Se detuvo impresión de boletas electorales.
HANK, SE TAMBALEA
A pesar que líderes priístas insisten que el ex Alcalde de Tijuana es su candidato, una vez revocada su candidatura en el Consejo Estatal Electoral, 72 horas después del fallo del Tribunal de Justicia Electoral, Jorge Hank estará impedido para hacer campaña. La impugnación en el Tribunal Electoral Federal tendría que llegar antes del 5 de julio. Cuatro de siete magistrados, respetan las legislaciones locales.
Luis Pedro Arellano Sarmiento.
Jorge Hank Rhon, abandonó la seguridad personal.
Por primera vez cuando le preguntaron quién lo sustituiría en caso que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ratificara la decisión del local, no dijo que él era el candidato y lo seguiría siendo.
Contestó con la mesura que abandonó a los líderes priístas en estos cruentos tiempos políticos electorales: Eso lo definirá el partido.
Efectivamente, por decisión del Tribunal Electoral del Estado de Baja California, la candidatura de Jorge Hank Rhon al Gobierno del Estado por la Alianza PRI-PVEM se tambalea.
Imperó en Baja California lo que desde mediados de 2006 se sabía: La validez del artículo 42 de la Constitución local que impide que aquellas personas con un cargo de elección popular lo abandonen para buscar otro. O lo que popularmente se ha conocido como “Ley Antichapulín”.
Los priístas, como los miembros de otros partidos y ciudadanos en general, estaban al tanto del artículo y su vigencia. Pero abogados y el propio Jorge Hank, estimaron que por defectos en la redacción del artículo, y tecnicismos en su publicación, podrían invalidar la reglamentación y entrar por la puerta de la legitimidad a la candidatura.
No fue así. Al menos no en el primer filtro.
Dos magistrados, la Presidenta del Tribunal Electoral, Elva Jiménez Castillo, y Armando Bejarano, votaron para dar validez al artículo 42 y por tanto revocar la candidatura del priísta.
En un hecho histórico para la entidad, en un plazo de 48 horas contadas a partir del miércoles 20 de junio, el Partido Revolucionario Institucional se quedará sin candidato. Una vez notificado dentro de estos términos de la resolución del Tribunal Electoral y la revocación de la candidatura, el todavía abanderado priísta y su partido, impugnarán ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.
Buscarán lo mismo que intentan desde julio de 2006: Invalidar un artículo proveniente de una reforma que de hecho, fue impulsada por los diputados del Partido Revolucionario Institucional en 2002.
El día de la sesión del Tribunal Electoral del Estado, contrariado, Jorge Hank se fue de bruces, indicó a quien se lo preguntó que no entendía por qué la decisión dado que el mismo Tribunal le había dado una opinión favorable a su candidatura. No fue así. En 2006, pretendiendo una ventaja, el Alcalde de Tijuana solicitó la opinión del Consejo Estatal Electoral sobre su probable registro para esta contienda que culminará el 5 de agosto con la votación constitucional.
Los consejeros, cuatro de ellos ligados de manera constante al Partido Revolucionario Institucional, le dijeron que no veían ningún problema. Aún cuando no están facultados para interpretar la Ley sino para regirla, decidieron en su mayoría que no había obstáculo para el registro. Bajo esa óptica se lo aceptaron, aún cuando era evidente y se confirmó el miércoles 20 de junio, la reglamentación local de elegibilidad está vigente.
Acaso el problema mayor del PRI y su tambaleante candidato no sea ya el Tribunal local, en los siguientes días presentarán la impugnación al federal y deberán esperar la respuesta, que podría no ser la deseada para ellos.
Por lo menos cuatro de siete magistrados federales electorales están a favor de respetar las legislaciones locales, sobre todo las reglamentaciones de elegibilidad. Así lo han demostrado el Magistrado Presidente, Flavio Galván Rivera, y los magistrados Manuel González Oropeza, Pedro Esteban Penegas López y Carmen Alanís Figueroa.
