Congreso, rehén por disputa en el Poder Judicial: Moreno

Fotos: Cristian Torres
 
Edición Impresa Lunes, 12 Noviembre, 2018 01:00 PM

Entre amparos, retrasos y decisiones al “fast-track”, el Congreso es un rehén de las pugnas de grupos de poder que intervienen en el Poder Judicial, consideró el diputado Luis Moreno. Este viernes se anunciará precipitadamente la convocatoria para designar a dos consejeros de la Judicatura, que pese a intentos de grupos por modificar la Ley en dos ocasiones, no presentará cambios; a su vez, se interpusieron dos amparos para no cubrir la vacante del ex magistrado Félix Herrera, la cual ya parece estar amañada

El Congreso del Estado tiene años arrastrando procesos relacionados con el Poder Judicial debido a los conflictos de carácter político que prevalecen al interior del Tribunal de Justicia, en los que también intervienen entes del Poder Ejecutivo, según consideró el diputado Luis Moreno, en medio de una nueva situación coyuntural donde deben elegirse dos consejeros de la judicatura y un magistrado.

Este lunes se definió en comisiones, la convocatoria para los próximos aspirantes a ocupar las vacantes del Consejo de la Judicatura del Estado que dejarán Salvador Avelar Armendáriz y Héctor Orlando Díaz Cervantes, el próximo 30 de noviembre.

En ella no hay novedades. No se contemplaron cambios en los requisitos, pese a los intentos por fabricar modificaciones “a modo” durante los últimos meses, como lo fue la controversial “Ley Solís”, impulsada por Raúl Castañeda Pomposo, que pretendía la reelección no inmediata de consejeros. Y la última orquestada por el diputado Andrés de la Rosa Anaya, con la que buscaba reducir la edad y experiencia legal de los consejeros.

Para los colegios de abogados en Ejercicio Libre del Derecho y Penalistas de Mexicali, dirigidos por Víctor Hugo Medina y Hernán Cortez, respectivamente, ni consejeros ni magistrados deben ser elegidos con la intención de beneficiar a grupos de poder, por lo que estarán al pendiente y ejercerán presión cuando observen alguna intervención irregular en este tema.

El diputado Luis Moreno, comentó que el Podeer Legislativo es rehén de las pugnas de grupos al interior del Tribunal de Justicia

A su vez, el próximo proceso para elegir al aspirante que ocupará la vacante del ex magistrado Félix Herrera, ya recibió dos amparos y se encuentra bajo el análisis de la justicia federal. Sin embargo, éstos son condicionados, por lo que muy probablemente serán desechados en cuestión de semanas.

Dicho espacio permanece vacante por la falta de acuerdos entre diputados respecto a la selección del nuevo Magistrado, lo que en caso de ocurrir de nuevo beneficiaría a la jueza Ana Carolina Valencia Márquez, quien obtuvo el primer lugar de la lista de 23 aspirantes, luego de realizar dos veces el procedimiento de evaluación.

 EN EL CONSEJO

El próximo 30 de noviembre es el último día para que el Congreso del Estado elija a los consejeros que ocuparán los espacios que dejarán vacantes Salvador Avelar y Héctor Díaz, tras cuatro años de conformar el Consejo de la Judicatura, órgano de control y administración del Poder Judicial.

Para esa fecha diputados deben tener electos a los nuevos consejeros, lo que para la legisladora Victoria Bentley Duarte es tiempo suficiente para tomar una decisión, que tentativamente estaría definida a más tardar el próximo 22 de noviembre, a menos que ocurriera alguna eventualidad.

Según Bentley, integrante de la Comisión de Gobernación, hoy viernes se emitiría la convocatoria y a partir de ese momento se otorgarían cinco días para la inscripción de los aspirantes.

Los requisitos quedaron de la siguiente manera:

* Ser ciudadano mexicano por nacimiento.

* Estar en pleno ejercicio de sus derechos políticos y civiles.

