Deudas, APP y mala administración causan crisis financiera en BC

Foto: Cristian Torres
 
Edición Impresa Lunes, 24 Diciembre, 2018 01:00 PM

En cinco años, el gobierno de Francisco Vega de Lamadrid acumuló 90 mil millones de pesos en deudas y otras obligaciones de pago. La falta de liquidez en el gobierno de Baja California es resentida principalmente por los trabajadores, quienes no recibieron aguinaldos completos. Expertos coinciden en la mala administración y planeación de recursos desde el gobierno estatal como la causa de esta crisis, así como las APP aprobadas

Cuando el panista Francisco Vega de Lamadrid tomó posesión como gobernador de Baja California el 1 de noviembre de 2013, las deudas y otras obligaciones de pago del gobierno estatal rondaban los 9 mil millones de pesos. En cinco años de administración, la cifra ha aumentado a 99 mil millones de pesos. Esto significa que para pagarla, se requeriría el doble del presupuesto de egresos de un año.

Así lo revela un informe del Centro de Estudios de las Finanzas Públicas (CEFP) de la Cámara de Diputados, que advierte: “Se recomienda que el Estado de Baja California no contraiga nuevas obligaciones de pago bajo ningún esquema de financiamiento”.

Entre las Asociaciones Público Privadas (APP) como la desaladora en Playas de Rosarito y otras obligaciones de pago que comprometen participaciones federales e incluso el cobro de derechos como el agua y de otros impuestos, el gobierno estatal se quedó sin margen para adquirir más deuda, ni para hacer frente a sus compromisos de pago.

La situación no es nada favorable. Aunado a esto, el nivel de endeudamiento con el que Baja California cerró el ejercicio fiscal 2017 obliga a la administración estatal, por Ley, a destinar cuando menos el 30 por ciento de sus ingresos de libre disposición excedentes, a la amortización de la deuda pública, pago de adeudos de ejercicios fiscales anteriores, pasivos circulantes y otras obligaciones.

Entrevistados por separado, expertos como el consultor y asesor financiero internacional Abraham Vergara y Manuel Guadarrama, coordinador de finanzas públicas en el Instituto Mexicano para la Competitividad (Imco), coincidieron en que la actual situación financiera de Baja California es consecuencia de la mala administración y planeación del gobierno de “Kiko” Vega.

Por su parte, Nancy Sánchez, quien formó parte de la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados de 2015 a 2018, declaró: “Desde hace más de tres años, he señalado el gasto excesivo y alertado sobre la deuda que ha adquirido el gobierno estatal, siempre he señalado los malos manejos que no son sólo responsabilidad del Ejecutivo; hay una gran responsabilidad por parte de los diputados locales”.

Ni para la ex diputada federal ni para los especialistas en finanzas públicas se justifica la crisis financiera con la falta de aportaciones y participaciones federales de las últimas semanas, como lo ha intentado hacer ver el gobierno estatal.

Hasta el 13 de diciembre, el gobierno estatal seguía sin aportar ministraciones por más de 300 millones de pesos, en algunos casos desde octubre, a organismos autónomos como la Universidad Autónoma de Baja California (UABC), Comisión Estatal de Derechos Humanos de Baja California (CEDHBC), Poder Judicial, Instituto de Transparencia e Instituto Estatal Electoral.

Además, ningún docente afiliado al Sistema Educativo Estatal (SEE) ha recibido el pago de su aguinaldo y los profesores en retiro siguen sin el pago de sus pensiones y jubilaciones desde noviembre de 2018.

A punto de cerrar el año, se hace más evidente la crisis financiera en Baja California.

 

“SI YO FUERA CEO DE UNA EMPRESA, LE PEDIRÍA A FRANCISCO VEGA SU RENUNCIA”: ECONOMISTA

De manera oficial, el gobierno estatal se rehúsa a reconocer las obligaciones de pago a las APP como deuda, pero en términos reales, tales obligaciones de pago sí comprometen las finanzas públicas.

Para Abraham Vergara Contreras, coordinador de la Licenciatura en Contaduría y Gestión Empresarial de la Universidad Iberoamericana en Ciudad de México, el esquema de APP es una de las principales causas de la crisis financiera que se vive en el Estado: “Le llamen deuda o no, estás comprometiendo recursos a futuro que ni siquiera tienes aún para el pago de obras, y eso representa ya una deuda”.

