Violación impune

Fotos: Antonio de Jesús Cervantes G.- Matheu N padre de la infante de 3 años, presunto implicado en la violación de su propia hija y que goza de plena libertad por negligencia de la autoridad.
 
Edición Impresa Martes, 4 Diciembre, 2018 01:00 PM

Una niña de tres años de edad fue victimizada

presuntamente por su padre Matheu “N”, un

ciudadano francés con estatus migratorio de

residente. Los hechos ocurrieron en el

Pedregal de Cabo San Lucas, municipio de Los

Cabos. Sin embargo, el juez no pudo

determinar que se ejecutara la orden de

aprehensión, porque la menor no logró

establecer la esfera de tiempo de cuándo

ocurrió la violación

“La Ley la manejan a conveniencia de quien quieren, quien pague, quien sea amigo. La Ley sólo es el ornato para decir que se cumplen con tratados internacionales, una obligación para los gobiernos, pero realmente no hay nada de eso. Dicen que las reglas se hicieron para violarse y aquí en Baja California Sur quien aplica la Ley lo hace a su antojo”, refirió un familiar molesto con el sistema con que se aplica la Ley en el Sistema de Justicia Penal Acusatorio.

Semanas atrás, una infante de tres años fue victimizada presuntamente por su propio padre Matheu “N”, un ciudadano francés con estatus migratorio de residente. Los hechos ocurrieron en el Pedregal de Cabo San Lucas, municipio de Los Cabos. La menor hizo de conocimiento a su madre. Al conocer lo que le sucedió la pequeña fue sometida de inmediato a atención médica y psicológica.

“En el caso de la menor de tres años que fue violada por su padre nos encontramos con un terrible problema de negligencia y de falta de conocimiento de las reglas procesales por parte del personal de la procuraduría encargado de integrar la carpeta investigación, al grado de que pidieron la orden de aprehensión, pero no fueron capaces de precisar la esfera de temporalidad. Es decir, no se pudo establecer cuándo ocurrió el hecho, existiendo técnicas periciales más elementales para lograr ese objetivo, motivo por el cual el juez de conocimiento negó inicialmente la orden de aprehensión”, expuso Arturo Rubio Ruiz, abogado litigante.

Arturo Rubio Ruiz, Abogado de la víctima aseguró que el presunto violador está libre gracias a que el Ministerio Público no utilizó las pruebas forenses a su favor.

La madre denunció el caso, y según los estudios médicos que se le practicaron a la menor, principalmente en medicina forense, “la víctima presenta desgarre en zona anal e inflamación anormal vaginal”, lo que dictaminó que la pequeña de tres años fue víctima de violación.

Aunque había pruebas contundentes para aprehender al padre, por la simple y sencilla razón de ser quien es más cercano a la menor. Además de tratarse de una infante y el grado de indefensión en que se encuentra genera que se trate de una violación equiparada, el juez no pudo determinar que se ejecutara la orden de aprehensión, porque la pequeña no pudo establecer la esfera de tiempo de cuándo ocurrió la violación.

“Ocurren entre un sábado y un miércoles, entonces en la niña de tres años no supo decir cuándo pasó, porque los niños de tres años no tienen un dominio de las esferas de temporalidad. No obstante, la niña tenía lesiones, las lesiones médicamente calificadas, pueden ser dictaminadas por su grado de evolución, o sea, un médico de mediana capacidad técnica en materia de Medicina forense te podría decir que, las lesiones llevaban un proceso de evolución de tres, cuatro, cinco días. Con ese dato el Ministerio Público podría decirle al Juez, la esfera de temporalidad es ésta, porque tengo este elemento de prueba, y no depender tan frágilmente, de lo que pudiera o no decir, una criatura de tres años”, refirió Rubio Ruiz.

Desde luego, la determinación de las autoridades, causó molestia e indignación de familiares, reacciones en las que realmente nos queda una pregunta por hacerse ¿en manos de quién estamos?

“Eso refleja, la falta de dominio de la materia de los agentes de Ministerio Público, tenemos ese grave problema en el estado, hay demasiado improvisación en las designaciones de agente del Ministerio Público, falta mucha capacitación, algo tiene que ver en ello el que los sueldos son muy bajos, pero también la falta de oficio y la falta de interés por hacer justicia”, demandó un familiar.

La falta de oficio en el agente del Ministerio Público que llevó el caso de la infante, el presunto violador estuvo a punto de salirse con la suya, ante una acusación “sin sustento” como lo hizo ver el Juez, los daños están hechos y un responsable vive tranquilamente sin ser Juzgado.

“La declaración de un menor es un dato de prueba, que es tan valioso como los servicios periciales puedan robustecerlo, en cuanto a su autenticidad, en cuanto a su autonomía, hay metodología en ciencias forenses, caracterología, personalidad, lenguaje corporal. Un ejemplo, muy burdo, el niño por temor al papá, puede decir no me pasó nada, pero si ves que físicamente está lesionado, es obvio que la criatura está actuando bajo una situación que afecta su volubilidad. Entonces, existen técnicas periciales para soportar, robustecer, enriquecer la declaración de menor por muy elemental que sea”, manifestó Arturo Rubio.

