Se instalan más gaseras irregulares

Fotos: Alan García Loza.- Edificación de estaciones de gas avanza, aun cuando aparentemente carecen de permisos para poder operar
 
Ezenario Lunes, 29 Octubre, 2018 01:00 PM

Ignorando las denuncias y protestas de ciudadanos que se oponen a la instalación fuera de norma de estaciones de gas LP, el gobierno de Juan Manuel Gastélum Buenrostro solamente frena la operación de gaseras de las pequeñas empresas, solapando la propagación de establecimientos pertenecientes a grandes corporativos. Mientras, la Síndico Marcela Guzmán no avanza en la indagatoria sobre este tema

A escasos metros de un centro de salud sobre el bulevar Fundadores, en el fraccionamiento El Rubí, se comenzó a construir una estación de distribución de gas LP de la empresa sonorense Blue Propane, misma que busca instalar otras dos estaciones en colonias como Lagunitas y El Jibarito de la Delegación de San Antonio de Los Buenos, en Tijuana.

La instalación irregular de este establecimiento se suma a otra veintena de gaseras señaladas por la asociación civil Logros y triunfos cumplidos, que preside Isabel Hernández Jáuregui. Este organismo desde 2017 emprendió un movimiento social contra la instalación de estas estaciones o “gaseritas”, que en su mayoría están ubicadas cerca de escuelas y complejos habitacionales en zonas populares.

En octubre de 2017 la asociación de Hernández denunció, ante la Sindicatura Procuradora del XXII Ayuntamiento de Tijuana, la construcción de 18 establecimientos de este tipo, la mayoría en colonias de la Zona Este, de los cuales la Síndico Procuradora, Ana Marcela Guzmán Valverde, en febrero de 2018 anunció haber podido sólo clausurar una, la que se erigía en Granjas Familiares del Matamoros, al ser la única con instalaciones.

Para justificar su inacción, de las demás expuso no haber podido clausurarlas por ser “sólo  lotes baldíos”.

Esta omisión de la autoridad municipal propició que en el transcurso del año esa planta de gas continuara edificándose, al igual que la mayoría de las gaseras denunciadas, construcciones a las que se sumaron tres nuevos proyectos en asentamientos como el fraccionamiento El Rubí.

Ello obligó a los vecinos inconformes a recurrir a la protección federal, “las estaciones que denunciamos ahorita están pausadas, pero no porque el municipio lo decidió sino porque la Federación así lo dispuso. Metimos amparos y un juez federal fue el que dictó esta suspensión, pero no fue porque el Ayuntamiento haya querido trabajar en el tema”, expresó Isabel Hernández.

 

VECINOS EVIDENCIAN LO QUE LA AUTORIDAD NO VE

El pasado viernes 19 de octubre la asociación de Hernández y un grupo de residentes del Rubí manifestaron su inconformidad por la instalación de esta nueva estación, que también se encuentra cercana a centros religiosos y supermercados, sitios que concentran a gran número de personas en distintos días de la semana.

Construidas en medio de zonas habitacionales

En 2003 se publicó el reglamento de zonificación y uso de suelo que regula la edificación, instalación, conservación y operación de estaciones de carburación y de servicio de productos derivados del petróleo, mismo que tiene una apartado con las condiciones que deben cumplir este tipo de negocio.

De acuerdo a lo observado en un recorrido realizado por ZETA, muchas de estas edificaciones no cumplen con las condiciones básicas para su construcción, aunque algunas se encuentran sin operar en otras hay personas resguardando el equipo que ya fue instalado.

En el artículo 37 de la citada ordenanza se pide que el predio esté a una distancia mínima de 30 metros de casas. Un ejemplo a la violación de esta indicación es una estación en la colonia San Ángel, en la delegación Playas de Tijuana, que está en medio de casas y pequeños comercios.

En la avenida Guadalajara del fraccionamiento Emperadores se encuentran dos “gaseritas”, una de la empresa Silza que está activa y otra de la empresa Qualigas que no opera desde el mes de febrero de este año, ambas en una zona de gran flujo vehicular, rodeadas de casas y comercios.

De acuerdo al décimo lineamiento del mismo artículo, se establece que la distancia entre una estación y otra debe ser de mil metros radiales en las áreas Urbanas. Aunque en el caso de las estaciones sobre la avenida Guadalajara la distancia entre una y una es de acaso un kilómetro, la distancia a las casas es visiblemente menor a lo que establece el reglamento.

“No es que estemos en contra de las empresas, son cientos de personas que están en peligro. Es mejor que busquen ponerse en un lugar seguro, donde no pongan en riesgo a las familias”, expresó Hernández.

Las estaciones de gas permiten al usuario acudir en cualquier momento a adquirir gas LP para su uso doméstico, pero la mayoría están ubicadas en zonas comerciales o residenciales de la ciudad.

“Ahora nos dan esta opción de traer la minita y la llena una persona que no está calificada para hacerlo.  La llevamos de regreso a la casa y si pasa algo, ya no es responsabilidad de la empresa”, añadió la activista.

 

ACTUACIÓN A MEDIAS DE LA SINDICATURA PROCURADORA

Marcela Guzmán, titular de la Sindicatura Procuradora, informó que tras la denuncia del grupo de ciudadanos han sido revisadas 32 estaciones de gas, y de las mismas investigaciones se derivó la clausura de cinco.

