25 asociaciones de transportistas señalan hostigamiento y favoritismo.
Ayuntamiento: “hígado de corrupción”
Líderes populares se quejan de invasión de rutas, permisos irregulares y circulación de unidades sin placas. Promovieron un juicio y en el Juzgado Sexto les concedieron suspensión provisional. Acusan al XVIII Ayuntamiento de favorecer a Gregorio Barreto, y en caso de ganar el proceso, podrían lograr la anulación de las concesiones otorgadas.
Francisco Navarro Fausto
El pleito entre transportistas podría llegar a su fin, este mes, cuando un juez determine si anula o no los permisos de transporte público otorgados en la actual administración.
Aun con esto en puerta, de no tener una respuesta favorable, los bloqueos a vialidades y edificios por parte de transportistas continuarán.
Mientras tanto, el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado otorgó una suspensión provisional a los transportistas, contra los actos del Cabildo del XVIII Ayuntamiento de Tijuana, del Presidente Municipal, Secretario de Gobierno y el Director Municipal de Transporte, donde reclaman inconstitucionalidad en concesiones a favor de Calfia de Tijuana, propiedad del Delegado Municipal y priísta, Gregorio Barreto.
“El juicio de amparo está en trámite, ésta es una suspensión para que las cosas se detengan en el estado en que se encuentran, tal como lo dice el documento”, precisó el Secretario del Juzgado Heded Hernández Torres.
Así las cosas, será el viernes 29 de julio cuando se tenga conocimiento, si el acuerdo de cabildo del 4 de enero, en que se otorgaron ampliaciones y concesiones, es anulado.
La determinación fechada el 15 de junio cita:
“Con fundamento en el Artículo 124 de la Ley de Amparo, se concede la suspensión provisional a la parte quejosa (Líneas de Transportes Urbanos y Suburbanos de Baja California A.C.)”.
“Para efecto de que las cosas se mantengan en el estado en que se encuentran y no les sea cancelada la concesión para prestar el servicio público de transporte masivo de pasajeros en las rutas relacionadas por la parte quejosa en su demanda de garantías; lo anterior, hasta en tanto se notifique a las autoridades señaladas como responsables la resolución de suspensión definitiva”.
Los transportistas se quejan de invasión de rutas, permisos irregulares sin previo estudio y circulación de unidades sin placas, por ello promovieron el juicio.
En la querella 269/07 se solicita la copia del informe justificado del expediente integrado con motivo de la concesión otorgada a Auto Transportes de Pasajeros Urbanos y Suburbanos “Calfia” de Tijuana.
“Anexo único del dictamen elaborado por el Cabildo de Tijuana. Dictamen técnico de congruencia favorable emitido por la Dirección de Transporte Público de Tijuana, además de una prueba pericial en materia de tránsito, que deberá ser desahogada por un profesional en la materia”.
Ocho problemas del transporte
Para hacer frente a las irregularidades que se presentan en el transporte público de la ciudad 25 gremios de transportistas decidieron reunirse en una coalición. Abel Mora Rodarte miembro de “Transportes Unidos de Tijuana” precisó que son ocho los problemas que aquejan a los transportistas.
1.- 40 rutas otorgadas a Calfia de Tijuana, así como la ampliación de su parque vehicular sin límite. Todo se otorgó sin estudio técnico alguno.
2.- El transporte de personal no tiene placas, ni seguros y levantan pasaje, lo que les genera una nueva competencia.
3.- Invasión de taxis del Municipio de Playas de Rosarito a Tijuana por falta de un convenio intermunicipal.
4.- Taxis libres de sitio, de los taxis amarillos de la Línea Internacional trabajando sin taxímetro.
5.- Lanzaderas irregulares de taxis libres sin control
6.- 342 permisos entregados el 3 de marzo de 2006 en cabildo para ruta, no atienden el servicio en donde se les asignó, invaden rutas establecidas, sobresaturando las vialidades, esto lo hacen en contubernio con la líderes y autoridades.
7.- Antidoping obligatorios a los choferes cada año, con estricto sentido recaudatorio, pues no se entregan gafetes ni resultados.
8.- Obligan a conductores de taxis libres a portar camisa roja, cuando el reglamento define que el uniforme lo determinará la organización.
A todos estos problemas, precisó, se agrega la falta de vialidades y la necesidad imperante de reparar las ya existentes; definir un práctico plan maestro de vialidad y transporte para la ciudad y en base a él reordenar el transporte público.
“Queremos que se dé el reordenamiento masivo. Eso es lo básico para nosotros y mientras no se ponga orden, es imposible que se dé. Otorgaron a Barreto rutas y ampliación de parque vehicular sin límite.
No sabemos qué tanto le ampliaron ni cuáles son las rutas. Se hizo sin estudio técnico, para otorgar permisos, estudio técnico e itinerario apegado a un plan de vialidad de transporte. Es evidente que se cometió el delito de tráfico de influencias”.
“Es por eso que el Juzgado Sexto de Distrito entregó la suspensión provisional e inicia el proceso jurídico en contra del otorgamiento de esas concesiones y la ampliación de parque vehicular”, finalizó.
