Coparmex, CCE y Canaco demandan “abrir los libros” para saber en qué se está gastando y formar un Consejo Consultivo Financiero de Emergencia para solucionar crisis financiera; piden cancelación del C5i, la desalinizadora de Rosarito y el Periférico Zapata-Playas de Tijuana, por comprometer aún más las finanzas estatales
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Julieta Aragón Domínguez
En su reciente y prolongada visita a Ciudad de México, donde se reunió con miembros del gabinete del Presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, el gobernador de Baja California, Francisco Vega de Lamadrid, solicitó ingresos adicionales por 6 mil 400 millones de pesos para salir de la crisis financiera que atraviesa el Estado.
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Le dijeron que no, y regateó. Que en diciembre entregaran 4 mil millones de pesos para salir adelante, y en enero de 2019 le dieran 2 mil 400 millones. Le volvieron a decir que no. De hecho, lo más que le llegaron a ofrecer, fueron mil 800 millones de pesos, pero no se determinó cómo y cuándo se los entregarían.
Aun así, tan sólo con el incremento a la tasa del Impuesto Sobre Nómina, el gobernador espera recaudar, en caso que se lo aprueben, unos mil 300 millones de pesos adicionales para 2019, y a pesar que lo ha hecho oficial, serían enteramente para educación, en la misma Ley refiere que tal asignación podría ser sólo parcial para ese concepto, y en contraparte utilizar parte de ese recurso para saldar las deudas generadas por las Asociaciones Público Privadas (APP) que ha realizado.
El empresariado bajacaliforniano se manifestado en contra. No sólo rechazan la creación e incremento de impuestos propuesto por Vega, sino que le hacen un llamado a cancelar las APP para la construcción de la desalinizadora, del C5i y del segundo piso en Tijuana.
El gobernador, por supuesto, ni ha retirado la propuesta de incrementar y crear impuestos, ni ha cancelado obra alguna. Su proyecto sigue, al tiempo que incrementa la crisis financiera y el rechazo popular, al que ahora se suma la clase empresarial.
Bladimiro Hernández Díaz, secretario de Finanzas
PROPUESTA INDIGNA A EMPRESARIOS
“Es indignante que mientras nuestro gobierno se recarga aún más en los contribuyentes de la región para tener más ingresos, los funcionarios no se esfuerzan ni un poquito para impulsar planes de austeridad”. No queremos que el aumento de impuestos siga siendo la salida fácil para cubrir las ineficiencias de quienes conducen la administración pública del estado”, con estas palabras, el sector empresarial de Baja California ratificó el rechazo que los consejos coordinadores empresariales de los cinco municipios externaron en privado el 10 de diciembre, a la propuesta de incrementar diversos impuestos y tarifas, contemplada en la Ley de Ingresos 2019.
En la reunión de principios de semana, en el Centro de Cultura de la Legalidad en Tijuana, los empresarios le habrían dicho a Francisco Vega de Lamadrid: “Discúlpenos, gobernador, pero Usted está equivocado, está equivocando la ruta”.
En caso que el Congreso avale la iniciativa, enviada a ese recinto el 4 de diciembre, el sector empresarial se amparará, ya que el impuesto de sobretasa es anticonstitucional, aseguraron los empresarios ante los secretarios de Desarrollo Económico, Carlo Humberto Bonfante Olache, así como el de Planeación y Finanzas, Bladimiro Hernández Díaz.
Ello, luego del “monólogo” sostenido por “Kiko” Vega en su intento de convencerlos sobre la necesidad de incrementar la sobretasa del Impuesto Sobre Nómina, del 0.63 al 1.33 por ciento, con el que se recabarían 3 mil 454 millones 850 mil 350 pesos, con el “argumento” que hace falta dinero para educación, derivado de que hay demasiados jubilados, no alcanza el recurso y el Estado no recibe el monto que antes proporcionaba la Federación.
Dos días más tarde, los empresarios, encabezados por Gilberto Fimbres Hernández y Kurt Honold Morales, presidentes de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) y del Consejo Coordinador Empresarial (CCE) en Tijuana, respectivamente, no sólo exigieron al Congreso no aprobar la Ley de Ingresos, sino que llamaron al Ejecutivo a rediseñar la iniciativa con base en un plan de austeridad que asegure la eficiencia y transparencia de los recursos públicos.
