El Consejero Presidente del Instituto Estatal Electoral, Clemente Custodio Ramos Mendoza está cierto que la constitución le obliga al órgano que preside a que los partidos políticos reciban un presupuesto que se establece año con año, pero que actualmente el gobierno del Estado no les ha otorgado el recurso, incumpliendo la legalidad de sus funciones.
Para el 2018, el Congreso del Estado aprobó 187 millones de pesos de los 226 millones pesos que el Instituto estaba solicitando. Y de esos 187 millones más de 134 millones estaban etiquetados para los partidos políticos. 53 millones, por ende, para la operatividad del propio Instituto.
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Durante el año, el Instituto Electoral estuvo promoviendo ampliaciones presupuestales para poder cumplir con sus compromisos de gastos operativos.
En entrevista con el Consejero Presidente explica que se tenía recursos no ejercidos del año anterior, con eso y con una ampliación presupuestal logró equilibrar parcialmente las finanzas internas: “nos alcanzaba sólo para pagar la nómina del personal, combustible, cuatro meses de renta, servicio de energía eléctrica y agua potable y teléfono para tres meses”, detalla sobre el presupuesto que el Congreso le aprobó inicialmente.
Custodio Ramos dice que en el Instituto el gasto “todo es muy mesurado para que nos alcanzara el dinero y no se quedara el Instituto sin recursos”. El Estado les dio otra ampliación en octubre, justo antes de que suspendieran las ministraciones mensuales, es decir, que suspendieran las transferencias de noviembre y diciembre.
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“Cuando está este conflicto de los recursos, teníamos el recurso en cuenta, lo único que nos faltara era que se nos depositara las partes mayores el presupuesto que son participaciones para la nómina de noviembre y diciembre y los recursos de los partidos políticos, así como otras cosas menores”, asegura.
Actualmente la Secretaría de Planeación y Finanzas les debe 30 millones de pesos, de los cuales 23 son para los partidos y el resto, 7 millones, son para cubrir nómina y parte complementario del aguinaldo.
Ramos Mendoza presume que “todos han cobrado” en el Instituto pues el 10 de diciembre el Estado les depositó 5 millones de pesos para pagar parte del aguinaldo, cosa contraria a los partidos políticos: “Ha habido comunicación con el gobierno del Estado en cuanto al cumplimiento del personal, pero también los partidos políticos requieren sus recursos, tienen personal, pagos de renta”.
– ¿Qué implicaciones tiene para el Instituto estas faltas de compromiso de pago por parte del Ejecutivo?
“Estamos incumpliendo con nuestra obligación constitucional y legal de otorgar financiamiento a los partidos políticos, que no es cosa pequeña, los partidos políticos ya presentaron su impugnación”.