Otra argumentación contraria a los deseos priístas: El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en un 90 por ciento de los casos, ha validado las resoluciones del Tribunal Electoral del Estado.
Aún cuando el senador y coordinador de la campaña de Jorge Hank Rhon, Fernando Castro Trenti, esgrima a su favor el haber estudiado en la misma escuela que el Presidente del Tribunal Federal Electoral, Flavio Galván, o que uno de sus trabajos en la Ciudad de México fue, precisamente, hacer ligar con los magistrados federales electorales en caso de requerir de su participación.
Fuera de esas “estrategias”, el PRI seguirá el camino de la impugnación como cualquier otro partido, en cualquier otra elección. A diferencia que ésta, es la que Jorge Hank encabeza.
Revocación de candidatura
El lunes 25 de junio, el Consejo Estatal Electoral estaría revocando la candidatura a Gobernador a Jorge Hank Rhon. Así lo estipula el procedimiento.
Una vez emitida la resolución del Tribunal Electoral del Estado sobre la validez del artículo 42 de la constitución local, y por tanto la no elegibilidad de Jorge Hank Rhon como aspirante oficial a un cargo de elección, el cuerpo colegiado debe notificar a las partes en un lapso de 48 horas.
Considerando que la determinación se tomó el miércoles 20 de junio, para el viernes 22 tanto el candidato del PRI como el Consejo Estatal Electoral estarán notificados para proceder a la revocación de la candidatura.
En el CEE tienen a su vez un plazo de 24 horas a partir de la notificación del Tribunal Electoral del Estado, para convocar a sesión y revocar la candidatura, lo cual, si se consideran días hábiles, se estaría llevando a cabo el lunes 25 de junio. O el sábado 23 de junio si se sigue el calendario seguido.
Una vez revocada la candidatura de Hank, la alianza de PRI y PVEM tienen hasta el 5 de julio para registrar a un nuevo candidato. Proceden dos situaciones a partir de la revocación de la candidatura:
1.- Que el PRI registre a otro candidato de manera inmediata, para continuar haciendo campaña política en todo el estado en tanto el Tribunal Federal determina la probabilidad de Hank de seguir en la contienda. Este candidato registrado, puede ser sustituido por otro, o por el mismo Hank, hasta el 5 de julio.
2.- Que el PRI no registre candidato alguno en espera de la resolución del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, con lo que perdería días de campaña ya que el propio Hank no podrá desempeñarla una vez que el pleno del Consejo Estatal Electoral le revoque la candidatura.
Otra de las implicaciones en el rechazo de la candidatura de Hank, es que de alguna manera retrasa la logística en la organización de la elección.
El jueves 21 de junio el Consejo Estatal Electoral detuvo la impresión de boletas para la elección a Gobernador. No pueden continuar con el proceso porque falta uno de los abanderados, pero solamente y por Ley, tiene 20 días antes de la elección para imprimir las boletas electorales.
Fuentes del CEE informaron a ZETA que también detuvieron la impresión de las boletas electorales para los ayuntamientos de Tijuana y Ensenada, por el caso de Jaime Palafox, Eligio Valencia y Jorge Astiazarán.
Caerán otros candidatos
Además de la anulación de la candidatura de Jorge Hank Rhon, la Alianza para que Vivas Mejor perderá sus candidatos a la presidencia municipal de Ensenada con Jaime Palafox Granados, de Tijuana en la persona de Jorge Astiazarán Orcí y de su candidato a primer regidor por este mismo municipio, Eligio Valencia Roque.
A diferencia del Consejo Estatal Electoral (CEE), el Tribunal de Justicia Electoral (TJE) del Poder Judicial del Estado de Baja California, este miércoles 20 de junio aplicó las prohibiciones que estipulan los artículos 18, 42 y 80 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Baja California.
