El incumplimiento de un convenio de compraventa de un lote por el que se dio un anticipo de 1 mdp derivó en un juicio que el gobierno municipal de Tijuana dejó perder y por el cual ahora se obliga al pago de 228 millones de pesos, en detrimento del erario de los tijuanenses
Este caso se remonta a 2009, año en el que el gobierno del estado de Baja California desincorporó de su dominio para incorporarlo al XIX Ayuntamiento de Tijuana, un polígono de una superficie de 118 mil 476.616 metros cuadrados, ubicado en medio del libramiento Salvador Rosas Magallón, en donde se asentó la comandancia “Margarito Saldaña”.
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El gobierno de Tijuana, entonces presidido por el panista Jorge Ramos Hernández, asumió la responsabilidad de un convenio pactado entre un particular con el estado de Baja California, entonces gobernado por el también panista José Guadalupe Osuna Millán, para la compraventa de un lote del predio donado al municipio, acuerdo por el que entregó un anticipo de 1 millón de pesos.
Pero el gobierno de Jorge Ramos Hernández incumplió el acuerdo signado con el gobierno estatal de devolver el dinero, lo que dio pie a un juicio que la autoridad municipal dejó correr en todos sus términos hasta que causó sentencia en contra del Ayuntamiento de Tijuana.
Por ese millón de pesos, del erario de Tijuana se le tendrá que pagar al empresario Mauricio Fernández Margain 228 millones de pesos, de acuerdo a la sentencia del Juzgado Tercero de lo Civil.
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ZETA intentó contactar a Jorge Ramos para que diera su versión sobre este caso, pero no respondió. Quien sí contestó fue Héctor Magaña Mosqueda, quien fuera Síndico Procurador del XIX Ayuntamiento de Tijuana, que del tema dijo “no lo recuerdo” y al hacerle referencia del pago de 228 millones de pesos que “El Patas” se dice obligado a cubrir por un convenio que él había firmado sólo expresó: “¡ándale, qué dinerón!
EL JUICIO
En febrero de 2010, ante el Juzgado Tercero Civil de Mexicali se presentó un juicio promovido a su nombre en contra del gobierno del estado de Baja California, por la rescisión de un contrato para la compraventa de un terreno situado en Tijuana.
El particular reclamaba la devolución de 1 millón de pesos entregado en depósito, así como el pago de costos e intereses, dando inicio al juicio 1220/2009, el cual se presentó en Mexicali.
Ante la demanda el XIX Ayuntamiento de Tijuana estableció un convenio de pago con los representantes legales de la parte quejosa con fecha de 17 de mayo de 2010, el cual firmó el entonces Síndico Municipal, Héctor Magaña Mosqueda.
Pero en dicho acuerdo no se asentó domicilio procesal alguno para que el municipio fuera notificado y, aunque el domicilio del Ayuntamiento de Tijuana resultaba obvio, el Juzgado sólo notificaba al municipio a través del boletín judicial, por lo que ni Jorge Ramos ni Magaña Mosqueda se dieron por enterados del proceso que seguía este caso. Tampoco cumplieron el acuerdo judicial pactado, “por lo que el tema se fue en rebeldía”, compartió a ZETA el Tesorero del XXII Ayuntamiento de Tijuana, Ricardo Chavarría Morales.
El juicio siguió su curso a nombre de Ángel Fernández Quintana hasta el 29 de mayo de 2015, cuando se cambia a nombre de la “sucesión a bienes de Ángel Fernández Quintana”. Para entonces el caso ya había causado una sentencia interlocutoria, condenándose al Ayuntamiento al pago y cumplimiento de todas y cada una de las prestaciones reclamadas por el acto incidente, el cual ascendía a 1 millón de pesos por concepto de suerte principal, más 7 millones 931 pesos por concepto de intereses moratorios y 198 millones por concepto de daños y perjuicios, siendo un total por la cantidad de 207 millones de pesos.
El 27 de febrero de 2015, la parte actora volvió a cambiar de nombre, apareciendo como Roma Food Enterprise de México, S.A. de C.V.
