Después de haber sido presidente municipal de Tlajomulco de Zúñiga a través del Partido de la Revolución Democrática (PRD) y también alcalde de Guadalajara por el partido Movimiento Ciudadano (MC), Enrique Alfaro Ramírez asumió la gubernatura del estado de Jalisco.
Surgido del Partido Revolucionario Institucional (PRI) e hijo de un ex rector de la Universidad de Guadalajara, Alfaro inicia un sexenio en el que la premisa es la “refundación de Jalisco” y en cuyo gabinete incluyó a varios ex panistas cercanos al ex gobernador Emilio González Márquez.
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Con una mayoría de legisladores emecistas, que además se quedaron con la presidencia del Congreso de Jalisco, el polémico gobernador, al que sus opositores califican de autoritario, no encontró obstáculo alguno para que le fuese aprobada la nueva estructura administrativa.
El político logró la aprobación para crear tres nuevas secretarías de estado, una jefatura y cuatro coordinaciones de gabinete, una consejería jurídica, además de la Unidad de Enlace Federal y Asuntos Internacionales.
Los diputados también le dieron facultades Alfaro para administrar la Hacienda y las finanzas públicas, con lo que podrá durante lo que resta del mes de diciembre pagar a los nuevos funcionarios y contratar personal eventual, o supernumerario.
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El nuevo gobernador, que se desligó del partido Movimiento Ciudadano en cuanto obtuvo el triunfo electoral a mediados de año, aseguró durante la etapa de transición que su gobierno “costará menos dinero a los jaliscienses”; sin embargo, el número de dependencias aumentó de inicio.
Otra de las determinaciones que el Congreso validó a Alfaro Ramírez fue la designación del Fiscal General del Estado en la persona de Gerardo Octavio Solís Gómez, quien ya había sido procurador de justicia, secretario general de Gobierno interino y gobernador interino, a la salida de Francisco Ramírez Acuña cuando fue nombrado Secretario de Gobernación en el sexenio de Felipe Calderón.
Entre los principales retos de la naciente administración se encuentran mejorar la seguridad pública y la administración de justicia, que fueron el dolor de cabeza del gobierno de Aristóteles Sandoval, mejorar la economía y calidad de vida de los habitantes de la entidad y atender de manera puntual la agenda del medio ambiente.
Aún antes de iniciar su gestión, Enrique Alfaro se friccionó con el hoy presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, debido al nombramiento de los llamados “súper delegados” que tendrán injerencia en la vida pública y supervisión de la aplicación de los planes y recursos federales en cada uno de los estados.
En el caso de Jalisco, el delegado es Carlos Lomelí Bolaños, del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), quien fue el principal contrincante de Alfaro en la carrera por la gubernatura y quedó en segundo lugar por una votación de 39 a 24.7 por ciento.
Un día antes de la elección, una nota de Anabel Hernández en el portal de Aristegui Noticias, dio cuenta de una investigación que seguía el Departamento de Justicia de Estados Unidos sobre presuntos vínculos del entonces candidato de MC con lavado de dinero y de la que la comunicadora aseguró contar con documentos que respaldan su dicho. El asunto ya no se movió y Alfaro Ramírez negó cualquier nexo con delincuentes.