Son las reformas publicadas el 4 de octubre del 2002 conocida popularmente como “Ley Antichapulín”.
La misma suerte correrá la candidata a la gubernatura Mercedes Maciel Ortiz de la Alianza Convergencia-PT; además, el Tribunal Electoral ya aplicó el artículo 18 de la máxima normatividad local al negar las candidaturas a diputado de Guadalupe Barceló Quijada y Armando Reyes Ledesma, postulados por el Partido de la Revolución Democrática (PRD) y la Alianza Convergencia-PT, respectivamente. En 2004, Barceló fue electo regidor de Tecate y Reyes de Ensenada.
El fallo definitivo deberá emitirlo el Tribunal Electoral de Poder Judicial de la Federación (TEPJF) y según la presidente del TJE, Elva Regina Jiménez Castillo, la resolución deberá darse antes del 5 de julio próximo, justo cuando falte un mes para las elecciones. Así lo señala la Ley de Instituciones y Procesos Electorales (LIPE).
Ese miércoles 20 de junio, por mayoría de votos los magistrados electorales resolvieron que el recurso de inconformidad 23/2007 interpuesto por la Alianza Por Baja California (PAN, PES, PANAL) contra la aceptación como candidato del presidente municipal de Tijuana con licencia, es válido.
La coalición encabezada por el Partido Acción Nacional (PAN) impugnó el acuerdo del CEE del 23 de mayo de 2007 y la instancia jurisdiccional electoral local les concedió la razón.
La respuesta jurídica para resolver el tema de la “Ley Antichapulín”, básicamente se dio en dos sesiones.
El sábado 16 de junio, el pleno del Tribunal Electoral resolvió que era improcedente el recurso de inconformidad 33/2007 promovido por la Alianza para que Vivas Mejor.
La magistrada que elaboró el proyecto, Jiménez Castillo y Armando Bejarano Calderas, sostuvieron que el artículo 42 de la Constitución Local está vigente, que estipula las prohibiciones para ocupar el cargo de gobernador y que no fue aplicado por el CEE.
El recurso fue desechado por improcedente, porque ni el Tribunal ni el Consejo Electoral tienen facultades para pronunciarse respecto a la validez de las normas constitucionales locales; simplemente, arguyeron, se deben aplicar.
Según la Alianza para que Vivas Mejor, y como uno de los argumentos para obtener la legitimidad de sus candidatos los artículos 18 fracciones III y V, 42 y 80 de la Constitución de Baja California, no deben ser aplicados a los ciudadano porque hubo una omisión legislativa en el procedimiento y por lo tanto nunca entrarán en vigencia.
En sustento a esto, el proyecto del magistrado Germán Leal Franco hizo referencia a los artículos 33 y 112 de la misma Constitución aludida.
El 33 señala que las iniciativas adquieren el carácter de ley cuando son aprobadas por el Congreso del Estado y promulgadas por el Poder Ejecutivo; el 112 dice que para reformarse la Constitución es necesario la aprobación de los diputados y también de las dos terceras partes de los ayuntamientos de la entidad, lo cual según la alianza encabezada por el Partido Revolucionario Institucional (PRI) no ocurrió.
Pero el presidente estatal del PAN, Salvador Morales Riubí, dio su versión de los hechos y dijo que sólo el Ayuntamiento de Mexicali votó en contra, además que no era necesaria la publicación de los acuerdos de cabildo en el Periódico Oficial del Estado, “que es lo que están argumentando”.
Sobre un probable recurso de acción de inconstitucionalidad para que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) decida sobre las reformas en cuestión, Morales sostuvo que no están en tiempo y tampoco la coalición PRI-Verde Ecologista-Partido Estatal de Baja California tiene facultad jurídica para ese reclamo.
En el mismo artículo 112 dice que pasado un mes que se compruebe que los ayuntamientos recibieron el proyecto, si no responden se entenderá como aceptado.
