Gobierno del Estado debe 100 mdp al Poder Judicial

Fotos: Alejandro Gutiérrez Mora
 
Edición Impresa Lunes, 7 Enero, 2019 01:00 PM

La administración estatal pagó parte de los adeudos que sostenía con el Poder Judicial, depositando 57 millones de pesos destinados al pago de prestaciones laborales. Sin embargo, quedan 100 millones pendientes por cubrir desde octubre de 2018. La máxima magistratura en el Estado adeuda a diversos proveedores, así lo informó su presidente, Salvador Ortiz Morales; también se deben seis días de compensaciones a 400 trabajadores sindicalizados, quienes amenazan con paralizar los servicios

Aunque los importes económicos fueron considerados desde la aprobación del presupuesto en diciembre de 2017, fue hasta el 2 de enero de 2019 que el Gobierno del Estado de Baja California cumplió con el  pago de aguinaldos, primas vacacionales y otras prestaciones a los empleados de confianza del Poder Judicial.

Sin embargo, no es la única responsabilidad, porque queda pendiente de entregar una cantidad estimada en 100 millones de pesos para el pago de proveedores. De esos adeudos, el Poder Judicial aún no tiene respuesta de cuándo podrán ser cubiertos, pero el magistrado presidente Salvador Ortiz Morales, asegura que continuarán con las gestiones para que se deposite lo más pronto posible.

Con adeudos acumulados a partir de la primera quincena de noviembre de 2018, la tarde del miércoles 2 de enero, finalmente  una de las reuniones entre representantes de la magistratura y  del área de Planeación y Finanzas del gobierno estatal, concluyó con resultados positivos, con el compromiso de que lo relativos a los adeudos con trabajadores, sería cubierto en su totalidad ese día.

Protesta de burócratas a las afueras de Issstecali

De acuerdo a los funcionarios entrevistados, los del Poder Judicial fueron los últimos en recibir su pago debido a la tibieza de sus representantes, cuya reacción y defensa de los derechos laborales, estuvo por debajo del resto de los sectores gubernamentales que padecieron la misma adversidad, y cuyos reclamos fueron resueltos en menos tiempo.

Como ejemplo refirieron a líderes sindicales como Lázaro Mosqueda, quienes movilizaron a sus agremiados para ejercer presión y exigir los pagos correspondientes tanto a jubilados como a burócratas del Poder Judicial, realizando protestas afuera de las oficinas del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Gobierno y Municipios del Estado de Baja California (Issstecali) y otras dependencias para entrevistarse con funcionarios.

Ante la situación económica y la ausencia de sus representantes, los trabajadores debieron tomar medidas no autorizadas por los magistrados y su presidente, así, 400 trabajadores sindicalizados del Poder Judicial pararon labores durante dos días en toda la entidad, incluyendo las oficinas del Servicio Médico Forense (Semefo) en Tijuana y Mexicali, además de algunos Juzgados en la Capital del Estado, donde tuvieron que posponerse más de 30 audiencias.

 

AÚN DEBEN 100MDP PARA PROVEEDORES: ORTIZ

Los 57 millones de pesos que entregó el Gobierno del Estado al Poder Judicial, llegaron a Baja California bajo el concepto de recursos federales extraordinarios, pese a que ese dinero ya debía estar presupuestado desde el inicio del ejercicio fiscal.

Entre gestiones y reuniones de trabajo, el magistrado Salvador Ortiz Morales aseveró que del recurso remitido por el Estado se priorizó el pago de nómina, pero no se contempló saldar las cuentas pendientes con proveedores, ya que “se requiere cubrir las necesidades mínimas de operación”, y para eso se necesita a los empleados.

Del adeudo que tenía Gobierno del Estado  con el Poder Judicial desde noviembre, explicaron que se acumuló, porque sólo se cubría parte del salario. Para evadir impuestos, los tres  poderes pagan a los empleados de confianza en dos formas: una parte reducida en sueldo -la que está gravada- y la mayor cantidad en compensación.

“En algunas ocasiones se pagaba exclusivamente el sueldo, pero se retrasaba la compensación, que es el mayor importe”.  Sin embargo, la situación se complicó cuando llegó el pago de aguinaldos, que se divide en 50 días en diciembre y 10 días más en enero, a diferencia del 40/20 del resto de las instituciones públicas.

Conforme fue reduciendo la liquidez, los pagos a proveedores disminuyeron hasta acumular una deuda de 100 millones de pesos.

“Todo está suspendido (los pagos), eso serían otros 100 millones adicionales, pero se cubrirán cuando nos den las participaciones completas. Ahorita se prioriza a los trabajadores”, comentó el titular del Tribunal Superior de Justicia del Estado en entrevista telefónica tras la reunión con personal de Planeación y Finanzas.

Entre los adeudos a proveedores que tiene el Poder Judicial, destaca el del Issstecali, institución a la que deben 6 millones 895 mil 283.25 pesos que oficialmente fueron retenidos a los trabajadores, pero no se canalizaron al Instituto.

