A casi dos meses de la llegada de la caravana de centroamericanos a Tijuana, tanto autoridades municipales como federales parecen ya no “aguantar” a los migrantes en esta ciudad fronteriza, debido a las constantes amenazas de desalojo y retiro de apoyos convenidos. Activistas refieren que pese al tiempo transcurrido, deben seguir atendiendo los protocolos humanitarios, sin embargo, autoridades aducen que ya se terminaron los tiempos y es momento que los migrantes comiencen a emprender otro tipo de acciones como buscar trabajo o estancia en la ciudad
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Carlos Mauricio, migrante originario de Honduras, arribó a Tijuana el 13 de noviembre de 2018, en el primer contingente de la caravana migrante; lleva casi dos meses en la ciudad y desde un inicio se refugió en el albergue provisional que se instaló en la Unidad Deportiva “Benito Juárez” de la Zona Norte de la ciudad.
Tras el desalojo y traslado a El Barretal, el albergue instalado en la colonia Mariano Matamoros de la Zona Este, él fue uno de los que se quedó a pernoctar en la calle 5 de Mayo, afuera de la unidad deportiva. Posteriormente se trasladó con el grupo a la “bodega”, ubicada a una cuadra, a la que denominaron “Contra Viento y Marea”.
Durante ese tiempo, a Carlos le ha tocado ver y ser víctima del desprecio, falta de atención, criminalización, amenazas y reprimendas que han emprendido algunos ciudadanos y autoridades gubernamentales -principalmente municipales-, quienes en distintas ocasiones se han manifestado de manera despectiva hacia ellos.
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Tal es el caso del alcalde Juan Manuel Gastélum, a quien incluso un juez solicitó “no manifestarse de forma negativa” hacia los migrantes, luego que los llamara “marihuanos e indeseables”; así como el delegado del Centro, Genaro López, quien ha encabezado varios intentos de desalojo de los migrantes e incluso marchas en su contra.
La situación no solamente ha quedado en el plano local, también ha trascendido hacia las autoridades federales, donde en un intento de fomentar entre los migrantes otras alternativas como buscar trabajo o su estancia legal en este país, han emprendido una campaña de desestabilización al interior del albergue de El Barretal, como lo han hecho saber algunos activistas.
Esto con la idea que ya liberen ese espacio, cuya renta vence el 31 de enero y el contrato no se va a renovar, debido a que solamente 700 migrantes lo habitan y bien podrían alojarse en los distintos albergues establecidos por toda Tijuana.
“MEDIDAS MUY ACELERADAS”
Pese a que entiende que ya son casi dos meses recibiendo las debidas atenciones primero por parte de las autoridades municipales y estatales, y posteriormente de las federales, Carlos Mauricio considera que lo que han estado viviendo en las últimas semanas en “la bodega”, han sido “medidas muy aceleradas” en las que ellos han quedado como los principales afectados.
Primero con los intentos de desalojo que ha encabezado el delegado de la Zona Centro, uno incluso durante la madrugada, hora en que niños y mujeres ya se encontraban dormidos, causando incertidumbre e inestabilidad, además de miedo entre los integrantes de la caravana, por aquello de que pudieran ser deportados.
Aunado a ello, saben que en El Barretal se les está informando de manera “extraoficial” que el 15 de enero serían desalojados los migrantes que aún se encuentran en aquel sitio, por ende, no se han querido mover para allá, porque les parece que caerían en la misma situación de ser “rechazados” en cualquier lugar en el que se instalen.
Estos horizontes que han trazado la estancia de los migrantes los han hecho sentir “defraudados”, debido a que en primera instancia
Migrantes se amotinan en oficinas del INM
Gran alarma y una intensa movilización se generó al interior del Instituto Nacional de Migración (INM) la tarde del miércoles 9 de enero, para controlar un motín realizado por una veintena de migrantes hondureños y salvadoreños que no querían regresar a sus países.