Lo anterior debido a la suspicacia que causa el Decreto 168, que en el que “se autoriza al Gobierno del Estado que por conducto del secretario de Planeación y Finanzas se constituya un fideicomiso, afectando y/o destine en forma irrevocable como Fideicomitente la totalidad de los ingresos por la recaudación del Impuesto Sobre Remuneraciones al Trabajo Personal”, mejor conocido como Impuesto Sobre Nómina.
Esto evidencia que los recursos no se usarían para la educación, sino para los compromisos con empresas para la construcción de la desalinizadora de Playas de Rosarito, el sistema hídrico en San Quintín, el programa de construcción troncal de drenajes pluviales en Mexicali, así como el diseño, construcción, operación y mantenimiento del edificio de la Procuraduría General de Justicia del Estado, entre otros proyectos.
En ese sentido, los empresarios pidieron a Vega cancelar “proyectos que tendrían fuertes consecuencias sobre la deteriorada salud financiera del Estado”, tales como el Centro de Comando, Control, Cómputo, Comunicaciones e Inteligencia (C5i), que generará una deuda de 800 millones de pesos y contra el que se promovió un amparo por haberse firmado un contrato con sobreprecios con la empresa Seguritech. También la desalinizadora de Rosarito, que excede las necesidades de la región y no permitiría las futuras inversiones, indicó Fimbres Hernández.
Tras reconocer la necesidad de suministro de agua en la entidad, consideró que este proyecto no tiene viabilidad financiera y sería pagado con incrementos tarifarios y el uso del Impuesto a la Nómina Estatal, por lo que solicitó se revoque.
En cuanto a la posibilidad que se construya el Periférico Zapata-Playas de Tijuana (segundo piso de Tijuana), para el que se prevería una contraprestación anual de 330 millones de pesos por 27 años, el líder empresarial manifestó que es “una imprudencia” llevar a cabo un proyecto que requeriría un fuerte subsidio de las finanzas estatales.
De manera clara recriminó que el déficit financiero durante la gestión de Vega de Lamadrid haya alcanzado niveles “francamente preocupantes”, con un incremento sostenido de la deuda a corto y largo plazos.
De acuerdo con la Secretaría de Planeación y Finanzas, el Gobierno del Estado tuvo una deuda de 13 mil 936 millones de pesos a julio de 2018. En tanto que la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) ubicó al Estado entre las entidades con endeudamiento elevado, al tener una deuda per cápita de 4 mil 388 pesos al segundo trimestre de este año.
Fimbres Hernández lamentó que la ausencia de planeación financiera se haya traducido en falta de pago a los maestros jubilados, el Poder Judicial, el Colegio de Bachilleres del Estado (Cobach) y a la Universidad Autónoma de Baja California (UABC), entre otros organismos dependientes presupuestalmente del Gobierno del Estado. Lo anterior demuestra “una gravísima situación financiera”.
En su opinión, la salud financiera debe lograrse mediante la reducción del gasto, “esfuerzo que no se ha visto reflejado durante la presente administración estatal. La situación del Estado es crítica, no sólo lo decimos nosotros, es la opinión de agencias” como Moody´s y Fitch Ratings, que bajaron la calificación crediticia del Estado.
En aras de contribuir, los empresarios propusieron formar parte de un Consejo Consultivo Financiero de Emergencia con el que se solucione la problemática, en la que en principio se debe analizar, con objetividad y transparencia, la capacidad financiera de la entidad.
“No podemos seguir comprometiendo más las débiles finanzas públicas de Baja California”, advirtió.
Por último, Kurt Honold Morales subrayó la corresponsabilidad de los legisladores en la situación que atraviesa Baja California, y destacó el deber que tienen para analizar y votar la Ley de Ingresos del próximo año. “Los diputados tendrían que votar por el pueblo, no por el gobernador”.
Enoch Castellanos Férez, tesorero nacional de Canacintra; Marcello Hinojosa Jiménez, presidente de Canacintra Tijuana y Jose Eugenio Lagarde de Mexicali
RESPUESTA DEL CONGRESO, AMBIGUA Y EVASIVA
El presidente del Congreso del Estado, Carlos Torres Torres, eludió hablar sobre la exigencia de la Coparmex y el CCE para que los diputados no aprueben los incrementos a los impuestos y las tarifas. A cambio, esgrimió los mismos argumentos de la administración de Vega de Lamadrid en el sentido que la Federación no envió mil 613 millones de pesos, y la entidad destina un porcentaje cercano al 50% del presupuesto a educación.
