador. En la opinión de José María González, el vendedor, Francisco Araiza, fue un comprador de buena fe, pero “alguien lo estafó”. Agrega que en 2002 él pasó por la misma situación cuando compró otra de las bodegas ubicada a unos metros de la referida, pero la persona que en su momento le vendió “fue decente y le pagó a López Gutiérrez”, sostiene. “El problema es el que le vendió a él. Le dije, ‘ojo, tú tienes un año de acuerdo a la ley para demandar el fraude, ya tienes conocimiento’. El abogado que trae no sabe lo que está haciendo, lo convence que me denuncie”, puntualiza.
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