Francisco Vega de Lamadrid estudió administración de empresas, fue secretario de Finanzas del Gobierno del Estado de Baja California y alcalde de Tijuana. Sus inicios panistas en dependencias inmobiliarias le abrieron las puertas para convertirse en un próspero empresario en el ramo. De acuerdo a su currículum, sabe cómo administrar y hacer crecer el dinero, sin embargo, tiene al gobierno estatal sumergido en una crisis financiera.
Algo es seguro: si alguno de los empleados de “Kiko”, le hiciera esto a alguna de sus empresas, ya lo hubiera despedido. Pero los bajacalifornianos están siendo obligados a tolerar la irresponsabilidad del mandatario panista, que evita dar la cara y envía a sus funcionarios a dar respuestas vagas, sin explicaciones sustentables.
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En este esquema resulta inevitable cuestionar cómo puede ser posible que alguien tan bueno para meter dinero a su cartera, sea tan malo para administrar los recursos del pueblo, tanto como para convertirse en el primer gobernador panista en prácticamente 30 años, que deja de pagar sueldos.
Así, mientras presumen ahorros por 50 millones de pesos, resulta que cientos de millones de pesos se adeudan en salarios y prestaciones a personal activo, además de los pensionados y jubilados. Y como parecen intentar perfeccionarse en el arte de esconder información y mentir, está claro que falta conocer adeudos pendientes a proveedores.
Esta semana, la soberbia e impunidad gubernamental superaron límites, porque que sin explicar con claridad, con peras y manzanas los motivos de la crisis, ni el destino de los fondos federales extraordinarios entregados con anterioridad, o en qué se han gastado los supuestos ahorros, presentaron una Ley de Ingresos que propone aumentos y nuevos impuestos. (Ver nota en esta edición de ZETA)
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La propuesta contempla, entre otras cosas, crear un gravamen de salud, incrementar el de educación y el Impuesto sobre Nómina, lo cual implicaría que los bajacalifornianos paguen en 2019 un adicional de mil 300 millones de pesos en tributos y derechos. Esto comparado con los cobros establecidos por el Estado en el presente año.
Consultados por este Semanario en las últimas tres semanas, analistas financieros y ex funcionarios atribuyeron la presente crisis a la mala administración, la generación de deuda por compromisos irregulares con las Asociaciones Público Privadas (APP), los “jineteos” o desvíos de recursos etiquetados que han sido exhibidos por la Auditoría Superior de la Federación (ASF), los cuales, por cierto, no han sido debidamente observados por la Auditoría del Estado ni por los diputados locales, que son los obligados legales, los elegidos para vigilar la correcta aplicación de las finanzas públicas.
Los legisladores han aprobado al gobernador y a su gabinete, todos y cada uno de los movimientos financieros que tienen a Baja California sumergida en una crisis monetaria y humana. Sin sus votos, Vega y su clan no habrían podido llegar a este momento. Entonces la crisis económica tiene varios nombres y apellidos.
Primero, en su calidad de presidenta de la Comisión de Hacienda, Iraís Vázquez, responsable de analizar los planteamientos financieros, quien por cierto, desatendió su responsabilidad y no citó periódicamente a sesiones durante los tres meses que duró la campaña electoral, permitiendo que las propuestas de ampliaciones y transferencias que ingresaron al Congreso en ese tiempo, fueran aplicadas “por default” después que los tiempos considerados por la Ley para que el congreso respondiera, se vencieran.
Además, la diputada Eva María Vázquez, integrante de la Comisión de Hacienda y presidenta de la Comisión de Fiscalización del Gasto Público, quien de acuerdo a los resultados, no ha cumplido con su función.
Les siguen los panistas entregados al Poder Ejecutivo: el actual presidente del Congreso, Carlos Torres; Victoria Bentley, Trinidad Vaca, José Félix Arango, Sergio Tolento, Alfa Peñalosa, Mónica Hernández y Raúl Castañeda.
Después, los azules que se saben usados, que saben que el gobierno de Vega de Lamadrid permitió que la situación llegara el punto actual, como medida para presionar un rescate del Gobierno Federal, quienes tiene conocimiento de la administración, poder dentro del partido y del Congreso. Pero al final siempre deciden con la cargada y el camino fácil, de no hacer contrapeso. Éstos son Ignacio García y Andrés de la Rosa.
También los diputados de oposición que no se han molestado en intentar ocultar su tendencia a apoyar las propuestas del gobernador: Rocío López Gorosave, del PRD; Job Montoya, de Movimiento Ciudadano; y Claudia Agatón, del PT.
En una posición menos incómoda, la oposición de oportunidad, los legisladores que públicamente declaran contra la administración kikista, pero que en la mayoría de las votaciones han terminado apoyando, ya sea votando a favor del Ejecutivo o ausentándose de las sesiones importantes, a sabiendas que eso permitirá a la mayoría panista sacar adelante las propuestas: los priistas Benjamín Macías, Blanca Patricia Ríos, Marco Antonio Corona, y Alejandro Arregui, quienes como los morenistas Catalino Zavala y Manuel Morán, manifiestan los primeros intentos por convertirse en oposición en esta última etapa, pero siguen sin concretar.
Al final, los cuatro votos que a pesar de exhibir públicamente las irregularidades de poco han servido para evitar que los votos de sus otros 21 compañeros de Legislatura validen los actos de mala administración que tienen a la administración estatal en la insolvencia, el panista Miguel Osuna, el tricolor Bernardo Padilla, Luis Moreno de Transformemos y Jorge Eugenio Núñez, del PBC.
Justo en este diciembre, los 25 diputados tendrán una nueva oportunidad de obligar al gobernador a dar explicaciones, a justificar sus acciones, a administrar el erario de manera correcta. Lo harán mediante la aprobación o rechazo de la Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos. Basados en experiencias anteriores, de nuevo corresponderá a la sociedad organizada mantenerse pendiente, ante la alta posibilidad de que decidan solapar sin cuestionar.