Cuestionado sobre el incremento en general de recursos federales que han llegado al Estado en 2018, el diputado volvió a referirse a la carencia de recursos en educación. Calificó como “irresponsable” al gobierno del ex Presidente Enrique Peña Nieto por no enviar ese fondo, y se pronunció a favor de que “Baja California reciba los recursos que merece” en el Presupuesto de la Federación del próximo año. Tarea a la que se deben sumar todos los actores.
Una vez resuelto ese tema se sabría si la Ley de Ingresos 2019 será aprobada por el Congreso. Si bien no adelantó el sentido de su voto, dijo estar comprometido con los maestros para que no les falten recursos en el futuro.
En cuanto a la propuesta del CCE para establecer un Consejo Consultivo Financiero de Emergencia, el panista se mostró a favor de éste, con el fin de que exista “un diálogo que permita encontrar soluciones”; sin embargo, no determinó la fecha en que el Congreso podría enviar una respuesta oficial al sector empresarial o conminar al gobierno a conformarlo.
Respecto a la cancelación de proyectos de infraestructura, el panista refirió el debate originado por la cancelación del Nuevo Aeropuerto Internacional de México (NAIM) en Texcoco.
Finalmente, al ser cuestionado acerca de la transparencia y eficiencia con la que se ha conducido el gobierno, manifestó: “Tenemos mecanismos que están en la Ley, un órgano de fiscalización, procedimientos, hay organismos ciudadanos en materia de transparencia”. Al volver a inquirirle sobre los resultados de dichos ejercicios, Torres evadió la respuesta repitiendo que “vivimos en un Estado de Derecho” y se sigue avanzando en la transparencia del gasto.
Según el Índice de Desempeño Financiero de las Entidades Federativas 2018, Baja California se encuentra entre los estados con peor ejecución, con un promedio de 49.7 puntos, sólo por encima de Chiapas y Veracruz. La media nacional es de 68.2 puntos.
En contraste, Rocío López Gorosave y Catalino Zavala Márquez, integrantes de la Comisión de Hacienda, expresaron su preocupación por “el Estado que guarda” la Hacienda pública.
“Coincido con que el aumento de impuestos indiscriminado puede ser un fuerte inhibidor de la inversión privada, por lo que se debe analizar a conciencia cualquier propuesta de aumento no sólo de la administración estatal, sino de las municipales”, expuso López Gorosave.
Por su parte, Zavala Márquez detalló que aun cuando se pospuso para después del 15 de diciembre la sesión en que Hernández Díaz presentaría el Presupuesto de Egresos, hay un proyecto que señala que el Estado recibirá 10% más de recursos de la Federación en 2019, los cuales se sumarán a los ingresos superiores a los 5 mil millones de pesos previstos para el presente año, de manera que con éstos se podría hacer frente a los compromisos apremiantes del Estado, como educación, salud y seguridad, sin necesidad de elevar los impuestos, siempre y cuando se etiqueten en esos rubros y no “para pagar los intereses de la deuda” de 13 mil millones de pesos.
MÁS IMPUESTOS MERMARÁN BENEFICIOS DE ZONA ECONÓMICA ESTRATÉGICA
El incremento de impuestos que pretende la administración del gobernador Francisco Vega de Lamadrid para el próximo año, mermará los efectos positivos que traerá la Zona Económica Estratégica anunciada por el Presidente Andrés Manuel López Obrador, advirtieron especialistas consultados por ZETA.
“La propuesta de Ley de Ingresos que envió el Ejecutivo estatal es un contrasentido al planteamiento de la Federación”, apuntó José Luis Contreras Valenzuela, integrante del Colegio Nacional de Economistas, quien lamentó que el equipo de “Kiko” no tenga la menor sensibilidad respecto al efecto negativo de su propuesta.
A propósito de lo esgrimido por el mandatario respecto a la falta de fondos federales, Roberto Valero Berrospe, presidente del Centro de Estudios Económicos de Baja California, dijo que esto es incorrecto, toda vez que de enero a octubre, el Estado recibió 3.1% más recursos de lo que inicialmente se había planteado en el Presupuesto de 2018.
“Las participaciones federales que se han entregado a Baja California en el periodo de enero a octubre de este año ascienden a 20 mil 624 millones de pesos; de esta cantidad, solamente en octubre le dieron mil 702 millones de pesos”, precisó.
