Ni depuración de la policía federal, ni profesionalización del Ministerio Público, ni fortalecimiento de las corporaciones locales, aparecen en las 24 páginas en las que se detalla el Plan nacional de Paz y Seguridad de Andrés Manuel López Obrador, el presidente electo, quien personalmente lo dio a conocer hace unos días.
Integrado por ocho puntos: (1) Erradicar Corrupción, (2) Garantizar Empleo, educación, Salud y Bienestar, (3) Respeto a Derechos Humanos, (4) Regeneración Ética de la Sociedad, (5) Reformular Combate a Drogas, (6) Emprender Reconstrucción de la Paz, (7) Recuperación y Dignificación de las Cárceles, (8) Plan de Seguridad Pública, el proyecto 2018-2024, refiere muchos anhelos, pero muy pocos cómo.
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De hecho, en materia de combate al narcotráfico y la criminalidad organizada como tal, únicamente está referida en dos puntos, cuando refiere que (es objetivo) “colapsar finanzas del crimen organizado”, “reducir lavado de dinero”. En todo el texto, complementará con “levantar prohibición de las drogas” y en otro punto refiere “regulación de estupefacientes actualmente prohibidos”.
Y sin referirlo directamente el plan para el combate al narcotráfico, en el punto número ocho, explica la creación de la Guardia Nacional para la “prevención del delito, preservación de la seguridad pública, combate a la delincuencia en todo el País”, al tiempo que refrenda lo que tanto denostó en campaña: “continuar disponiendo de las instituciones castrenses en la preservación y recuperación de la seguridad pública”.
Ahora estamos viendo en una corte de los Estados Unidos, en el juicio que se le sigue a Joaquín “El Chapo” Guzmán Loera, las declaraciones de presos que en un tiempo al igual que el Chapo, también estuvieron en prisiones mexicanas pero que acá, debido al lento ritmo de la procuración de justicia, no fueron ni declarados apropiadamente, ni procesados eficazmente. Independientemente si en México se le quiere creer a Reynaldo “el rey” Zambada o si se orquesta una campaña por parte de los señalados para no creerle cuando dice que sobornó a oficiales de la Ciudad de México y a funcionarios federales como Genaro García Luna cuando fue Secretario de Seguridad Pública Federal, en México estos capos no llegaron al banquillo de los acusados.
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Y no lo hicieron porque una de las dolencias del sistema de procuración de justicia mexicano es, precisamente, el Ministerio Público, el mismo que no mereció ni una sola mención en el Plan Nacional de Paz y Seguridad de López Obrador. México tiene un Ministerio Público pequeño en número, incapacitado en conocimientos, sin herramientas en materia científica, y comprometido a la Procuraduría General de la República, y que por lo tanto responde a esos intereses y nada más.
La reingeniería, depuración y capacitación del Ministerio Público, para que se procese de manera apropiada y eficaz a los narcotraficantes, a criminales organizados y a funcionarios corruptos (aunque Andrés Manuel López Obrador ya anticipó que no perseguirá, ni investigará ni castigará a los corruptos que no sean de su administración). Por eso en México ni les quitan el dinero a los capos aprehendidos, ni los hacen cooperar con declaraciones sobre sus redes de corrupción y poder criminal, como sí sucede en los Estados Unidos.
En su momento, los hermanos Arellano Félix, en el caso de Benjamín, aprehendido en México fue multado con casi cuatro mil pesos y sentenciado a 22 años de prisión, mientras en la Unión Americana fue obligado, a partir de un acuerdo para la reducción de su pena, a proveer información sobre las redes criminales para el trasiego de la droga, la estructura de los cárteles, y obligado a pagar 100 millones de dólares a la justicia norteamericana, dinero producto de la ilícita actividad que en México no le valuaron.