El docente con veinte años de experiencia en el ámbito de finanzas corporativas y mercados financieros, afirmó: “Si yo fuera CEO de una empresa, le diría a Francisco Vega que pase a recursos humanos y ahí vea su renuncia”.

Y explica que independientemente de si los recursos federales para noviembre y diciembre no llegaron a tiempo, un gobierno con buena administración y planeación, no atravesaría una crisis.

Foto: Ramón T. Blanco Villalón.- Prefesores inconformes

Otra de las justificaciones que ha planteado Bladimiro Díaz Hernández, secretario de Planeación y Finanzas del Estado, es que las nuevas leyes han colocado topes que no han permitido a la administración estatal adquirir créditos a corto plazo para subsanar la falta de pago.

Manuel Guadarrama, coordinador de finanzas públicas del Imco, indica que legislaciones como la de Disciplina Financiera, que efectivamente monitorea y limita los niveles de endeudamiento de estados y municipios, no debe ser considerada un obstáculo para los gobiernos, sino una estructura para evitar desfalcos.

El especialista en temas como finanzas públicas, transparencia, políticas públicas y demás, refiere que al cerrar Baja California el ejercicio fiscal 2017 con un semáforo amarillo, que significa endeudamiento en observación en el sistema de alertas de la Secretaría de Hacienda, se debieron tomar medidas para mejorar las finanzas, reducir gastos, limitar  endeudamientos y  hacer mejor uso de los recursos este año.

Debido a que la cuenta pública 2017 cerró con tal nivel de endeudamiento, en el ejercicio fiscal para el próximo año, el gobierno estatal está obligado por Ley a destinar el 30% de sus ingresos excedentes de libre disposición al pago de deudas, lo cual limitará aún más el gasto público.

 

PARTICIPACIONES FEDERALES AUMENTARON, PERO LA DEUDA DE BC TAMBIÉN

Antes que “Kiko” Vega iniciara funciones como gobernador en Baja California, solamente el 24.32% del presupuesto de egresos se destinaba a pagos de deuda y otras obligaciones. En 2018 se requerirían dos presupuestos enteros sólo para cumplir con esas obligaciones de pago.

“Las obligaciones de pago, cualquiera que sea la denominación que les otorgue la Ley, deuda pública o Asociaciones Público Privadas, constituyen una carga financiera para las entidades públicas; en el Estado de Baja California se ha registrado un incremento exponencial en las obligaciones de pago”, detalla un estudio de la Cámara de Diputados sobre la situación financiera en Baja California.

Según el propio secretario de Planeación y Finanzas, del total del presupuesto de egresos del Estado, que en 2018 se aprobó por 50 mil 642 millones 676 mil 625 pesos, pero se estima cierre el 31 de diciembre en 55 mil 638 millones 873 mil 046 pesos, el 88% se compone de recursos federales y sólo el 12% de ingresos propios.

Información de la Secretaría de Hacienda apunta que hasta el tercer trimestre de 2018, el 71.4% de las participaciones federales que BC recibió estaban destinadas al pago de obligaciones como deuda y financiamientos.

En cuanto a recursos federales, del 1 de enero al 30 de septiembre de 2018, Baja California recibió 37 mil 544 millones 400 mil pesos en recursos federales; un aumento de mil millones 365 mil pesos en comparación al mismo periodo en 2017.

Del monto total, 18 mil 992 millones 100 mil pesos corresponden a participaciones federales, las cuales son de uso libre al no estar etiquetadas para partidas específicas.

Mientras que en aportaciones federales (como los fondos para los sistemas de educación) se recibieron 13 mil 704 millones 300 mil pesos.

Foto: Cortesía.- Rueda y Díaz intentan aclarar números

El resto de los fondos se distribuyó en mil 694 millones 900 mil pesos para provisiones salariales y económicas; 2 mil 503 millones 300 mil pesos en convenios de descentralización y reasignación; así como 719 millones 900 mil pesos en protección social en salud. En este último rubro se incluyen los recursos aportados para el Seguro Popular.

