Guardias de una empresa de seguridad privada negaron el acceso a la asamblea de la sección VII del Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro Social, en Mexicali a Manuel de Jesús Baldenegro, quien se ostenta como secretario general del gremio.
La dirigencia nacional acusó a Baldenegro de malversación de fondos en junio del 2018, por lo que se le inició un proceso en la Comisión de Honor y Justicia del Sindicato con el fin de removerlo; ante ello, el líder sindical se amparó asegurando que todo se trataba de un tema político.
Publicidad
El “Balde”, como es conocido, abandonó las filas del Partido Revolucionario Institucional para buscar la primera diputación en Sonora por el Partido Encuentro Social, cuestión que le costó ser procesado afirmó el ahora legislador federal.
Este miércoles 13 de febrero a las 8 de la mañana, Baldenegro intentó ingresar al recinto de la Federación de Sindicatos de Trabajadores al Servicio del Estado (FSTSE) en donde se llevaría la asamblea ordinaria del SNTSS en la cual el Secretario General rendiría su informe.
“Fui el único secretario general de las 37 secciones del país que apoyó la coalición con Andrés Manuel López Obrador a la presidencia. Yo fui candidato a diputado federal, pero siete días antes de la elección fui satanizado acusado de malversación de fondos. Terminó el proceso y termine siendo electo, así que no pueden decir que utilizaba el sindicato para ser diputado federal porque mi campaña es en Sonora y no en Baja California”.
Publicidad
“La sanción no es firme, sin embargo, desde el 25 de junio a mí por una orden del secretario general nacional vienen y ponen a otra persona en funciones en el sindicato al doctor González Rocha”.
Señaló que como estaba incapacitado jamás fue notificado por la Comisión de Honor y Justicia, además de que no tuvo derecho de audiencia, por lo dice no pudo ser removido.
El líder sindical intentó ingresar a las instalaciones pero se le negó el acceso por personal de seguridad, argumentado que eran órdenes del “Comité”; todo ante la presencia de dos notarios públicos que dieron fe de lo ocurrido.
ZETA solicitó entrevista con algún representante sindical pero también se le negó el acceso.
