El Instituto Nacional de Geografía y Estadística (Inegi) presentó en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) una controversia constitucional en contra del Presupuesto de Egresos (PEF) para el Ejercicio Fiscal 2019 y la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos.
El organismo detalló que en el PEF 2019 se designaron recursos insuficientes para el programa de generación de estadística y geográfica, además de la reducción total del presupuesto sin que se analizaran las implicaciones y consecuencias de la disminución.
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“Ello impide a este Instituto ejercer a cabalidad sus funciones, y claramente viola su autonomía financiera y su independencia económica, sometiéndolo a la necesidad de acotar, cancelar o postergar diversos proyectos de información estadística y geográfica como ya se ha informado”, expuso el Inegi en un comunicado.
En cuanto a la impugnación de la citada Ley, el Instituto explicó que en la aprobación de los tabuladores para el personal del INEGI no hay definiciones que den certidumbre sobre cómo deben determinarse las remuneraciones “en su calidad de órgano constitucional autónomo con alta especialización técnica”.
Según la Ley impugnada, ningún servidor público podrá ganar más que el presidente de la República, es decir, 108 mil pesos mensuales. El INEGI aseguró que la controversia constitucional promovida tiene la finalidad de salvaguardar la autonomía del instituto y estar en condiciones de cumplir con lo mandatado por la Constitución.
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Asimismo, reconoció la aplicación de una política de austeridad por parte del Gobierno Federal y de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, para que con disciplina en el gasto público se dé un mejor uso a los recursos.
A finales de enero pasado, el Inegi dio a conocer la cancelación por falta de presupuesto de algunos de los proyectos estadísticos que venía desarrollando, al considerar que el presupuesto de 12 mil 129 millones de pesos es menor a lo necesario para realizar sus deberes.
Ayer jueves, la segunda sala de la SCJN desechó los recursos de reclamación presentados por el Poder Ejecutivo y el Congreso de la Unión en contra de la resolución que suspende la entrada en vigor de la Ley ahora impugnada por el Inegi.
La Suprema Corte resolvió que de revocarse la suspensión, se podrían vulnerar de manera irreparable derechos fundamentales de los servidores públicos. Al respecto, el presidente Andrés Manuel López Orador dijo que respeta la autonomía del Poder Judicial, pero que el Gobierno encabezado por él no dará marcha atrás en su plan de austeridad a pesar de la decisión de la SCJN.
“No vamos a modificar nuestro plan, se reducen los sueldos de los altos funcionarios”, afirmó el mandatario nacional, quien también sostuvo que aquellos que están solicitando que se mantengan esos sueldos “deberían ofrecer disculpas a los mexicanos, porque es una ofensa que en un país con tanta pobreza haya esas extravaganzas, esos sueldos ofensivos”.
El pasado 5 de noviembre, el Congreso de la Unión publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el decreto por el que se expide la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos, reglamentaria de los artículos 75 y 127 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y que adiciona el Código Penal Federal, que obliga, entre otras cosas, a que ningún servidor público perciba un sueldo superior al del Presidente de la República.
