Instituciones han confirmado alrededor de 50 casos de mujeres desaparecidas y con denuncia, sin embargo, el Colectivo BCS Sin Ellos No, confió a ZETA que podría tratarse de por lo menos 88 incidentes con carpeta de investigación abierta. La atención a víctimas se encuentra rezagada a falta de legislación
“Vamos a judicializar el delito, sobre todo en contra de quien haya cometido algún ilícito en agravio de estas dos jovencitas, lo estaremos informando con oportunidad, sobre todo aplicándole todo el peso de la Ley. Lo importante y sobresaliente es la resolución de los casos, en este caso lo que pudiéramos compartir, aparte del esclarecimiento de los mismos, es que no se esté especulando o generando temor por una presunta vinculación de los mismos. No hay foco rojo en ese sentido”, expresó Daniel de la Rosa Anaya, procurador general de Justicia del Estado, respecto al caso de dos jóvenes desaparecidas recientemente.
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En Los Cabos se respira el miedo, sobre todo en la comunidad femenina de aquella zona, ya que el domingo 14 de octubre, Clariela Jhoselyn González Jáuregui y Yesenia Cisneros Beltrán, fueron levantadas por hombres armados a bordo de una camioneta negra y vidrios polarizados en El Zacatal, en San José del Cabo; una de sus amigas alcanzó a huir del sitio.
La misma joven atestiguó que “se las llevaron en la camioneta, desconozco qué tipo, nosotras sólo estábamos platicando y estas personas llegaron y nos iban a llevar, yo sólo corrí”, expuso en su declaración.
ZETA conversó con la familia de Yesenia, de 18 años de edad, quienes narraron aspectos de la vida de la joven:
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“Estábamos a punto de llevarla a Sinaloa, aquí no estaba estudiando y ya se había salido de trabajar, el interés es que ella puede rehacer su vida y entrar a estudiar, quizás a trabajar en algo más cercano a la familia”.
Lo cierto es que familiares y amigos de ambas se manifestaron en las calles de Los Cabos, exigiendo que si “vivas se las llevaron, vivas las queremos, no más mujeres privadas de la libertad”.
Un miembro del Grupo de Coordinación de Seguridad Pública habló a ese respecto:
“Estamos investigando la procedencia de la agresión, todo parece indicar que una de las jóvenes tenía un romance con uno de los principales distribuidores de droga de El Zacatal, esto no ha sido confirmado por familiares, pero la reacción de ellos nos mantiene en la misma línea de investigación”.
Como este suceso, se han presentado otros más, donde jovencitas han sido levantadas y desaparecidas; las instituciones confirmaron alrededor de 50 casos y con denuncia, sin embargo, el Colectivo BCS Sin Ellos No, confió a ZETA que podrían tratarse de por lo menos 88 casos con carpeta de investigación abierta.
Expertos consideran que la reparación del daño como tal, no está contemplado en un ejercicio integral y armónico de la Ley de BCS, somos víctimas de la delincuencia, después de la burocracia y luego de la injusticia
El 12 de mayo, fue detenido Gildardo Lucero Romero, a quien denominaron “El Nuevo Sepulturero”, quien confesó su participación en diversas desapariciones de hombres y mujeres en Los Cabos.
En el teléfono celular del detenido, fueron encontradas diversas fotografías de jovencitas, también se localizaron videos de víctimas femeninas que suplicaban por su vida.
A continuación, el extracto de una grabación actualmente en manos de agentes de investigación.
Víctima: Por favor no me hagan nada, yo no sabía nada. Se los juro (voz quebrada y llorando).
Sicario 1: ¿De cerquita?
Sicario 2: Sobres.
En la grabación sólo se percibe a la víctima hincada y amarrada de manos; otra mano aparece sosteniendo una pistola y descarga.
Acto seguido, se ve una pistola y se escucha un disparo de arma de fuego; la víctima cae de frente al suelo.
La joven se aprecia entre los 17 y 25 años; vestía sudadera azul cielo, shorts café y tenis blancos tipo Converse. Su piel es de tez morena y no se aprecia su rostro.
