A 10 años de la “gran obra” de Ramos, Tijuana pagará 228 mdp más por ella

Foto: Jorge Dueñes
 
Edición Impresa Lunes, 21 Enero, 2019 01:00 PM

Por el predio donde hoy se encuentran la comandancia Margarito Saldaña y una unidad deportiva, el gobierno municipal pagará más de 228 millones de pesos a un ex socio de Jorge Ramos cuando este fue alcalde. El gobierno de “El Patas” presentó denuncias penales contra ex funcionarios de Ramos y Astiazarán por considerar que incurrieron en omisiones y fraude. A la par, prepara la venta de seis terrenos del Ayuntamiento para cubrir este monto, lo cual advierte la regidora Mónica Vega podría resultar en el mismo esquema de triangulación millonaria que realizó Kiko Vega como alcalde de Tijuana

Un terreno que fue donado al Ayuntamiento de Tijuana por parte del Gobierno del Estado y donde el ex alcalde Jorge Ramos levantó una de sus obras emblemáticas, la comandancia de la Policía Municipal “Margarito Saldaña”, terminará costando a los tijuanenses más de 228 millones de pesos.

Leonardo Martínez, consejero jurídico

Monto que el alcalde Juan Manuel Gastélum “El Patas” pretende cubrir de manera parcial con la desincorporación de seis predios propiedad del Ayuntamiento y ubicados en sitios estratégicos de crecimiento urbano en la ciudad para su venta a particulares.

La administración de “El Patas” asegura que su intención es cumplir con la sentencia en un juicio de amparo indirecto, en la cual un juez federal ordena el pago de 228 millones de pesos a Mauricio Fernández Margain, empresario y ex socio de Jorge Ramos, quien reclama el terreno que ni siquiera fue de su propiedad.

La regidora de Transformemos, Mónica Vega, encuentra sospechosa la urgencia de la actual administración por vender una serie de predios a cambio de alrededor de 133 millones de pesos.

“Siendo el alcalde uno de los más cercanos al gobernador, ya sabemos lo que el gobernador hizo con los predios que desincorporaron cuando él era alcalde, que después curiosamente aparecieron a su nombre”, expresa.

A la par, la síndico procuradora Ana Marcela Guzmán presentó denuncia penales contra ex servidores públicos de las administraciones de Jorge Ramos y Jorge Astiazarán por considerar que incurrieron en omisiones y faltas que llevaron al Ayuntamiento a perder el juicio.

 

MAURICIO FERNÁNDEZ MARGAIN, EL EMPRESARIO QUE RECLAMÓ EL PAGO HASTA QUE SU SOCIO JORGE RAMOS ERA ALCALDE

En 1995, el Gobierno del Estado buscó vender el terreno materia de este litigio. Con una superficie de 118 mil 476.616 metros cuadrados y ubicado en medio de lo que ahora es el Libramiento Salvador Rosas Magallón, el inmueble se ofertó a Ángel Fernández Quintana.

Del precio de 2 millones 900 mil pesos que se fijó, Fernández Quintana hizo un pago inicial de un millón de pesos al gobierno estatal.

Sin embargo, para que la compraventa se realizara y no quedara solamente en una intención, se requería de la aprobación del Congreso del Estado, lo cual no ocurrió. El mismo contrato establecía un periodo de tres meses prorrogables para la devolución del dinero a Fernández Quintana, lo cual tampoco ocurrió.

El caso quedó en el limbo. Pasaron 14 años y en 2009, con Jorge Ramos como alcalde, el entonces gobernador José Guadalupe Osuna Millán donó este terreno al gobierno de Tijuana para la construcción de la Comandancia Margarito Saldaña, en homenaje al policía municipal asesinado junto a su familia, así como una unidad deportiva.

“Fue un proyecto emblemático para la administración del entonces presidente Jorge Ramos”, explica la síndico procuradora Ana Marcela Guzmán.

