Dólares

Rosario Mosso Castro

“En Baja California, los dólares son bienvenidos. Atentamente, Baja California, estado libre y soberano” es la frase que se lee desde hace nueve días en unas mantas colocadas en diversos establecimientos de miembros de la Cámara de Comercio y de la Confederación Patronal de la República Mexicana en Tijuana.

Es el eslogan de una campaña de rebeldía emprendida por los empresarios locales ante la falta de respuesta del gobierno federal a las propuestas de modificar el decreto que restringe los depósitos bancarios de dólares, e impacta las dolarizadas economías fronterizas, golpeando particularmente las finanzas de los bajacalifornianos.

415 mil norteamericanos que viven en los condados de San Diego y Valle Imperial consumen en Tijuana y Mexicali. Lo mismo que 75 mil emigrados que diario cruzan a Estados Unidos y los otros 25 mil  que viven en la costa y cobran pensión en la Unión Americana, todos pagan sus servicios y productos en México, con dólares.

Es un mercado de 500 mil consumidores que los comerciantes del estado no están dispuestos a perder. Por eso la invitación es a seguir aceptando dólares y después encontrar la logística para ver cómo resuelven los depósitos limitados a 7 mil dólares al mes para empresas.

Los empresarios reclaman la revisión del pacto federal en el que el Presidente Felipe Calderón está comprometido a velar por las condiciones de las entidades federativas, y no puede tratar a todos como igual porque no lo son.

Funcionarios de Gobernación y de la Secretaría de Hacienda han reconocido que para el control de lavado de dólares, Baja California requiere un esquema diferente, pero han advertido también que no darán marcha atrás y no establecerán una zona fronteriza diferenciada. Y así, de nada sirve la comprensión.

Las asociaciones de banqueros alegan que en este país, nadie puede resolver el tema debido a que son los bancos de Estados Unidos los que ya no aceptan depósitos de las instituciones financieras mexicanas, porque desconfían de la procedencia del recurso. Si este es el tema, entonces habría que preguntar por la soberanía de México para empezar.

Pero conforme a estas excusas, se está castigando a los inversionistas honestos y ciudadanos fronterizos en general, porque los bancos mexicanos sólo cumplen parcialmente con las recomendaciones internacionales para el combate de lavado de dinero.

En lugar de investigar a estas instituciones, fincarles responsabilidades y castigarlos por ocultación o encubrimiento de transacciones financieras ligadas a actividades ilícitas, el gobierno decidió afectar el intercambio comercial de toda la frontera en vez de obligar al sistema legal mexicano a cumplir con su obligación de perseguir el lavado de dinero y a las sociedades mercantiles que lo cometen. O forzar a la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a vigilar, como le corresponde, las operaciones financieras con movimientos criminalmente sospechosos. Están facultados para monitorear y auditar diario a las empresas, a remitir sus informes a la PGR para investigación, pero no lo hacen. 

Por lo pronto, a pesar de los viajes y reuniones de los líderes empresariales californianos, lo único que han logrado es integrarse a grupos de trabajo con la Secretaría de Hacienda y con los banqueros.

Le corresponde al Gobernador del Estado, José Guadalupe Osuna Millán, encabezar la lucha de los bajacalifornianos, ir más allá de las pláticas intergubernamentales donde se exponen las preocupaciones locales, que evidentemente no inciden en el gobierno federal.

Está obligado a presionar a los bancos para que posterguen esta medida hasta el 15 de septiembre como ordena el decreto, pues a la fecha han generado la fuga de tres mil cuentas. También debería el mandatario estatal, hacer alianza con el resto de los gobernadores fronterizos. Plantear a la federación que las restricciones para el lavado de dinero se hagan en la Ley federal de la materia; analizar y reestructurar las propuestas de los empresarios, y presentar ante la federación alternativas de solución que no afecten las actividades económicas del estado.

Lo recordaron los comerciantes, Baja California es un estado soberano, así que su Gobernador no puede conformarse con negativas federales.