Desde diciembre de 2018 una treintena de proyectos en desarrollo fueron suspendidos en los cinco municipios de Baja California, porque el gobierno de Francisco Vega de Lamadrid no pagó a contratistas aproximadamente 200 millones de pesos de obra contratada en todo el estado. Acción que el abogado fiscalista Adolfo Solís calificó como una falta administrativa que debe investigarse. Congreso llamará a cuentas al Estado la próxima semana
Desde noviembre de 2018 y sin explicación, Gobierno del Estado suspendió el programa de pagos a proyectos desarrollados por gobierno del estado a través de la Secretaría de Desarrollo Urbano del Estado (SIDUE) y obras de los organismos operadores del sistema de agua. De manera unilateral, lo pagos se difirieron para febrero de 2019.
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Las empresas constructoras afectadas no avalaron esta decisión, porque no fueron consultadas y porque la falta de pagos de parte del Estado data de siete meses atrás. Porque de hecho, el anticipó del 30 por ciento del valor de la obra, que deben recibir para iniciar las obras, les fue depositado diferido, en fecha posterior al inicio de las obras.
Incluso, en la mayoría de los casos, ese adelanto, fue el único pago reportado por la autoridad estatal durante 2018, así lo informaron los representantes de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC), Compañías Mexicanas de la Industria de la Construcción de Ensenada (Comice) y la Asociación Mexicana de Industriales de la Construcción (AMIC) de Baja California.
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Foto: Isabel Mercado.- Ciudad justicia sin avance
Los representantes del sector de la construcción estimaron que el adeudo en obra pública en 200 millones de pesos. En estas circunstancias, demandaron al gobierno de Francisco Vega cumplir con el compromiso de pago, y advirtieron que de no haber cumplimiento, ellos suspenderían la ejecución de obra pública.
Como el impago se mantuvo, entre noviembre y diciembre de 2018 los contratistas suspendieron la ejecución de una treintena de proyectos
Los contratistas informaron que además de los recursos del programa de obra de 2018, Kiko también dispuso de los fondos extraordinarios etiquetados para obra prioritaria, como la rehabilitación de los colectores integrados en el Plan Emergente implementado desde 2017 por la CESPT, acciones también paralizadas.
En la glosa del Quinto informe del gobierno de Vega de Lamadrid, los secretarios de SIDUE y de Administración y Finanzas, Alfonso Padres Pesqueira y Bladimiro Hernández Díaz, fueron cuestionados por el desvío de estos recursos etiquetados para obra.
Ambos justificaron ante los diputados del Congreso del Estado que el pago de diversas acciones se tuvo que “apasivar” -suspender momentáneamente su pago- para ser liquidadas a más tardar a finales de febrero, antes del cierre del ejercicio fiscal en curso, explicó a ZETA el diputado Benjamín Gómez.
Los funcionarios no explicaron, ni los legisladores les cuestionaron, qué pagos serían suspendidos, “sólo se nos dijo que, con recurso propio destinado a programas estatales, el gobierno haría frente al déficit financiero”, anotó, al exponer que la próxima semana convocarán al secretario de Planeación y Finanzas para que explique el no pago a contratistas.
Al ser cuestionado por los contratistas los mismos funcionario les respondieron en noviembre de 2018 que habían dejado de pagar obra porque necesitaron el dinero para pagar sueldos, sin embargo fue precisamente en los meses de noviembre y diciembre cuando dejaron de pagar sueldos a diversas para estatales, generando una crisis.
Para el abogado fiscalista, Adolfo Solís Farías, el no pago a constructores “es una falta administrativa que debe revisarse, no se puede tomar de forma discrecional recurso ya programado”.
También es un tema de responsabilidad presupuestal, ya que el recurso se ejerce de manera desprogramada”, manejo que debe investigarse y transparentarse, añadió.