*Tener más de 35 y menos de 65 años al día de su nombramiento.

* Poseer antigüedad mínima de 10 años de actividad profesional.

* Título como licenciado en derecho otorgado por alguna institución legalmente facultada.

* Residir por más de 10 años en el Estado –esta fue agregada de último momento en la Junta de Coordinación Política, pues se había omitido en comisiones-;

*No haber sido condenado por un delito que amerite pena por más de un año de prisión; y,

* No haber ocupado un cargo de elección popular o dirigencia de algún partido, o bien, alguna titularidad de una dependencia, local, estatal o federal durante un año atrás.

El diputado Luis Moreno consideró que la indecisión y conflictos dentro del Poder Judicial, es el origen del retraso en el Congreso de muchos temas, y no el trabajo legislativo como tal, “yo creo que más bien es que el asunto de la interrupción de los procesos de naturaleza legislativa respecto al Poder Judicial, más que una situación de rezago, tiene que ver con la lucha de poderes en el Poder Judicial, en el fondo el problema es que tiene que ver con el Poder Judicial y eso hace que el órgano legislativo sea rehén de esa disputa cuando se solicita algunos de los diputados cercanos que pueda respaldar a un grupo”.

Y es que representantes de diversos grupos se acercan a diputados para convencerlos sobre votar por un aspirante en específico, lo que retrasa la toma de decisiones. Por ello, según estableció, muchas decisiones han tenido que posponerse y tomarse hasta el último momento y sin la posibilidad de revisarse.

Sobre una posible intervención del Poder Ejecutivo en el tema, dijo que no hay un candidato oficial hasta el momento, pero por la experiencia en otros procesos está seguro que ocurrirá apenas se ventile la lista oficial y lo denunciará.

Cabe recordar que los diputados Raúl Castañeda Pomposo y Andrés de la Rosa Anaya intentaron reformas para flexibilizar la selección de consejeros. El primero de ellos a través de la “Ley Solís”, cuyo nombre se origina por el supuesto promotor, Gilberto González Solís, ex consejero y asesor jurídico del PAN en el Poder Legislativo.

Entre el paquete de reformas se encontraba una que abría la posibilidad de reelección no consecutiva de consejeros de la Judicatura, lo que supuestamente era dedicado a González Solís. Esta reforma fue congelada en comisiones, pues no recibió respaldo del Grupo Parlamentario ni del mismo Poder Judicial.

La segunda pretendía ser “subida” a Pleno el jueves 27 de septiembre y su objetivo era reducir la edad de 35 a 30 años y la experiencia profesional de 10 a 5. Sin embargo, dos días antes varios colegios de abogados se unieron en una conferencia de prensa y exigieron dar marcha atrás a esta medida que consideraban perjudicial para el propio consejo.

En dicha atención a medios realizada en el restaurante Sanborns, en Mexicali, el abogado Juan Manuel Molina declaró que la intención era colocar en esos puestos a Anwar Ramos Gaona, Director jurídico del Congreso del Estado, y a Anibal Cañez, panista y esposo de la legisladora Patricia Ríos.

El presidente del Colegio de Abogados Penalistas de Mexicali, Hernán Cortez Castillo, dijo que es una irresponsabilidad por parte del Poder Legislativo disminuir la experiencia laboral, pues es necesaria gente de lo más preparada en esos cargos.

“Qué pena que lo tuviera (un interés político), no sé si lo tenía, no me atrevería a decirlo, pero yo lo vi por una cuestión profesional y un beneficio y el tener a alguien de perdida quita un margen de error de curva de aprendizaje, es un poco más sólido”.

El abogado Víctor Hugo Medina señaló que era un rumor muy fuerte dentro del gremio de abogados que había intenciones para favorecer a personas de determinados grupos, aunque no quiso entrar en detalles al respecto.

Contrario a ello, Bentley Duarte consideró que se está castigando a los jóvenes capaces con aspiraciones a ocupar un puesto de esta naturaleza y puso como ejemplo al Congreso de la Unión que, según comentó, realizó la misma reforma que pretendían impulsar, pero a nivel federal.

