SEA, entre burocrático, opaco e ilegal

Foto: Cristian Torres
 
Edición Impresa Lunes, 19 Noviembre, 2018 01:00 PM

Con un mes de retraso se eligió Secretario Técnico del Sistema Estatal Anticorrupción en Baja California a Luis Irineo Ramos, quien será el encargado de generar un presupuesto en los próximos días; por otro lado abogados e interesados cuestionan la participación de la Procuradora General de Justicia del Estado en el Órgano, al tiempo que se señalan la opacidad de las votaciones y hasta la legalidad de las mismas

Fueron necesarias cinco sesiones y la renuncia de dos de los tres aspirantes, para desatorar el nombramiento del Secretario Técnico del Órgano de Gobierno de la Secretaría Técnica del Sistema Estatal Anticorrupción.

Ante la exigencia inscrita en la Ley de ser electo con mayoría calificada, las inasistencias de integrantes del Órgano de Gobierno, así como la falta de un mecanismo para destrabar en caso que no se lograran los 17 votos requeridos, la selección estuvo empantanada.

Incluso por acuerdo del mismo órgano, se tomó la decisión de nombrar a la Procuradora de Justicia, Perla Ibarra, en sustitución del Fiscal Anticorrupción -el cual no ha sido nombrado- para lograr tener 22 participantes en la designación.

Luego de una primera votación, Mario Alzate Cruz, ex jefe del Departamento del Órgano Superior de Fiscalización del Estado, renunció a la candidatura al quedar en tercer lugar de la votación por debajo de Jorge Antonio Sauceda y Luis Irineo Romero, esto con el fin de poder destrabar la elección, pero no funcionó.

Mientras desde la Coparmex Mexicali, encabezada por Rodrigo Llantada y echando mano del Consejero Ciudadano, Francisco Fiorentini, denunciaron la intención del gobernador Francisco Vega de Lamadrid de querer meter mano en la designación del Secretario Técnico al apoyar a Jorge Antonio Sauceda. Al tiempo, Edgardo “Chito” Silva denunció la intromisión de la Coparmex al querer nombrar a Luis Ramón Irineo Romero quien hasta ese entonces se encontraba en segundo lugar de la votación con siete sufragios.

Procuradora Perla Ibarra

Llantada y Fiorentini sostuvieron que Jorge Antonio Sauceda no cumplía con los requisitos de elegibilidad ya que se encontraba inscrito en el padrón del Partido Acción Nacional, ostentaba un cargo público en el Poder Judicial y había un conflicto de intereses debido a que el abogado fue contratado por “Chito” Silva en un juicio civil, además de ser cuñado de Raúl Reynoso, Director de Comunicación Social del Gobierno del Estado.

Pese a tener el mayor número de votos, el grupo de “Chito” Silva cedió a los reclamos de los empresarios y finalmente se informó el viernes 9 de noviembre que Jorge Antonio Sauceda renunciaba a la candidatura.

Con Sauceda y Alzate fuera, Irineo fue nombrado por unanimidad de los 19 votos presentes. Tomó protesta el martes 13 de noviembre.

 

BUROCRATISMO Y OPACIDAD

Octavio Sandoval López comisionado presidente del Instituto de Transparencia en Baja California, aprovechó el consenso entre los 19 integrantes del Órgano de Gobierno que acudieron (en total son 22) para pedir que todas las votaciones se hicieran de manera abierta y no secretas como se han realizado hasta ese momento.

Indicó que con ello se subsana la opacidad que había reinado dentro del Órgano de Gobierno, ya que los ciudadanos deben conocer el sentido de la votación de cada uno de los integrantes y con ello darle máxima publicidad. “Todavía no tenemos una buena práctica de transparencia dentro del Sistema, nosotros estamos contribuyendo, hicimos un convenio de colaboración para que fuera público todo lo que se hace aquí, van a estar publicadas en nuestro portal mientras se hace la infraestructura de transparencia”, explicó.