Aun “dando por bueno” lo que la autoridad indica, la entidad recibió participaciones federales de 20 mil millones de pesos, que son de libre disposición para que se usen en lo que el gobierno considere necesario, por lo que no existe justificación para que el Estado atraviese esta situación financiera. “Lo que ha pasado es lo expuesto por las agencias calificadoras que han visto un pésimo manejo de los recursos públicos”, observó.
La creación de un impuesto adicional para la educación media y superior, al cual se le adiciona uno destinado a la educación básica, que pasaría del 35 al 45%, tampoco se justifica, ya que información publicada por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público refiere que tan sólo por el Fondo de Aportaciones Múltiples a educación superior, BC ha recibido 139.1 millones de pesos en 2018, cantidad superior en términos reales en 3.5% a la del año previo.
Mientras que por el Fondo para el Pago Educativo, el Estado ha recibido 9 mil 078.3 millones de pesos este año 2018, cifra superior a los 8 mil 686.3 millones de pesos de 2017.
CRITICA CANACO ALZA EN TARIFAS DE AGUA
Mario Escobedo Carignan, presidente de la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo de Tijuana (Canaco-Servytur) de Tijuana, se sumó a las críticas por el incremento de impuestos y tarifas previsto en la Ley de Ingresos, como del agua, que en el servicio doméstico aumentará 15.59%, y en el comercial e industrial 17.15% comparado con 2017.
Debido a “una mala administración” de la Comisión Estatal de Servicios Públicos de Tijuana (CESPT), se tuvo que incrementar el costo del líquido, y externó, “una empresa que desarrolla vivienda (y está en bancarrota) le debe 700 millones de pesos a la CESPT”, pero ésta no puede cortarle el suministro, ya que el distribuidor que alimenta a esas casas es el mismo que da servicio a otras colonias.
Por lo que se pronunció a favor de mejorar la recaudación, modernizar el sistema de entrega en bloque a fraccionamientos, asignar cuentas a cada usuario para evitar la evasión del pago y promover entre los desarrolladores la construcción de pantas de tratamiento de aguas residuales. “Abran los libros y dejen ver en qué se está gastando”, pidió al Gobierno del Estado, dado que hay dudas de cómo se están administrando los recursos.
Cabe señalar que en 2016, la CESPE condonó a Geo de Baja California 12 millones 651 mil 443.69 pesos, según información del propio organismo.
LOS IMPUESTOS QUE CREA Y LOS QUE AUMENTA
Impuestos de la Ley de Ingresos
| Impuestos | Recaudaría en 2019 |
| Impuesto Sobre Nómina, de 1.80% más una sobretasa de 1.33% (actualmente es de 0.63%) | 1,342 millones de pesos |
| Impuesto adicional para la educación media y superior de 45% (aumenta 10%)
|
No se determina en la iniciativa de Ley de Ingresos |
| Impuesto adicional para la salud de 25% | 407 millones 988 mil pesos |
| Impuesto de Protección Civil | No se determina en la iniciativa de Ley de Ingresos |
Incremento en agua
| En Tijuana, CESPT propuso incrementar 10%, de 18.80 a 20.58 pesos |
| En Mexicali, CESPM aumentaría entre 9 y 12%, de 5.93 a 7.18 pesos |
| En Tecate, CESPT propuso aumentos del 15% para uso doméstico y de 25% para el no doméstico |
| En Ensenada, CESPE aumentaría tarifas domésticas en 25%; comerciales y gubernamentales en 30%; industriales en 28% y 5% en San Quintín |
Incremento en derechos como:
| Emisión de placas vehiculares (casi 50%) |
| Expedición de documentos de control escolar de educación básica (10.30 pesos) |
| Cotejo de documentos (4.83 pesos por documento) |
| Otros derechos incrementarán 4.62% conforme a la inflación nacional |
PAN nacional, contra impuestos de Vega
Marko Cortés Mendoza, estrenado presidente del Comité Ejecutivo Nacional del Partido Acción Nacional (PAN), aprovechó su visita a Tijuana el jueves 13 de diciembre para pedirle al gobernador de Baja California, Francisco Vega de Lamadrid, abstenerse de aumentar los impuestos en la entidad, tal como lo tiene contemplado para 2019.
El proyecto de ingresos del Poder Ejecutivo para el próximo año, contempla aumentar varios gravámenes, tarifas del agua y otros derechos para hacer frente a la falta de liquidez.
