Alberto Pérez Dayán, ministro de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) negó la suspensión en la controversia constitucional promovida la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) en contra del Presupuesto de Egresos (PEF) para el Ejercicio Fiscal 2019.
El ministro consideró que se trata de un acto consumado, de una política de gasto ya aprobada, publicada y en aplicación. “Se niega la suspensión solicitada por la CNDH, promovente de la presente controversia constitucional”, dice el acuerdo notificado ayer lunes por la tarde.
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Según el diario Reforma, medio que informó del hecho, en la CNDH laboran 61 funcionarios cuyos ingresos son superiores a los ingresos que López Obrador percibe como servidor público. En el Ejercicio Fiscal pasado el Ombudsman, Luis Raúl González Pérez, percibió un total 4 millones 243 mil 164 pesos, un promedio de 353 mil 597 pesos mensuales.
El año pasado, la CNDH también presentó ante la SCJN una acción de inconstitucionalidad contra la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos, señalándola como violatoria de los principios de no discriminación y de remuneración anual irrenunciable y proporcional a las responsabilidades.
Pérez Dayán negó la suspensión en los mismos términos que antes lo había hecho con las controversias promovidas por el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), el Instituto Nacional Electoral (INE) y la Comisión Federal de Competencia Económica (COFECE) organismos autónomos que también impugnaron el anexo del PEF que contempla como tope salarial el ingreso del presidente de la República, que asciende a 1.6 millones de pesos anuales o 108 mil pesos mensuales.
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La única controversia donde la Suprema Corte ha concedido suspender la aplicación del tope salarial es en la promovida por el Banco de México, pero la excepción radica en que no está sujeto al PEF. En este caso, la suspensión otorgada por el Ministro Pérez Dayán tiene el efecto de permitir que los funcionarios del Banxico ganen hasta un 50 por ciento más que el titular del Poder Ejecutivo Federal.
El pasado viernes, el Instituto Nacional de Geografía y Estadística (Inegi) presentó en la SCJN una controversia constitucional en contra del Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2019 y la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos.
El organismo detalló que en el PEF 2019 se designaron recursos insuficientes para el programa de generación de estadística y geográfica, además de la reducción total del presupuesto sin que se analizaran las implicaciones y consecuencias de la disminución.
“Ello impide a este Instituto ejercer a cabalidad sus funciones, y claramente viola su autonomía financiera y su independencia económica, sometiéndolo a la necesidad de acotar, cancelar o postergar diversos proyectos de información estadística y geográfica como ya se ha informado”, expuso el Inegi en un comunicado.
En cuanto a la impugnación de la citada Ley, el Instituto explicó que en la aprobación de los tabuladores para el personal del INEGI no hay definiciones que den certidumbre sobre cómo deben determinarse las remuneraciones “en su calidad de órgano constitucional autónomo con alta especialización técnica”.
Según la Ley impugnada, ningún servidor público podrá ganar más que el presidente de la República, es decir, 108 mil pesos mensuales. El INEGI aseguró que la controversia constitucional promovida tiene la finalidad de salvaguardar la autonomía del instituto y estar en condiciones de cumplir con lo mandatado por la Constitución.
-Con información de Reforma.