PROYECTOS SUSPENDIDOS EN TIJUANA
De acuerdo al registro de organismos como CMIC, AMIC y Comice ante el “no pago” de más de 100 millones de pesos Tijuana, 15 obras se encuentran suspendidas en Tijuana, lo que lo convierte en el municipio con mayor afectación por la falta de liquidez o desaseo administrativo del gobierno de Baja California.
Gabriel Valenzuela Moreno, presidente de CMIC Tijuana-Playas de Rosarito, dijo que con esta situación son mil 500 empleos los que están en riesgo de perderse. Trabajadores que estaba ejecutando obra pública pero se han canalizado durante los últimos dos meses a la ejecución de proyectos privados, particularmente el desarrollo de naves industriales y vivienda vertical.
Pero aseguran los contratistas, son empleos que en el corto plazo, ya no podrán continuar sosteniendo.
Explicó Valenzuela que esta situación, no sólo afecta la economía del sector de la construcción, “la cual representa un termómetro de la economía de la región”, sino que genera un efecto multiplicador negativo para el resto de los sectores, incluyendo al propio gobierno.
Advirtió que paralizar una obra incrementa el costo de la misma, y el gobierno lo sabe, además de que alarga su periodo de ejecución, en detrimento del erario.
Ante ello, exhortó a la administración de “Kiko” Vega a “hacer un mayor esfuerzo de cumplir con los compromisos adquiridos con la industria de la construcción”.
Foto: Alejandro Gutiérrez Mora.- CESPT suspendio reparación de colector oriente
CIUDAD DE JUSTICIA
Entre las obras paralizadas en Tijuana está Ciudad Justicia, complejo en el que operarán los Juzgados del Nuevo Sistema de Justicia Penal (NSJP), el cual se edifica desde 2017 sobre el Bulevar 2000, en la zona de La Encantada de la delegación La Presa Este.
Para el desarrollo de la obra, a ejecutarse en un periodo de tres años, se programó una inversión de poco más de 835 millones de pesos, de los cuales 219 millones se etiquetaron para etapa inicial que debió terminarse en el último trimestre de 2018.
Actualmente esa primera fase sigue inconclusa, en el pedio no hay ni maquinaria ni trabajadores de las empresas a las que de forma directa se les adjudicó el proyecto, Constructora Jan, SA de CV, Gra Arte Diseño y Construcción, SA de CV y Gilsa Constructora.
INFRAESTRUCTURA Y VIALIDADES
También en el abandono se encuentran una serie de obras de rehabilitación de vialidades o de reparación de infraestructura hidráulica, contratada por la SIDUE y la CESPT para desarrollarse en colonias como, Buena Vista, Arboledas, Bulevar Insurgentes, o Cañón del Sainz, entre otras.
En un recorrido realizado por ZETA se constató que en existen vialidades con revestimiento incompleto de pavimento y boquetes abiertos, algunos en medio de calles obstruyendo el tránsito.
Entre la obra hidráulica sin terminar y pendiente de pago se encuentra la “Rehabilitación del Colector Insurgentes, Tramo El Mexicano-Puente Ermita, en el municipio de Tijuana”, proyecto contratado a Constructora Sextin, SA de CV el 18 de junio de 2018 por CESPT, por un monto de 32 millones 430 mil 361 pesos, con un plazo de ejecución de 180 días, que comprendía del 25 de junio al 21 de diciembre de 2018.
Dos meses después la paraestatal tuvo que firmar un diferimiento del convenio “por la entrega tardía del anticipo”, según se lee en el documento.
El diferimiento derivó en la modificación de las fechas para la ejecución del proceso de rehabilitación del colector, programándose como fecha de inicio el 16 de agosto, para concluir el 11 de febrero de 2016. El mismo día de arranque el estado puso a disposición del contratista la cantidad de 9 millones 729 mil 108 pesos, por concepto de pago anticipado.
