Hace unos días pasó lo que nunca: los magistrados del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Baja California se quedaron sin telefonía celular. Aquello no fue una medida de austeridad por parte de la administración para generar ahorros, sino un corte ahora sí que por falta de pago. Efectivamente, del área de finanzas reportaron que por lo menos desde hace dos meses, del Gobierno del Estado -para mayor precisión de la Secretaría de Planeación y Finanzas de Baja California-, no les llega completa la ministración mensual que de acuerdo al Presupuesto de Egresos aprobado, les deben enviar para el funcionamiento y operación del Poder Judicial. Resulta que aparte de deberle al Instituto Electoral del Estado, al Instituto de Transparencia, al Colegio de Bachilleres del Estado, al Cecyte y a otras oficinas descentralizadas y autónomas, la administración de Francisco Vega de Lamadrid también le debe al Poder Judicial. Por ejemplo, en la última catorcena de octubre, de 20 millones que debía entregar el Gobierno del Estado, únicamente enviaron 8, restando 12 millones. Y el pago que debía hacerse el 8 de noviembre, simplemente no llegó. Ahora sí que los están ahogando con los compromisos, especialmente porque el dinero que adeuda la administración de Vega al Poder Judicial es, en muchos de los casos, para el pago de salarios. En total, estima el contacto, el Estado debe unos 41 millones de pesos al Tribunal. Y están preocupados, pues al hablar con los colaboradores de “Kiko” Vega, no les dicen para cuándo les entregarán lo que por Ley les corresponde. Sólo excusan que está “muy difícil”, que viajaron a Ciudad de México pero nada solucionaron, y de plano con la crisis de los maestros, gastaron el recurso de otras entidades. Diferentes dependencias y ahora otros poderes, siguen sufriendo la mala planeación financiera y la mala administración de Francisco Vega de Lamadrid en Baja California.
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