Para el secretario general del PAN, Andrés de la Rosa Anaya, este argumento será desechado nuevamente con base en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicano. Específicamente en el artículo 105 fracción II.
Y es que una vez que el TJE se declaró incompetente para ejercer control constitucional, la argumentación de los priístas sí puede ser atendido para su valoración, facultad que tiene solamente la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).
Sin embargo, el artículo 105 señala que para resolver esta probable acción de inconstitucionalidad, es necesario que el 33 por ciento de los diputados locales soliciten a la SCJN esta petición “30 días naturales siguientes a la fecha de publicación de la norma”. Las reformas fueron publicadas por el Poder Ejecutivo el 4 de octubre de 2002.
Otro argumento de la Alianza para que Vivas Mejor es la defensa al artículo 35 Fracción II de la Constitución General de la República, donde señala, como prerrogativas de los ciudadanos, el poder ser votados.
Para la magistrada presidenta, “los derechos fundamentales no son absolutos y admiten limitaciones”; en este mismo proceso electoral local de 2007, el Consejo Estatal Electoral negó el registro de un candidato independiente (Felipe Ruanova Zárate) porque no fue postulado por un partido político, tal y como lo establecen las constituciones federal y local, además de la Ley de Instituciones y Proceso Electorales.
Un ejemplo de limitación en los derechos para ser votado de los ciudadanos mexicanos, es la obligatoriedad de cumplir requisitos de edad o residencia, estipulados tanto en la Constitución local como la Federal. Son las reglas.
Otro argumento de los priístas para brincar el artículo 42 de la Constitución local, fue que dicho artículo debía ser interpretado en su párrafo tercero, porque expresamente nunca establece una prohibición.
La respuesta de Jiménez Castillo fue contundente diciendo: “resuelta innecesaria alguna interpretación que pretenda desentrañar el sentido de la norma, de conformidad al principio lógico de identidad (A es necesariamente A).”
Además de otras vertientes encaminadas a la aceptación de la candidatura de Jorge Hank Rhon, el proyecto de Leal Franco sostuvo antinomias (contradicciones entre artículo de una misma ley) en la Constitución local.
Esgrimen el caso de los artículos 41 y 42. El primero señala que pueden ser candidatos a gobernador los funcionarios públicos que se separen de su cargo 90 días antes de la elección, y el artículo 42 no da esa posibilidad.
La explicación fue que en el artículo 41 no son funcionarios públicos emanados de una elección.
La presidenta del TJE expresó que una vez hecho el engrose del resolutivo con su respectivo cambio en la sentencia, el cual dio un plazo de 48 horas, el candidato Hank Rhon debía suspender actos de campaña y la alianza aludida estar en la posibilidad de sustituir su candidato.
Bajo los mismos criterios el Tribunal de Justicia Electoral resolverá el expediente RI 26/2007 donde revocará las candidaturas de los diputados locales Palafox Granados y Valencia Roque y la diputada federal Maciel Ortiz.
En la sesión del 20 de junio, el Tribunal desechó la petición de no aplicar el artículo 80 de la Constitución bajo los mismos argumentos que la misma coalición sostuvo con el 42 local.
En la próxima sesión el magistrado ponente Leal Franco presentará estos casos.
Una particularidad es el caso de Astiazarán Orcí, quien no está impedido para ser candidato por las reformas conocidas como “Ley Antichapulín”. Tal vez por solidaridad con sus compañeros de coalición, también impugnó para echar abajo el artículo 80 de la Constitución.
Sin embargo, aun sin la aplicación de la reforma, no reúne el requisito de residencia de diez años, pues según el PAN existen pruebas que la carta de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) que pr
sentó para obtener su ciudadanía mexicana, está fechada en 2003.
De esta manera, el PRI se quedará sin candidatos por el momento. Al menos a la gubernatura, dos alcaldías y una regiduría.