Después del anticipo la empresa no volvió a recibir pago alguno por la ejecución de la obra, no obstante que continuó su desarrollo hasta que la falta de recursos la obligó a suspenderla en diciembre de 2018, estatus en el que se mantiene hasta la fecha porque el gobierno de Kiko Vega mantiene un adeudo con la empresa de más de 20 millones de pesos.
LOS COLECTORES DE URBACA
En circunstancias similares se encuentra Constructora Los Potros, SA de CV, contratada para la “Rehabilitación del Colector Insurgentes, tramo Parque Morelos-Los Álamos”, acción en la que se programó una inversión de 14 millones 395 mil 750 pesos de la que solo han recibido el anticipo.
La obra, interrumpida desde diciembre de 2018, se sitúa en medio del Bulevar Insurgentes, frente al Parque Morelos, a la altura de la colonia Los Álamos, en donde se observa un boquete que mantiene inhabilitado un carril y un semáforo.
La falta de liquidez del gobierno Kiko Vega se extendió hasta sus allegados, como es el caso de UR Obras y Servicios, SA de CV, empresa hermana de Urbanización y Riego de Baja California, SA de CV (Urbaca) de la que es socio Fernando Beltrán Rendón, uno de los principales proveedores de la actual administración estatal.
En 2018, UR Obras y Servicios obtuvo varios contratos de obra por parte del Estado, entre ellos la rehabilitación del Colector oriente, tramo Buena Vista, rehabilitación del Colector INV, tramo Fundadores-Esteban Calderón, así como la primera etapa del tramo Vientos Alisos-Cuauhtémoc del Colector Poniente, proyectos que suman una inversión superior a los 26 millones de pesos.
La suspensión de los trabajos de rehabilitación de estas obras hidráulicas también afecta a los vecinos de las zonas en donde se ubican, ya que para su desarrollo se abrieron calles, manteniéndose intransitables vialidades como en la Avenida Juan Ojeda, en el cruce de la Calle Centinela, tramo que el gobierno del estado programó rehabilitarlo con concreto hidráulico en 2018, acción que a la fecha mantiene inconclusa.
Otras de las empresas contratistas que pararon obras en Tijuana son: Japal, SA de CV; Constructora Río Tijuana, SA de CV; Copav, SA de CV; Crisol, SA de CV.; Jorso Ingeniería, SA de CV; Urbanizadora Roma, SA de CV y JR Ingeniería, SA de CV.
Foto: Enrique Botello.- En Ensenada, rezagan reparación de Calle Sexta.
50 MDP PENDIENTES DE PAGO EN TECATE
Para empezar, de los 10 millones de pesos asignados al programa de mantenimiento de Pueblo Mágico de Tecate 2018, el gobierno kikista sólo remitió 5 millones, que es el monto enviado por la federación, pero dejó de cumplir con los 5 millones que le correspondían al Estado
El 50% que le correspondía proveer a la administración de Vega “…lo reorientó al pago de nómina y aguinaldos que realizó a finales de 2018, por supuesto recorte de Gobierno Federal”, fue la explicación que recibió como legislados, explicó el diputado Benjamín Gómez.
Quien calificó como una falta administrativa esa reorientación, toda vez que el gobierno de “Kiko” Vega lo hizo sin consultar al Congreso del Estado.
Respecto a la inversión en esa obra, el delegado de la SIDUE, Héctor Lemus Vela, aseguró frente a los constructores que “…las acciones complementarias para el mejoramiento urbano y seguimiento a la ejecución de obras que se realizan en la ciudad de Tecate, se concluyó con los trabajos de equipamiento en el centro histórico”.
Lo que omitió fue que no se concluyó el proyecto, y que en las acciones que él mencionó sólo se invirtieron 3 millones de pesos, de los 5 millones que quedaron pendientes de ejercer en 2018 y que, de acuerdo al compromiso de Francisco Vega de Lamadrid, deberán aplicarse antes de marzo de este año.