Por otra parte, en términos de deuda pública el gobierno estatal reportó hasta el 31 de octubre de 2018, deudas con 13 instituciones financieras por 11 mil 070 millones 852 mil 867 pesos, esto es, la deuda a largo plazo, según información brindada por el secretario durante su comparecencia ante la Comisión de Hacienda y Presupuesto.

En deudas a corto plazo, de acuerdo con la información más reciente para consulta pública, hasta el tercer trimestre de 2018 (30 de septiembre), el Gobierno del Estado de Baja California mantenía seis deudas a corto plazo por 2 mil 971 millones de pesos.

Cuatro de estos financiamientos fueron adquiridos a través del banco HSBC. La primera por 660 millones, de los cuales se habían liquidado 165 millones. La segunda corresponde a 600 millones, con la mitad saldada. La tercera es por 306 millones de pesos, de los cuales se habían pagado 204 millones de pesos. La cuarta fue por un monto de 100 millones de pesos, con 10 millones 100 mil pesos abonados.

Las otras dos deudas se adquirieron con Banorte. La primera por 625 millones 500 mil pesos, con 573 millones 400 mil pesos saldados; y la segunda por 679 millones 500 mil pesos, con un saldo de 622 millones 900 mil pesos.

 

DIPUTADOS TAMBIÉN TIENEN RESPONSABILIDAD: NANCY SÁNCHEZ

Cuando Francisco Vega de Lamadrid inició su periodo como gobernador, Nancy Sánchez Arredondo era la dirigente estatal del Partido Revolucionario Institucional (PRI), luego formó parte de la Cámara de Diputados y desde ambos cargos ha sido una voz de oposición al gobierno estatal.

“El Estado ha sido privilegiado con muchos recursos, han crecido las participaciones federales, pero ha sido el gobernador un pésimo administrador. A eso obedece la gran inconformidad que existe en El Estado”, opinó.

La ex legisladora federal señaló que la aplicación de participaciones federales no ha sido transparente, por lo que se desconoce el destino que el gobierno estatal ha dado a millones de pesos.

Sin embargo, la actual situación financiera en Baja California no sólo es responsabilidad del gobierno estatal, también de los diputados.

“Al Ejecutivo se le puede ocurrir lo que quiera, pero para eso están los diputados, para un equilibrio de poderes; debería existir un freno en el poder aplastante del gobernador y la mayoría panista, pero no existen más que contadas excepciones como el diputado Bernardo Padilla”.

Sánchez Arredondo complementó: “Las mentiras, las evasivas, las trampas, han sido la característica de Vega, recordemos la forma en que aprobaron la Ley del Agua y el dictamen para aprobar la construcción de las desaladoras a través de APP (…)  Procesos que abortaron en el Congreso ante la presión social por el caos financiero que se vive en el Estado y que fue denunciado por diputados que sí han honrado su responsabilidad y se han negado a ser comparsas del gobernador como desafortunadamente han aceptado la mayoría de los legisladores locales”.

E insistió en que los recursos federales sí se entregaron a tiempo, pero fue desde el gobierno estatal donde “se permitieron los gastos superiores a los ingresos, con complicidad del Congreso. De este caos financiero, hay dos responsables: el Ejecutivo del Estado, obviamente también el secretario de Finanzas y los diputados que avalaron esta situación. Los señalamientos que durante años hemos hecho, referentes a la opacidad,  nula rendición de cuentas,  irregularidades en el manejo de los recursos y las sospechas sobre conductas constitutivas de delito, vienen a materializarse para justificar el estado actual de bancarrota que padece Baja California”, concluyó.

 

NI PARA AGUINALDOS ALCANZA

Las afectaciones financieras no sólo alcanzaron a los trabajadores de organismos autónomos, también a quienes laboran directamente para el gobierno estatal.

Esta semana, empleados de confianza y burócratas refirieron a ZETA que el pago de sus aguinaldos no se cumplió.

En algunos casos, recibieron abonos del 20 o 30%, por ejemplo en la Procuraduría General de Justicia del Estado, pero en otros casos como en la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, algunos trabajadores ni siquiera recibieron su aguinaldo.

“Es la primera vez en más de diez años que ocurre una situación así, estamos desconcertados y muy molestos porque no fallamos con el trabajo, pero a nosotros sí nos faltan con ese pago”, expuso uno de los afectados.

 

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