Ana Marcela Guzmán, síndico procuradora

Ese mismo año, se presentó una demanda civil en el Juzgado Tercero de lo Civil en Mexicali contra el Gobierno del Estado por la rescisión de este contrato y que dio origen al juicio 1220/2009. A pesar de que Ángel Fernández Quintana había fallecido en 2003, su nombre aparecía como la parte demandante.

Quien estaba detrás del litigio era su hijo, Mauricio Fernández Margain, propietario de Fema Automotriz, nombre de la agencia de vehículos Ford ubicada sobre Vía Rápida y un personaje muy cercano a Jorge Ramos.

El Gobierno del Estado contestó la demanda negando las prestaciones que se reclamaban. En un primer término porque ya habían transcurrido los 10 años que dejan sin efecto el reclamo civil, “pero curiosamente el Ayuntamiento de Tijuana, para ese momento, ya estaba en posesión del bien inmueble”, explica la síndico.

Por este motivo, el Ayuntamiento de Tijuana es llamado como tercero al juicio y a criterio de la actual administración, el entonces síndico Héctor Magaña contesta la demanda de manera deficiente.

“No invocó excepciones como la de prescripción, no niega las prestaciones reclamadas, ni señala domicilio procesal”, abunda la funcionaria municipal.

Posteriormente, el 17 de mayo de 2010 se celebró un convenio entre el gobierno estatal, el gobierno municipal y el demandante en el que Héctor Magaña, en su calidad de síndico procurador, acepta que el Ayuntamiento se convierte en deudor sustituto.

De esta forma, el reembolso del millón de pesos que era reclamado al gobierno del estado, ahora tendría que ser pagado por el gobierno municipal.

Ana Marcela Guzmán detalla “en la figura del síndico recae la representación jurídica en los juicios que se instauren en contra del Ayuntamiento, pero la representación legal recae particularmente en la figura del presidente municipal”.

Por lo tanto, refiere, Héctor Magaña “no tenía facultades legales ni autorización de Cabildo para haberse comprometido a suscribir ese convenio en nombre del Ayuntamiento”.

El síndico incluso aceptó pagar intereses desde 1995, los cuales habían sido renunciados al momento de haberse celebrado el convenio de promesa de compra venta.

Mientras este convenio de pago a Fernández Margain se celebraba, este empresario creó junto a Jorge Ramos y el promotor de box Fernando Beltrán, la empresa Diversiones Galerías, según acta constitutiva con fecha del 25 de octubre de 2010, la cual dio origen al centro comercial Plaza Galerías, ubicado sobre Bulevar Agua Caliente.

De esta forma, mientras se hacían acuerdos desde el gobierno, el entonces presidente municipal y el empresario también se hacían socios y creaban negocios juntos.

El terreno también alberga una unidad deportiva y talleres mecánicos de la policía

Pese a la firma de este convenio, ningún pago se realizó y el asunto se congeló cinco años más.

Para 2015, con la administración de Jorge Astiazarán en marcha, la empresa Roma Food Enterprise, propiedad de Fernández Margain, apareció como parte actora de la demanda, cuando se presentó ante el mismo Juzgado Tercero Civil un incidente de cumplimiento forzoso de ese convenio.

 

PESE A CONVENIO FIRMADO CON RAMOS, FERNÁNDEZ MARGAIN PIDE 220 MILLONES MÁS

En octubre de ese año, el juez dictó una sentencia que favorecía a Fernández Margain con el pago de 207 millones de pesos.

“La pasada administración que encabezó el doctor Astiazarán, por conducto de la Consejería Jurídica, nunca atendió este incidente”, añade la síndico.

Si bien el Ayuntamiento no era notificado del avance del juicio debido a que Héctor Magaña no señaló un domicilio procesal, la funcionaria asegura que en la administración de Astiazarán “estaba obligada a revisar el boletín judicial del Poder Judicial del Estado con los listados de acuerdos que dictan los tribunales”.