Reconocen que por sentido común se debió castigar al presunto delincuente, pues dice que quien viola a su propia hija, es capaz de arrasar con cualquier persona, más si está indefensa.

Lamentó que las instituciones que se encargan de defender al menor y la familia, tengan tan burocratizado el sistema, que no se pueda establecer una responsabilidad, actualmente la menor recibe atención, pero privada, pues de momento no se cuenta con la atención requerida para las víctimas del delito.

“Hay protocolos internacionales en defensa del interés superior del menor, y no se hicieron valer, tanto el Ministerio Público, como el personal que Integra la carpeta, no pueden llegar ante el Juez sin darle los datos suficientes para que él ejerza su función con plenitud de derecho; si el juez suple el trabajo de Ministerio Público, entonces se trastoca este proceso, este sistema, que es funcional en la medida en que los operadores sean eficaces”, lamentó el abogado litigante.

Equipo sofisticado en Medicina Forense de la PGJE.

MÁS NEGLIGENTE QUE AL PRINCIPIO

Las instituciones de procuración de justicia, reconocieron que “el Ministerio Público era nuevo en esos temas, que tenía poca experiencia en el ramo, o sea, que nos tenemos que chutar todos los errores que cometan para que cuando echando a perder, puedan aplicar la justicia, así no son las cosas”, refirieron por parte de los afectados.

Pero el detalle ahora, no es que las instituciones dejaron pasar el tiempo, el problema que se viene ahora es que los oficiales encargados de ejecutar mandamientos judiciales no han podido aplicar la orden de aprehensión dictada por el juez, debido a que entre la justicia y el agresor, hay muchos pretextos para no hacer cumplir la Ley.

“El problema que enfrentamos es que la Policía Ministerial encargada las aprehensiones, ha sido incapaz de llevar a cabo el mandato, escuchamos pretextos, justificaciones que son absurdas, que el sujeto vive en un fraccionamiento muy exclusivo y que es muy difícil entrar, lo cual es absurdo, que encontramos pretextos como de que, es extranjero y entonces se nos va a echar encima la Embajada, lo cual me parece estúpido, pretextos como que derechos humanos no nos deja trabajar, eso es totalmente falso, nunca hemos sabido que la Procuraduría atiende una recomendación de Derechos Humanos.

No tenemos personal, tenemos mucho trabajo, se nos acabó la gota”, denunció el representante de la familia. En cuanto a la respuesta de parte de la Subprocuraduría de Atención al Menor y la Mujer, refieren que “la atención del caso se está llevando con total sigilo por la víctima, la orden de aprehensión está por efectuarse en contra del imputado. Tenemos claro que la menor fue victimizada y estamos en la etapa de hacer cumplir la ley”, concedieron a ZETA de manera extraoficial.

Diversas asociaciones han alzado la voz, sobre todo en lo que refiere a la protección de las mujeres, pues actualmente el feminicidio no se castiga como tal, sino que sólo es una agravante, además que no se ha armonizado la Ley General de Víctimas de la federación al estado de Baja California Sur, por lo que una víctima de delitos, sexuales sobre todo, no recibe la atención necesaria.

“Refleja lo peligroso que es ser del sexo femenino en este estado, no ha tenido ni la atención debida por parte de la procuraduría, ni por parte de los agentes encargados de llevar a cabo, algo tan simple, como detener un sujeto, que se pasea impunemente en la comunidad”, reconoció el Consejo Ciudadano de Atención a Víctimas del Delito.

Ante la necesidad y la nula atención, la pequeña de tres años recibe atención particular. Actualmente la familia está llevando atención con el fin de afrontar la nueva realidad, pues mientras que no hay justicia, el presunto responsable goza de plena libertad.

El Sistema de Justicia Penal Acusatorio puede ser la mejor manera de llevar la justicia a los ciudadanos.

Lo curioso es que la pequeña contaba con lesiones de origen sexual, los expertos en medicina forense pudieron constatar el hecho, el problema, según el Juez, es que la menor de tres años no pudo establecer la temporalidad en que fue agredida, algo que sin duda se sale del sentido común y de la falta de pericia del agente del Ministerio Público, el cual apenas y tiene un año de experiencia.

“La menor está siendo atendida en vía particular, porque en Baja California Sur la atención a víctimas del delito, que es obligación del Estado, no se lleva a cabo, no tenemos ni siquiera un Registro Estatal de Víctimas, hay un dinero disponible para la reparación del daño, de acuerdo a lo que dijo el procurador en su informe, hay un fondo auxiliar para la procuración de justicia de tres millones de pesos, pero no se ejercen, porque no se han armonizado las leyes, porque nuestro señores diputados tienen cosas más importantes que hacer, que armonizar las leyes de este estado, y hacer más funcional el acceso de recursos para la atención de víctimas, como en este caso de víctimas de delito”, puntualizó el representante de Atención a Víctimas del Delito.