Irineo y Topete

Dijo que no se había podido avanzar en el tema de transparencia ya que es el Secretario Técnico el sujeto obligado, por lo que luego de este nombramiento ya se superaría esta etapa.

Sandoval explicó que ante la falta de consenso de los dos bloques  que se crearon, la credibilidad del Sistema Estatal Anticorrupción se encuentra afectada, además que se retrasaron en los tiempos que marca la ley.

Indicó que el consejo de ciudadanos del SEA dejó de tener ese carácter al momento que ejerce un gasto público, afirmó que desde ese momento se convirtieron en funcionarios que ejercen actos de autoridad y que tienen una responsabilidad pública.

“Es uno de los sistemas más complejos por la parte de la participación ciudadana, creemos que tiene una deficiencia, la gran cantidad de ciudadanos, entre más personas sean es más difícil ponerse de acuerdo. En el modelo nacional son siete nada más, aquí son 15, es una adecuación que se tendría que hacer, no es necesario que estén 15 personas, se debe de operar un sistema mucho más sencillo porque está muy complejo, muy burocratizado”, indicó Sandoval.

Afirmó que una vez que esté operando será necesario simplificarlo y hacer las reformas que sean necesarias, incluso destacó la necesidad de reducir al Órgano de Gobierno ya que son 22 integrantes.

Por su parte Edgardo Silva, integrante ciudadano del Órgano de Gobierno, dijo que es necesario avanzar en el tema del presupuesto debido a que sin recursos el sistema no podría operar: “Es indispensable un presupuesto razonable para echar a andar el SEA, ha habido mucho cuestionamiento sobre ese recurso. Hay quienes dicen que no deberían de otorgarle tal o cual recurso, hay quienes opinan que debe ser más, tenemos que trabajar duro para poder tener un presupuesto razonable porque sin ese recurso no estaría funcionando”.

Por su parte el Presidente del Consejo de Participación Ciudadana del SEA, Jorge Topete Calvillo, se manifestó contra que el CPC sea integrado por 15 ciudadanos lo cual consideró como una sobrerrepresentación de la ciudadanía.

“Me parecen muchos, quizá debamos ser 10 o 5, necesitamos compararnos hacia el resto de las entidades federativas, ellos tienen entre 5 o 7  ciudadanos, ver si entre los 15 están haciendo funciones sustantivas y eso representaría que bajara el número de integrantes del Órgano de Gobierno, y por lo tanto reestructurar también los 17 votos que se impusieron para la selección”, indicó.

Topete Calvillo dijo que desde un inicio el SEA mantiene una estructura robusta que limita su operación, advirtió que en la ley se ve muy loable pero en la operación no fue lo más funcional que se deseaba.

Sobre las inasistencias en el propio Órgano de Gobierno reconoció lo difícil que ha resultado coincidir las agendas de los funcionarios, por lo que señaló que se podría crear en un reglamento para que pudieran asistir subsecretarios.

Luis Irineo

De la irregular designación de la procuradora en el Órgano de Gobierno, justificó su presencia debido a que la ley no contemplaba la ausencia del fiscal anticorrupción. “Nosotros consideramos que en virtud de que la ley establece un supuesto que es imposible  de cumplir, quien lo debe de cumplir es quien está ejerciendo esas funciones, es decir, si no hay un fiscal anticorrupción quien hace las funciones actualmente es el titular de la PGJE”.

El presidente del CPC dijo que la Comisión Nacional de Derechos Humanos presentó una controversia constitucional en la que señala la injusticia de que a los consejeros ciudadanos se les pague y a los honoríficos no. En caso que se resuelva a favor, se le tendría que pagar un sueldo a los 15 ciudadanos, por lo que esto podría justificar reducir el número advirtió el presidente del CPC.

