Candidatos a consejeros de la Judicatura prometen sanciones contra jueces corruptos

Fotos: Ramón T. Blanco Villalón.- 14 de los 28 aspirantes expusieron en audiencia sus propuestas
 
Ezenario Lunes, 26 Noviembre, 2018 01:00 PM

Si cumplen lo que prometen, los dos nuevos integrantes del Consejo de la Judicatura promoverán sanciones y procedimientos estrictos contra los jueces estatales en Baja California. La mayoría de los primeros 14 candidatos coincidieron en sus motivos ante los diputados de la comisión de Legislación y Puntos Constitucionales.

“Con todo respeto, hay gente que no debería ser juez”, exclamó Pedro Augusto Vázquez, el último aspirante que expuso ante los diputados. Insistió en que se deben tomar medidas radicales en el poder judicial.

“¿Cuándo se ha revocado a un juez? Aquí en Tijuana nos tocó un juez que tardaba hasta cinco años para dar resolución, y todo eso se ve en las visitas y se tiene que pedir que se hagan profesionalmente que se apliquen sanciones a los jueces y la resolución no sea exclusiva de los magistrados, pues los magistrados designan a los jueces”, cuestionó el abogado.

“Hasta ahorita hay funcionarios que no han sido sancionados y no gozamos de imparcialidad ni de justicia pronta y expedita”,  dijo el aspirante José Hans Zamorano.  “Tú presentas quejas ante el consejo, no pasa nada y si le damos esa autonomía pueden ser libres y autónomos y el consejo tiene razón de ser, porque no puedes ser juez y parte y es necesaria la representación ciudadana. Pero no está siendo autónomo, hay “padrinazgos”… los jueces merecen ser sancionados”, insistió el presidente de abogados constitucionalistas.

“Todo plan debe tener indicadores medibles, como medidores de eficiencia”, explicó Armando Bejarano Calderas, que ha fungido dos veces como magistrado del tribunal superior de justicia electoral.

“El problema que hay es la lentitud, los escritos tardan hasta un mes. Hay que aplicar la ley 136 de la ley judicial para aplicar sanciones de multas o destitución para que las cosas dejen de seguir igual”, comentó Ricardo Martínez Nuño, el aspirante que se presentó nervioso a la audiencia ante los diputados. “En lo familiar hay juzgados, hay casos que llevan hasta 3 mil casos por año, necesitamos un nuevo juzgado para Tijuana en cuestión familiar”, dijo Martínez Nuño, quien trató de ocultar en su Currículum que fue presidente de la Fundación Colosio en Ensenada.

“Hay malas prácticas en las que se pagan 400 pesos para agilizar trámites y debemos garantizar que la justicia sea pronta y expedita”, comentó Enrique Magaña Mosqueda, aspirante a consejero jurídico e integrante de una familia militante del Partido Acción Nacional que hasta ahora no había denunciado la corrupción formalmente contra algún funcionario a pesar de sus 12 años de experiencia como secretario de la función de la judicatura.

La tecnología es una asignatura pendiente y algunos aspirantes lo mencionaron. “Considero importante atender los documentos electrónicos para agilizar y dar prontitud en la justicia que ahora anhelamos”, es lo que cree que debe cambiar comentó el aspirante Jorge Luis Silva Camarena. El abogado militante del Partido Acción Nacional insistió en aprovechar las ventajas de la firma electrónica puede acelerar los procesos.

“Una opción es el tribunal electrónico para una segunda instancia como lo hacen en algunos estados”, propuso el aspirante Francisco Gerardo Salcedo García.

La especialización de los juzgados es una propuesta de varios aspirantes que mencionaron la creación de  un “sistema mercantil, laboral o civil”, como dijo el aspirante César Uribe Angulo, el abogado que fue asesor jurídico en el congreso del estado en 4 legislaturas. “Juzgados de arrendamiento, hipotecarios y así no se van a distraer en atender varios temas. En el caso de lo civil, juzgados especializados en lo familiar, en adopciones para protección de los menores”, propuso  Francisco Javier Mercado Flores que entregó su propuesta en un documento.

Al terminar noviembre, el Congreso de Baja California deberá decidir por mayoría calificada a los dos nuevos integrantes de la Consejo de la Judicatura Estatal que relevarán a Salvador Avelar y Héctor Díaz. De los 28 aspirantes, 14 tuvieron audiencia el miércoles en Tijuana para exponer sus razones para ser elegidos. Todos son abogados, algunos miembros del Partido Acción Nacional y otros del Revolucionario Institucional, pero todos se dijeron independientes. Todos buscan uno de los dos espacios con un sueldo de aproximado de 100 mil pesos.

Los aspirantes coincidieron en los retos: ampliar la capacidad para agilizar la resolución de los casos, aplicación de tecnología para el seguimiento y automatización de procesos, en buscar estrategias para generar ingresos, la urgencia de que el consejo sea autónomo y pueda sancionar o castigar a jueces que incurran en inconsistencias de procedimientos. Incluso hablaron de corrupción y ambiguamente hicieron referencia a pagos para agilizar trámites.

Juicios como los divorcios se están demorando más de seis meses y en algunos casos llegan al año para que se dicte alguna resolución en los juzgados, fue el ejemplo más recurrente que expusieron los candidatos.

Los candidatos que se presentaron a audiencia son: Enrique Romero Gallegos, César Holguín Angulo, Ricardo Martínez Nuño, Enrique Magaña Mosqueda, Jorge Luis Silva Camarena, Francisco Gerardo Salcedo García, Marcos Carlon Torres, José Hans Zamorano, Ramiro Eduardo Duarte, Francisco Javier Mercado Flores, Rubén Mora Aguilar, Armando Bejarano Calderas, Ricardo Sánchez Jiménez y Pedro Augusto Vázquez. Mientras que los diputados de la comisión de legislación y puntos constitucionales son: Andrés De la Rosa, Ignacio García Dworak, Luis Moreno, Marco Antonio Corona Bolaños Cacho, Raül Castañeda y Alfa Peñaloza que sólo escuchó a siete. La diputada Victoria Bentley se ausentó.

La Consejería de la Judicatura cumple 23 años en Baja California, pertenece al Poder Judicial y su función es administrar y supervisar el desempeño interno en los juzgados estatales. Además de capacitar a los jueces y  todo su personal en actualizaciones de ley, realmente no tiene un impacto social directo ya que sus resultados se deberían percibir en el desempeño en los juzgados.

Actualmente, la Consejería cuenta con un presupuesto de 270 millones de pesos, un presupuesto similar a los juzgados. Se estima que si se eliminara la Judicatura, el estado podría duplicar su capacidad para sentenciar casos, ya que cada juzgado tiene un gasto operativo de 2 millones. Lo que presuntamente se sacrificaría sería la transparencia y efectividad de las rezagadas sentencias. Eliminar los Conejos de Judicatura es una de las propuestas del presidente electo Andrés Manuel López Obrador. ErnestoEslava

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