Sin embargo, los 207 millones de pesos no le parecieron suficientes a Fernández Margain y solicitó el pago adicional de más de 20 millones por pagos y costas, lo que suma más de 228 millones de pesos que el Ayuntamiento debe pagar.

“Se repite lo del otro incidente, no revisan el boletín judicial, por lo tanto, hubo nula defensa en ese sentido. Es la deficiencia que nosotros presumiblemente advertimos de la pasada administración en ese sentido”, expone la funcionaria.

En el proceso de entrega-recepción, el gobierno de Astiazarán hizo del conocimiento a la administración de “El Patas” que, entre la lista de asuntos legales pendientes, estaba este litigio.

 

Y AHORA “EL PATAS” PREPARA EL PAGO Y DENUNCIA A COLABORADORES DE RAMOS Y ASTIAZARÁN

El 6 de diciembre de 2016, el Juzgado Tercero de lo Civil notificó al Ayuntamiento de Tijuana de las resoluciones finales en su contra. La Consejería Jurídica, encabezada por Leonardo Martínez, promovió una serie de recursos legales como un incidente de nulidad y un recurso de revocación para apelar la sentencia.

En todas las acciones, las resoluciones se dictaron en contra del Ayuntamiento.

Mientras esto transcurría, Roma Food Enterprise también promueve un amparo indirecto por incumplimiento del pago y es entonces que un juez de distrito resuelve que se dé cumplimiento a la sentencia.

La Consejería Jurídica del Ayuntamiento también intentó apelar a la resolución ante el Tribunal Colegiado de Circuito, pero no obtuvo éxito.

De mayo a diciembre de 2018, el Ayuntamiento pagó 30 millones de pesos a la empresa y proyecta liquidar el adeudo durante este año.

“Lo que nos causa extrañeza es por qué el particular esperó tantos años para exigir el cumplimiento de estos instrumentos legales, de estos convenios y más”, expresa la síndico.

Sobre los tiempos elegidos para presentar la denuncia penal contra ex funcionarios, en la antesala del proceso electoral y por lo tanto también en los últimos meses de la actual administración, Ana Marcela Guzmán responde:

“Una vez que ya se desahogaron estos procedimientos y los jueces coincidieron en que es cosa juzgada y debemos cumplir, como no tenemos más defensa de fondo, ahora entramos a una fase de buscar cómo resarcir ese daño a la hacienda pública municipal y también en una fase de buscar sanciones a quienes hayan incurrido en errores y omisiones que provocaron ese daño”.

Foto: Archivo.- Jorge Ramos

¿Contra cuáles ex servidores de las administraciones de Jorge Ramos y Jorge Astiazarán es la denuncia penal?

“No señalamos a un número definitivo de persona, nosotros denunciamos hechos al Ministerio Público, para que él determine en contra de quién ejercitaría la acción penal. Desde que nosotros advertimos esa probable irregularidad, ya sea por el entonces síndico, por personal que manejaba los asuntos jurídicos del Ayuntamiento y les tocaba contestar demandas, incidentes, llevar una adecuada defensa. Ni adecuada ni no adecuada defensa. Es por eso que decidimos presentar la denuncia penal”.

Fue interpuesta el jueves 10 de enero ante la Unidad de Delitos Patrimoniales de la Procuraduría General de Justicia del Estado por los delitos de comisión de fraude general, fraude procesal, delitos cometidos contra la administración de la justicia, abuso de autoridad y lo que resulte.

“Como Ayuntamiento, pugnamos porque en este caso, los representantes sociales que es el Ministerio Público hagan lo propio para el debido esclarecimiento de los hechos y para que se castigue a los responsables”, detalla la síndico.

 

LAS CONDICIONES PERFECTAS PARA UNA TRIANGULACIÓN DE TERRENOS COMO LA DE “KIKO”

El 23 de noviembre, el Ayuntamiento de Tijuana celebró un convenio con Roma Food Enterprise para el pago del monto que se establece en la sentencia, en el cual se contempla la desincorporación de seis predios para reunir la millonaria cantidad de dinero.