La situación llegó a tal grado que grupos antimotines de la Policía Estatal Preventiva tuvieron que usar granadas de estruendo y escudos para controlar a los rijosos que terminaron bajo arresto y trasladados a las oficinas de la dependencia federal en Tijuana, para su posterior traslado a sus naciones de origen.
Foto: Cortesía.-Migrantes que propiciaron el motín en las instalaciones del INM.
Poco antes de las cuatro de la tarde del miércoles, se emitió el reporte de emergencia solicitando la presencia de policías y personal de Bomberos en el INM ubicado en la Zona Centro de la ciudad, debido a que un grupo de migrantes habían tomado parte de las instalaciones.
Dado que no existe vigilancia policial, los 23 centroamericanos que se encontraban en la celda superaron a sus vigilantes, quienes pidieron apoyo a las autoridades para tomar nuevamente el control.
Personal de Bomberos acudió al lugar debido a que los migrantes comenzaron a quemar colchones y otros objetos del centro de detención, pero apenas intentaban cruzar la puerta, eran recibidos con objetos arrojados a distancia. Aunque no existe peligro de algún producto inflamable, se limitaron a ventilar el lugar en busca de reducir el fuego, lo cual ocurrió. Sin embargo, no se lograba controlar la situación, por lo que fue necesaria la intervención de todas las autoridades policíacas e incluso del Ejército Mexicano para resguardar el perímetro e ingresar al inmueble. Elementos K9 también participaron en la intervención.
Según las autoridades, pese a los intentos de negociación con los involucrados, éstos respondían no tener miedo, que morirían en la línea y eran “Maras” entrenados en Vietnam. Sin embargo, luego de dos horas de planear la estrategia, decidieron utilizar granadas de estruendo y escudos antimotines para ingresar y controlar la situación.
Luego de varias horas, la escena fue totalmente resguardada y los rijosos fueron trasladados a Tijuana, no sin antes presentarlos para certificación.
Dentro de las celdas había tres menores de edad, quienes por fortuna no sufrieron lesiones de ningún tipo. Eduardo Villa Lugo
“la bodega” estaba considerada para albergarlos hasta el 24 de enero, lo cual no se cumplió, dado que fueron desalojados el miércoles 9 de enero.
Al parecer las autoridades federales ya no quieren renovar el contrato en El Barretal y pretenden mandar a los migrantes a albergues establecidos.
ASOCIACIÓN CRISTIANA ACOGE A MIGRANTES DESALOJADOS
Tras el desalojo “pacífico y voluntario” del que fueron víctimas los migrantes de “la bodega”, el pastor y activista Alberto Rivera Colón, presidente de la asociación civil Ágape, fue el encargado de acoger en su albergue de la colonia Nueva Aurora, a los más de 60 migrantes que se encontraban en ese lugar.
En entrevista con ZETA, el pastor mencionó que desde hace varios días habían estado en negociaciones con los migrantes y las autoridades federales para sacarlos, por el hecho de estar clausurado, sin embargo, los migrantes contrataron a un abogado para promover un amparo que les facilite continuar en esas instalaciones.
Ese amparo lo perdieron y el abogado pidió sacar otro, pero ya se habían comprometido a irse de allí y deshabitar el espacio en caso de que no lo ganaran; el caso es que la resolución se dio muy pronto y pidieron tiempo a la Policía Federal, pero ellos pensaron que les estaban mintiendo por no haber cumplido y así se generó el desalojo del miércoles.
Rivera Colón detalló que los migrantes querían un amparo de dos o tres años “como sacrificio” para que las caravanas siguientes tuvieran adónde llegar, porque no hay espacio para ellos y así tendrían un lugar para alojarse.
Anteriormente, a dicho albergue -de nombre Ágape- lograron llevar a 50 migrantes que llegaron durante los últimos días, pero luego del desalojo serán 120 en total, más los que posiblemente arribarían desde El Barretal.
