La mañana del 3 de enero, por canales no oficiales, periodistas de Mexicali recibieron la versión de que a la 1:30 pm, el alcalde de la Capital bajacaliforniana, Gustavo Sánchez Vázquez, anunciaría sus intenciones de participar en la jornada electiva del domingo 2 de junio. Fue el primero de los funcionarios electos en funciones, en aprovechar la reforma a la Ley, que a partir de este año hace posible la reelección. Posteriormente, sin vergüenza, también levantaron la mano los otros dos alcaldes panistas del Estado y once diputados.
Para Baja California, entidad que se posicionó como vanguardista en 1989, por elegir como gobernantes a políticos emanados del Partido Acción Nacional (PAN), en contra de la corrupción del eternizado Partido Revolucionario Institucional (PRI), las de 2019 serán las elecciones más importantes en los últimos 30 años.
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Luego que la corrupción, ausencia de transparencia e ineficiencia de los panistas que en años recientes han ocupado puestos públicos ha provocado el hartazgo de la sociedad bajacaliforniana que los ha apoyado durante tres décadas, la realidad evidencia que este año las posibilidades de los representantes albiazules de permanecer en el gobierno se han visto reducidas sensiblemente.
Diversas encuestas de opinión indican que soplan vientos de cambio a partir de que la jornada electiva del 1 de julio de 2018, en la que la ola guinda morenista encabezada por Andrés Manuel López Obrador ganó 31 de 32 estados en el país, permitió de nuevo a los ciudadanos saborear el poder de su derecho al voto.
Además de la evidente posibilidad de alternancia, la relevancia de las próximas elecciones radica en sus novedosas particularidades: por un lado, la posibilidad de que los 25 diputados -17 de mayoría y ocho de representación proporcional- , cinco alcaldes y los regidores; y por otro, el hecho de que todos los antes mencionados, podrán permanecer en su puesto únicamente por dos años, por única vez.
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Como nunca antes, estas dos características potencializan la importancia de la participación ciudadana y obligan a los votantes a considerar el sufragio no sólo como un derecho, sino como una responsabilidad de pensar y repensar las consecuencias de su decisión.
De inicio no se puede obviar el lado negativo de votar por un partido sin considerar los atributos o defectos de los candidatos específicos, como ejemplo, los hombres y mujeres electos el sexenio anterior como alcaldes en Michoacán y Guerrero, por el PRI y el PRD, quienes después resultaron con presuntas ligas con el narcotráfico.
O recientemente, los candidatos alcaldes de Movimiento Regeneración Nacional (Morena) en Amacuzac, Morelos, y en San Carlos, Tamaulipas, quienes beneficiados por la ola morenista, fueron electos presidentes municipales mientras enfrentan en prisión investigaciones por crimen organizado. Porque ha quedado claro que el partido de la Cuarta Transformación también sostiene entre sus cuadros y precandidatos, personajes probadamente deshonestos, abusivos y oportunistas.
La jornada electoral inició el 9 de septiembre de 2018, y el 22 de enero de 2019 empiezan las precampañas en Baja California, donde existen nueve partidos con registro que pueden postular candidatos. En el caso de gobernador, ya hay cinco precandidatos independientes inscritos – el plazo de registro concluyó el 1 de enero- y quedan 41 días para reunir alrededor de 55 mil firmas de apoyo, el 2% de listado nominal. A esa lista se sumarán los otros aspirantes sin partido que intenten ser alcaldes y legisladores.
En ese entorno, la relevancia del voto se intensifica con sólo dos años para hacer algo que valga la pena, para dejar marca. Obviamente, los candidatos deben ser personas de resultados, con una productividad que se pueda medir, liderazgo. Una persona que no evite el trabajo, que dé la cara, con capacidad administrativa y un reconocido valor ético, honorabilidad probada, con carácter para enfrentar los problemas, con ambición suficiente para hacer del suyo el mejor gobierno, pero sin enriquecerse a costa del erario.
Está claro que dos años son insuficientes para construir grandes obras para ser recordados, pero a sabiendas que se trata de gobiernos de transición, ese tiempo puede resultar suficiente para sentar las bases para combatir dos de los principales flagelos, la corrupción y la impunidad. Al establecer candados administrativos, crear leyes, investigar y sancionar a los corruptos, obligándolos a que restituyan el daño provocado al erario, las posibilidades son amplias.
Por ello, la ciudadanía está obligada a informarse, a escudriñar con especial empeño, a ir más allá de los partidos o de los pretensos que ya se ven convertidos en mandatarios. A revisar el pasado, el presente y el entorno de los aspirantes para identificar al que pueda generar cambios positivos en el corto plazo, al que mínimamente sea capaz de sanear las finanzas, reducir las nóminas obesas, impedir los saqueos al presupuesto y tener el valor de enfrentar la desbordada inseguridad.
Si algo dejó claro la elección del 1 de julio de 2018, es que la responsabilidad y el poder están en la gente.