Es probable que otras jóvenes hayan sido levantadas y desaparecidas, a la lucha se han unido otros familiares, como de Lizbeth Guadalupe Martínez Villalobos, desaparecida del Rancho San Cristóbal en la subdelegación de Chametla en La Paz, alrededor de las cuatro de la tarde del 12 de octubre.
SIN LEY DE VÍCTIMAS
“El hecho de que la Ley General de Víctimas se haya creado, es un reflejo de la incapacidad, en términos generales, del Estado mexicano por atender la problemática que se suscita cuando una persona es víctima de un delito o víctimas de una violación a sus derechos fundamentales. Se crea para proteger al gobernado, para cumplir con compromisos internacionales, específicamente, fue una condición impuesta al actual Presidente de la República, por las Naciones Unidas, para seguir contando con ciertos con apoyos”, reconoció el presidente del Colegio de Posgraduados y Ciencias Afines de Baja California Sur, Arturo Rubio Ruiz.
BCS se encuentra entre los estados de la República que no han armonizado la Ley General de Víctimas. La última reforma se aprobó en noviembre de 2014, un año después entró en vigor y hasta ahí.
Colectivo BCS Sin Ellos No, advierte que la entidad se ha quedado rezagada en cuanto a la atención a víctimas del delito.
“El 19 de noviembre de 2017, esta Ley fue implementada a nivel federal y aquí en Baja California Sur, apenas hace como unos dos meses, la Procuraduría de Justicia la dio a conocer, nosotros presentamos ese documento a los legisladores de esta nueva Legislatura. Está con ellos, ellos tienen que armonizarla, inclusive un presupuesto que se autoriza a nivel federal para los colectivos”, refirió Petra Muñoz Pulido, quien coordina la asociación civil.
“Nuestras autoridades no tienen conciencia de la importancia del rol de la víctima en el proceso penal, tanto el Ministerio Público como el juez, siguen trabajando en Baja California Sur para atender estadísticas, no para atender a las víctimas, no para reparar daños”, expresó por su parte el abogado Rubio Ruiz.
Los únicos apáticos son las autoridades y legisladores, quienes siguen el juego de la estadística, y a la víctima la han dejado de lado.
“Vamos a tener la protección los beneficios, los presupuestos, las herramientas para poder nosotros continuar con esta lucha, que ya no es nada más de nosotros, se ha venido mucha gente que no tiene nada que ver en esto y está interesada en esto”, lanzó Muñoz Pulido.
Actualmente Colectivo BCS Sin Ellos No, mantiene la búsqueda de familiares desaparecidos en diversos predios del Estado y, de armonizarse la Ley, se contaría con un área destinada a la búsqueda de familiares perdidos, además de disponer de mayores recursos.
“Hemos encontrado dedos, piernas, fémur, cabello aún en su cuero cabelludo, localizado fosas listas para echar personas, pero ahí las hemos dejado, yo creo que nos falta experiencia, porque no las hemos tapado, se nos pasó, pero esos son hallazgos que hemos hecho con apoyo de personal de Periciales y de la Policía Ministerial que nos ayuda en las búsquedas”, cerró la coordinadora del movimiento.
El secretario general de Gobierno, Álvaro de la Peña Angulo, reconoció que el tema de las personas desaparecidas y la Ley de Víctimas ha estado detenido, pero esperan que antes de que culmine 2018 se presente la reforma a la Ley y se armonice para dar beneficio a la víctima.
“Estamos trabajando en ella, me parece que este año va a quedar presentada ante el Congreso para hacer algunas modificaciones, y sobre todo, la Comisión será instalada de acuerdo a lo que se establece en la propia Ley Nacional para entrar en una dinámica como lo hace Ciudad de México y otras entidades del país. Ha ido muy lento, es cierto, pero esto tiene que entrar en este próximo periodo para que salga y en 2019 podamos tener realmente la Comisión funcionando”, refirió De la Peña Angulo.