 

PAGARON A FUNCIONARIOS CON DINERO DE LA BUROCRACIA: LÁZARO MOSQUEDA

Por su parte, el secretario general de la burocracia en Mexicali, Lázaro Mosqueda, acusó al Poder Judicial de utilizar dinero que correspondía a los 400 trabajadores burócratas de esa institución para cubrir compensaciones de personal de confianza y altos funcionarios.

El director de Semefo César Raúl González Vaca, llamando por teléfono a las afueras de la morgue.

Durante una manifestación realizada en las oficinas del Issstecali, reclamó que ese dinero era parte del presupuesto para el pago de compensaciones de la burocracia del Poder Judicial, que habitualmente se paga antes de concluir el año; sin embargoen esta ocasión, sólo se saldaron ocho de los 14 días.

“En específico en el Poder Judicial se pagó una parte de los trabajadores, se pagaron ocho días y quedaron pendientes otros seis días, con ese dinero se pagaron compensaciones a funcionarios, esas personas están en su derecho de cobrarlo, pero malamente se utilizó en otro sentido”, acusó el representante de dicho gremio, y agregó, se envió una circular para suspender labores en todas las áreas de gobierno en caso de no realizarse el pago en próximos días.

La advertencia es que de no pagarse todo el dinero hoy viernes 4 de enero, el Poder Judicial iniciaría con un paro de labores el lunes 7, fecha en que regresa la operatividad normal en los Juzgados. Si bien es una medida a la que no quieren llegar, estarían dispuestos a “paralizar” la atención en caso de no cumplir sus prontas demandas.

Referente a los días de aguinaldo pendientes para enero, Mosqueda aseguró que las autoridades le indicaron que se pagarán en tiempo y forma.

Ante las acusaciones, el magistrado presidente Salvador Ortiz Morales, se limitó a decir que no comparte la versión del líder sindical y es éste quien debe responder por los señalamientos que realiza.

Notoriamente molesto, afirmó que hubo un gran esfuerzo para cubrir con los adeudos pendientes y que se realizaron gestiones para poder solventar las adversidades, pero rechazó que se utilizara dinero de la burocracia para pagar a funcionarios de primer nivel, jueces y magistrados.

“Que él acredite sus afirmaciones, yo lo que digo es que lo que me daban lo aplicaba a nómina, y lo que me dan es lo que a mí me deben; aquí se prioriza primero pagarle a las personas que trabajan y en ocasiones al último a jueces y magistrados, pero en estas fechas, se les aplicaba a los trabajadores en general”, declaró Ortiz Morales.

De los 57 millones de pesos que se adeudaban al pago de aguinaldo, sólo 10 millones corresponden a empleados burócratas del Poder Judicial -según las estimaciones realizadas por Lázaro Mosqueda-, lo que representaría alrededor de 25 de los 50 días que debían pagarse en diciembre de 2018.

Aunque se cubra el adeudo del Poder Judicial, el Gobierno del Estado todavía debería el pago de diciembre a burócratas jubilados, por lo que no descartan mantener las protestas y suspender servicios si no se cumple con esa responsabilidad.

 

AFECTACIONES POR PARO EN SEMEFO Y JUZGADOS

Los adeudos a la burocracia también generaron afectaciones en áreas sensibles del Poder Judicial, como el Semefo y los Centros de Justicia Alternativa, donde la ciudadanía sufrió los retrasos del Gobierno del Estado.

César Raúl González Vaca, titular del Semefo, expuso que los días  31 de diciembre de 2018 y el 2 de enero de 2019 se suspendieron parcialmente las labores en el Servicio ante la toma de instalaciones por parte de trabajadores burócratas inconformes por la falta de pago de 25 días de aguinaldo.

Lázaro Mosqueda, siendo entrevistado al salir de una reunión con funcionarios de Issstecali

Durante esas horas no se pudo hacer entrega de cuerpos ni practicar necropsias, pero se logró aligerar la carga de trabajo la tarde del lunes 31 de diciembre  y el día martes 1 de enero, pues no hubo protestas en esas fechas.

El funcionario comentó que en Mexicali se solicitó el apoyo del DIF Estatal para el resguardo de algunos cuerpos, pero sólo se cuenta con dos planchas no refrigeradas, lo que da espacio para el mismo número de cadáveres. Actualmente hay 50 cuerpos en los frigoríficos para ser trasladados a fosa común o identificados por sus familiares.

Mientras en Tijuana las autoridades del Semefo pidieron el apoyo de las funerarias para que resguarden los cadáveres en lo que las condiciones se regularizaban, la situación es más complicada en el mencionado municipio costero, debido a que se reciben entre 15 y 20 cuerpos diarios, mientras que en Mexicali la cifra ronda entre 5 y 10.

Adicionalmente,  en las instalaciones de Calle Sur del Centro de Justicia Alternativa de Mexicali, los manifestantes bloquearon el acceso a funcionarios e impidieron la ejecución  de audiencias en las diversas salas, causando el diferimiento de 30 audiencias y el reajuste en horarios de otras de carácter urgente, las cuales fueron reprogramadas en las oficinas de Río Nuevo, donde se operó de manera regular.

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