“HABÍA ACUERDOS, PERO NO FIRMADOS”
Dadas las circunstancias de incertidumbre sobre los desalojos y cambios de refugios, el pastor y activista manifestó que en “la bodega” en la que estuvieron involucrados el delegado federal Jaime Bonilla y el sacerdote Alejandro Solalinde, hubo un acuerdo de que se mantuviera el espacio hasta el 24 de enero.
Sin embargo, nunca se firmó algún contrato directamente entre ellos y las autoridades correspondientes, por ello, cuando no procedió el amparo que habían girado los migrantes, tuvieron que acatar la orden instrumentada por la Unidad Regional de Protección contra Riesgos Sanitarios en Tijuana (Cofepris) de abandonar el lugar por un problema de salubridad que se estaba generando.
Situación que migrantes deducen se debió más a un tema político que meramente social, ya que el delegado Bonilla, quien les consiguió “la bodega”, representa al partido Movimiento Regeneración Nacional (Morena) y tanto el Municipio como el Estado, son administrados por el Partido Acción Nacional (PAN).
El activista Alberto Rivera Colón explicó que sin que a él le conste, el problema fue que a partir que al alcalde Juan Manuel Gastélum le prohibieron expresarse de forma negativa hacia los migrantes, éste “se enojó” y prohibió a los recolectores de basura pasar por los desechos que se estaban acumulando afuera de “la bodega”.
El hecho de que no la recolectaron durante varios días, que el lugar no contara con servicios de agua y luz, fue lo que complicó y generó un problema de salubridad a las afueras y al interior del sitio, propiciando “la contaminación y el problema de salud”, fue así que enviaron a personal de la Cofepris para que revisaran y por ende, clausuraran el lugar el viernes 4 de enero.
De manera que, se cree, los migrantes se metieron en medio de un problema político entre PAN y Morena, por los que representan a cada uno de los partidos y pudieron haber realizado esto a modo de “venganza”.
“Los migrantes se sintieron víctimas del proceso político que existe en la ciudad”, dijo Rivera.
NO PRETENDEN RENOVAR CONTRATO EN EL BARRETAL
En El Barretal, la problemática no ha sido muy diferente, desde hace varios días se ha estado “corriendo el rumor” de que el día 15, todos los migrantes que lo habitan serán desalojados; sin embargo, de manera extraoficial, autoridades oficiales han esparcido ese dicho para que los migrantes vayan tomando sus propias alternativas.
Foto: Manuel Ayala.- Alberto Rivera Colón, director de la asociación Ágape, dialoga con un elemento de la Policía Federal.
El 31 de enero se termina el contrato de renta en el local y al parecer las autoridades federales ya no lo quieren renovar, debido a que solamente hay 700 migrantes en el inmueble y ya es posible distribuir tal cantidad en los diferentes albergues de Tijuana.
Pese a que no se pudo tener contacto con autoridades de migración para develar esta información, el activista Alberto Rivera Colón confirmó el hecho, ya que a él se acercó personal de Grupo BETA para solicitar un espacio en su albergue y recibir a algunos de los migrantes.
El también pastor compartió que desde hace varios días este grupo “ha estado contactando a diversas asociaciones civiles y albergues para que puedan recibirlos, llegaron con nosotros para decirnos si podíamos recibir algunas personas, es decir, ya llegó el aviso, es algo real y concreto”.
Incluso, detalló que personal de la asociación World Central Kitchen, quienes diariamente ofrecen alimentos a los migrantes, ya les avisaron que no llevarán comida a “la bodega” tras el desalojo y pronto dejarán de ir a El Barretal por la misma situación.
“NO NOS CUMPLIERON”
Jeferson Martínez, hondureño que forma parte de los albergados en El Barretal, confirmó a ZETA que continuamente las personas de migración les han estado mandando mensajes de que ya tienen que comenzar a ver la posibilidad de trabajar o formalizar su estancia en México, debido a que “muy pronto nos van a sacar”.