“En Tecate, el gobierno del estado también mantiene adeudos con contratistas por obras en desarrollo con un valor de 50 millones de pesos” advirtió Gómez quien ha recibido las quejas como el legislador local.
Detalló que se trata de proyectos viales como el acceso a la colonia Libertad en la que se programó una inversión de 36 millones de pesos y obras menores de rehabilitación de calles, así como acciones de mejoramiento de espacios educativos, son parte de las obras suspendidas desde hace un par de meses.
El legislador acusó que esta “falta de liquidez histórica” que tiene descapitalizados a los constructores de la región se debe a “la mala administración del actual gobierno”.
10 MDP LA DEUDA EN ENSENADA
Orlando López Acosta, presidente de Compañías Mexicanas de la Industria de la Construcción de Ensenada (Comice), informó que el pago pendiente por obra que se ejecuta en Ensenada asciende a 12 millones de pesos.
Dijo que “los constructores no tiene recursos para solventar la obra, por lo que se suspendieron los proyectos” entre los que enumeró la rehabilitación de la Calle Sexta y el programa de bacheo que se realiza en la ciudad.
Además refirió, que en 2019 la inversión en obra pública programada se redujo en un 20%, con relación a 2018, cuando se programó en Ensenada proyectos por 200 millones de pesos.
Por su parte, el presidente de CMIC Ensenada, Héctor Ramos, precisó que el monto que se adeuda representa el 40% de la inversión programada en 2018 para ese municipio.
De las obras pendientes sólo se cubrió el anticipo, a pesar del impago, los proyectos “están casi concluidos, pero con deuda”, subrayó.
EN MEXICALI, HOSPITAL DE ESPECIALIDADES INCONCLUSO
La edificación del Hospital de Especialidades, también está inacabada en Mexicali, lo mismo que otras cinco obras de pavimentación y de introducción de drenaje, porque el gobierno de Baja California no depositó los pagos correspondientes.
En la capital del estado, el nosocomio es la principal obra suspendida, construcción que inició en 2017 con una inversión programada de 590 millones de pesos, previéndose concluir en marzo de 2018. Actualmente su avance es paneas del 30% y los trabajos se paralizaron completamente desde finales de noviembre.
Alfredo Gómez, presidente de CMIC Mexicali, anotó que el retraso en los pagos a los constructores capitalinos asciende a un promedio de 35 millones de pesos.
Foto: Alejandro Gutirrez Mora
PENDIENTES EN EL PUENTE MACHADO EN ROSARITO
En Rosarito está pendiente la obra complementaria de integración del Puente Machado, ordenada por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), la cual consiste en un puente peatonal de un monto de más de 5 millones de pesos, adicional a los 58.9 millones de pesos ejercidos en el proyecto original .
El puente se ejecutó sin apego a la normatividad de Caminos y Puentes Federales (Capufe), dependencia federal que ordenó a SIDUE realizar las modificaciones correspondientes, por lo que se tuvo que rehacer a partir de enero de 2018, trabajos que Alfonso Padrés Pesqueira, secretario de SIDUE, consideró serían ejecutados en un mes, pero que a la fecha la obra continúa inconclusa y suspendida en su desarrollo.
Al respecto, Miguel Lemus Zendejas, Subsecretario de SIDUE, admitió que el proyecto se encuentra suspendido, “pero no por falta de dinero, sino por cuestiones técnicas, debido a que SCT y Capufe demoraron la liberación de la licencia de construcción”. Para reiniciar, la obra tendrá que reprogramarse.
GOBIERNO DEL ESTADO IGNORÓ ADVERTENCIA
Gabriel Valenzuela Moreno y Víctor Escobar Sánchez, presidentes de CMIC-Tijuana y AMIC, recordaron que desde noviembre de 2018 los contratistas advirtieron al Gobierno del Estado, que si no se cumplía con el programa de pago, la obra en desarrollo se iba a paralizar.