No llegaron a mil los solidarios en el Hipódromo
El peregrinar de Hank
Las reacciones al fallo del Tribunal de Justicia Electoral que revoca la candidatura al Gobierno del Estado de Jorge Hank Rhon, fueron de la desesperación a la acusación.
El primero en iniciar una pasarela por los periódicos en Tijuana, fue el propio candidato. Hank llegó hasta las oficinas de “El Sol de Tijuana”, “Frontera” y “El Mexicano”.
En una evidente maniobra mediática, se tomó las fotos en cada una de las instalaciones. Variaron los elementos. Mientras en “Frontera” aparece con una botella de agua en las manos, en la fotografía de primera plana de “El Mexicano” donde Eligio Valencia “hace la entrevista”, ambos, el también diputado y el ex alcalde de la ciudad, beben licor.
En el transcurso de su peregrinar por oficinas de medios de comunicación para dar su opinión sobre el fallo del Tribunal de Justicia Electoral, Hank atendió a periodistas en banquetas y calles. Acusó en la zona del río:
“Lo que se demuestra con la decisión del Tribunal es que no quieren que lleguemos al 5 de agosto, porque saben perfectamente que ahí les vamos a ganar, entonces seguimos, como lo habíamos estado haciendo; nos vamos a esperar las 48 horas que marca la Ley para que el Tribunal nos haga favor de notificarnos y una vez notificados veremos qué es lo que procede”.
Otra parte del equipo tricolor se encargó de convocar a simpatizantes. Les pidieron aglomerarse en las instalaciones de los distritos electorales. Más tarde la llamada “marea roja” arribó a las oficinas en los cinco distritos de la ciudad.
También intentaron tomar las principales glorietas de la ciudad, con mantas cuya leyenda rezaba “Jorge Hank sigue en pie”.
En el distrito 9, el joven candidato a Diputado, Chris López, reunió a unas 200 personas, en su mayoría jóvenes. El aspirante se fue largo en la acusación para justificar el fallo del Tribunal:
“Los gobiernos estatal y federal están metiendo las manos en el proceso, pues temen que el poder llegue a manos de los ciudadanos, porque nosotros conformamos una alianza ciudadana, pero unidos les demostraremos que ganaremos esta elección”.
Luego de la efervescencia en cada distrito, los priístas guiaron a sus simpatizantes en una caravana hacia las instalaciones del Hipódromo Caliente, donde el estacionamiento era coordinado por policías del Ayuntamiento, y entre los manifestantes también funcionarios municipales de todos los niveles. Los delegados Gregorio Barreto, Ranier Falcón y Guillermo López Reyes, de La Presa, Cerro Colorado y San Antonio de los Buenos, respectivamente; el director de gobierno, Iván de la Selva; el director de desarrollo urbano, David Navarro; el director de obras públicas, Alfonso Padrés Pesqueira, y hasta el secretario de seguridad pública municipal, Luis Javier Algorri Franco, llegaron para apoyar la candidatura de Hank Rhon.
Veinte minutos antes de las nueve de la noche arribó al templete el aspirante a munícipe, Jorge Astiazarán Orcí, acompañado por algunos de los candidatos a diputados.
Las banderas rojas impedían a algunos visualizar lo que pasaba arriba del escenario. Se quejaron: “¿Ya llegó el ingeniero?” “No, no es él, es el otro, el doctor” “Uy, nos la están haciendo mucho de emoción. El importante es Hank, no éste”.
Un orador al micrófono:
“La democracia se siente herida ante las acciones de Acción Nacional. Hoy somos la marea roja, pero mañana seremos la División del Norte” y amenazó: “Benito Juárez llevó a los traidores al Cerro de las Campanas, el PRI llevará a los traidores al Cerro Colorado”.
El hombre no logró motivar a los menos de mil asistentes, que poco a poco y ante el cansancio, prefirieron retirarse del lugar.