Sabe bien que “tarde o temprano esto pasaría” porque, a su consideración, desde un principio las cosas no fueron claras ni por parte de la autoridad municipal, ni de la Federación, “no nos cumplieron en ese aspecto (del tiempo de estancia)”.
Sin embargo, más allá de ello, se mostró agradecido con todas las autoridades por las atenciones que les han dado, “sobre todo con la gente, muy agradecido con ellos, porque pase lo que pase, todos estos días han estado llegando personas a traernos algo, desde un pan, hasta unos tenis o ropa, eso nunca se nos va a olvidar. Si así tiene que pasar, le vamos a buscar la forma, aunque los que yo siento que la van a sufrir, serán las mamás y los niños”, finalizó el migrante.
Tras mensaje fallido para financiar muro, Trump advierte que podría declarar una emergencia nacional
Esta semana, el Presidente Donald Trump se ha dedicado a reforzar su discurso sobre una “crisis humanitaria y de seguridad en la frontera con México”, para obtener recursos para la construcción del muro entre ambos países, pero no ha tenido éxito.
La noche del martes 8 de enero, en televisoras nacionales se transmitió un mensaje especial en el que Trump habló del cruce de drogas por la frontera, el número de estadounidenses que han perdido la vida por sobredosis y otros riesgos que genera esta llamada crisis, como la comisión de delitos por parte de migrantes indocumentados.
Al término del mensaje, Nancy Pelosi, líder de la Cámara de Representantes, acusó al primer mandatario norteamericano de fabricar una crisis por medio de la desinformación y el miedo, así como de utilizar el cierre de gobierno que ya cumplió 22 días y ha dejado a miles de trabajadores federales sin pago desde entonces, como moneda de cambio para el muro.
La legisladora aseguró que ya existen propuestas legislativas bipartidistas que permitirían reabrir el gobierno si el Presidente los aprobara, pero las rechaza debido a “su obsesión de obligar a contribuyentes estadounidenses a gastar millones de dólares en un muro, gasto e inefectivo. Un muro que siempre prometió que México pagaría”.
Pelosi advirtió que el republicano “ha elegido mantener como rehenes servicios críticos para el bienestar y seguridad del pueblo estadounidense, prometió mantener el cierre durante meses o años, sin importarle a quien le moleste”.
Al día siguiente del mensaje, Trump se reunió con legisladores demócratas para plantear cómo acabar con el cierre de gobierno, pero a decir de un tuit del Presidente, cuando Pelosi se negó a financiar el muro, éste abandonó la reunión y expuso a los medios que podría declarar una emergencia nacional para continuar con el cierre del gobierno.
De igual forma, que el 90 por ciento de la heroína que se consume en Estados Unidos, cruza de manera ilegal por la frontera de México, “más estadounidenses morirán por consumo de droga este año que los que murieron en toda la guerra de Vietnam”, añadió.
En realidad, Trump no ofreció ningún argumento o cifra nueva, pero sí anunció que presentará una solicitud urgente de ayuda humanitaria y apoyo médico para atender a niños y mujeres migrantes en la frontera.
Mientras que Nancy Pelosi afirmó que los demócratas apoyan destinar recursos para hacer más segura la frontera, pero no para construir el muro. Apoyó la creación de nueva infraestructura en los cruces fronterizos, la adquisición de nuevo equipo de escaneo de vehículos y la aplicación de nuevas tecnologías para detectar cruces no autorizados. Inés García Ramos
Los 5 mil 700 millones para el muro de Trump que los demócratas no quieren aprobar
Desde el 22 de diciembre de 2018, fecha en que los demócratas se negaron a aprobar el presupuesto de 5 mil 700 millones de dólares solicitados por la administración de Donald Trump para construir un muro con México, el Gobierno Federal de Estados Unidos se encuentra cerrado.
La propuesta para construir el muro, según cálculos hechos por el diario The Washington Post, requeriría de una fuerza laboral de 10 mil empleados y tardaría más de diez años para cubrir los mil 600 kilómetros de frontera.