 

Y SOBRE EL MAGISTRADO

A la par de la designación de consejeros, el Congreso del Estado tiene la obligación de designar lo más pronto posible al aspirante que ocupará la vacante de Félix Herrera Esquivel como magistrado adscrito a la Primera Sala Civil, conformada además por María Esther Rentería y José Luis Cebreros, la cual se ha extendido ante la imposibilidad de diputados por decidir entre los 16 aspirantes de la última terna.

Luego que el pasado 18 de septiembre, el Congreso del Estado regresó la lista al Poder Judicial porque ninguno de los aspirantes alcanzó la mayoría calificada, la institución jurisdiccional emitió una nueva convocatoria y evaluación de los aspirantes, que en esta ocasión son 23.

La lista fue entregada al Poder Legislativo, pero no se pudo designar ante la notificación del otorgamiento de una suspensión definitiva que “congelaba” el proceso de selección.

Los amparos fueron interpuestos por la jueza Lourdes Molina y el magistrado supernumerario en funciones, Víctor Manuel Fernández Ruiz de Chávez. Sin embargo, ambos son de carácter condicionado.

Esto quiere decir que -como ha ocurrido en las últimas designaciones- si no existe un magistrado supernumerario que supla las vacantes y una sala quede desintegrada, el Congreso del Estado puede solicitar que se levante la suspensión argumentando el bien común por encima del particular.

Actualmente, la magistrada María Esther Rentería se encuentra incapacitada argumentando una lesión en el tobillo –lo que la ha dejado más de un mes sin asistir a Pleno-, y su puesto es cubierto por Fausto López Meza, el único magistrado supernumerario designado actualmente, pese a que existe una vacante permanente.

Hernán Cortez abogado

A dicho del mismo magistrado José Luis Cebreros, este movimiento está fuera de toda lógica y genera sospechas sobre las intenciones que se tiene al cubrir una incapacidad, en lugar de una vacante definitiva. Este tema generó un gran debate dentro del Tribunal.

La aspirante que fue evaluada dos veces

Uno de los puntos más extraños en la convocatoria del 5 de octubre para la selección del aspirante que ocupará la vacante de Félix Herrera, se observa en el punto número 4, donde establece que cualquier aspirante puede renunciar a su lugar en la designación y realizar nuevamente el proceso de evaluación.

Este derecho fue tomado por la jueza Ana Carolina Valencia Márquez, quien ocupaba el segundo lugar en la lista de aspirantes, pero que renunció a su calificación con la finalidad de repetir los exámenes.

En la segunda intervención alcanzó el total de 394.66, superando así a Marcelino Zepeda Berrelleza -quien ha encabezado las últimas listas de evaluación- lo que la ubica en una posición privilegiada, ya que en caso de que ninguno de los aspirantes obtenga la mayoría calificada en la próxima votación –lo cual es muy probable-, automáticamente sería electa Magistrada.

Cabe señalar que la primera evaluación corrió por cuenta de la magistrada Sonia Mireya Beltrán, presidenta de la Comisión de Carrera Judicial. Sin embargo, en el Pleno del pasado 11 de octubre, por decisión de la mayoría de los consejeros y a solicitud de Salvador Avelar, se le retiró la responsabilidad de realizar los exámenes.

Aunque Mireya Beltrán votó en contra, la mayoría del Consejo decidió removerla del encargo, argumentando que ella sería parte del jurado evaluador, por lo que la fabricación del examen podría afectar la transparencia del mismo. Finalmente fue el mismo Avelar que diseñó el examen donde mejoró su calificación.

Los resultados fueron entregados al Poder Legislativo el 31 de octubre y ahora es responsabilidad del Poder Legislativo llevar a cabo la selección. Sin embargo, ni en la lista de aspirantes al Consejo, ni al Tribunal, ha emitido información sobre las fechas de comparecencias.

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