El ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación Eduardo Medina Mora ordenó se suspendiera cualquier acción penal en contra del Presidente Enrique Peña Nieto y de los miembros de su gabinete en lo relativo al caso de desvío de recursos para las campañas priistas de 2016 en Chihuahua. El área jurídica del gobierno chihuahuense interpondrá recurso de reclamación
El presidente de la república, Enrique Peña Nieto, y los miembros de su gabinete quedaron eximidos de ser investigados por la fiscalía de Chihuahua a propósito del proceso que se le sigue al ex secretario general adjunto del CEN priista, Alejandro Gutiérrez Gutiérrez, por desvío de 250 millones de pesos, presuntamente canalizados a las campañas del partido tricolor en Chihuahua cuando César Duarte Jáquez gobernaba esa entidad.
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En vista del trámite que Eduardo Medina Mora, titular de la Segunda Sala de la SCJN, dio a una controversia interpuesta por el área jurídica de la Presidencia de la República, cualquier acción penal del gobierno de Chihuahua en contra primer mandatario y sus colaboradores cercanos resultará improcedente.
En ese contexto, no podrán ser detenidos, arraigados, citados, investigados, como tampoco mencionados en el marco de las indagaciones contra Gutiérrez Gutiérrez, a quien recientemente un juez de control estatal le concedió enfrentar su proceso en libertad a cambio del pago de una garantía ascendente a un millón de pesos.
De manera que en virtud de la resolución de Medina Mora, quien durante el sexenio de Peña Nieto ha recibido dos nombramientos (como embajador en Estados Unidos el año 2013 y como ministro de la Suprema Corte en 2015), los funcionarios priistas quedaron exentos de que el gobierno de Chihuahua los investigue, cuando la administración que encabezan está a escasas semanas de concluir.
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El recurso interpuesto procedió bajo el argumento de que había de por medio una invasión de competencias y facultades, contemplada en el artículo 20 del Código Nacional de Procedimientos Penales, referente a que ningún estado puede investigar y procesar a servidores públicos federales que hubieran cometido algún delito en esa entidad.
Foto: Misael Valtierra/Cuartoscuro.com.- Corral hace temblar al goberno de Peña
Para el consejero jurídico de Chihuahua, Jorge Espinoza, la controversia prácticamente resulta ser una forma de ampararse, “porque pretenden a través de la Corte obtener toda la información que hubiera en relación con investigaciones, órdenes de aprehensión y todo lo que pudiera estar en el estado de Chihuahua” con el objeto de estar al tanto de “cualquier procedimiento que pueda haber”.
En palabras de Espinoza Cortés: “Peña Nieto se quiere ir con un amparo en la mano, de alguna manera, quiere que esta impunidad sea transexenal y buscó a la Corte a través de este ministro Medina Mora, que sabemos que es muy cercano a él, que él mismo lo puso, y dicta un acuerdo que admite una controversia”. Sobre esta medida, consideró que “ni siquiera reunía los requisitos constitucionales ni legales como para que pudiera haber sido admitida”.
En su opinión, el recurso debió haberse desechado habida cuenta de ser “notoriamente improcedente” y sobre todo “por los fines ocultos que persigue y que son más que evidentes”.
El hecho de que de antemano el mexiquense y sus subordinados no pudieran ser investigados y procesados en Chihuahua traería como consecuencia que tampoco fuera así en alguna otra entidad federativa. “Es como darles un pase de impunidad a todos los funcionarios federales de esta administración”, expresó el entrevistado.
Espinoza lamentó que Eduardo Medina Mora haya ordenado la suspensión de “todos los procedimientos de investigación” así como de órdenes y citatorios, cuando se trata de “cuestiones de orden público que no pueden ser suspendidas, porque el ministerio público es una institución de buena fe y de orden público, por lo cual resulta completamente violatorio de cualquier procedimiento legal”.
En cuanto a las posibles razones de que por parte del gobierno federal se haya interpuesto la controversia, Espinoza Cortés opinó que obedece a algunas declaraciones del mandatario estatal Javier Corral, relativas a que “la justicia los va a alcanzar de alguna manera”; máxime, tomando en cuenta que el caso de Alejandro Gutiérrez Gutiérrez involucra a “funcionarios tanto partidistas como federales” por presuntas actividades de triangulación de recursos.
Afirmó que tales operaciones se habrían llevado a cabo no en Chihuahua, sino “en ocho estados más” y que tratándose de Durango, igualmente se ha procedido con averiguaciones correspondientes y detenciones.
Adelantó que este lunes 5 de noviembre, desde la administración encabezada por Corral, se va a presentar “un recurso de reclamación en contra del auto que admite la controversia”, así como “un recurso en contra de la suspensión”, en vista de que ésta está mal otorgada y aquélla, mal admitida.
Bajo esos términos, otro ministro habrá de reconocer y resolver si la admisión y la suspensión se otorgaron “conforme a derecho”.
Sobre el hecho de que Medina Mora haya sido quien resolviera en lo referente al asunto promovido por el área jurídica del Gobierno, se debió a que su turno como ministro para atender ese caso “le cayó mágicamente”, expuso Espinoza.
Alejandro Gutiérrez fue señalado de participar en una red de desvío monetario, operada en 2016 para financiar actividades de proselitismo del Partido Revolucionario Institucional en Chihuahua. En estas operaciones habrían incurrido el entonces dirigente de ese instituto político Manlio Fabio Beltrones y quien se desempeñaba como titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, el hoy canciller Luis Videgaray Caso; esto durante la administración estatal César Duarte Jáquez, actualmente prófugo de la justicia.