Afectados en 50 por ciento
Por su parte, Virgilio García Díaz afirmó que las irregularidades promovidas por el Ayuntamiento, les afectan en un 50 por ciento y a tal grado que están batallando para pagar los camiones que adquirieron en un millón de pesos cada uno.
“Es un hígado de corrupción, donde la prepotencia de un gobierno se demuestra y se pasan la bolita de unos a otros. De buena fe compramos autobuses y fuimos engañados porque este gobierno cree que es dueño de toda la ciudad”.
Es injusto lo que se hizo, es un abuso de poder, es una porquería contra las leyes, al haberle autorizado esa aparente concesión que no dice el número de unidades. Están acabando con empresas de 50 años”.
Insistió:
“Han saturado, han perjudicado al masivo. No tiene madre (sic) lo que hicieron en el Cabildo, lo aprobaron a fuerzas, por ejemplo se dieron el gusto inédito de que una funcionaria regidora enferma votara por medio de un documento, eso no se vale”.
--¿Virgilio, finalmente cuántas rutas hay en la ciudad?
“Es muy difícil hacer las cuentas. Serán como 300. El problema es que ni la propia Dirección de Vialidad sabe cuántas son. Estuvimos en una primera reunión de un supuesto reordenamiento, llevaron un plano y estaba incompleto. Aun así el Ayuntamiento dijo que había 54 colonias sin servicio y por eso otorgó permisos, pero eso es falso”.
“Por eso hicimos este frente, para contener esta ola que se viene de irregularidades que contaminan el transporte público de la ciudad. Esta semana se tiene la definitiva y se pretende nulificar el acuerdo que se dio en cabildo. Por lo pronto se suspende esas concesiones y ampliación de parque vehicular mientras se lleva a cabo el juicio. Las unidades sin placas tendrán que sacarse”.
“Viene el juicio, el juez tendrá que solicitar al Ayuntamiento el estudio técnico para ver si afecta a las rutas de compañeros”.
Más adelante y en la comparecencia de los líderes se les preguntó si moverían las bases de la Zona Centro si así lo determinaba la próxima administración, a lo que Joaquín Baltasar dijo: “Cuando decimos reordenamiento nos referimos a las 54 colonias que supuestamente no tienen servicio. Queremos no invasión en los recorridos, no tanto el reordenamiento en el centro histórico de la ciudad”.
--Pero Tijuana requiere un reordenamiento en toda la ciudad.
“Tenemos que empezar con todas las irregularidades que ha habido. Con permisos y donde no hacen recorridos e invaden. El gobierno ha solapado. El gobierno no ve, no oye y le hemos entregado fotos y dicen que van a actuar. Lo dimos a conocer al ex director general de gobierno, de Carlos Barboza”.
“Eso provoca las vialidades saturadas. Enfrentamiento entre Transportistas y no es redituable para chofer ni permisionario. Es claro, si requiere de raíz hay que hacerlo.
--A escasos meses para que termine la administración, ¿alcanzan a ver una solución?
“No hay ni las más mínima intención de corregir esto, siguen manejando venta de placas, aún aquellos permisos estatales amarillos que tiene más de cuatro años según la Dirección de Vialidad, que hay una orden de “quién sabe quién” y se van a autorizar para hacerlos municipales. La administración sale con problemas muy serios porque no descartamos manifestarnos de nuevo.
“Si es necesario bloquear Vialidad y Trasporte y el Palacio Municipal al mismo tiempo lo vamos a hacer, porque no vemos la más mínima voluntad de solucionar las cosas, los líderes que se han manifestado a favor del PRI andan vendiendo placas”.
En el Transporte Público, el negocio ya no está en el pasaje, sino en la explotación irregular de concesiones, venta, reventa de permisos, traslado de indocumentados, rentas exageradamente altas, y en algunos sitios hasta venta de droga.
La determinación judicial
“Se va a analizar el acto y una vez que se tenga integrado el expediente se dictará la sentencia correspondiente, hay una nueva fecha para la comparecencia, que es el 29 de junio.
“En la demanda se anexan varios documentos como son la personalidad para venir al juicio de amparo, el periódico del estado. Si está completo el expediente podría extenderse el caso, el tiempo es discrecional de acuerdo del expediente”.
“Lo más probable es que ya esté completo. Se otorgó una suspensión del acto mientras promueven el amparo. Ése estuvo apegado a los lineamientos constitucionales”. Secretario del Juzgado Sexto de Distrito en el Estado, Heded Hernández Torres.
Solicita padrón vehicular
Fechada el 2 de mayo del presente año con atención al Director de Transporte municipal, Carlos Tamez León, el Presidente de la Comisión de Vialidad y Transporte, Miguel Lemus Zendejas solicitó:
“… tenga a bien proporcionarnos a la mayor brevedad el padrón actualizado de transportistas referente a: Cantidad de permiso que a la fecha se han otorgado tanto para unidades con itinerario fijo como en unidades sin itinerario, entendiéndose por éstos a taxis de ruta, taxis no de ruta, pipas, dompes, concesiones otorgadas a la fecha vigentes y no vigentes donde se especifique el parque vehicular por cada concesión.
Lo anterior en virtud de que esta Soberanía está analizando propuestas de reformas a la Ley General de Transporte Público en el Estado de Baja California…”
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