En muchos estados los líderes mafiosos de células de cárteles de la droga, y las propias cabezas criminales de esos cárteles, ni siquiera cuentan con una orden de aprehensión, porque la PGR no ha tenido ni el personal suficiente y mucho menos honesto y comprometido, para integrar profesionales averiguaciones previas que sean admitidas por un Juez para liberar órdenes de aprehensión.
La realidad es que los cárteles de la droga y los capos que los integran, no podrían existir sin la impunidad proveída por los representantes del Estado Mexicano a partir de actos de corrupción. En muchas ocasiones, no solamente el Chapo, sino muchos otros narcotraficantes, han escapado de la justicia cuando son alertados por Policías Federales, Estatales, Preventivos, Ministeriales o Municipales, incluso hubo casos donde quienes les informaron de un operativo de captura en su contra, fueron elementos del Ejército Mexicano.
Pero en el plan de seguridad de López Obrador, no aparece la palabra depuración. Las policías por tanto, seguirán tan corruptas como desde hace sexenios. Enrique Peña Nieto el actual presidente, se desobligó de esa acción cuando el discurso del combate a la inseguridad fue minimizado en su mensaje público.
Un sexenio atrás, Felipe Calderón Hinojosa, supo del problema de infiltración del narcotráfico en la Policía Federal y en las locales en los estados. Por eso echó mano del Ejército primero y la Marina después para combatir la inseguridad. Lo dijo entonces: esa condición se mantendría en tanto las corporaciones federales y de las entidades federativas no estuvieran debidamente depuradas. Para ello estableció sistemas y métodos. Exámenes de control, evaluación y confianza, la Plataforma México, la obligatoriedad de las evaluaciones para acceder a mandos medios, superiores y permanecer en una corporación, la obligatoriedad de la coordinación entre los tres niveles de gobierno.
Pero entrando Enrique Peña Nieto como titular del gobierno federal muchos de esos programas se desincentivaron, sea que no les dedicaron presupuesto, sea que fueron minimizados por los nuevos mandos. La depuración dependía únicamente del comportamiento de los elementos. Es decir, en la medida que cometían actos de corrupción y eran descubiertos, a veces se les investigaba y separaba, a veces ellos mejor renunciaban y se adentraban de lleno en la criminalidad organizada.
Debido a ese abandono, hoy por hoy, doce años después de la utilización de las fuerzas castrenses en el combate a la inseguridad debido a la corrupción en las corporaciones policiacas civiles, estas continúan corrompidas.
En ese contexto, Andrés Manuel López Obrador no tiene más remedio que hacer lo que dijo que no haría: utilizar al Ejército y a la Marina para el combate a la inseguridad en el País. Fue más allá al adelantar la creación de la Guardia Nacional, integrada por policías navales, policías militares y policías federales. Las dos primeras destacadas y facultadas exclusivamente en las regiones militares y navales, mientras la tercera es conocida por ser una de las policías más corrompidas de México.
A quienes han residido en ciudades tomadas por el narcotráfico, no les asusta la militarización de las calles, ha dado resultado en el pasado. Generales como don Sergio Aponte Polito, don Alfonso Duarte Múgica, encabezaron labores disuasivas contra los narcotraficantes y criminales organizados, y coordinaron a las corporaciones e instituciones locales y federales, rescatando territorios a partir de ser coadyuvantes de la investigación, análisis de información, y persecución de los criminales.
La cuestión no es la militarización, sino la institucionalización del plan Calderón que se quedó a medias o no dio los resultados deseables porque no se depuró la policía federal, ni las locales, tanto como no se capacitó y armó al Ministerio Público.
El proyecto de seguridad del presidente electo pues, no habla de depurar las policías, ni de capacitar al Ministerio Público, al tiempo que de “colapsar las finanzas del crimen organizado” y “reducir el lavado de dinero”, solo redacta esos objetivos, sin decir cómo, con quién, cuándo.
Ahora sí que estamos igual que cuando estábamos peor, pero doce años después.