Sin Ley, tanto las instituciones como los colectivos ciudadanos están atados de manos, ya que no hay reparación del daño ocasionado a una víctima del delito, por lo cual se convierten en triple víctima: del agresor, de las instituciones y del propio sistema.
VICTIMIZACIÓN POR DELINCUENCIA, BUROCRACIA E INJUSTICIAS
“Esta Ley data de 2013, en el Estado es una promesa de amor, es decir, sólo está en el papel, pero es etérea, porque no hay forma de cumplimentarla. El Código Penal del Estado no ha sido adecuado a la Ley General de Víctimas, el Registro Nacional de Víctimas, ya pasaron cinco años y ni siquiera ha podido incorporarse a Baja California Sur al Registro Nacional de Víctimas”, puntualizó Arturo Rubio Ruiz.
Baja California Sur se encuentra en el limbo, por ese mismo sitio donde cruzan las víctimas de delitos, en los primeros nueve meses de 2018, el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública tiene registro de 2 mil 089 víctimas de diversos delitos contra la vida y la integridad corporal, contra la libertad personal, el patrimonio y la sociedad.
Mujeres desaparecidas en algunos casos aparecen privadas de la vida violentamente, no hay atención a sus familias, además en los casos que no han aparecido las búsquedas se retrasan por las instituciones
Actualmente no hay una verdadera atención a las personas que han sufrido de la delincuencia y los ejemplos pasan todos los días.
“Conocido caso de la violación de una menor, la menor tenía 14 años cuando fue víctima de violación, después de tres años fue condenado el violador a una pena de prisión y se pidió la reparación del daño, se planteó la reparación integral tal como lo marca la Ley de Víctimas, de que reciba el tratamiento adecuado, para que sea subsanado el daño psicológico y emocional; el dictamen decía que necesita un tratamiento de cuatro años, la juez dijo que no iba a condenar a ese pago, porque sería tanto como convertir en negocio la administración de justicia, eso te da una idea de la mentalidad enana de algunos jugadores en Baja California Sur, que todavía piensan que la víctima no tiene derecho a la reparación del daño”, lamentó el presidente del Colegio de Posgraduados en Derecho y Ciencias Afines de BCS.
En el caso de las personas desaparecidas, ni siquiera forman parte de la estadística, las autoridades no cuentan con una cifra oficial o adecuada a la realidad; mientras ellos confirman alrededor de 50 personas desaparecidas, contando las más antiguas en el archivo, a través de redes sociales del colectivo, la cifra contempla más de 88 personas desaparecidas, gran parte de ellas mujeres.
Si bien las víctimas de robo, violación y lesiones siguen con vida, hay quienes viven en la incertidumbre al no conocer el estatus de su familiar.
“Solicitamos la intervención de la Comisión Estatal de Derechos Humanos para que a través de ellos, se nos impulse más el apoyo para bajar la Ley de Víctimas primero, la Comisión Local de Búsqueda y la implementación en todo su proyecto completo, de la Ley Nacional de Desaparición Forzada por Particulares”, agregó Petra Muñoz Pulido, de Colectivo BCS Sin Ellos No.
Mientras se piensa que los ciudadanos están a salvo, al ver la reducción de las cifras, los afectados quedan aún más desprotegidos, sin atención, sin una verdadera reparación del daño.
Ahora que se sabe que la Ley no es adecuada para atender a las víctimas del delito, la víctima debe pasar un proceso doloroso y terrible, en caso de que recupere sus pertenencias, antes de serle entregadas debe comprobar la procedencia de ellas a través de una factura.
Para concluir, Arturo Rubio Ruiz, representante legal del Consejo Ciudadano de Atención a Víctimas del Delito, resumió: “La víctima sólo es un factor de ornato en el proceso penal en Baja California Sur, es el pretexto para que el Ministerio Público tenga un marco estadístico y para que el juez cumpla con una función burocrática, pero la reparación del daño como tal, no está contemplada en un ejercicio integral y armónico. Somos víctimas de la delincuencia, después de la burocracia y después de la injusticia”.