 

INCONGRUENCIAS

Para el presidente del Colegio de Abogados en el Ejercicio Libre del Derecho, Fernando Rosales, existe un sospechosismo ya que la designación del nuevo Secretario Técnico nació en el manto de la falta de transparencia desde que se votaba en sobre cerrado.

“En la sexta ronda totalmente arreglado, matizado, sin discusión alguna, se presentan las renuncias ante el desaseo y la vergüenza ética y personal de uno de ellos, Sauceda principalmente que fue señalado de no cumplir los requisitos legales”.

Edgardo Silva, consejero ciudadano

Rosales dijo que el SEA nació en contra de la constitución federal, además de caro debido a que de los 15 ciudadanos, 10 van a recibir honorarios por lo que se calcula podrían recibir hasta 50 mil pesos. Dijo que el código penal ya establece los delitos de corrupción que son el Peculado, Tráfico de Influencias, Negociaciones Ilícitas, Cohecho y Coalición de Servidores Públicos, son delitos previamente establecidos por lo que es una institución que viene a abultar la nómina del Gobierno del Estado y a crear más compromisos.

Advirtió que en el mismo Órgano de Gobierno se encuentra la Síndico de Mexicali, Blanca Villaseñor, acusada directamente de encubrir el desvió millonario del ex alcalde Jaime Díaz Ochoa.

El representante del colegio de abogados indicó que el SEA se encuentra totalmente burocratizado desde el momento en que es el mismo Gobierno del Estado quien paga a los consejeros. “Es un sistema burocrático que no va a abonar mucho porque la corrupción ya está investigada en las sindicaturas, no le veo mucho futuro, no es que sea pesimista pero ya existe en la Procuraduría el departamento de Patrimoniales, ahí está el ejemplo claro y ve cómo va de lenta”, expuso.

Advirtió que la Fracción II del Artículo 10 de como se establece el Comité Coordinador, indica que la procuradora no está legitimada, por lo que puede generar un problema de legalidad el que haya votado por el Secretario Técnico.

“Ella no podía estar como integrante del Consejo Coordinador, quien debería estar es el Fiscal Anticorrupción que no existe, por eso yo menciono que deben ser 21 nada más. A Perla Ibarra la invitan irresponsablemente los que estaban en el Órgano de Gobierno, algo que la ley no lo permite, ya que no están facultados para designar en ausencia del Fiscal a la procuradora”, indicó el litigante el cual calificó como vicio de origen.

Por su parte la Procuradora de Justicia, Perla Ibarra, aseguró que por acuerdo de la propia “Comisión” se pidió su asistencia ante la falta de un fiscal anticorrupción por lo que a falta de un nombramiento le dieron la representatividad a la procuraduría.

“Obviamente no es una situación de tipo voluntaria, a mí se me ha citado todas las veces pero yo creo que eso ya quedó en el pasado porque como ustedes vieron la semana pasada, hubo unanimidad en el nombramiento (para el Secretario Técnico) entonces no hay ninguna problemática en cuanto a mi intervención” explicó la procuradora.

 

SIN PRESUPUESTO: IRINEO

Por su parte el recién nombrado, Luis Irineo Romero afirmó que posiblemente tengan que pedir prórroga a la Secretaría de Planeación y Finanzas debido a la incapacidad de presentar un presupuesto.

Octavio Sandoval, consejero presidente ItaipBC

Dijo que la SPF les dio un plazo hasta el 20 de noviembre por lo que no les alcanzaría el tiempo para poder presentarlo en tiempo y forma.

“Arrancamos con un esta situación de que hay que legitimar esta institución, la Secretaría Ejecutiva fundamentalmente con trabajo, no hay otra” indicó el mismo Irineo Romero.

En cuanto al salario que deberán recibir los consejeros señaló que primero se tendrá que crear un reglamento que deberá ser aprobado por el Órgano de Gobierno y a partir de ahí se podrá presentar un presupuesto en el que se estipulen los sueldos.

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