Además del olvido de las autoridades gubernamentales, las personas discapacitadas de Baja California enfrentan, entre ellos, una discusión sobre la mejor plataforma para recibir lo que durante años han buscado: ser incluidos en sociedad. Luchan por su dignidad, por recibir educación de calidad, empleo, salud y accesibilidad a los espacios públicos de la entidad. Aunque la Ley para Personas con Discapacidad fue publicada en el año 2010, a la fecha no existe un reglamento que favorezca su aplicación, que especifique responsabilidades de servidores públicos y de dependencias gubernamentales. Lo más que existe es un Consejo Consultivo de Personas con Discapacidad –integrado por 10 secretarías de Estado, un representante por municipio, un experto por cada una de las discapacidades y un representante de la Procuraduría de los Derechos Humanos–, que ha sesionado siete veces y que no es suficiente para que las propuestas en la materia se cumplan. En lo anterior, coinciden tanto José Manuel García Arreola, presidente del Proyecto para Inclusión de Invidentes a la Sociedad Mexicana (Priisma) como César Palencia, representante del Instituto Mexicano para Personas con Discapacidad. En lo que no, es en el mecanismo. García Arreola, insiste en entrevista que es suficiente con presionar a las autoridades para que emitan el reglamento de la Ley Estatal y que en cada dependencia se garanticen espacios y condiciones adecuadas para personas con discapacidad sin pretexto, y que no se diferencie con la población que no la tiene. Pero Palencia propone la creación de un instituto estatal que acerque los servicios de salud, educación y empleo. Lo hace a partir de un modelo empleado en el Estado de Guanajuato, donde destaca que se ha destinado presupuesto, personal y un representante por lo menos en cada uno de sus 46 municipios. Su intención es que el gobernador del Estado, Francisco Vega, instale el instituto como una paraestatal más, y busca lograrlo recabando tres mil firmas en un lapso de un mes, tiempo que inició desde el miércoles 20 de mayo. Pero para el presidente de Priisma, la acción pretendida por Palencia no es adecuada pues comenta que en lugar de incluir a este sector con el resto de la sociedad, lo excluye. La propuesta del instituto, de entrada, ya fue rechazada por el Ejecutivo Estatal, cuando se realizó a través del consejo, por eso ahora pretende hacerse como una iniciativa ciudadana. Aunque no hay un número de exacto de personas con capacidades distintas en el que el sector confíe, los datos del INEGI estiman que sea alrededor del 4 por ciento de la población total de la entidad. De ahí la importancia de un método definido de atención.
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