LA VORACIDAD DE FERNÁNDEZ MARGAIN
Este juicio sumario de rescisión de contrato en contra del gobierno del estado, al que posteriormente se agregó como parte acusada al Ayuntamiento de Tijuana, se inició en 2010 a nombre de Ángel Fernández Quintana, no obstante que había fallecido en 2003.
Ángel Fernández Quintana era padre de Mauricio Fernández Margain, propietario de la empresa Roma Food Enterprise de México, S.A. de C.V.
La firma Roma Food aparece en el caso en 2015, cuando el Juzgado Tercero Civil dicta una resolución favorable para la parte actora.
Entonces el municipio era presidido por Jorge Astiazarán Orcí, cuya administración no se enteró del caso hasta el 22 de noviembre de 2016, una semana antes de culminar su periodo de gobierno.
Por ello, en el acta administrativa de Entrega y Recepción de la Consejería Jurídica Municipal, que el consejero Jurídico de la administración saliente, Jorge Alberto Borja Robles, entregó a primera hora del 1 de diciembre de 2016 al Consejero Jurídico del XXII Ayuntamiento de Tijuana, Leonardo Martínez Delgado, enumeró este caso en los “asuntos relevantes por atender en los primeros 90 días”, mismo que se asentó en el anexo 68 de dicho documento.
El gobierno de Juan Manuel Gastélum Buenrostro señala no haberse enterado hasta una semana después de iniciada su administración, cuando recibió la sentencia para el pago de lo reclamado por el particular.
Desde entonces “hasta hace dos meses pudimos llevar ciertas acciones para la defensa del proceso, se metieron cuatro actos jurídicos, los cuales todos se perdieron porque decían que ya había sido cosa juzgada, la última fue en la Suprema Corte de Justicia del Estado, donde también el fallo salió en contra y se va hasta un amparo directo porque hubo una sesión de derechos por parte de Mauricio Fernández a la empresa Roma Food”, explicó el Tesorero Ricardo Chavarría.
A principios de octubre de 2018 la parte demandante, Roma Food, intentó ceder los derechos del caso a Mauricio Fernández Margain, luego de que el Ayuntamiento de Tijuana iniciara un acercamiento para convenir el pago.
A decir del funcionario el municipio “interpuso un recurso para deshacer ese acto jurídico, porque a todas luces se ve que es un acto simulado, metimos un amparo y volvieron a hacer la sucesión a Roma Food, para que se pagara a la empresa”.
Y aclaró que con el cambio “no se afectaría al ayuntamiento, el recurso de inconformidad se metió porque era evidente que era un acto simulado”.
No obstante, de acuerdo al historial del expediente 1220/2009, asentado en el Juzgado Tercero Civil, con sede en Mexicali, desde el 8 de octubre de 2018, quien aparece como parte actora del juicio promovido en contra del Ayuntamiento de Tijuana es Mauricio Fernández Margain.
De hecho, el último expediente anotado de este caso corresponde al inicio ejecutorio de convenio entre la parte acusada y Mauricio Fernández, el cual se registró con fecha de 13 de noviembre de 2018.
INDEMNIZACIÓN LEONINA
De acuerdo a la sentencia interlocutoria dictada por el Juzgado Tercero de lo Civil, el Ayuntamiento de Tijuana fue condenado al pago de 207 millones 441 mil 844 pesos con 38 centavos, cantidad a la que se añadió el pago de costas y gastos por 20 millones de pesos más.
Son casi 228 millones de pesos que serán pagados “por omisión” de las anteriores administraciones municipales, expuso el tesorero Municipal Ricardo Chavarría, quien aseguró que el gobierno en turno “echó mano de todos los instrumentos jurídicos que se tenían a la mano, echó mano de cuatro instrumentos en distintas instancias, alegando la injusticia”.
Al ser “cosa juzgada” para el funcionario no hay otra opción más que cubrir el monto ordenado por el juez, porque “en caso de incumplimiento se corre el riesgo de la destitución del presidente municipal –Juan Manuel Gastélum Buenrostro-, del Cabildo y del Tesorero”.
De acuerdo a la ley el plazo para pagar es de tres días, sin embargo, el municipio convino con la empresa pagar de forma paulatina durante el 2018.