Estas estimaciones se basaron en consultas con expertos como ingenieros, arquitectos y contratistas, quienes además, explicaron que el presupuesto de 5 mil 700 millones de dólares sólo permitiría cubrir 370 kilómetros de la frontera.
En ese entendido, para cumplir con el proyecto como lo ha presentado Trump, se requeriría de 25 mil millones de dólares.
Según las declaraciones más recientes de Trump, el muro sería construido de acero y no de concreto, como lo había anunciado en un principio. También dijo que el presupuesto tanto para el muro como para términos de seguridad nacional en la frontera se basó en las solicitudes que hicieron los propios agentes de la Patrulla Fronteriza y de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, por sus siglas en inglés).
Además de tecnología para detectar armas, drogas y cruces de personas indocumentadas a través de la frontera, el mandatario republicano informó que ha solicitado al Congreso recursos adicionales para la contratación de más agentes, jueces de inmigración e instalaciones para los migrantes que se encuentran detenidos mientras son analizados sus casos para asilo o permanencia en Estados Unidos.
El jueves 10 de enero, el magnate realizó un viaje a McAllen, Texas, con la intención de dialogar con agentes de la Patrulla Fronteriza que vigilan esa región, así como para atraer la atención pública hacia la frontera tras su mensaje difundido dos días antes, exponiendo una crisis humanitaria y de seguridad.
“Es sentido común, el muro fronterizo se pagaría solo en muy poco tiempo, el costo de drogas ilegales excede 500 billones de dólares al año, mucho más que los 5.7 billones de dólares que le hemos pedido al Congreso. El muro además se pagará indirectamente con el nuevo tratado comercial que hemos hecho con México”, aseguró en su mensaje televisado, el cual fue refutado por los demócratas.
A su vez, acusó a la oposición de “negarse a reconocer la crisis y proporcionar las herramientas que desesperadamente necesitan nuestros agentes para proteger a nuestras familias y nuestra nación”. Inés García Ramos
Operativo en garita
Foto: Alejandro Gutiérrez Mora
Agentes de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, por sus siglas en inglés) y militares de Estados Unidos realizaron un simulacro de seguridad, con duración de 16 minutos en la Garita de San Ysidro.
En punto de las 1:00 pm del jueves 10 de enero, miembros de la oficina aduanal norteamericana impidieron el paso a automovilistas y peatones, dando inicio al simulacro donde un frente de agentes se colocó cerca del límite entre México y EU.
Paso a paso, el equipo se fue acercando, simulando un enfrentamiento como el ocurrido el 26 de noviembre de 2018, cuando migrantes centroamericanos intentaron cruzar la frontera de manera ilegal.
Con equipo antimotines, escudos y máscara anti-gas, los oficiales arrojaron bombas de humo y ejecutaron maniobras para repeler ataques. Además, un helicóptero de CBP patrulló la línea fronteriza durante los 16 minutos de actividad.
La fila para cruzar por la vía peatonal a Estados Unidos era nula; 400 personas esperan al término del simulacro, en el cual también estuvo presente Pedro Ríos, del Comité de Amigos Americanos, quien declaró que el propósito de este tipo de actividades es demostrar poder para fomentar la idea de que la comunidad fronteriza necesita de un muro y fortalecimiento; cuando en realidad la situación es diferente.
“Nos afecta de manera colectiva, porque ellos quieren fomentar la idea que hay una crisis en la frontera, cuando en realidad la crisis está en la necesidad de responder a cuestiones humanitarias para las personas que vienen en busca de refugio, en busca de asilo, y no en busca de dañar a Estados Unidos”, resaltó.
El simulacro se realizó en el marco de la visita del Presidente de Estados Unidos, Donald Trump, a McAllen, Texas, tras emitir un mensaje televisivo para solicitar 5 mil 700 millones de dólares para la construcción del muro en la frontera. Ángela Torres Lozano