El documento fue firmado por el alcalde Juan Manuel Gastélum, la síndico Ana Marcela Guzmán, el tesorero Ricardo Chavarría y la oficial mayor María de los Ángeles Olague, entre otros.

En sesión de Cabildo celebrada en diciembre, los regidores rechazaron votar por un punto de acuerdo que contemplaba la desincorporación de estos seis predios para el pago parcial de ese adeudo, por lo que lo turnaron a Comisiones. Sólo la síndico y el alcalde, quienes habían firmado el convenio, votaron a favor de su aprobación sin pasar por comisiones.

La síndico procuradora explica que la estrategia de desincorporar predios nace de la resolución del juez, quien “ordena que le paguemos al particular y que incluso, desincorporemos, si es preciso, bienes para dar cumplimiento a la sentencia”.

Incluso, añade que la ley de amparo contempla penas de inhabilitación, multa y prisión por hasta 10 años a la autoridad que dolosamente incumple una sentencia de amparo o no lo haga cumplir.

Aunque el convenio ya se firmó, la funcionaria admite: “Nos hemos visto en la necesidad de someter a consideración del Cabildo, la aprobación de este convenio en donde se somete a consideración la desincorporación de bienes para su venta”.

El punto de acuerdo se encuentra bajo análisis de comisiones conjuntas de Desarrollo Urbano, Régimen Interno y Gobernación y Legislación.

Mónica Vega, regidora de Transformemos, considera que el Ayuntamiento no agotó todos los instrumentos jurídicos para refutar el pago. Tras consultar el caso con un experto en litigios de este tipo durante una sesión de comisiones conjuntas, surgió la posibilidad de que el caso llegara hasta la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

“Lo que me da mala espina es la urgencia por pagar y el no recurrir a otra instancia. Como este gobierno, todo lo que hace, lo hace en el oscuro y su prioridad han sido los negocios, yo como regidora tengo derecho a dudar”.

La regidora de oposición tampoco está de acuerdo con que el convenio que comprometía la venta del patrimonio del Ayuntamiento para dar cumplimiento al pago haya sido firmado por el alcalde, la síndico y otros miembros del gabinete del presidente municipal sin la autorización de Cabildo.

“Una política de Transformemos, una postura que siempre hemos asumido es no aprobar ninguna desincorporación de predios porque ya sabemos cómo lo utilizan los pupilos de ‘Kiko’ Vega, no avalaremos más triangulación en la compra venta de terrenos que son patrimonio de los tijuanenses”, señala.

Se trataría de la primera ocasión en que el gobierno de Juan Manuel Gastélum vendería predios de este valor. Anteriormente, sólo se han aprobado donaciones o ventas de tramos de paso.

Foto: Tomada de Internet.- Mauricio Fernández Margain

“Me parece una irresponsabilidad que, sabiendo de esto, no lo hayan considerado dentro del presupuesto de egresos 2019 y ahora vengan a chantajearnos a los regidores de la urgencia de desincorporar predios, una política que han utilizado los gobiernos del PAN y del PRI en su último año de gobierno”, expresa la edil de oposición.

Como ZETA lo dio a conocer en 2013, con aprobación del Cabildo y en sus últimas semanas como alcalde de Tijuana, el ahora gobernador Francisco Vega de Lamadrid, desincorporó un predio de más de 8 mil metros en el fraccionamiento Villa Fontana, entonces una colonia en vías de desarrollo.

La compraventa se formalizó en 2001 y el particular Enrique Victoria Espinoza, familiar político del gobernador, mantuvo la propiedad durante un periodo corto para después venderla de vuelta a Vega de Lamadrid.

En el predio hoy se encuentra una plaza comercial que deja ganancias millonarias al gobernador.