Ante medios de comunicación de la localidad, Cortés Mendoza afirmó: “A nuestros gobiernos estatales y municipales, Acción Nacional los exhorta a que tomen todas las medidas de racionalidad de gasto, de eficiencia, de optimización, mientras no se resuelve el grande problema de envíos de recursos federales; que eviten en lo posible cualquier tipo de incremento en impuestos, que no traslademos la irresponsabilidad del Gobierno Federal en el no envío de recursos; que no lo traslademos a más impuestos para los bajacalifornianos”.
Aun así, el dirigente defendió a “Kiko” Vega de los señalamientos respecto a la falta de recursos en su administración, que han provocado que no se paguen sueldos, pensiones y aguinaldos a empleados de gobierno y organismos autónomos, al decir que no se trata de una situación exclusiva de Baja California.
El panista culpó al Presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, y le pidió entregar “el recurso de cierre de ejercicio que se ha mandado a todos los estados de la República en otros años, que hoy está asfixiando las finanzas públicas y que hoy está evitando el pago a los maestros. No es válido que se maneje el presupuesto público como patrimonio personal”.
Cortés hizo un exhorto de diez puntos dirigido al Gobierno de México titulado por AMLO, con relación al Presupuesto de Egresos y la Ley de Ingresos 2019 -la primera de las cuales debe aprobarse en la Cámara de Diputados antes del 15 de diciembre-, entre éstos, bajar el precio de la gasolina, del gas LP y la energía eléctrica; deducir los impuestos IVA e ISR en toda la zona fronteriza; no reducir el presupuesto de educación, salud pública y de las distintas entidades federativas; así como transparencia en los beneficiados de programas sociales. Isaí Lara Bermúdez
Rechaza Canacintra aumento propuesto por “Kiko”
Empresarios agrupados a la Cámara Nacional de la Industria de Transformación (Canacintra) de Tijuana, Mexicali, Ensenada, Tecate y la región Noroeste, rechazaron el incremento en el Impuesto Sobre Nómina y a las tarifas de agua, propuestos en la iniciativa de la Ley de Ingresos 2019, al considerar que desalentarán la inversión, aumentarán la inflación y van en contra de la generación de empleos.
Manuel Zepeda, presidente de Canacintra Región Noroeste, leyó un pronunciamiento en el que los industriales externaron su preocupación por la imposición de dichos gravámenes en Baja California, a los que se suman el impuesto adicional para educación básica, media y superior, así como el impuesto a la salud.
En conferencia de prensa, José Eugenio Lagarde, presidente de Canacintra Mexicali, afirmó: “No podemos aceptar aumentos por una mala administración, por eso nos estamos oponiendo tanto Canacintra como el resto de las Cámaras que estamos a favor de nuestra región para seguir invirtiendo y siendo competitivos”.
Abundó que en el caso de Mexicali el incremento a las tarifas de agua sería de alrededor del 13%, que repercutirá en el costo de producción; sin embargo, si les hubieran informado que “esos aumentos van para proyectos de infraestructura de la ciudad, créanme que somos los primeros en apoyar, pero el que no te lo expliquen y nada más te lo quieran aumentar, y luego nos enteramos que es para avalar garantías de proyectos que no son de Mexicali, automáticamente dijimos ‘no se vale’”.
En su oportunidad, Juan Martín Velasco, vicepresidente de Canacintra Ensenada, apuntó que ese municipio tiene la tarifa más alta de agua para comercio e industria, y no se respalda porque “no sabemos qué tan eficientes son para prestar ese servicio o cuántas deficiencias en la distribución tienen”.
Aun cuando los líderes empresariales calificaron de “no congruente” la propuesta del gobernador Francisco Vega de Lamadrid con la política del Gobierno de México, que reducirá el IVA al 8% y el ISR al 20%, la postura de este organismo fue más conciliadora que la expresada el miércoles 12 de diciembre por la Confederación Patronal de la República Mexicana y el Consejo Coordinador Empresarial.
Para concluir, Marcello Hinojosa Jiménez, presidente de Canacintra Tijuana, externó que si se les hubiera dicho para qué van a ser destinados los incrementos propuestos, “hubiéramos podido llegar a un acuerdo, sin embargo, aquí se da en sentido contrario, el consenso vino después”. Julieta Aragón Domínguez
