José Manuel Mireles pasó de pionero de los grupos de autodefensa en Tepalcatepec, Michoacán, a un perseguido por el Gobierno de la República, presuntamente por violar la Ley Federal de Armas de Fuego. Aun cuando las autoridades insisten en que debe ser juzgado penalmente, para otros no es más que un preso político de Enrique Peña Nieto. La detención del doctor Mireles sucedió el viernes 27 de junio de 2014, en el municipio de Lázaro Cárdenas, en un operativo coordinado por la Policía Federal con la participación de la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) de Michoacán, y la Secretaría de Marina (SEMAR). La información, conocida en primera instancia a través de la cuenta de Twitter de la Procuraduría de Michoacán, dictaba que al momento de su captura, el ex líder de las autodefensas portaba armas de uso exclusivo del Ejército. Posteriormente, Alfredo Castillo, quien desde enero de 2013 funge como comisionado para la Seguridad y Desarrollo Integral de Michoacán, dijo que se ejecutaron 83 detenciones y se decomisaron 30 mil pesos, 68 armas de fuego, 20 vehículos, una bolsa con marihuana y cocaína, además de cartuchos y cargadores. No obstante, el parte oficial fue contrariado por Talia Vázquez, abogada de Mireles, quien aseguró que las armas fueron sembradas y que el dinero reportado no corresponde ni a la mitad del que el acusado cargaba ese día. En realidad, explicó Vázquez, el doctor tenía en su poder 93 mil pesos, con los que pagaría dos mensualidades de un crédito bancario automotriz para hacerse de una camioneta blindada. La abogada insiste en que al momento de la aprehensión de Mireles, éste no portaba consigo ningún arma, como consta en los videos que circulan de los operativos. Talia Vázquez también ha denunciado tortura y violencia psicológica, así como la negativa de las autoridades para que el militante de Tepalcatepec se aplique sus dosis de insulina y controle sus niveles de azúcar. Las declaraciones de la abogada se dan posterior al informe de Alfredo Castillo sobre la detención y el decomiso, donde el funcionario federal afirmó que “cualquier grupo que pretenda movilizarse, va a ser detenido por el Estado”. El doctor José Manuel Mireles llegó a La Mira, Lázaro Cárdenas, el jueves 26 de junio, junto a unas 600 personas. A su llegada, aseguró que el Gobierno Federal está “uniformando criminales”, en alusión al registro de ex miembros de las autodefensas que aceptaron un nombramiento como policías rurales. Además, estableció que se encontraba en el municipio por los reportes ciudadanos de secuestrados, desaparecidos y de una fosa clandestina con más de 30 cuerpos. El doctor hizo pública su intención de reunirse con Salvador Jara Guerrero, elegido como gobernador de Michoacán por el Congreso del Estado, después de la renuncia del gobernador Fausto Vallejo por motivos de salud. Luego de la detención, se han organizado marchas de apoyo en Michoacán, donde califican a Mireles como un preso político, el iniciador de una lucha por la paz que el Gobierno de la República no quería ver ni oír, y el líder de las autodefensas cuya cuestionable detención podría convertirse en un ejemplo más de la falta de credibilidad que el gobierno de Peña Nieto acumula en materia de seguridad pública. Contrario a la acostumbrada secrecía en las detenciones de la autoridad federal, la imagen de José Manuel Mireles rapado y sin bigote ha circulado en medios informativos y redes sociales desde su presentación con un juez.
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