El que población indigente ya se no se vea en la canalización del Río Tijuana no significa que el fenómeno de las deportaciones de Estados Unidos por la frontera de Baja California haya cambiado, pues el promedio anual persiste, informó Rodulfo Figueroa Pacheco, delegado del Instituto Nacional de Migración (INM). Durante la sesión del Consejo Estatal del Migrante (CEAM), celebrada el martes 23 de junio, comentó que en 2014, la cifra de repatriados fue de 60 mil, y que este año se prevé un número similar, al cotizarse en 24 mil 695. A estos más de 24 mil migrantes, el INM les ha dado 69 mil 261 servicios, principalmente entrega de alimentos, llamadas telefónicas, Seguro Popular, asistencia médica, apoyo para traslado y obtención de documentos de identidad como CURP y ropa. Pero menos del 40 por ciento del total ha requerido ayuda para retornar a sus lugares de origen: 4 mil 182 han recibido el 50% del valor del boleto de traslado vía terrestre; 795 vía aérea; mientras 4 mil 667 más han sido apoyados en otro tipo de traslado. De las personas deportadas, más del 4% son menores de edad y la mitad de ellos viaja sin compañía, razón por la cual son canalizados al Sistema DIF. En esta reunión, se informó de la aprobación de un monto de 7 millones 427 mil pesos para Baja California, recursos provenientes del Fondo Nacional de Apoyo al Migrante, cuyo destino está por ser determinado por el CEAM, dirigido por Carlos Mora Álvarez. El organismo cuenta con más de 50 proyectos provenientes de las diversas organizaciones que apoyan a este sector de la población, entre los cuales se encuentra el Desayunador del Padre Chava, el Hotel del Migrante, pero será el consejo en pleno el que determine dónde se canalizarán los recursos, anotó Mora. Agregó que dentro de la agenda del CEAM ya no está el tema de las personas que poblaron durante años la canalización del Río Tijuana. “Son las instancias de salud y de atención contra las adicciones las que ahora deben afrontar la problemática. El canal ya no es problema porque está limpio”, subrayó. Por su parte, Melba Olvera Rodríguez, presidenta de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos (CEDH), hizo hincapié en que el organismo a su cargo será vigilante de que no se vulneren los derechos humanos de ese sector de la población, al tiempo que advirtió que, de ser necesario, se emitirán recomendaciones a las instancias que deben brindarles atención y no cumplan con su cometido.
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