No obstante haber asegurado que la investigación se llevaría “hasta sus últimas consecuencias”, a más de 14 meses de la queja que la dependencia a su cargo recibió de los vecinos inconformes con la instalación de estaciones de gas LP, Guzmán Valverde sólo puede dar cuenta de la inhabilitación de una funcionaria, de los dos servidores públicos denunciados por el grupo de vecinos: Corina López Zúñiga, en ese entonces Jefa del Departamento de Usos de Suelo, quien fue suspendida y posteriormente inhabilitada en febrero de 2018.

En la denuncia penal presentada el 12 de octubre de 2017 ante la Procuraduría General de Justicia del Estado –PGJE- por los ciudadanos, tanto López Zúñiga como el entonces jefe del Departamento de Edificación, Arquitecto Ricardo Alfonso Güereña Castro, fueron acusados por el delito de coalición de servidores públicos. Pero Guzmán Valverde sólo sancionó a López Zúñiga.

En los permisos liberados a las gaseras denunciadas por la asociación de Isabel Hernández aparece la firma de Güereña Castro, aun cuando desde el 1 de noviembre de 2016 el XXI Ayuntamiento de Tijuana aprobó una moratoria para hacer efectiva la suspensión temporal de la expedición de permisos de uso de suelo para la construcción de estaciones de carburación de gas LP.

Guzmán Valverde anotó que de las 18 denuncias recibidas antes de concluir el 2017, cinco se archivaron al corroborarse que las empresas obtuvieron el permiso de suelo antes de la moratoria, las restantes continúan en integración.

“Aún no está determinado el total de permisos que la anterior administración otorgó antes de que se pusiera en marcha la moratoria, estamos todavía investigando e integrando carpetas de las que hemos detectado”, declaró la funcionaria.
MUNICIPIO SOLAPA MONOPOLIZACIÓN: ACUSAN DISTRIBUIDORES

En representación de cuatro compañías de gas, la Asociación de Distribuidores de Gas LP del Interior (Adigas) denunció al gobierno de Juan Manuel Gastélum de monopolizar la venta del fluido en la ciudad, al limitar la instalación de estaciones pertenecientes a pequeñas empresas.

Víctor Figueroa, representante de Adigas, denunció públicamente lo que consideró la arbitraria negativa del XXII Ayuntamiento de Tijuana de liberar permisos de operación solicitados para nueve estaciones que ya se encuentran construidas en distintos puntos de Tijuana.

Consideró que la negativa del municipio “es un intento de monopolizar la venta de gas”, toda vez que mientras impide la operación de estos establecimientos, permite la instalación de gaseras pertenecientes a grandes corporativos como Silza, Z Gas y Star Gas. Por eso en una misma calle –Avenida Guadalajara de la colonia Emperadores- podemos encontrar dos estaciones, una con permiso y otra que no lo tiene, y la que no lo tiene es de una empresa nueva”, añadió.

“Nosotros trabajamos en 37 entidades del país. Hasta ahora Tijuana ha sido la única ciudad en la que detectamos esta problemática tan seria, que se deriva de una reglamentación que el municipio decretó para impedir que nuevas empresas vengan a establecerse”, declaró Figueroa.

Además de que la reglamentación se aplica de manera parcial por parte de las autoridades municipales, “el Ayuntamiento no cuenta con una forma de definir cuál proyecto cumple y cuál no con los parámetros, nos hablan de la seguridad, de riesgos y de medio ambiente pero no tienen reglas”, acotó.

 

Gaseras en zonas pobladas, un riesgo para la ciudadanía: Protección Civil

De acuerdo al artículo 80 de la nueva Ley de Protección Civil, “se considerará como actividades que por su naturaleza representen un peligro a la población, a las instalaciones que lleven a cabo labores de almacenamiento, distribución y comercialización de gas licuado de petróleo”.

La reciente reforma aplicada a la Ley de Protección Civil y Gestión de Riesgos de desastres en Baja California, provee a la Coordinación Estatal de Protección Civil de las facultades para “diseñar los padrones de registro de las instalaciones de gas licuado de petróleo”, bajo los términos de un Reglamento del que se está a la espera de su publicación.
Lo anterior lo compartió a ZETA el coordinador estatal de Protección Civil, Antonio Rosquillas, quien tuvo la oportunidad de revisar la iniciativa propuesta para aplicar nuevos lineamientos al respecto.
La ordenanza modificada establece que “están prohibidas las acciones de almacenamiento de recipientes transportables de gas licuado de petróleo, en sus diversas capacidades y de consumo en los establecimientos que no cuenten con la autorización de conformidad a la normatividad aplicable”, algo cotidiano en lo que incurren las gaseras y que al entrar en vigor el nuevo reglamento tendrá que frenarse.

“En Mexicali se recibieron muchas denuncias sobre estas estaciones, algo que también está pasando en Tijuana, que son instaladas en zonas pobladas donde representan un riesgo para la ciudadanía”, anotó el funcionario.
Comentó que se espera que este reglamento sea publicado a más tardar el mes de noviembre, y estará basado en una norma federal que regula las estaciones de distribución de gas LP.

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