Mónica Vega puntualiza “me parece irresponsable seguir pensando en desincorporar predios cuando vemos los presupuestos tan desproporcionados de áreas tan superfluas que, por cierto, son áreas que han tenido muy poco beneficio para Tijuana como Comunicación Social, Relaciones Públicos e incluso la propia Presidencia y Sindicatura Procuradora”.

 

GOBIERNOS ANTERIORES REVIRAN

La síndico Ana Marcela Guzmán insiste “en esta administración, al tener conocimiento de este asunto, aun cuando eran cosa ya juzgada, hicimos hasta lo imposible por tratar de defender el asunto, pero desafortunadamente no logramos obtener un resultado favorable el Ayuntamiento”.

Sobre cómo la cantidad llegó a más de 228 millones de pesos, el consejero jurídico detalla que fue determinado por un perito contratado por el particular durante el juicio.

“Hizo un cálculo por el detrimento que el particular a su juicio se le estaba generando con ese incumplimiento con base al valor total y actual ese inmueble y no con base a la operación del contrato de compra venta que era de 2 millones 900 mil pesos”.

El perito hizo un avalúo del costo del terreno y no del daño que se le causó al particular por el incumplimiento del contrato.

Cuando se le cuestionó al consejero por qué el Ayuntamiento no apeló ese avalúo, contestó “no se pudo defender porque debió haberse refutado cuando se presentó el evalúo el 2015 con el incidente de cumplimiento. Nunca se defendió, ya causó estado, es cosa juzgada desde 2015”.

Sin embargo, para Raúl Corona Sesma, ex secretario de gobierno en la administración de Jorge Ramos, antes de denunciar por fraude a ex servidores, el actual gobierno de Juan Manuel Gastélum pudo haber solicitado la nulificación del juicio por fraude.

“La familia Fernández no fue dueña jamás del terreno, así que no se puede calcular el valor del terreno como perjuicio. No tiene sentido porque sólo eran dueños de un anticipo que se tenía que regresar”, señala el abogado.

Sobre las denuncias interpuestas a ex funcionarios, Corona Sesma opina: “Esto es un juego de distracción”.

Al igual que el experto consultado por regidores, el ex funcionario considera que ya existe una jurisprudencia en la Suprema Corte de Justicia de la Nación que prevé que los juicios fraudulentos se pueden nulificar. “Yo haría eso, se nulifica algo que no tiene sentido”, expresa.

Por su parte, un ex colaborador del gobierno de Jorge Astiazarán refirió que tres días antes de que concluyera esa administración, les fue notificado por el Juzgado la sentencia de cumplimiento de pago y antes de ello, ya que no se había señalado domicilio procesal, así que no fueron informados del avance del proceso.

 

UNA SÍNDICO DALTÓNICA

Respecto al actuar de la síndico procuradora, quien ya presentó las denuncias penales correspondientes por este caso ante la procuraduría estatal, la regidora Mónica Vega opina “pareciera que tenemos una síndico daltónica que únicamente ve corrupción en gobiernos anteriores y no en el actual”.

Una de las voces más críticas y de oposición en el actual Cabildo, recuerda los casos de extorsión de un colaborador de la síndico, el cual fue confirmado por el propio alcalde, denuncias de acoso sexual contra el ex titular del Instituto de la Juventud, y el caso más reciente: la triangulación de recursos a través de Mexikna, conformada por una ex empleada municipal y manejada por el hijo del alcalde, la cual recibió un contrato millonario del Ayuntamiento.

“En esos casos, la síndico no ve corrupción y no ve la necesidad de atender y respetar la ley de régimen municipal y el reglamento de la administración pública municipal para presentar las querellas correspondientes”.

Para Mónica Vega, el desempeño de la funcionaria municipal se resume en “una síndico muy complaciente con el gobierno municipal, la corrupción se debe perseguir sin ver únicamente colores o inclusive intereses dentro del mismo partido político”.

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