Desde aquel último gobernador emanado del Partido Revolucionario Institucional en Baja California, Xicoténcatl Leyva Mortera (por cierto, ahora muy ligado a Movimiento Regeneración Nacional y con la probabilidad de obtener un cargo diplomático en el futuro), en el Estado no se había vuelto a contar con un mandatario tan impopular como el que ahora lo es, Francisco Vega de Lamadrid.
En este espacio ya se ha escrito que las semejanzas entre uno y otro son tales, que parece que se cierra el ciclo del Partido Acción Nacional en el gobierno de Baja California, con el mismo lastre por el cual se le concedió el triunfo en 1989: la corrupción.
Publicidad
Los señalamientos de actos deshonestos, abuso de poder y corrupción que se hacían hace casi 30 años al gobierno de Leyva, sólo son equiparables a los que hoy se vierten contra Vega de Lamadrid. Aunque hay una diferencia: “Xico” nunca dejó de pagar las nóminas de las entidades de gobierno, centrales, descentralizadas y autónomas. Para todos había, legal e ilegalmente, como se confirmaría cuando varios colaboradores suyos pisaron la prisión.
Ninguno de los gobernadores que antecedieron a “Kiko”, Ernesto Ruffo Appel, don Héctor Terán Terán, Alejandro González Alcocer, Eugenio Elorduy Walther y José Guadalupe Osuna Millán, había sido tan impopular como el actual. Ninguno fue objeto de tantas manifestaciones por tan distintos sectores en el Estado, como las que han sucedido en Baja California en los últimos años. A ninguno se le ha pedido tanto la renuncia, también desde diversos entornos sociales, como a Vega de Lamadrid.
Estudios estadísticos locales y nacionales, han confirmado en los últimos años lo que muchos saben y ven: la caída en la popularidad y la aprobación de Francisco Vega de Lamadrid. Consulta Mitofsky, la agencia de estudios de opinión de Roy Campos, ha realizado una medición anual sobre lo que los bajacalifornianos piensan y aprueban de su gobernador, y la caída ha sido sistemática.
Publicidad
En 2014, el nivel de desaprobación de Vega estaba en el 42.1 por ciento, es decir, más de la mitad de los bajacalifornianos sí confiaban en él y aprobaban su labor. Para 2015, aquellos que no aprobaban su gobierno incrementaron hasta llegar al 51.3% de la población. Y para 2016, hubo más inconformidad sobre la forma de gobernar del panista, pues 56.3% lo desaprobaron. Hace un año, en la última medición pública de Mitofsky, la de 2017, la desaprobación de Francisco Vega se tasó en 60.3%. La caída de su popularidad, pues, fue en picada.
Otros estudios cuantitativos confirmaron tales resultados. Una encuesta realizada en todo el país para conocer la popularidad de los gobernadores, y ordenada por Revista 32 en mayo de 2018, le dio a Vega 17.8% de aprobación, lo que significa que alcanzó su pico de desaprobación con 82.2%.
Una más, publicada en febrero y ordenada por México Opina en colaboración con SDP Noticias, dio cuenta que Francisco Vega ocupaba el cuarto lugar en los gobernadores peor evaluados con un 18.1% de aprobación, sólo superado por el perredista Arturo Núñez en primer lugar, el verde ecologista Manuel Velasco en segundo lugar, y Graco Ramírez del PRD como el peor evaluado por sus gobernados.
Y la más reciente encuesta, a cargo de Arias Consultores en redes sociales para evaluar a los gobernadores mexicanos, puso a “Kiko” en la posición 30 de 32. Es decir, fue el tercer peor evaluado, logrando apenas 6.6% de aprobación, sólo precedido por Arturo Núñez en la posición 31, con un 2.5% de aprobación; y el ahora ex gobernador de Chiapas, Manuel Velasco, con la aprobación más baja: 2.4% de sus gobernados confiaron en él.
Estos datos producto de estudios científicos van acorde a la realidad que se percibe en Baja California. En la semana que concluye, más de veinte gráficas, memes, fotografías con pies y leyendas ridiculizando al gobernador como corrupto y ladrón, se compartieron no sólo en redes sociales, sino a través de distintos servicios de mensajería de telefonía celular; algunos fueron convertidos en afiches y se pegaron en carros, bardas, paredes y postes.
La impopularidad de “Kiko” se ha acentuado en los últimos días, al dejar de proveer recursos a instituciones para el pago de salarios y aguinaldos a los trabajadores, y cuando incluso ha fallado en pagar a los empleados del Gobierno del Estado y ha decidido, de manera unilateral, pagarles el aguinaldo en parcialidades, empezando por supuesto por la más baja.
Además, para subsanar los muchos problemas financieros que el gobierno de Baja California atraviesa en su sexenio, como político sin ideas se le ocurrió la vía más fácil de hacerse de recursos adicionales para el próximo año: subir impuestos y crear otros para recaudar más.
En la idea impositiva que aún no le es aprobada por el Congreso del Estado -y habrá que ver si se animan a poner en riesgo su reelección quienes la deseen entre los diputados-, el gobernador ha terminado por enfrentar a la clase empresarial que medianamente lo venía apoyando. Prácticamente todas las Cámaras empresariales, los centros coordinadores, los centros empresariales, de comercio e industriales, rechazan la propuesta en la Ley de Ingresos 2019 del Ejecutivo estatal, que incrementa el Impuesto Sobre Nómina, eleva las tarifas del agua y crea nuevos impuestos para la educación, protección civil, entre otros.
A la animadversión que ya despertaba el gobernador entre grupos de la sociedad civil organizada, de trabajadores que se han quedado sin sueldo o éste les ha sido entregado de manera parcial o con retraso, y de los maestros jubilados y activos que también han tomado las calles para manifestarse por falta de pago, se suma la clase empresarial, que rechaza la medida y extiende un llamado a los diputados a no aprobar la dictada Ley. Vaya, hasta el recién electo dirigente nacional del Partido Acción Nacional, Marko Cortés, ha pedido a “Kiko” no incrementar ni crear impuestos.
La impopularidad de Francisco Vega de Lamadrid, pues, va en aumento no sólo en términos estadísticos, también cualitativos, con las voces que se unen a la protesta: la de los panistas nacionales y los empresarios regionales.