“Hay un convenio firmado en depósito en el juzgado, que ya aceptó el demandante”, razón por la que se subió un punto de acuerdo al Cabildo, para la desincorporación de seis predios, el cual no se aprobó y se turnó para su análisis a la Comisión de Hacienda.
“A la fecha se le han entregado 30 millones de pesos, aproximadamente, y estamos con un convenio de pago en el que le estamos ofreciendo el pagar durante 2019 -la cantidad de- 90 millones en efectivo y el resto la desincorporación de bienes del dominio público para comercializarlos o, en su caso, que ellos se queden con seis terrenos propiedad del Ayuntamiento”, indicó Chavarría Morales.
El valor conjunto de los terrenos suman alrededor de 113 millones de pesos, los cuales se prevé “poner a la vista de los mejores postores” ya que en caso de que no se vendan en un término de seis años, “se haría una depreciación hasta de un 20%”, advirtió el Tesorero.
LOS TERRENOS
Los bienes públicos de los que se desprenderá el Ayuntamiento de Tijuana para pagar el pago reclamado por Mauricio Fernández Margain son:
Lote ubicado en la colonia Lomas de Terrabella con clave catastral MZ-423-005, de una superficie de 11474.830 metros cuadrados, con un valor de 28 millones 396 mil pesos.
Lote ubicado en el desarrollo Urbano hacienda Casa Grande, con clave catastral FD-544-011, de una superficie de 23, 684.11 metros cuadrados, con un valor de 44 millones 482 mil pesos.
Lote asentado en la Tercera Etapa de Zona Río con clave catastral PR-034-010, de una superficie de 4, 351.487 metros cuadrados, de un valor de 12 millones 073 mil pesos.
Lote ubicado en la Colonia Hacienda El Colorado, con clave catastral PK-060-009, de una superficie de 2, 479.217 metros cuadrados, con un valor de 4 millones.
Lote del fraccionamiento Cuesta Blanca con clave catastral TC-325-005, de una superficie de 16, 515.18 metros cuadrados, de un valor comercial de 18 millones 580 mil pesos.
Lote asentado en la colonia Puesta del Sol, con la clave catastral PC-273-001, de una superficie de 1,522.826 metros cuadrados, de un valor de 6 millones 807 mil pesos.
FINCAR RESPONSABILIDAD
Para el abogado Armando Atilano, Primer Vicepresidente Nacional de la Confederación de Colegios y Asociaciones de Abogados de México, “algo está mal en este juicio, no se pueden ganar intereses y costas de manera tan desproporcional”, por lo que señaló que la autoridad municipal actual está obligada a investigar y fincar responsabilidad en contra de quienes fueron omisos en este caso.
Armando Atilano anotó que la responsabilidad de este juicio perdido en detrimento del erario de los tijuanenses, no sólo es de las autoridades municipales que en su momento no lo atendieron, sino también del gobierno del estado.
Incluso el mismo juez que llevó el caso, estuvo obligado de notificar al Ayuntamiento de Tijuana en el domicilio correspondiente, por ser su ubicación del dominio público.
Para el abogado existe dolo por parte del demandante, Mauricio Fernández Margain, por dar seguimiento en Mexicali a un juicio contra el Ayuntamiento de Tijuana. Y cuestionó: ¿cómo sí supo dónde cobrar y no supo dónde notificar?
Por su parte, el regidor Arnulfo Guerrero, presidente de la Comisión de Gobernación, consideró el caso como “un tema lacerante para el municipio, no es posible que de un millón de pesos se vaya a 200 millones por un juicio mal cuidado, es un tema que no merecemos los tijuanenses que paguemos esos platos rotos, también la Sindicatura está preparando las denuncias correspondientes contra quienes resulten responsables por esas fallas que se tuvieron en el proceso judicial”.
El tesorero municipal, Ricardo Chavarría sostuvo que se dio “instrucción al Consejero Jurídico para que inicie la revisión de todo el expediente, en conjunto con la Síndico Procuradora, para determinar una responsabilidad, ya que debe haber un acto de omisión, toda vez que el tema nunca lo atendieron”.