Sorpresivamente a las nueve con cinco minutos llegó el camión que transportó a Hank Rhon. Inmediatamente subió e improvisó durante diez minutos. Para rematar: “Ustedes no se preocupen, en el siguiente escalón ganaremos la candidatura y seré el próximo Gobernador de Baja California”.
Los pocos que quedaban de pie, se retiraron.
La espera continúa. (Tania Navarro Camacho)
Morales Riubí: Le apostamos a los votos
El dirigente estatal del PAN, Salvador Morales resumió en una frase la opinión blanquiazul en torno a la decisión del Tribunal de Justicia Electoral de invalidar la candidatura del priísta Jorge Hank a la gubernatura del Estado.
Creo que hasta donde vamos se está haciendo prevalecer el estado de derecho y también está dejando algo muy en claro para la ciudadanía: no todo se compra con dinero”.
El líder estatal panista encabezó una rueda de prensa en Mexicali apenas hora y media después de la decisión emanada del TJE.
Desde la sede del PAN estatal, Morales Riubí dio a conocer un manifiesto-respuesta ante la negativa del Tribunal Electoral para validar la candidatura de Hank. Flanqueado por la cúpula blanquiazul en la entidad, Salvador Morales expuso:
“Ha sido muy claro el Tribunal al precisar que no tiene atribuciones para resolver sobre cuestiones de constitucionalidad de una norma o de actos de procedimiento legislativo, dado que esto sólo le corresponde conocer a la suprema Corte de Justicia de la Nación”.
El dirigente estatal de Acción Nacional también explicó que el Tribunal ha definido que a más tardar en 48 horas –a partir de la decisión– el candidato a gobernador de la Alianza para que Vivas Mejor, deberá dejar de hacer campaña.
Además señaló que no le apostaban sólo a la ruta jurídica. “Nuestra apuesta son los votos a favor de nuestra alianza por parte de los ciudadanos bajacalifornianos”. (Sergio Haro)
Jaime Vargas Flores:
“Habrá elecciones con el ‘ingeniero’ o sin el ‘ingeniero’”
En lo que era la firma de un pacto de civilidad entre candidatos del Distrito 8 de Tijuana, Jaime Vargas Flores, Consejero Estatal Electoral, sentenció:
“El 5 de agosto son las elecciones con el ingeniero o sin el ingeniero”.
Casi irónico y revirando con la candidata priísta por el Distrito 8, Edna Pérez Corona, de la Alianza para que Vivas Mejor, exhortó a los aspirantes de la alianza que encabeza el Partido Acción Nacional, a que “se reivindiquen, capaciten y reflexionen el hecho que implica firmar un pacto de civilidad” ya que ningún candidato panista ha firmado en los tres pactos celebrados en Tijuana.
Al evento asistieron los candidatos a diputados por el octavo distrito: Elizabeth Arce Aragón por el Partido de la Revolución Democrática (PRD); Álvaro Zárate Vélez de la Coalición PT-Convergencia; Edna Pérez Corona de la Alianza para que Vivas Mejor y Juan Enrique Carranza del Partido Alternativa Socialdemócrata y Campesina.
Entre los puntos a los que se comprometen los candidatos al firmar el pacto de civilidad, están: aceptar al ganador; respetar a los candidatos, simpatizantes y votantes y evitar declaraciones negativas. (Marco Tulio Castro)
A ellos tocará definir futuro de Hank
Los siete magistrados federales
El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TRIFE) resolverá la anunciada impugnación de Jorge Hank Rhon y la Alianza para que Vivas Mejor, contra la determinación del Tribunal de Justicia Electoral de Baja California, que validó el artículo 42 de la constitución local y con ello revocara su candidatura.
La respuesta final, a juicio de seis magistrados y el presidente del propio TRIFE, será probable que se resuelva a más tardar en 15 días hábiles, según un consejero local.
