Sabemos que un régimen gubernamental o cualquier institución social (Incluyendo la familia), son democráticos cuando sus miembros participan directamente en la toma de decisiones fundamentales.
Democracia es una forma de organización en la cual las decisiones colectivas son adoptadas por la sociedad mediante mecanismos de participación directa o indirecta.
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Democracia, es una forma de convivencia social en la que los miembros son libres e iguales, y las relaciones sociales se establecen conforme a mecanismos contractuales fijados en los estatutos constitutivos, reglamentos de organización interior, leyes orgánicas, etc.
Visto desde otro ángulo, la democracia es un instrumento que equilibra el ejercicio del poder, mientras más directa sea la participación de los miembros de una institución, más cercano se está al propósito de esta forma de gobernar que es, el de encontrar igualdad y participación en el proceso de la toma de decisiones.
En sentido contrario, mientras más lejana esté una institución de la toma de decisiones fundamentales, esta será menos igualitaria y, por lo tanto, menos democrática.
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El crecimiento de una institución, debido al aumento en el número de miembros, dificulta el equilibrio del ejercicio del poder y con ello obstaculiza los esfuerzos por alcanzar el estatus democrático a través del sistema de representación, lo que es un obstáculo para la aplicación del sistema de representación indirecta, que es cuando la toma de decisiones queda a cargo de tercera persona que interpreta el sentir y querer de un grupo, pero en ocasiones, no hay coincidencia entre el propósito del grupo y sus representantes.
Este fenómeno se presenta en el ejercicio de las tareas de los partidos políticos, y en muchas acciones colectivas cuyo representante hace valer su propia voluntad, aun siendo ajena a la del colectivo que encabeza, fenómeno que se da también en sindicatos, organizaciones obreras, universidades, etc.
Para que el accionar de la dirección de un grupo sea legítimo, se debe acatar la voluntad de la mayoría de los miembros integrantes del agrupamiento. La legitimación en el quehacer de una representación, evita conflictos y es que el actuar está más cercano al pensar, querer y sentir de la mayoría de los miembros del colectivo.
Las universidades, instituciones que dan cabida a diversas corrientes de pensamiento representan, por este hecho, mayor dificultad para unificar criterios dirigidos a tal o cual objetivo, por eso es muy importante que los consejos técnicos de cada escuela, facultad o instituto, el consejo universitario institutivo y la junta de gobierno, sean partícipes y actúen con un sano equilibrio en el ejercicio del poder, llevando a cabo las tareas que a cada uno le corresponden, ajustándose a las disposiciones contenidas en la legislación que le sirve de base estructural.
Todo esfuerzo ajeno a este propósito, deslegitima el accionar de los directivos con los consecuentes conflictos que se reflejan en la asunción de posiciones autoritarias.
Los diversos mecanismos plebiscitarios (consulta pública, referéndum, plebiscito, revocación de mandato), deben estar regulados en las leyes orgánicas de las universidades y ser cambiantes al paso de la transformación social y las necesidades propias de cada institución.
En el caso de la Universidad Autónoma de Baja California, considero que es tiempo de revisar la legislación en la cual fundamenta su quehacer, la que, a su vez, como decíamos antes, debe partir de un cuidadoso equilibrio en el ejercicio del poder, y esto se puede lograr mediante reforma legislativa.
En síntesis, podemos afirmar que es necesaria la transformación institucional para que nuestra casa máxima de estudios sea más democrática, con un gobierno que se abra a la participación de todos los integrantes de la comunidad y se convierta en una entidad más sólida y participativa en el desarrollo social, político y económico de esta entidad federativa.
Vivimos en una sociedad que atraviesa un estado de crisis, lo que hace necesario que las instituciones de educación superior se sumen a la transformación del país, cambio que puede evitar la aparición de la anomia, del estado fallido o la presencia de una situación de anarquía o de autoritarismo, ambas situaciones que siempre aparecen como corolario de la violencia y la desestabilización social.
Arnoldo Castilla es abogado y catedrático de la UABC.