El mismo exhorto lo hicieron los industriales de este sector de Ensenada y Mexicali, compartieron a ZETA los presidentes de la CMIC de Mexicali y de Compañías Mexicanas de la Industria de la Construcción de Ensenada, Alfredo Gómez y Orlando López Acosta, respectivamente.
La autoridad estatal no atendió el aviso y, a la fecha, continúa sin cubrir el adeudo, por lo que desde diciembre del año pasado las obras quedaron detenidas, no solo como medida de presión, “sino porque las empresas ya no cuentan con recursos económicos para solventar la compra del material que se necesita para su desarrollo y pagar a los trabajadores”, detalló Valenzuela Moreno.
Los dirigentes de los constructores coincidieron en señalar que al adeudo de 200 millones de pesos que mantiene el gobierno de Francisco Vega de Lamadrid se incorpora otros atrasos en pago a contratistas de obras activas, “son rezagos menores pero se van sumando”.
Víctor Escobar, dirigente de AMICBC dijo que desde el inicio de la actual administración se enfrenta la no cobertura de las estimaciones a contratistas, pero fue en 2018 cuando el rezago en los pagos se agudizó.
“De toda la administración pública, el Gobierno del Estado era el más pagador, pero ya no”, acotaron los representantes de los industriales de la construcción.
PENDIENTES SE SOLVENTARÁN EN PRIMER TRIMESTRE DE 2019: PADRÉS
El secretario de Desarrollo Urbano del Estado, Alfonso Padrés Pesqueira, aseguró que durante el primer trimestre de 2019, “…vamos a dar continuidad y vamos a dar terminación a las obras que están iniciadas”.
Al sector de la construcción de Baja California el titular de SIDUE les pidió comprensión por el retraso en los pagos los cuales, les expuso, “obedece a cuestiones de tipo administrativo que se generan al final de cada ejercicio fiscal al cerrarse los programas de inversión, lo que impide acceder al recurso previamente etiquetado”.
LIZOLA HABLA DE PAGOS EN FEBRERO
En tanto, Germán Lizola Márquez, director de la Comisión Estatal de Servicios Públicos de Tijuana, reconoció que la paraestatal mantiene siete obras en suspenso, por falta de pago a contratistas. “No es que no se haya canalizado (pago), se les dio el anticipo y bueno. A algunos se les dio anticipo y ahora sí… les faltó o lo canalizaron de otra manera”.
Agregó: “Nosotros también suspendimos este proceso por lluvias y porque no llegaba el recurso, pero ya estamos a punto de reactivarlo nuevamente. Ya lo vi con Planeación y Finanzas para que pudiera salir el pago y está a punto de salir”. Y agregó que los pagos pendientes se empezaran a cubrir a partir de la segunda semana de febrero.
Entre los adeudos, reconoció parte de 146 millones de pesos etiquetados en 2017 para el programa emergente de obra de rehabilitación de colectores.
La inversión programada en la obra suspendida es de 86.1 millones de pesos, cantidad de la cual, a decir de Lizola se han pagado 34 millones de pesos
Detalló que el avance promedio del programa de obra 2018 “anda entre el 40 y 51% en general”.
En cuanto al rezago en el pago de obra dijo también, que se debió a la falta de recurso del Gobierno del Estado para el pago de nómina y aguinaldos. “En diciembre traíamos una situación y bueno, siempre estamos a la espera del recurso (sic)”.
— ¿Se dio prioridad al pago que se tuvo que hacer en diciembre?, se le preguntó.
“Es que todos traemos prioridades, es como en el hogar, demarcamos y decimos por dónde vamos, pero de que vamos a cumplir, vamos a cumplir y sacar esto”.
De la inquietud de los constructores de que el costo de la obra pudiera aumentar, los funcionarios estatales indicaron que la paridad peso-dólar es un factor “en favor de todos”, por lo que consideraron que eso pudiera evitar cualquier aumento.