Formado a partir de una reforma política en 1986, donde se creó el entonces Tribunal de lo Contencioso Electoral, el TRIFE tardaría 4 años en consolidarse como tal, a raíz de otra reforma a la legislación vigente, en esta ocasión, por medio de consultas públicas y diversos foros.
No obstante, desde la creación del primer Tribunal (de lo Contencioso Electoral), el Tribunal Electoral Federal mantuvo la ideología de ser un “órgano autónomo y de carácter administrativo”, para responder las siguientes tareas, entre otras:
1.- Resolver, en forma definitiva e inatacable, las impugnaciones en las elecciones federales de diputados y senadores;
2.- De actos o resoluciones definitivos y firmes de las autoridades competentes de las entidades federativas para organizar y calificar los comicios, o resolver las controversias que surjan durante los mismos, que puedan resultar determinantes para el desarrollo del proceso respectivo o el resultado final de las elecciones;
3.- Las impugnaciones de actos y resoluciones que violen los derechos político-electorales de los ciudadanos de votar, ser votado y de afiliación libre y pacífica para tomar parte en los asuntos políticos del país, en los términos que señalen la Constitución y las leyes.
En cuanto a los magistrados que recibirán y analizarán la resolución emitida que desfavorece al candidato de la Alianza para que Vivas Mejor, Jorge Hank Rhon, fueron elegidos por votación de las dos terceras partes de la Cámara de Senadores o en su defecto la Comisión Permanente, a propuesta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
La suerte de los bajacalifornianos, corre a cargo de:
Flavio Galván Rivera, presidente del Trife desde noviembre de 2006. Egresado de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México. Ha sido observador internacional en representación del Trife en las elecciones presidenciales en la República de Honduras, Ecuador, Venezuela y Uruguay.
María del Carmen Alanís Figuero, magistrada. Licenciada en Derecho por la UNAM. Es consultor de la Organización de la Naciones Unidas (ONU) en temas electorales. Consultó para la Organización de los Estados Americanos (OEA) y cuenta con 16 años de experiencia en materia electoral en el Instituto Federal Electoral y el propio Trife.
Constancio Carrasco Daza, magistrado. Egresado en Derecho y Ciencias Sociales por la Universidad Autónoma de Oaxaca. Ha sido consejero del Poder Judicial de la Federación y secretario ejecutivo de vigilancia, información y evaluación del Consejo de la Judicatura Federal, secretario de estudio y cuenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, entre otros cargos.
Manuel González Oropeza, magistrado. Licenciado en Derecho por la UNAM. Ha sido presidente del IFE que organizó la primera elección de Jefe de Gobierno del Distrito Federal. Ha sido profesor en la universidad Panamericana, Montreal, California, Houston, Michigan, Texas, Austin y diversas universidades estatales y privadas del País.
José Alejandro Luna Ramos, magistrado. Egresado de la escuela de derecho de Chiapas, San Cristóbal de las Casas. Socio fundador y presidente del Consejo Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito del Poder Judicial de la Federación, A.C.
También ha sido jefe de la oficina judicial, secretario del Tribunal Unitario y secretario de tribunal colegiado.
Salvador Olimpo Nava Gomar, magistrado. Doctor en derecho por la universidad Complutense de Madrid. Especialista en derecho constitucional y ciencia política por el centro de estudios constitucionales de Madrid. Miembro del Sistema Nacional de Investigadores y dirige la serie “Estudios Constitucionales” para le editorial Porrúa.
Pedro Esteban Penagos López, magistrado. Licenciado en derecho por la UNAM. Miembro fundador del Colegio Nacional de Magistrados de Circuito y de Jueces de Distrito del Poder Judicial de la Federación, A.C., Coordinador de los magistrados de dicho circuito, secretario de Estudio y Cuenta del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y ha sido jurado para la evaluación de aspirantes a jueces de distrito y magistrados de circuito. (Marco Tulio Castro)
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