El reclamo social es evidente, pues en muchas de las ocasiones, por no decir casi siempre, la víctima de una violación no denuncia el hecho por tratarse de un familiar, en muchos casos la víctima lo confiesa cuando ya es adulto o cuando otra menor está siendo afectada por el mismo agresor.

En este caso, afortunadamente la madre pudo detectar a tiempo la violación a la que fue víctima la infante.

“Necesitamos que un diputado, por lo menos un diputado con conciencia social, con compromiso social, llame a cuentas al personal de la procuraduría, se atreva a hacer una investigación, ellos tienen facultades y requieran, en lugar de hacerle preguntas estadísticas al procurador en su comparecencia, que lo llamen otra vez y que le digan que está haciendo, y lo que no está haciendo, que se pongan a trabajar. Necesitamos un diputado que promueva la armonización de las leyes, tenemos en algunos aspectos de la Reforma en Seguridad Pública y de Procuración de Justicia, un rezago de cuatro años, no podemos seguir trabajando con esas limitaciones en materia atención a víctimas del delito, llevamos más de 11 años de atraso respecto a los protocolos internacionales”, finalizó Arturo Rubio Ruiz.

Una violación equiparada se establece como la cópula con persona incapacitada para resistir física o psíquicamente el acto, por razones de padecimientos físicos o mentales, edad u otras condiciones o situaciones de indefensión.

De acuerdo al Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, en los primeros diez meses del año, comparando 2017 con 2018, en Baja California Sur se tiene un incremento del 21% en cuanto al registro de violaciones equiparadas, el porcentaje de registros se distribuyeron de la siguiente manera:

LOS TEMORES DEL CASO

Las confesiones que se han dado a ZETA tienen que ver con que la autoridad ejecutora de la orden de aprehensión deliberadamente está omitiendo ejecutar sentencia del Juez, que se están anteponiendo intereses o pereza para actuar.

“Son muchos factores que podrían llevar a que un delito quede impune, en primera instancia son las ganas del Juez, el humor con que ande el Ministerio Público, y de ahí a los compromisos que pudieran tener los oficiales encargados de ejecutar la instrucción jurídica. Es decir, en pocas palabras, no importa el nivel de justicia y armonización de leyes tengamos, todo recae en quien ejecuta el Sistema de Justicia Penal Acusatorio, lo que termina con todo el la burocracia y la corrupción”, dijo un experto en delincuencia y justicia penal.

Ciertamente existe una cifra negra en Baja California Sur de poco más del 84% de los delitos, los cuales no se denuncian por la pérdida de tiempo, falta de confianza, lo tardados que pueden ser los procesos y la justicia lenta.

“Pero aquí, con este caso que comentas, hay pruebas contundentes de medicina forense, el delito está establecido, por el principio de sentido común se debió atender la demanda y ejecutar la aprehensión desde el principio, nosotros no tenemos porqué presionar para hacer justicia, se supone que los mecanismos están ideados para que el ciudadano tenga justicia, para que se solvente el daño, para que se pague y por ello existen las herramientas jurídico-forenses para apoyar a la justicia. No podemos seguir con una justicia ciega en pleno Siglo XXI”, refirió el experto.

Policías Ministeriales pueden participar en la detención de importantes sicarios, distribuidores de droga.

El abogado de los afectados prepara instrumentos para defender a la víctima, pero sobre todo, que no quede impune. Pues según los oficiales el hecho de ser ciudadano de Francia y estar como residente en México, sin embargo, afirma que eso no exime de pagar un delito grave, como es el de violación equiparada.

Entre los temores, resalta el que se vaya del país y el delito quede impune, además también está el que no se aplique la justicia por vacíos legales, o que la autoridad no aplique la orden judicial por corrupción y el agresor sexual siga circulando con tranquilidad.

Todos estos temores, han sido resueltos por parte de la PGJE, de manera extraoficial se dijo que “jurídicamente se está revisando el caso, se está previendo sacar de las calles a un agresor sexual que dañó a la pequeña y que de quedar libre, puede dañar a alguien más, sin importar de quién se trate, se aplicará todo el peso de la Ley”.

En Estados Unidos existen razones por las cuales perder una Residencia Permanente, de acuerdo a la información recibida, en EU se puede perder la Residencia Permanente cuando el ciudadano comete: fraude,  abandono del país, condena por ciertos delitos, sobre todo los agravantes.

En el último caso, dentro de los delitos graves destacan el abuso de menores y la violación, por lo cual Matheu “N” sería un serio candidato a perder la residencia, pero en México, la Ley de Migración, en su Artículo 43, establece:

“Las autoridades migratorias podrán negar la expedición de la visa, la internación regular a territorio nacional o su permanencia a los extranjeros que se ubiquen en alguno de los siguientes supuestos:

“I. Estar sujeto a proceso penal o haber sido condenado por delito grave conforme a las leyes nacionales en materia penal o las disposiciones contenidas en los tratados y convenios internacionales de los cuales sea parte el Estado mexicano, o que por sus antecedentes en México o en el extranjero pudieran comprometer la seguridad nacional o la seguridad pública”.

Por lo tanto, la Ley es muy clara y sólo falta que la autoridad lo aplique en caso de fincarse la responsabilidad de violación.

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